Argentina
La Argentina ultraliberal: burbuja financiera y derrumbe de la economía real

El fracaso político del presidente Javier Milei, que no ha conseguido apoyos para sus principales reformas, se ve acompañado con una economía en caída libre, con consecuencias devastadoras para el conjunto de la población.
24M Buenos Aires - 6
Villa 21-24, Buenos Aires, Argentina. Imagen de Drone: Carlos Gomez - 23 de marzo de 2024
@eduardogior
@eduardogiordano@masto.es
5 abr 2024 06:00

Después de casi cuatro meses de Gobierno de Javier Milei, la economía argentina sigue en caída libre. Casi todos los indicadores de actividad y consumo muestran signos de una fuerte depresión, con la única excepción de las exportaciones de bienes primarios. Mientras tanto, los planes autoritarios del presidente se han estrellado por segunda vez en el Congreso. Después de haber retirado la Ley Ómnibus por falta de apoyo de los legisladores, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que promulgó en diciembre fue rechazado por una amplia mayoría en el Senado (42 votos en contra y 25 a favor). No obstante, los más de 300 artículos del DNU que no fueron suspendidos por la Justicia siguen vigentes desde el momento de su promulgación, hasta que el decreto se acabe de debatir en la Cámara de Diputados para su rechazo definitivo o su aprobación.

Mientras Milei carga el mayor peso del ajuste en los sectores más vulnerables, una tropa de especuladores sin escrúpulos disfruta de los beneficios que el ajuste proporciona a sus negocios

Con estos dos instrumentos jurídicos, que sumaban más de mil artículos, el Gobierno de Milei esperaba reconfigurar las “bases” de la sociedad argentina. El fracaso político del presidente realimenta el conflicto declarado por el Ejecutivo contra otros poderes del Estado: el legislativo y los gobernadores de las provincias, a quienes acusa de boicotear el cambio que él propone por intereses supuestamente mezquinos.

Devaluación, inflación y revalorización del peso

A los pocos días de haber asumido el Gobierno de Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una brutal devaluación del peso del 118 %, que actuó como disparador de la inflación, principalmente en los rubros de alimentos y productos de primera necesidad. Los salarios, según datos oficiales del INDEC, perdieron un 16 % de poder adquisitivo por la inflación de diciembre y enero, con una caída más pronunciada en el sector público. Las jubilaciones quedaron aún más retrasadas: se calcula que a final de marzo la caída sería del 33,8 % en términos reales.

Mientras el Gobierno de Milei carga el mayor peso del ajuste en los sectores más vulnerables de la población, como los jubilados y personas con discapacidad, y recorta gastos sociales básicos como la entrega de medicamentos oncológicos y de alimentos para los comedores populares, una tropa de especuladores sin escrúpulos disfruta de los beneficios que el ajuste proporciona a sus negocios, ya sean productores o distribuidores de bienes de consumo masivo u operadores financieros. Los primeros se benefician de la inflación que ellos mismos retroalimentan, los segundos se benefician de las altas tasas de interés (las más altas del mundo) que posibilita esa espiral inflacionaria. 

La inflación acumulada durante el primer trimestre de gobierno de La Libertad Avanza (LLA), entre los meses de diciembre y febrero, superó el 70% (un 13,2% en febrero). Sin embargo, desde finales de enero se produjo una acentuada revalorización del peso, de más del 20% con respecto al dólar blue o informal, un movimiento imprevisto y bastante inverosímil para el historial cambiario de Argentina en el contexto actual.

Mientras se anuncian más cierres de fábricas, por ejemplo en el sector metalúrgico, los aumentos de tarifas siguen escalando en los servicios energéticos por la quita de subvenciones estatales

En medio de un panorama económico desolador, con notable caída de la producción industrial y del consumo interno, el Gobierno festejó este dato cambiario como altamente positivo, atajando así el diluvio de malas noticias económicas. Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) muestran que en enero de 2024 la actividad industrial cayó un 12 % y la construcción un 22%, en comparación con el mismo mes del año anterior.

Mientras se anuncian más cierres de fábricas, por ejemplo en el sector metalúrgico, los aumentos de tarifas siguen escalando en los servicios energéticos por la quita de subvenciones estatales, y se advierte que la luz y el gas podrían incrementar sus tarifas el 400% y el 600% respectivamente, de manera escalonada durante los próximos meses.

En medio de este caos desregulatorio con fuerte impacto en la producción y en los hogares, sorprende la anomalía cambiaria de una moneda que por primera vez empieza a apreciarse en lugar de seguir la lógica devaluatoria habitual. 

