Argentina
Cincuenta años no es nada: la memoria abierta del golpe militar del 24 de marzo en Argentina

“A partir del día de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las imposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial; así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación”.

Con este primer comunicado, emitido hace 50 años, la Junta Militar argentina —encabezada por el teniente general y comandante general del Ejército, Jorge Rafael Videla; el almirante y comandante general de la Armada, Emilio Eduardo Massera; y el brigadier general y comandante general de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti— anunció por cadena nacional el derrocamiento del Gobierno de Isabel Perón y el inicio de la que sería la dictadura más sangrienta de la historia del país. 

Los horrores vividos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 habilitaron la triste invención argenta de términos y frases —“desaparecidos”, “vuelos de la muerte”, “son 30.000”, “Nunca Más”—, de símbolos y organizaciones mundialmente reconocidas —como los pañuelos blancos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo—, y hasta de acciones inéditas de resistencia y reparación de la crueldad militar. 

“Enormidad. No se vio en el mundo ningún proceso judicial como este. Ni los juicios de Tokio, ni en Alemania los juicios de Núremberg. No hay, en ningún lado, nada igual”, recalca el fiscal Félix Crous

Por ejemplo, el trabajo que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense para devolver historia e identidad a huesos intencionalmente escondidos —de hecho, hace apenas pocos días informaron la identificación de 12 personas por los restos óseos que encontraron en el ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba—; y los más de 300 juicios por crímenes de lesa humanidad que lograron más de 1.200 condenas a represores. 

“Enormidad. No se vio en el mundo ningún proceso judicial como este. Ni los juicios de Tokio, ni en Alemania los juicios de Núremberg. No hay, en ningún lado, nada igual”, recalca el fiscal Félix Crous, que desde los años 90 interviene en la recuperación de verdad y justicia en diferentes lugares de la Argentina. 

El mes aniversario de la última dictadura cívico-militar tiene a Crous de invitado en múltiples actividades, entrevistas y conversatorios. Crous busca los tiempos para poder estar, para responder preguntas, para contar. Quiere que se conozca, que se haga visible la obra que tribunales ordinarios sostienen diariamente, con vientos y relatos a contramano, con más o menos interés social. 

“Las encuestas siguen mostrando márgenes altísimos de acuerdo con el juzgamiento”, dice Crous a El Salto. Por eso señala que hay tener cuidado cuando “algunos dicen que es un tema que a la sociedad no le importa”. Este fiscal distingue entre la “ética de la urgencia y la ética de lo importante”. La población argentina “que hoy sobreviven con lo justo por supuesto que no tienen los juzgamientos de los crímenes de lesa humanidad en su angustia del amanecer”, pero si se les pregunta sobre si hay que perdonar o juzgar a los responsables de los crímenes de la dictadura, la amplia mayoría “elige juzgar”. 

En línea hacen eco los resultados de la investigación Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después —del observatorio Pulsar, la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)— que muestran, con encuestas y grupos focales, una visión negativa sobre la dictadura —el 71% considera que el gobierno militar fue “malo” o “muy malo”— y un amplio consenso —70%— sobre el deber de continuar con los juicios. 

Incluso entre las juventudes —voto clave para el triunfo libertario en 2023— es contundente el rechazo a cualquier intento de retroceso en materia de justicia. Según otro estudio de opinión pública que acaba de difundir Amnistía Internacional, en alianza con la consultora Dynamis, el 75% de los 656 jóvenes del Área Metropolitana de Buenos Aires consultados se manifiesta en desacuerdo con que se indulte a los militares de la dictadura condenados. El informe señala, además, que valoran el sistema democrático, aunque casi la mitad expresa insatisfacción con su funcionamiento en Argentina.

El largo camino de la justicia 

“Ningún país se atrevió a llevar una dictadura a la justicia”, dice el trailer de la película Argentina, 1985 inspirada en la experiencia del juicio a las Juntas Militares que lideraron los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, recién recuperada la democracia, y que resultó en una histórica primera condena al terrorismo de Estado. 

Sin embargo, la resistencia de las Fuerzas Armadas todavía envalentonadas generó una seguidilla de leyes de impunidad: en diciembre de 1986, el Congreso sancionó la “Ley de Punto Final”; en junio de 1987, la “Ley de Obediencia Debida”; y finalmente entre 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó los decretos de indulto a los comandantes de las Juntas condenados, argumentando que “las secuelas de los enfrentamientos habidos entre los argentinos desde hace dos décadas obran como constante factor de perturbación en el espíritu social que impide alcanzar objetivos de concordia y unión”. 

Así, durante más de una década en Argentina quedó clausurada la posibilidad de investigar penalmente a los responsables directos y políticos de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones, robos y apropiaciones de criaturas, violaciones y demás crímenes de lesa humanidad. 

Félix Crous recuerda esa época y lo que se gestó después: “Fue tan estimulante el juicio a las Juntas como decepcionante lo que ocurrió al final. Pero entonces surgieron los ‘Juicios por la Verdad’”

Félix Crous recuerda esa época y lo que se gestó después: “Fue tan estimulante el juicio a las Juntas como decepcionante lo que ocurrió al final. Pero entonces surgieron los ‘Juicios por la Verdad’, otro invento argentino que procuraba garantizar la verdad sobre los hechos y el destino de las víctimas del terrorismo de Estado aunque sin sanciones penales. Comenzó la Cámara Federal de la ciudad de La Plata abriendo una investigación por el derecho a la verdad de las personas como un modo de acceso a un derecho básico atávico hacia el duelo. En paralelo se iniciaron juicios por la verdad en otras jurisdicciones con distintas modalidades, porque el procedimiento no estaba previsto en nuestra ley. En Mar del Plata lo llevó a cabo el Tribunal Oral; en La Plata y en Bahía Blanca, las Cámaras Federales. Algunos aplicaron el código procesal vigente; otros, un viejo código; otros, no aplicaron ningún código. Realmente fue hacer camino al andar. Y con algunos años de andar, la gran cantidad de testimonios interpeló a los jueces para decidir qué hacían con eso”. 

—¿Qué valor tuvieron los Juicios por la Verdad?

—Si bien el objetivo final y el deseo era conseguir un juicio pleno, con criterio de realidad se empezó a hacer lo que se podía: acumular prueba. Tarea anticipatoria a una utilización posterior, porque la prueba fue muy explotable luego en los juicios de lesa [humanidad]. Es decir, el testigo que hoy tiene 80 años pudo ser escuchado hace más de veinte años, con otra potencia cognitiva. De modo que estos procesos permitieron preservar lo que había, y también entramar y comprender. Al entramar la prueba, al verla en conjunto se entendió mejor el sistema represivo. Finalmente, los Juicios por la Verdad jerarquizaron el relato de las víctimas. Que algunos por primera vez pudieran testimoniar públicamente, que los tomaran en serio, que no fueran burlados, ni amenazados… de alguna manera, se trató de una justicia restaurativa desde lo simbólico y desde la subjetividad de las víctimas. Por todo eso valieron”.

Juicios de lesa humanidad

En la Revista Atípica, la abogada de derechos humanos Carolina Varsky detalla las marchas y contramarchas del juzgamiento por los crímenes de la dictadura, hasta que se convirtió en una política del Estado argentino. 

En ese proceso se acepta como bisagra un fallo, en junio de 2005, de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida argumentando, entre varios ejes, que “al funcionar como una amnistía general, buscaban 'el olvido' de graves violaciones a los derechos humanos como lo son las desapariciones forzadas de personas”. 

Aquella causa tenía como imputado a Julio Héctor Simón —ex suboficial de la Policía Federal— por el secuestro y la detención de José Poblete, de su esposa Gertrudis Hlaczik y de su beba de ocho meses. Por los testimonios de supervivientes se pudo saber que torturaron al matrimonio durante meses en el centro clandestino “El Olimpo” y luego “los trasladaron”. 

Sus cuerpos continúan desaparecidos. 

En cambio, 21 años después del secuestro, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron encontrar a la hija de José y de Gertrudis. La habían anotado con otro nombre, como familiar de un integrante de la estructura de inteligencia del Ejército y de su esposa. Claudia Victoria Poblete Hlaczik es la nieta recuperada número 64. 

Reiniciadas las causas tras “el fallo Simón” se cuentan —desde las primeras sentencias en 2006 y hasta marzo de 2026— 356 juicios con sentencia, con 1.237 represores condenados

Reiniciadas las causas tras “el fallo Simón” se cuentan —desde las primeras sentencias en 2006 y hasta marzo de 2026— 356 juicios con sentencia, 1.237 represores condenados, 250 absueltos, 13 juicios orales abiertos en diferentes jurisdicciones, y 282 causas en etapa de investigación preliminar con casi 300 procesados. 

Memoria abierta

Ana Oberlin nació la madrugada del 7 de agosto de 1976. Es la tercera hija de Ana Berraute y de René Oberlin, uno de los fundadores de la agrupación Montoneros en la provincia de Santa Fe. Por eso lo buscaban los militares y por eso el nacimiento de Ana se dio en un contexto de clandestinidad, bajo identidades falsas. 

No alcanzó. René “cayó” al año en la localidad bonaerense de Burzaco. Algunas versiones dicen que lo mataron en el momento. Otras, que René llegó a tomarse la pastilla de cianuro que llevaba encima —como tantos y tantas militantes—. Tampoco se descarta que lo hayan mantenido en alguno de los más de 800 centros clandestinos que funcionaron a lo largo y ancho del territorio argentino. 

El cuerpo de René Oberlin continúa desaparecido.  

Ana chiquita con su mamá y sus dos hermanos volvieron a Santa Fe, a instalarse en la casa de una abuela. Ana recuerda a su mamá semi escondida por años, sin poder participar de actos o reuniones escolares. 

