Urbanismo e igualdad, o qué tiene que ver el feminismo con el soterramiento de la M30

“El análisis con perspectiva de género no es un urbanismo exclusivo de la mujer, sino un urbanismo que no piensa exclusivamente en la parte social que se encuentra en la etapa del trabajo productivo remunerado, como ocurre todavía hoy en la mayoría de los casos”. Así explican fuentes municipales la necesidad de introducir la perspectiva de género en el urbanismo. Y así responden al titular de El País: “Carmena paga 52.000 euros para un informe de impacto de género sobre el soterramiento de la M30”.

Y no, el Ayuntamiento ni va a destinar 52.000 euros a un estudio de impacto de género sobre el soterramiento de la M-30. Para empezar, según explican fuentes municipales y puede consultarse en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Madrid, “esta cantidad corresponde al importe de un lote y no de un estudio”. En concreto el lote 5, Política Medioambiental, adjudicado a la empresa Dinamia Sociedad Cooperativa por importe de 52.337,34 euros, y que comprende, además del estudio sobre el soterramiento de la M-30, otro estudio referido a Políticas municipales en el ámbito medioambiental.

El pliego técnico, especifican, incluye varios aspectos en su apartado “Análisis del proyecto de inversión de soterramiento de la M-30 y otras actuaciones relacionadas”: impacto medioambiental, impacto económico (modelo de movilidad y desarrollo, inversión y empleo), impacto social y, por último, impacto de género.

“El análisis del impacto de género de la actuación, siendo una parte en todo caso relevante y necesaria en cualquier evaluación de políticas públicas, no es el contenido fundamental ni mayoritario del estudio”, aseguran las mismas fuentes.

Blanca Valdivia, urbanista feminista e integrante del Col·lectiu Punt 6, que trabaja el urbanismo con enfoque de género desde 2002, recuerda que existen varias referencias legales en la Comunidad de Madrid para solicitar un informe de impacto de género de un proyecto de las dimensiones del soterramiento de la M-30. En primer lugar, la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, que en su artículo 21 indica que “todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid deberán contar con carácter preceptivo con un informe sobre su impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género por quien reglamentariamente se determine”.

Además, sin hablar específicamente de la pertinencia de un informe de impacto de género, la Ley de Igualdad, de 2007, una ley de aplicación estatal, establece en su artículo 31 que “las políticas urbanas y de ordenación del territorio tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas”. También dice que “las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia”.

Hay una referencia más en el ámbito regional, a la que aluden desde el Ayuntamiento: la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, que señala que “las normas y resoluciones de la Comunidad de Madrid incorporarán la evaluación del impacto sobre identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación por razón de identidad de género o expresión de género”.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbó en mayo de 2017 el plan urbanístico de Boadilla del Monte por no contar con un informe de impacto de género amparándose en los dos textos regionales (Ley contra la LGTBfobia y Ley de Identidad y Expresión de género). Para Valdivia, este tipo de informes se van a ir normalizando. Pero, por el momento, “las cosas que son innovadoras, aunque sean justas, pican un poco al principio porque cuestionan los privilegios de determinadas personas”.

¿Una M-30 feminista?

¿Cómo sería hoy la M-30 si el proyecto hubiera tenido impacto de género? “Nunca lo sabremos”, dice la urbanista. Por eso, asegura, “merece la pena invertir en el diagnóstico”. Aunque a algunos les cueste entenderlo, el urbanismo tiene unas consecuencias sobre la vida de las personas, “no solo de las mujeres”, insiste Valdivia.

“Un proyecto tan grande como fue el soterramiento de la M-30, con lo que supuso para el cambio de la configuración de los barrios, y para la movilidad y el uso del espacio público, es obvio que tiene que tener un informe de impacto de género”.

Así, el proyecto de soterrar la M-30, explica, prioriza la movilidad en vehículo privado, una movilidad mayoritariamente asociada al género masculino. “Las mujeres nos desplazamos sobre todo a pie o en transporte público en las ciudades”. Hoy, recuerda, en Madrid es imposible moverte a Carabanchel y Vallecas en transporte público desde Villaverde.

Un informe de impacto de género tendría que valorar, además de la movilidad, aspectos como los equipamientos públicos, zonas peatonales, o la percepción de seguridad. “La percepción de seguridad por parte de mujeres y hombres es totalmente diferente: una de cada tres mujeres ha sufrido alguna agresión a lo largo de su vida en Europa Occidental, lo que hace que muchas sigan pensando por qué calles van en sus recorridos cotidianos por su percepción de inseguridad”.

800.000 euros con Gallardón

Valdivia asegura que Col·lectiu Punt 6, que realiza evaluaciones con enfoque de género (aunque no específicamente informes de impacto de género), ha trabajado con todo tipo de administraciones públicas, y de todos los partidos. La propia adjudicataria de los 52.000 euros, Dinamia ha trabajado con diversos organismos, incluido el Ayuntamiento de Madrid con los gobiernos del PP de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

En 2009 logró contrataciones por 800.000 euros, explican fuentes de la empresa a El Salto. Desde 2015, Dinamia –en la que participó Beatriz Santiago, una de las impulsoras de Ahora Madrid– el volumen de trabajo ha aumentado, algo que explican por el hecho de que la cooperativa ha crecido (“ahora somos muchas más y tenemos más experiencia”) y también porque este tipo de informes son más frecuentes.

Dinamia asegura que el hecho de que un persona cercana a Ahora Madrid haya sido parte de la cooperativa “no les ha favorecido” y explicita que este tipo de noticias solo han aparecido en relación al Ayuntamiento de Madrid, cuando trabajan con varios ayuntamientos (Arganda del Rey, Pinto, Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, o el de Vitoria-Gasteiz), y diversas empresas y organizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, entre otros territorios. “Creo que hay una falta de información importante en los asuntos relacionados con la Igualdad que no ocurre con otros asuntos, por ejemplo todo el mundo entiende que se pidan estudios de impacto medioambiental”, aseguran en Dinamia.

Blanca Valdivia recuerda que el urbanismo feminista no es nuevo. “No lo hemos inventado nosotras, surge en los años 70 en el mundo anglosajón y se ha ido desarrollando en estos años, en el Estado español desde los años 90”. Collectiu Punt 6, Hiria Kollektiboa o Urbanistas Feministas de Madrid son algunos ejemplos de este enfoque del urbanismo que pretende cambiar el perfil que hasta ahora ha sido prioritario en el desarrollo de las ciudades, que giran en torno al modelo productivo. “Llevamos desde 2000, picando mucha piedra para hacer pedagogía. Si queremos un mundo más justo para toda la población y que cambien las prioridades es necesario hablar de perspectiva de género”.