El inminente desalojo del poblado minero de La Camocha

Las familias del asentamiento asturiano con casas en régimen de alquiler se enfrentan a su desahucio al haber enviado el juzgado encargado del caso las primeras cartas en las que se notifica el lanzamiento.

camocha poblado minero
Iván G. Fernández Reunión de representantes de Podemos con la Asociación de Vecinos de La Camocha, este viernes.
9 jun 2018 14:13

Las cartas ya han sido enviadas. Lo hacía esta semana el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Oviedo, encargado del caso de las familias del poblado minero de La Camocha, en las afueras Gijón, que podrían ser desahuciadas de forma inminente. En los textos el juez señala que los habitantes de los inmuebles deben dejar su hogar inmediatamente.

Mina La Camocha, una explotación subterránea de carbón abierta en 1935, cerró en 2008. El poblado minero aledaño cuenta con un un total de 37 viviendas, ocupadas por las familias de antiguos mineros. La empresa firmó el arrendamiento de las casas con carácter vitalicio con aquellas que prefirieron acogerse a esta fórmula y no comprarlas. Sin embargo, la compañía cerró con pérdidas y hoy las viviendas están incluidas ahora entre las propiedades de la minera, activos que ahora podrían servir para pagar las deudas.

Con edades que a menudo superan los 80 años, los vecinos afectados suman cerca de medio centenar. Las primeras notificaciones de desalojo inminente enviadas por el juzgado corresponden a los que no han podido acreditar su derecho a ocupar legalmente las casas. En total, una decena de familias que llevan desde 2010 con la sombra de lo que ahora parece inevitable, y años negociando su situación tanto con la administración concursal como con el juzgado.

Medio siglo

Manuela Rodríguez, es una de las vecinas afectadas. “Son diez años con una agonía; ni poder dormir, ni poder comer, ni poder vivir”, denuncia indignada, “son unos delincuentes que nos están avasallando”.

Con medio siglo viviendo en el poblado, Carmen Fernández, de 71 años, es otra de las que pueden sufrir un desalojo inminente. “Mi marido murió con 45 años, me dejó diez hijos y yo tenía 40. Me dejaron una pensión de mierda. Encima, después de tantos años, me vienen que si nos echan mañana de la casa. Con quinientos y pico euros qué quieren que compre yo”. A pesar de la decisión del juez, ella asegura: “A mí mi casa me la dio la mina. A los veinte días de morir mi marido la pusieron a mi nombre. Ahora quieren darme una patada y dejarme en la calle”.

El diputado en el Congreso y secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, Rafa Mayoral, quien se reunió este viernes con los vecinos afectados, señaló que “es incomprensible que estas personas que han vivido durante tantos años en estas casas hoy se les plantee un desalojo forzoso sin alternativa habitacional en un procedimiento en el que prácticamente no se pueden ni defender”.

El responsable señaló además que “existe una responsabilidad desde la propia judicatura, de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y eso significa que no se pueden producir desalojos forzosos sin alternativa habitacional, como dicen los dictámentes de Naciones Unidas”. Asimismo, cargó contra la administración concursal, el Ayuntamiento y el Gobierno regional por no ofrecer una solución a las familias.

El secretario general de Podemos Asturias y diputado regional, Daniel Ripa, señaló por su parte que su grupo pedirá tanto al consejero de Empleo como al presidente de Asturias, Javier Fernández, “que paralicen y se impliquen personalmente para parar el desahucio”.

La situación ha llegado a este punto tras dar por cerrada la administración concursal la negociación con los vecinos sobre la venta de los propios inmuebles, al considerar los habitantes que los precios que les exigían estaban muy por encima del valor de mercado.

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