Antigitanismo
La Justicia desprotege a las niñas gitanas de la violencia sexual con sentencias basadas en sus prejuicios

El pasado mayo la Audiencia Provincial de León hacía pública una sentencia sobre un caso de violencia sexual: el agresor tenía 20 años, y la víctima 12. El tribunal consideraba que el hecho de que ambos fueran gitanos era un atenuante a la hora de establecer la condena del acusado: “Las relaciones antedichas fueron consentidas por Maite, ya que, según las costumbres gitanas, las niñas se casan a partir de los 12 años y un año antes había empezado a tener relaciones sexuales completas, sabiendo que se podía quedar embarazada y conociendo la repercusión directa de los actos de naturaleza sexual”, se lee en la sentencia.

Así, el juez aducía a la cultura gitana para justificar una rebaja en la pena de 21 años, ante el abuso sexual de una niña desde los once años. Una sentencia, que según la activista María Hernández, ex concejal del Ayuntamiento de León, “no había por dónde cogerla”. Al texto Hernández llegó después de conocer el caso en los medios de comunicación. Ella es una de las cuatro feministas gitanas que han puesto en marcha la campaña #lasNiñasGitanasNiñasSon, tras hacer un trabajo de recopilación de sentencias similares en las que han encontrado una constante, considerar la “cultura gitana”, como un atenuante cuando los abusos sexuales se dan contra niñas gitanas, incluso en casos donde el agresor es payo, una tendencia que las dejó indignadas pero también sorprendidas “ni siquiera nosotras que estamos pendientes de lo que pasa dentro de nuestra comunidad, nos habíamos enterado de esto”, explica Hernández.

“El razonamiento jurídico de la sentencia [de León] para aplicar estas atenuantes y eximentes es erróneo porque se basa en un hecho falso: la normalidad de este tipo de matrimonios extremadamente tempranos en la cultura gitana no es un valor al alza ni una característica de la cultura, sino la resulta deplorable de la marginalidad, de la exclusión social y vulnerabilidad económica que se da en sectores concretos, no es genérico al Pueblo Gitano en España”, se explica en un documento elaborado para la campaña, en la que se invita a particulares y colectivos a sumarse con su firma para denunciar lo que consideran una deriva antigitana de la justicia. Y es que, apuntan, el uso del atenuante —el art. 183 bis del Código Penal excluye la responsabilidad penal por delitos sexuales cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica— se usó sin practicar  “ninguna prueba pericial psicológica o de madurez a la víctima y al agresor como exigiría el rigor jurídico. El hecho mismo de que ambas personas pertenezcan a la cultura gitana y la supuesta ‘sexualidad precoz’ de la menor son suficiente para aplicar la atenuante”.

La sentencia de León, junto a las otras localizadas, aparece reseñada en este escrito, con el que se proponen “manifestar nuestra mayor repulsa a las decisiones judiciales arbitrarias, contrarias a derecho y destructoras del principio de igualdad real y efectiva que consagra nuestra Constitución, sobre las menores gitanas cuando son víctimas de abusos sexuales y de violencia de género”. En su texto las activistas incluyen los documentos remitidos al Consejo del Poder Judicial, y al Defensor del Pueblo, denunciando el carácter discriminatorio de las sentencias. Fue la reacción del primer órgano, de hecho, el que dio a estas feministas gitanas el impulso a movilizarse  interpelando a la opinión pública. Su campaña comienza en los días en los que se conmemora la Gran Redada, acaecida el 30 de julio de 1749.

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La Prisión General de gitanos fue un intento sistemático de erradicar una forma de vida que desafiaba la visión ideal de una España que se había imaginado a sí misma moderna y homogénea culturalmente, absolutamente blanca; y únicamente paya.

Así lo recuerda Celia Montoya, otra de las activistas implicadas: “La sorpresa nos llegó por la prontísima respuesta negativa del Consejo Del Poder Judicial que dice literalmente que no tiene competencia para intervenir en aquellas reclamaciones basadas en discrepancias o desacuerdos con lo decidido por Jueces y Magistrados en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales o por los Letrados de la Administración de Justicia en sus resoluciones procesales, cuando precisamente le corresponde al Consejo General del Poder Judicial la función de Inspección de Juzgados y Tribunales”, explica esta activista de amplia trayectoria.

Se da el hecho, además, de que el Consejo del Poder Judicial, apunta, se encuentra en la calle madrileña Marqués de la Ensenada “el genocida del Pueblo Gitano Español, ideólogo en el año 1749 de la  Prisión general de gitanos, Gran Redada, Baró Istardipe en rromani, en la que pretendían, ‘la solución final’ para el Pueblo Gitano”, en estas fechas, apunta “queremos dar luz y memoria a esas personas  antepasadas, que resistieron y sobrevivieron porque gracias a ellas hoy nosotras respiramos  y está es nuestra forma de seguir sus huellas y no dejar que nada, ni nadie pise a nuestras niñas”, expresa Montoya.