Una causa aparente de este cambio de tendencia temporal podría sería la escasez física de billetes de pesos en el mercado cambiario informal. Los pesos escasean como consecuencia del mayor gasto por la inflación, el estancamiento de los ingresos y la falta de emisión monetaria en forma de billetes físicos, los que se requieren en las “Cuevas” (oficinas ilegales) donde se cambia el dólar paralelo.

Además, la denominación máxima de los billetes en pesos ha quedado completamente obsoleta después de las sucesivas devaluaciones y oleadas inflacionarias, ya que el papel de mayor denominación equivale ahora a dos dólares (2.000 pesos) y aún no es aceptado por muchos cajeros de los bancos. El Gobierno anunció la emisión de billetes de mayor denominación que aún no están disponibles. Y las monedas prácticamente han desaparecido. Su precio vendidas como metales al peso puede alcanzar hasta 15 veces su valor nominal.

La ‘aspiradora’ monetaria del Banco Central

Las restricciones a la emisión de billetes en pesos afectan a la capacidad de compra en metálico, es decir, a quienes comercian por fuera de los canales electrónicos, en particular al extenso sector de la economía informal, pero no significa que el Gobierno haya acabado con la emisión monetaria como sostiene Milei. Las nuevas emisiones se efectuaron en forma de bonos. Aunque la base monetaria se mantiene en torno a 10,4 billones de pesos desde fines de 2023, el dinero circulante representa un valor de compra muy inferior por el efecto de la inflación.

Según un informe periodístico de Infobae del 6 de marzo, “la plaza está ‘seca’ de pesos por la intensa absorción monetaria que efectúan en simultáneo el Banco Central [con la emisión de pasivos remunerados en pesos, y también en dólares, como el Bopreal] y el Ministerio de Economía [emisión de bonos del Tesoro]”.

La denominación máxima de los billetes en pesos ha quedado completamente obsoleta después de las sucesivas devaluaciones y oleadas inflacionarias: el papel con más valor equivale ahora a dos dólares

Una de las principales causas de la inesperada apreciación del peso fue la compra de dólares por parte del Banco Central, que acumuló unos 10.000 millones de dólares durante los primeros tres meses del Gobierno. La procedencia de estos dólares fue tanto del mercado interno como del exterior.

En primer lugar, el Banco Central succionó los dólares de particulares y pequeñas empresas que se desprendieron de sus ahorros para afrontar la situación de emergencia económica. El propio Javier Milei lo admitió cínicamente en una entrevista difundida en redes: “Y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo van a ingresar los propios agentes; por ejemplo, van y abren el colchón y empiezan a hacer transacciones”.

Otro factor importante fueron los dólares captados del exterior por la elevada tasa de interés, de un 100% —el Banco Central la redujo al 80% el 12 de marzo, al tiempo que desreguló las tasas que ofrecen los bancos a sus clientes por los plazos fijos—. Es decir, la puesta en marcha de la llamada “bicicleta financiera”.

A estos dos factores se suma la liquidación de divisas del sector agroexportador, que por razones estacionales será mayor entre abril y junio, cuando se recaudan las retenciones fiscales de la llamada “cosecha gruesa”. El Gobierno espera conseguir entonces la cuantía de dólares que le permita reequilibrar sus cuentas, mientras que el sector agroexportador obtendrá ventajas de esta situación; es muy probable que para liquidar las cosechas de soja y maíz exija una devaluación o un tipo de cambio preferente.

En la primera intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, cuando anunció la devaluación del peso de un 118%, también confirmó que se había establecido un sistema de minidevaluaciones periódicas automáticas, conocido técnicamente como crawling peg (de ‘goteo’), por el cual el Banco Central hace ajustes graduales predefinidos en el tipo de cambio para acercar el cambio oficial a las expectativas de los tipos de cambio financieros e informal.

De este modo, se mantiene una progresiva depreciación del peso, aunque de forma dosificada en el tiempo, que permite predecir el tipo de cambio futuro para beneficiar la entrada del capital extranjero y garantizar los términos de su posterior salida o fuga. Esta es una fórmula avalada por el FMI, con el objetivo de acercar antes el valor del dólar oficial al paralelo y levantar los controles cambiarios.

El retorno de la bicicleta financiera

Durante el Gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, puso en marcha un esquema de saqueo económico a favor de los bancos y fondos de inversión extranjeros conocido como “bicicleta financiera”, o internacionalmente como carry trade.

