Ayuntamiento de Madrid
Los bomberos invisibles de la M-30: veinte años apagando incendios como oficiales de la construcción

Rescatan personas atrapadas, extinguen incendios, intervienen en accidentes de tráfico, actúan junto a Policía y Samur y cuentan con la acreditación profesional de extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en sus contratos siguen figurando como oficiales de primera y segunda de la construcción. Los trabajadores del servicio de emergencias de los túneles de la M-30 vuelven a denunciar que el Ayuntamiento mantiene desde hace casi veinte años una situación que consideran “un fraude laboral” y reclaman el reconocimiento de su verdadera categoría profesional tras una nueva licitación que, aseguran, perpetúa el modelo.

El sonido de una sirena en los túneles de la M-30 suele anunciar la llegada de uno de los primeros equipos que intervienen cuando se produce un incendio, un accidente de tráfico o el rescate de una persona. Quienes bajan del camión portan equipos de protección contra incendios, excarcelan vehículos, sofocan fuegos y coordinan actuaciones con otros cuerpos de emergencias. Sobre el papel, sin embargo, no son bomberos. “En teoría soy un oficial de construcción, pero voy con Policía y Samur a hacer servicios de emergencias. Es una situación que todos permiten”, resume a El Salto José Damián Rodríguez, representante sindical de CCOO en la UTE que explota y mantiene la M-30. 

No tienen categoría laboral de bomberos pero cuentan con la acreditación profesional de Extinción de Incendios y Salvamentos expedida por la Comunidad de Madrid

Rodríguez explica que el servicio comenzó a funcionar en 2007 y que el acceso al puesto se realizó mediante un proceso de selección específico para bomberos, organizado por la empresa de formación Fortem Integral. Las pruebas incluyeron exámenes físicos, psicotécnicos, entrevistas y un curso de 350 horas en extinción de incendios y salvamentos, al que cada año se suman nuevas horas de reciclaje. Actualmente, además, disponen de la acreditación profesional de Extinción de Incendios y Salvamentos expedida por la Comunidad de Madrid. 

Pese a ello, fueron contratados como oficiales de segunda y posteriormente de primera de la construcción. Según denuncia el representante sindical, la clasificación profesional llega a rozar el absurdo. “En el SEPE unos aparecemos como mantenedores de edificios, otros como mecanógrafos, mamposteros o incluso repartidores por teléfono. Pero hacemos unas 4.000 intervenciones al año de rescates, incendios, accidentes de tráfico, inundaciones y cualquier emergencia que se produzca en los túneles”, indica. Las consecuencias, sostiene, van mucho más allá de una cuestión administrativa. “Si a mí me pasa algo en una intervención, mi familia se queda sin nada porque no puedo demostrar que soy bombero. El seguro podría decir que es un fraude”, explica en referencia a las funciones que hace y a los que la categoría profesional indica. “Los salarios -añade- oscilan entre los 1.300 y los 1.400 euros mensuales para un trabajo que exige asumir responsabilidades propias de un servicio de emergencias”.

La lucha por el reconocimiento profesional se remonta a gobiernos atrás, cuando se planteó durante el mandato de Manuela Carmena, entre 2015 y 2019. Según relata Rodríguez, el entonces coordinador del servicio solicitó un informe a los servicios de emergencias del Ayuntamiento que concluía que el departamento debía integrarse en la sociedad municipal Calle 30 por razones de seguridad. "Se redactó un documento para modificar el contrato, pero hubo un cambio de gobierno y todo quedó parado”, explica en referencia al equipo del popular José Luis Martínez Almeida, en concreto al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. “Borja Carabante nos dijo que el informe estaba en un cajón y que, básicamente, nosotros poníamos conos de tráfico. Le enseñamos lo que hacemos realmente y nos dijo que se solucionaría. No hemos vuelto a saber nada”. 

Aseguran que también contactaron con Begoña Villacís, vicealcaldesa por Ciudadanos, y que aunque les aseguró que “no se preocuparan de nada”, tampoco se solucionó nada. Según denuncia CCOO, el propio pliego de contratación que sale este año de nuevo define el servicio como un dispositivo de emergencias y fija el número de efectivos necesarios, aunque evita concretar qué categoría profesional deben tener los trabajadores contratados. Esa omisión, sostienen, ha permitido mantener durante años una situación que consideran irregular.

Aunque han conseguido sentencias favorables para pasar de oficial de segunda a oficial de primera de la construcción, aunque consideran que ese avance no resuelve el problema de fondo.

La reclamación por el reconocimiento profesional ha ido acompañada de un largo recorrido judicial y administrativo. Aunque han conseguido sentencias favorables para pasar de oficial de segunda a oficial de primera de la construcción, aunque consideran que ese avance no resuelve el problema de fondo. “Cada vez que hacemos un movimiento hay represalias”, denuncia, como despidos, sanciones y expedientes disciplinarios. Relata el caso de un trabajador que sufrió una intoxicación durante una práctica de extinción de incendios por el mal estado del material.

La mutua laboral, afirma, únicamente le prescribió un antiinflamatorio y meses después recibió una sanción por haber fingido el accidente laboral. Tras acudir a los tribunales consiguió que el despido fuese declarado improcedente. “Pero el el chaval se quedó en la calle”, denuncia José Damián Rodríguez. También denuncian intentos de minimizar accidentes laborales. Rodríguez asegura que a un compañero que sufrió un infarto durante la jornada se le atribuyó oficialmente una tarea distinta de la que realizaba en ese momento para evitar reconocer el accidente en servicio.

Las críticas alcanzan también a la actuación de la Inspección de Trabajo. “Las palabras que aparecen en las resoluciones son las mismas que salen de la boca de Recursos Humanos”, sostiene en un caso concreto. En otra investigación sobre un incendio de un vehículo, añade, una inspectora solicitó las imágenes de la intervención y la empresa remitió inicialmente vídeos distintos. Según el representante sindical, fue entonces cuando Trabajo ordenó introducir modificaciones y reconoció que se trataba de un servicio de emergencias.

Vehículos con luces amarillas de emergencia

Una pequeña victoria que no tuvo repercusión ni en la categoría profesional ni en sus vehículos. Los trabajadores intervienen con camiones de bomberos completamente equipados para incendios y accidentes de tráfico, pero continúan utilizando prioritarios luminosos amarillos en lugar de azules como obliga la normativa europea para los vehículo de emergencias. “Yo me salto los límites de velocidad cuando vamos a una emergencia y luego nos retiran las multas. Eso demuestra que somos un servicio de emergencias", afirma Rodríguez. La plantilla sostiene que esta contradicción evidencia la situación de indefinición en la que llevan dos décadas trabajando: actúan como bomberos, reciben la formación de bomberos y asumen los riesgos propios de los bomberos, pero administrativamente siguen perteneciendo al sector de la construcción.

El conflicto vuelve ahora a la actualidad tras la nueva licitación del servicio. La anterior concesión se prolongó durante 25 años y la nueva tendrá una duración inicial de tres años, ampliable hasta cinco. Aunque cambian las empresas que integran la UTE adjudicataria, Rodríguez asegura que la estructura directiva permanece prácticamente intacta. “Son diferentes empresas, pero el gerente, Recursos Humanos o Tesorería siguen siendo los mismos”, explican. El comité de empresa, que representa a una plantilla de alrededor de 300 trabajadores —80 de ellos destinados al servicio de emergencias—, considera que el nuevo contrato perpetúa un modelo que lleva casi veinte años sin resolver el reconocimiento profesional de quienes intervienen cada día en algunas de las emergencias más complejas de la capital. “Esto debería resolverse entre la empresa, el Ayuntamiento y los trabajadores cambiando nuestras condiciones laborales”, concluye Rodríguez. “No pedimos que nos llamen bomberos por orgullo. Pedimos que se reconozca el trabajo que llevamos veinte años haciendo”, finalizan.