Para Sandra Heredia, activista feminista y excandidata a la alcaldía de Sevilla por Adelante Andalucía, ha sido fundamental la alianza entre mujeres feministas gitanas para sacar adelante esta iniciativa: “nos conocemos desde hace muchísimos años. Nos hemos encontrado en diferentes momentos de la vida”, explica esta referente, quien considera que cada una de sus trayectorias complementa a la de las demás: “al final son estas alianzas las que nos permiten apoyarnos las unas a las otras y romper también con el diseño de políticas asistencialistas que incluso nos han marcado cómo, cuándo y dónde las mujeres gitanas nos tenemos que organizar”, es con estas redes de mujeres como consiguen “liderar estos cambios y estas denuncias”. 

Racismo frente a interés superior de la menor

En esta alianza, la abogada Séfora Vargas ha sido clave. Recuerda con firmeza que la edad de consentimiento está en los 16 años para todas las personas, más habiendo una diferencia grande de edad.  Vargas, que se ha encargado de dar soporte jurídico a la campaña, considera aberrantes las sentencias que ignoran este principio básico aludiendo a razones culturales. Se trata, considera, de una “falta de coherencia respecto a la Constitución y el ordenamiento jurídico”. Para esta jurista, las sentencias suponen “una actuación completamente discriminatoria que se sale del contexto democrático porque no encaja en los principios generales del Derecho. Y luego después utiliza esa supuesta atenuante de la cultura gitana, que no es ni más ni menos que una realidad distorsionada”, un imaginario racista que se impone a lo que debería prevalecer en todo caso, explica: “el interés superior del menor”. 

Las activistas consideran que lo que hacen las sentencias es confundir las consecuencias de la exclusión social y la marginalidad, resultado de siglos de estigma y persecución con rasgos identitarios o culturales, una confusión que deja desamparadas a estas niñas. Vargas además destaca la contradicción  de que se hable de una hipotética cultura gitana —“nuestras normas no están escritas, nadie puede decir que eso es una norma dentro de la cultura gitana”— como atenuante de la violencia sexual, al tiempo que se desconocen los matrimonios por el rito gitano, con las consecuencias que esto tiene en la vida de las personas. “Recuerdo el caso de una prima que se quedó viuda y que tuvo que llegar a Estrasburgo para que reconocieran su pensión de viudedad, porque el estado no reconocía el matrimonio gitano”, apunta en este sentido Hernández.

Para Sandra, las sentencias se entienden en un marco interseccional: “en este caso está más que patente la doble opresión y yo diría más que la doble, la múltiple opresión a la que se enfrentan las mujeres gitanas. Son múltiples factores que nos marcan y que se nos cruzan por el racismo institucional que sufrimos históricamente y estamos viendo en la actualidad”. Múltiples opresiones que, temen, se ceben, con las personas más vulnerables, las niñas: “Tenemos que defender a nuestras infancias y somos muchas las personas , no sólo mujeres gitanas, que sabemos que nos corresponde esa responsabilidad”, explica Montoya.

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Desde León, Hernández agradece a las feministas de allá que la contactaran cuando surgió la sentencia y hayan respetado los procesos y tiempos de las feministas gitanas. “Nosotros no permitimos que pase eso con los niños y con las niñas”, apunta, y es que las activistas recuerdan que el matrimonio precoz es una práctica que va cayendo en desuso, y cuya erradicación está en la agenda de las feministas gitanas. La activista recuerda un caso reciente en su entorno con una pareja de 18 y 17 años que formalizaban su noviazgo, y a quienes se les puso como condición acabar los estudios antes de casarse. Lamenta la estereotipación de su pueblo: “Es un desconocimiento total de lo que es la cultura gitana, que me resulta doloroso, teniendo en cuenta que el año que viene van a ser 600 años que llevamos en la Península Ibérica”. Recuerda leer recientemente en el Libro del Buen Amor, un pasaje en el que se hablaba de la llegada de “hordas de gitanos” a León, y de que debían estar “endemoniados porque hablaban cuatro idiomas y que eso no era posible”, siglos después, aún cuando hay fácil acceso a la información si se busca, y tantas y tantos activistas gitanos combaten las narrativas deshumanizantes, la ignorancia continúa, explica.

Para Hernández lo que hacen estas sentencias es gritar a las niñas gitanas que “no somos dignas de justicia, no somos dignos de reparación, no somos dignas de tener los mismos derechos que tiene el resto de niñas en este país”. Y cierra con una canción que ha estado escuchando en las últimas semanas: se llama Romper la maldición y es del grupo gitano estadounidense Gogol Bordello, “sabemos todo de vosotros, no sabéis nada de nosotros”; corea el solista, glosando la deshumanización sufrida por los Rroma del mundo a lo largo de la historia. Una deshumanización contra la que se alza la campaña: #LasNiñasGitanasNiñasSon.