Tras la firma de un acuerdo con los “fondos buitre”, tenedores de bonos que llevaron al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la cesación de pagos en 2014, el Gobierno de Macri se lanzó a partir de 2016 a contraer deuda en dólares y a la emisión de deuda en pesos a través de Letras del BCRA, más conocidas como Lebacs, con altas tasas de interés. Con tasas de interés del 26% anual, la bicicleta “consistía en traer dólares, cambiarlos a pesos, invertir en Lebacs, ganar 2,2% en un mes, reconvertirlo en dólares a la misma tasa original y luego sacar el dinero”, indica un analista citado por la BBC, una rentabilidad que entonces no se podía conseguir en ningún país del mundo. 

Hay que decir que esta modalidad de fuga no fue original del macrismo. Anteriormente, en otros gobiernos con políticas neoliberales, hubo antecedentes de “bicicleta financiera” o “plata dulce”, como se la llamó durante la última dictadura.

En tiempos de Milei, con tasas de interés superiores al 100%, los grandes fondos de inversión extranjeros pueden obtener una rentabilidad mucho mayor. La condición para que este esquema pueda atraer capitales del exterior mediante incursiones especulativas de fondos internacionales, es eliminar totalmente los controles cambiarios, el llamado cepo. O bien, en su defecto, reducir al mínimo la brecha entre el valor del dólar oficial y el informal o dólar blue. Un asesor financiero entre los muchos que pululan en las redes sociales aseguraba en febrero que “hay fondos de dinero en el extranjero que están pidiendo por favor que Argentina levante el cepo”, ya que así “pueden entrar dólares, convierten a pesos con tasa del 10 % en un mes, vuelven a convertir a dólares y ganaron un 10 % en dólares. La famosa bicicleta financiera”. Obtener esa renta en dólares “lleva un año bueno” en el resto del mundo.

Durante la campaña, Milei se dedicó a demoler la credibilidad en la moneda argentina, declarando que “el peso no vale ni excremento”, y consiguió así que muchos ciudadanos transfiriesen sus ahorros a dólares.

Para que la especulación financiera obtenga ese rendimiento exorbitante es preciso que el tipo de cambio peso/dólar se mantenga estable. Por eso la insistencia de los “inversores” y del FMI en que se quiten los controles de cambio. Si se produce una devaluación del peso mientras los especuladores mantienen plazos fijos con altas tasas de interés en esta moneda, se esfuman los beneficios y posiblemente una buena parte del capital invertido. Dado que se trata de un negocio de riesgo, para que fluyan capitales al sistema financiero es imprescindible anclar el tipo de cambio de manera temporalmente estable. Si el gobierno puede garantizarlo de algún modo, se asegura la entrada de dólares que obtendrán una renta altísima durante su tránsito por el peso.

Existen además sofisticados mecanismos para evitar la exposición del inversor a una ‘corrida’ cambiaria. En lugar de contratar el plazo fijo convencional por un mes, algunos asesores financieros aconsejan acotar el riesgo haciendo la bicicleta financiera “con instrumentos de rescate rápido, como son las cauciones bursátiles o los fondos comunes de inversión MoneyMarket, que si bien pagan una rentabilidad un poco menor que el plazo fijo, te permiten salirte mucho más rápido”.

Durante la campaña electoral, Javier Milei se dedicó a demoler la credibilidad en la moneda argentina, declarando que “el peso no vale ni excremento”, y consiguió así que muchos ciudadanos transfiriesen sus ahorros a dólares.

Después vino la devaluación y el aumento generalizado de precios, manteniendo congelados los ingresos, de tal forma que una parte de la población tuvo que recurrir a sus ahorros en dólares y vender esos billetes a un tipo de cambio mucho menos favorable. En febrero el peso se apreció cerca del 20% respecto al dólar paralelo, retornando al valor que tenía en diciembre de 2023. Sin embargo, la inflación continuó al alza con un aumento del 13,2% solo para ese mes, y las previsiones para el mes de marzo oscilan en torno a la misma cifra.

El Banco Central se comporta así como una gigantesca aspiradora de los billetes verdes atesorados como reserva por la población. Milei festejó en su cuenta de la red X que la población, y en particular la clase media, se desprendiese de sus ahorros en dólares para poder pagar los aumentos estratosféricos de los alimentos, medicamentos, medicina prepaga, tarifas de servicios, etc. Es precisamente lo que se busca con el “sinceramiento” de los precios que proclama el gobierno.

Una economía bimonetaria

A lo largo de las últimas cinco décadas, el dólar fue adquiriendo una importancia creciente en la economía argentina, que se define y se comporta de hecho como bimonetaria. En efecto, Argentina es un país con dos monedas: la moneda propia devaluada y devaluable, y la moneda de reserva, que atesoran los particulares como principal ‘inversión’.

La consagración de la divisa estadounidense como valor refugio frente a la inflación desbocada se remonta a mediados de la década de 1970, cuando el plan económico —de ajuste y recorte del gasto público— de la dictadura de Videla y su ministro de Economía José Martínez de Hoz, precedido por el fogonazo de salida que fue el Rodrigazo durante el gobierno de Isabel Perón, derivó en una pérdida sostenida y muy significativa del valor del peso y popularizó la compra de dólares entre los pequeños ahorristas.

La película Plata dulce da cuenta de este fenómeno sociocultural tan significativo, condenado por el régimen como conducta especulativa, en sus intentos de frenar la inflación con altísimas tasas de interés. La inflación desbocada ya había llevado a los argentinos a tener que elegir en qué moneda “invertir” su salario o pensión para poder ahorrar o solo llegar a fin de mes. Frente a los plazos fijos en pesos, siempre sujetos a posibles devaluaciones, la mayoría de los ahorristas acudía a las “cuevas” de la city porteña para comprar billetes verdes.

Milei festejó que la población, y en particular la clase media, se desprendiese de sus ahorros en dólares para poder pagar los aumentos de los alimentos, medicamentos, medicina, servicios

La centralidad del dólar como referencia monetaria es consecuencia directa de la inflación, sostenida a lo largo de las décadas, con picos de hiperinflación. El dólar se convierte así en una referencia sólida de valor y en ancla monetaria de la actividad económica en el mercado interno. Aunque los bienes de consumo se intercambian en pesos, los valores de los inmuebles se establecen y transmiten en dólares.

Automóviles, electrodomésticos y otros bienes durables actualizan sus precios con cada salto del dólar. Dada la histórica debilidad del peso, una parte significativa de la clase media argentina compra anualmente unos 20.000 millones de dólares para “atesorar”, y se calcula que sus ahorros acumulados durante las últimas dos décadas suman unos 200.000 millones, de los cuales un 40% estaría fuera de los circuitos oficiales y podrían ser objeto de un blanqueo. 

Las clases sociales de mayores ingresos de la población argentina concentran una cuota importante del total de los dólares que circulan fuera de Estados Unidos en manos de particulares, tanto en cuentas en el exterior como físicamente en el país, en las cajas de seguridad de los bancos. Más raros son los depósitos en dólares en cuentas de bancos argentinos, por las experiencias pasadas de confiscaciones de depósitos en divisas y el famoso ‘corralito’.

El hecho de que el billete de cien dólares sea el bien más preciado para una parte sustancial de la clase media argentina condiciona fatalmente el éxito de cualquier política monetaria destinada a consolidar el peso como moneda nacional

De modo que los dólares se atesoran improductivamente en cajas de seguridad o ‘debajo del colchón’. El hecho de que el billete de cien dólares sea el bien más preciado para una parte sustancial de la clase media argentina condiciona fatalmente el éxito de cualquier política monetaria destinada a consolidar el peso como moneda nacional. Un cambio de mentalidad monetaria encontraría enormes resistencias sociales, principalmente entre las clases medias, que siempre vieron licuados sus ahorros en pesos a causa de una inflación desmesurada.

Hacia una dolarización incierta

En una reunión que mantuvo el Gobierno de Milei con el staff del FMI a fin de febrero, esta entidad sugirió la posibilidad de eliminar los controles cambiarios —el llamado cepo— a mediados de 2024. Todo dependería de la obtención de las divisas necesarias para poder respaldar el tipo de cambio que determine el mercado. Para conseguir esas divisas, el Gobierno puso en marcha un plan “aspiradora” de billetes verdes, consistente en absorber los ahorros en dólares de sectores de la clase media y de pequeñas empresas que se desprenden de sus activos financieros para sobrevivir.

A finales de febrero, Milei argumentó que con la compra de dólares en el mercado, su gobierno ya disponía del 87% de la base monetaria, y que por tanto faltaba poco para poder dolarizar. Dicho así, este argumento no es más que una falacia, ya que no contempla el endeudamiento del Banco Central con pasivos remunerados, los bonos por un día llamados Pases, pasivos que son a un día y devengan el 100% de interés anual a tasa nominal, que equivale a una tasa efectiva del 171% anual.

