Opinión
Cuando la frontera invade tu hogar: el desahucio como infraestructura antimigratoria

En Badalona se desahucia a más de 400 personas: primero de una institución abandonada, luego nuevamente de la calle. Pienso en todos los procesos que han tenido que activarse para que esta acción se lleve a cabo. Desde la persona del Gobierno de Albiol que un día decidió iniciar un proceso judicial para dejar a cientos de personas sin techo, hasta el policía que se levantó esa madrugada, seguramente con la pereza similar a la nuestra, desayunó y se vistió en su hogar y fue a trabajar sabiendo que ese día iba a dejar a otras personas en la calle.

Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta? La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?

Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es. 

En un contexto de crecimiento de la extrema derecha vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo

Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.

Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.

Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.

Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.

Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera

En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.

Los bloqueos de desahucios, en este marco, no solo buscan frenar una orden judicial. Hacen visible y disputan esa evictabilidad. Cuestionan la naturalización de la propiedad privada por encima de la vida y muestran cómo los derechos, la pertenencia y la participación urbana se negocian de forma profundamente desigual. Al mismo tiempo, crean espacios de solidaridad entre quienes pueden enfrentarse a la ley y quienes no, entre quienes tienen papeles y quienes viven bajo la amenaza constante de la deportación.

No sorprende entonces que hoy Xavier García Albiol justifique estas actuaciones a través de la criminalización sistemática de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada. Es lo que Baker describe como una “disposición hacia el desplazamiento”.

El desahucio actúa así como una herramienta fronteriza y antimigratoria. Recuerda qué cuerpos son expulsables, pero también recuerda a las personas migrantes que la frontera está en todas partes

El desahucio actúa así como una herramienta fronteriza y antimigratoria. Recuerda qué cuerpos son expulsables, pero también recuerda a las personas migrantes que la frontera está en todas partes. Que no se cruza una sola vez. El día del desahucio, doce personas sin papeles fueron detenidas. En los comentarios de muchas publicaciones, la “solución” que se repite es clara: deportarlos. Porque esto no es solo el desalojo de un bloque ocupado. Es una demostración de poder. Un mensaje dirigido a toda la población migrante: hay cuerpos que no son bienvenidos en esta ciudad.

De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea.