Audiovisual
El cine da la espalda a la Ley Audiovisual que ha dividido al Gobierno

Una palabra es la protagonista del último desencuentro de los dos partidos de coalición en el Gobierno, que ha llevado a Unidas Podemos a orientar su voto por primera vez contra una iniciativa legislativa promovida por el PSOE. La palabra es “dicho” y los socialistas la incluyeron en el texto del anteproyecto de Ley Audiovisual referido a los productores independientes, desatando una tormenta que ayer, 26 de mayo, llevó a que la propuesta de nueva normativa del sector audiovisual, trasposición de la Directiva Europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), recibiese luz verde en el Congreso de los Diputados, con el PSOE enfrentado a sus socios de investidura y al partido con el que gobierna. Unidas Podemos, al igual que el PP, se abstuvo en la votación. La aprobación del proyecto, que recibió el aval de la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, coniguió los votos a favor de PSOE y PNV y los votos en contra de ERC, Vox y Junts. En total, 130 votos a favor, 83 en contra y 125 abstenciones. La norma tiene como objeto “regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal” y establecer “normas aplicables a la prestación del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma”, todo ello “sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales en sus respectivos ámbitos”.

La batalla se produjo por la definición de productor independiente, modificada por el PSOE de modo que en la ley “se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual” y “a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”. Antes de “dicho”, introducido por el PSOE, el texto decía “un”.

Con esa modificación, la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P., que agrupa a numerosas productoras) y PATE Productores Audiovisuales entienden que se abre la puerta a que la protección reservada para las productoras verdaderamente independientes —como la cuota del 5% en los catálogos de las plataformas de streaming— se destine a firmas que, en realidad, son filiales de empresas mayores siempre y cuando estén funcionando como productoras de desarrollo para otras compañías. Es decir, que Mediaset y Atresmedia, las dos gigantes del audiovisual en España, seguirían teniendo la sartén por el mango incluso cuando parece que no.

En la votación de las distintas enmiendas que quedaban aún vivas, el Pleno del Congreso rechazó la enmienda transaccional pactada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, ERC y Bildu para modificar de nuevo la definición de productor independiente de la ley, lo que suscitó el voto en contra de los partidos independentistas. 

Para las productoras independientes, la nueva ley puede abrir un panorama “de consecuencias devastadoras para el cine y todo el audiovisual español”

Antes de la votación, las asociaciones de productores de cine y audiovisual habían pedido a los distintos grupos políticos que votaran “en conciencia” y rechazaran el texto, que, en su opinión, puede abrir un panorama “de consecuencias devastadoras para el cine y todo el audiovisual español”. Las productoras independientes temen “la grieta que se puede abrir con esta ley al escorar más aún la cadena de valor del lado donde existe mayor concentración, los emisores”, y pronostican que la ley las puede hacer menos competitivas. No descartan llevar su denuncia a escala europea, “para lograr que se cumpla con el espíritu de la trasposición de la directiva europea”, y tampoco renuncian a solicitar amparo al Tribunal Constitucional. También recuerdan que dos de las producciones más celebradas recientemente, como Alcarrás y El Hoyo, han sido posibles por el trabajo del sector audiovisual independiente.

Las críticas de las productoras a la nueva Ley Audiovisual han encontrado eco en varios nombres importantes de la industria en España, que han suscrito el manifiesto de las productoras. Pedro Almodóvar, Paco León, Icíar Bollaín, Isabel Coixet, Álex de la Iglesia o Santiago Segura, entre otros, han mostrado su disconformidad con el proyecto de ley, así como entidades colectivas como la Asociación Europea de Asociaciones de Productores Audiovisuales Independientes, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Academia de Cine de Andalucía, la Acadèmia del Cinema Català, la Academia Galega do Audiovisual o la Acadèmia Valenciana del Audiovisual.

El texto también ha recibido críticas por parte de los sindicatos. Para CC OO, UGT y CGT, lo que debía ser una trasposición de la directiva comunitaria que aborde las complejidades del entramado comunicativo español ahonda, sin embargo, en un modelo mercantilista, que se encuentra al servicio de los operadores privados, en lugar de velar por la defensa de los servicios públicos de RTVE y el acceso gratuito y universal de la ciudadanía a unos sistemas de comunicación que sean garantes de los principios constitucionales básicos en materia de información.

CC OO, UGT y CGT critican el anteproyecto de Ley Audiovisual por su carácter “mercantilista y liberal”

Redacción El Salto

Medios de comunicación

Medios de comunicación CC OO, UGT y CGT critican el anteproyecto de Ley Audiovisual por su carácter “mercantilista y liberal”

Redacción El Salto

El anteproyecto de la Ley General Audiovisual no convence a las centrales sindicales, que consideran que pone en peligro el modelo público de RTVE y de las radiotelevisiones autonómicas.

Desde Cannes, donde se encontraba asistiendo a las proyecciones de As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, y Pacifiction (Tourment sur les îles), de Albert Serra, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, valoró que con esta nueva norma “no retrocedemos en nada, quizá haya quien diga que no avanzamos lo suficiente. Yo siempre digo que cuando un sector reclama algo, de entrada tiene razón. Otra cosa es que podamos satisfacerlo”.

La Ley Audiovisual no ha sido impulsada desde la cartera de Iceta sino por el Ministerio de Asuntos Económicos y Tansformación digital y recoge la obligatoriedad para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo, ya sea lineal o a petición, de destinar el 5% de sus ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o contribuyendo al Fondo de Protección a la Cinematografía o al Fondo de fomento de la cinematografía y el audiovisual en lenguas cooficiales distintas al castellano.

De esta cuota, al menos el 70 % se deberá destinar a obras audiovisuales en español o en alguna de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas. De esta cuota se deberá reservar, al menos, un 15 % para la producción de obras audiovisuales “en lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta su peso poblacional” y, al menos, un 10 % “para cada una de ellas”. Asimismo, se deberá reservar “un mínimo del 30 % a obras audiovisuales dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres”.