Buena alumna, aplicada, escolta, abanderada, Ana cuenta que eligió estudiar Derecho porque era una de las carreras que ofrecía la universidad pública de Santa Fe y entonces se libraba de migrar. La familia, en cambio, detectó tempranísimo su vocación por mediar en disputas y defender las posiciones de las minorías. 

Por la razón que fuera, Ana Oberlin se recibió de abogada a los 22 años y se especializó en Derechos Humanos, Género y Derecho Penal. Representó a Abuelas de Plaza de Mayo, a la agrupación H.I.J.O.S., y actualmente se desempeña como Auxiliar Fiscal de la Unidad Fiscal Federal de la ciudad de La Plata en los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. 

—¿Qué balance hacés de los juicios?

—En general, es un balance positivo. El proceso que hizo Argentina está altamente consolidado y es realmente único en el mundo. Nos llena de orgullo el trabajo del movimiento de derechos humanos de nuestro país, en articulación con algunos y algunas juristas comprometidas en la lucha contra la impunidad y la promoción de los derechos humanos.

—¿Pero...?

—Pero, sin dudas, es un proceso tardío. En algunos casos tuvieron que pasar cincuenta años para lograr las condenas. Es fragmentario, es apenas una parte ínfima de lo que ocurrió. No es posible pensar que los más de 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron fueron manejados solamente por 1.200 personas. Es evidente que las condenas recaen en general sobre personas vinculadas a las fuerzas armadas y de seguridad de rangos medios y bajos. Pero faltan muchos responsables, también civiles. Por ejemplo, empresarios que no fueron cómplices del terrorismo de Estado sino que fueron parte.

—¿Cómo surge esa información?

—Por distintas investigaciones académicas. Sin embargo, son muy pocas las personas vinculadas a empresas o con roles en empresas y fábricas que han sido condenadas. Es importante decir que en nuestro país hubo fábricas que prestaron sus instalaciones para que sean utilizadas como centros clandestinos. O fábricas que directamente armaron listados con el personal al que se debía secuestrar. Se sacaron de encima sobre todo a quienes participaban de la lucha obrera organizada, pero también a trabajadores y trabajadoras “molestas”. Esos que tenían actitudes solidarias hacia otros compañeros y compañeras, o que reclamaban por derechos básicos.

—¿Recordás algún caso?

—Sí. Una fábrica donde cumplían jornadas laborales de nueve horas y el reclamo era poder hacer una pausa para ir al baño y tomar un mate cocido. O sea, hablamos de cosas muy básicas. Y si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas desaparecidas eran trabajadores y trabajadoras, la responsabilidad empresarial/patronal queda reflejada en los números del terrorismo de Estado.

—Los juicios se ocupan de lo ocurrido en el pasado y sin embargo es un proceso dinámico, que se profundiza y modifica a medida que avanza en el presente. Me refiero a cómo en los últimos años comenzaron a visibilizarse especialmente las violencias por motivos de género padecidas por las mujeres y diversidades secuestradas. 

—Precisamente, es dispar el avance en relación a algunos tipos penales. Por ejemplo, solo el 17% de las condenas tienen que ver con la violencia por medios sexuales, con los abortos forzados, la reducción a servidumbre… delitos que fueron mayoritariamente cometidos sobre las mujeres cis que estaban en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Si escuchamos los juicios sabemos que se cometió muchísima mayor cantidad. Es la misma línea falta avanzar en lo que vivieron gays, lesbianas, personas trans y travestis en esos años, con el ensañamiento particular sobre sus cuerpos y la persecución basada en el modelo sexogenérico que la dictadura pretendía garantizar. Tampoco se ha puesto el foco en el sufrimiento de niños y niñas, que en general no han sido consideradas personas victimizadas en los juicios. Y queda también avanzar en la responsabilidad de curas, de monjas, del personal de los juzgados que muchas veces estuvo involucrado en la apropiación de chicos… falta lo que llamamos “la pata civil del terrorismo de Estado”.

—¿Es posible acostumbrarse a escuchar el horror?

—No es posible acostumbrarse a escuchar el horror. Pero es mi deber profesional que ese horror, aunque me impacte porque soy humana, quede apartado para poder hacer bien mi trabajo. Porque, como auxiliar fiscal, una de mis principales tareas en el momento del testimonio es preguntar para que sí o sí sea dicho lo que se necesita en términos probatorios. Es muy estresante y doloroso testimoniar, volver a contar el horror que se vivió. Por ende, desde el Ministerio Público Fiscal siempre nos reunimos antes con las personas que prestan testimonio para saber qué información van a aportar y poder hacerles preguntas. Muchas veces pasa que después se quedan en blanco o se olvidan de mencionar datos importantes.

—En todos estos años de trabajo en los juicios de lesa, ¿hubo algún caso, testimonio o historia que te haya impactado más?

—Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero especialmente me impactan las historias de amor dentro de los centros clandestinos, o los relatos de sobrevivientes sobre la persona de la que estaban enamorados o enamoradas. Porque la sensación del amor sobre el horror me parece maravillosa y absolutamente conmovedora.