Estos bonos suman tres veces la base monetaria, la cual se mantiene en poco más de 10,5 billones a pesar de la devaluación del peso. En todo caso, es imposible dolarizar sin liquidar antes estas deudas con los bancos y fondos de inversión, que son los beneficiarios de las altas tasas de interés. 

Uno de los indicadores de que las reservas en dólares son insuficientes es que la transferencia de divisas para el pago de las importaciones se realiza en cuatro plazos, de 30, 60, 90 y 120 días. La única excepción es la que hizo el ministro de Economía para las importaciones de alimentos de la cesta básica, en su intento de rebajar la inflación, que se liquidarán a 30 días. Otras empresas han tenido que suspender la actividad en sus plantas por no disponer de las divisas necesarias para adquirir repuestos, maquinaria o materias primas en el exterior.

El Gobierno de Milei sustituyó los bonos Leliqs, con vencimiento a un mes, por los Pases, de vencimiento diario. Esto no resuelve el problema del endeudamiento del Banco Central. Con la oferta de nuevos instrumentos financieros vinculados a la cotización del dólar, se produce una transferencia de deuda desde los pasivos remunerados en pesos a bonos referenciados en dólares, como los Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre), con plazo de vencimiento a varios años. 

Estas críticas no son especulaciones de sus opositores “zurdos”. Diego Giacomini, el economista ultraliberal que inspiró los primeros pasos de Milei en esta corriente de pensamiento y lo introdujo en la “economía austríaca”, resume así cómo funciona la bicicleta financiera: “Hasta hace unos días Milei decía: ‘Compramos 10.000 millones (de dólares) de reservas. Eso es lo que te quiere mostrar, pero ¿qué es lo que te esconde? Para comprar esa cantidad de reservas emitió nueve billones de pesos, equivalente a la cantidad de dinero que hay en la calle, y de los 10.000 se queda solamente con 7.000, en el camino pierde el 30%. Emite nueve billones con los Pases, que es un dinero que paga tasa de interés en pesos, y esos Pases después los saca con los Bopreal, que es deuda en dólares, que paga tasa de interés en dólares. Todo esto pone en funcionamiento una maquinaria de endeudamiento cuyos platos los vamos a pagar más adelante en el tiempo”. Giacomini publicó algún libro en colaboración con Mieli y fue su prologuista en otros, y actuó como compinche del presidente en sus programas de televisión, aunque después se convirtió en uno de sus críticos desde la misma posición ideológica. En una reciente entrevista echó por tierra la posibilidad de una dolarización inminente porque “no están los dólares para dolarizar”, a menos que se haga “una dolarización imperfecta que traería serios problemas en el caso de una corrida" cambiaria. 

Según otros analistas económicos, como el periodista Alfredo Zaiat, de Página 12, “el Banco Central de Milei solo pudo retener el 52% de los dólares adquiridos en el mercado cambiario”. La posibilidad de una dolarización a corto plazo es muy incierta, salvo que el Gobierno cuente con financiamiento externo para poder llevarla a cabo, acudiendo a un mayor endeudamiento. Y si el gobierno está reduciendo el déficit fiscal a un costo social y económico tan elevado, ¿por qué necesita aumentar la deuda? El experto en endeudamiento público Alejandro Olmos, conocido por sus investigaciones y denuncias contra anteriores gobiernos por haber contraído deuda externa ilegítima, se ha referido en un video difundido el 19 de marzo al “endeudamiento descomunal de los últimos dos meses, más de 18.000 millones de dólares, además de los 12.000 millones que se acaban de emitir”.

La posibilidad de una dolarización a corto plazo es muy incierta, salvo que el Gobierno cuente con financiamiento externo para poder llevarla a cabo, acudiendo a un mayor endeudamiento

En todo caso, Milei ya no habla directamente de dolarizar, sino de adoptar una cesta de monedas entre las cuales estarían el peso y el dólar estadounidense. A pesar de aumentar el endeudamiento público con la emisión de nuevos bonos, Milei anunció que enviaría una ley al Congreso a fin de castigar penalmente la emisión monetaria en el futuro. Este anuncio podría interpretarse como una medida disuasoria para aquellos gobernadores provinciales que pretendan imprimir cuasi-monedas locales (como el Chacho, en provincia de La Rioja) para completar el pago de salarios de los trabajadores del sector público,  compensando así la falta de pesos enviados por el gobierno nacional.

En auxilio del Gobierno de Milei para imponer su modelo económico de ajuste y dolarización podrían acudir capitales transnacionales con intereses en Argentina, como el fondo estadounidense Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo y el principal inversor en empresas energéticas, bancos y hasta en deuda pública argentina.

Después de un encuentro virtual de su presidente Larry Fink con Javier Milei, a comienzos de febrero, BlackRock hizo el gesto simbólico de comprar cierta cantidad de bonos Bopreal en el mercado de deuda secundario, anticipando un movimiento que podría ampliarse en el futuro. Según Bloomberg, BlackRock posee más de 1.600 millones de dólares en 20 bonos distintos emitidos por Argentina. Este fondo es el principal accionista privado de YPF, la petrolera bajo control estatal, así como el mayor accionista de Banco Galicia y el segundo accionista del Banco Macro, además de estar presente en los sectores de telecomunicaciones, electricidad y cemento, entre otros. 

El fondo de inversión BlackRock posee más de 1.600 millones de dólares en 20 bonos distintos emitidos por Argentina. Este fondo es el principal accionista privado de YPF

Larry Fink acordó con Milei realizar una visita a Argentina en mayo para embarcarse en nuevas inversiones. En simultáneo, han sido invitados al país otros magnates estadounidenses como Elon Musk, patrón de Tesla y X entre otras multinacionales, quien declaró su interés por invertir en la minería del litio por boca del mismísimo presidente, que lo anunció en un programa de televisión. La red satelital Starlink, propiedad de Musk, fue la única empresa mencionada por Milei al promulgar el DNU y ya está operando en el país. 

El marco normativo que intenta desarrollar el Gobierno, de liberalización de inversiones con venta del territorio nacional y privatización de empresas y obras públicas, atrae a los capitalistas extranjeros saqueadores de recursos. El fin de los controles cambiarios sería el mayor estímulo para un rápido incremento de la inversión extranjera directa, que podría conllevar un aumento del precio de los activos bursátiles locales. Sin embargo, el temor a que se produzcan bruscos saltos cambiarios por desconfianza en los resultados de su plan económico mantiene por ahora refrenada esta posibilidad. En cualquier caso, si llegasen esos ansiados capitales desde el exterior, se conseguiría a lo sumo mejorar la situación financiera, pero ello no tendría ningún impacto positivo sobre la economía real, cada vez menos competitiva, salvo el sector exportador de bienes primarios. El resto sigue hundido por el frenazo del consumo, con signos negativos respecto de la producción industrial, la construcción, el comercio y el empleo. 

Brecha cambiaria y brecha social

Durante los primeros cien días de Gobierno de Milei se fue recortando la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo —con riesgo de una próxima devaluación—, pero se abrió una profunda brecha social entre los grandes beneficiarios de sus políticas y los sectores más perjudicados de la población: los trabajadores formales e informales y, más en particular, los jubilados, sobre los que ha recaído el mayor peso del feroz ajuste fiscal. El Gobierno emitió un decreto para ajustar las jubilaciones a la inflación a partir de abril, sin compensar la enorme pérdida de poder adquisitivo de los meses previos. Y a fin de marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni anunciaba otra vuelta de tuerca al ajuste con la suspensión de la autorización para operar a casi 12.000 cooperativas habilitadas por el Gobierno anterior.

Un informe del diario Página 12 sobre el derrumbe de la economía argentina durante los primeros meses del Gobierno de Milei da cuenta de una caída de la actividad superior al 4% tanto en diciembre como en enero, y concluye con acierto: “Mientras los mercados festejan la suba de las acciones, de los bonos y la estabilidad de los dólares financieros, la economía real se desmorona”. 

El fin de los controles cambiarios sería el mayor estímulo para un rápido incremento de la inversión extranjera directa, que podría conllevar un aumento del precio de los activos bursátiles locales

Uno de los mayores problemas del Gobierno de Milei es la improvisación, la inexistencia de una hoja de ruta consistente, que genere confianza a partir de una sucesión de pasos previsibles. El presidente desconoce realmente si las medidas que adopta serán o no viables, si serán revocadas por algún juez o invalidadas por el Congreso y si tendrán algún resultado efectivo. Su método de ensayo y error se despliega como un temerario tren fantasma que circula desbocado con permanentes marchas y contramarchas. Y la sociedad argentina, atrapada en esta situación anómala, se ha convertido en laboratorio mundial de las nuevas políticas del capital para profundizar el saqueo de los recursos de los países dependientes, desmontando regulaciones y bloqueando toda intervención moderadora o contrapeso por parte del Estado.

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