Opinión
¿Un frente soberanista para el conjunto del Estado y un frente de izquierdas para Cataluña?

Este verano, el litoral mediterráneo ha sido testimonio de algunas tormentas que han dejado el mar, como se dice, “removido”, el equivalente marítimo al “río revuelto” y que deja a su paso algas y otros restos en las playas y, con suerte, algo de pesca después. La coincidencia con lo que ha venido sucediendo estas semanas en la vida política catalana es muy afortunada. Pocas veces se ha espejeado mejor Madrid en Barcelona (o viceversa) que estos últimos días.

Si en Madrid era el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien dejaba caer la propuesta de una, llamémosla así, coalición de fuerzas soberanistas formada por varios partidos políticos –EH Bildu, Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromís, Més Mallorca y la Chunta Aragonesista, con la opción de que se sumasen a ella, eventualmente, también Adelante Andalucía y Podemos–, en Barcelona no era una idea similar, pero sí la política de alianzas, la que ha animado, y algo más, el debate político.

Mientras tanto, el gobierno de Salvador Illa, aunque sigue queriendo transmitir una imagen de “buena gestión” –su viaje a China para proteger los intereses del empresariado catalán es la última muestra de ello–, mira con cierta desazón la crisis política que se vive en La Moncloa y que, de convocarse elecciones anticipadas, podría dejarle a los pies de los caballos de un gobierno de coalición en Madrid entre el PP y Vox. La estabilidad del ejecutivo de Pedro Sánchez es un dilema no menor para ERC que para Junts, por sus implicaciones en Cataluña y que se encuentra, en parte, detrás del debate que se ha producido a unos pocos días de comenzar las vacaciones.

La CUP, una crisis irresuelta

Desde su retroceso en las elecciones al Parlament del pasado año hasta la escisión de una parte nada desdeñable en su organización juvenil afín, que se ha constituido en Moviment Socialista (MS), la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) tenía que cerrar sus crisis en el llamado ‘procés de Garbí’. A comienzos de junio, en un acto en Capellades (Anoia), la CUP presentaba, como parte de ese proceso de reorientación, una nueva imagen gráfica y, acaso con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, prometía que su discurso sería más próximo a la ciudadanía, fórmula retórica de contenido incierto, pero tras la que se suele legitimar la apuesta por el pragmatismo político.

Sin embargo, una nueva crisis estalló el 23 de julio, cuando la cabeza de lista por Barcelona en las elecciones al Parlament de 2024 y presidenta del grupo parlamentario, Laia Estrada, presentaba su dimisión como diputada, alegando “discrepancias políticas”, sin mayores precisiones. Según Vilaweb –el medio digital que reveló la dimisión de Estrada–, la Mesa Nacional de la CUP, órgano de representación de las asambleas territoriales y del Secretariado Nacional, intentó que la dimisión de la diputada no se hiciese pública hasta septiembre, con el fin de preparar su relevo, pero la filtración precipitó los acontecimientos.

Laure Vega es la cara visible del sí de la CUP al acuerdo concluido por los grupos parlamentarios Socialista, ERC, Comuns y la propia CUP, por el que se restringirá el alquiler temporal de vivienda

A raíz del anuncio de la dimisión, el diario Ara reveló que otra diputada de la CUP, Laure Vega, con quien Estrada se había disputado el liderazgo de la candidatura del partido en 2024 en un asunto nunca del todo aclarado, había sido expulsada de Endavant, el principal partido de la coalición de la izquierda independentista. Poco después de conocerse la noticia, Endavant publicó en redes sociales un comunicado en que afirmaba que Vega no había sido expulsada, sino que, simplemente, “ya no era militante”, por “no poder asumir la implicación de trabajo que suponía la militancia en nuestra organización”.

Para enturbiar aún más las cosas, la Forja, la organización juvenil de Poble Lliure –el otro partido independentista que forma la CUP e históricamente enfrentado al primero en algunas cuestiones estratégicas– publicó en sus redes sociales un hilo de mensajes, que después borró, en que apoyaba a Estrada –que no pertenece a Poble Lliure– y acusaba a Vega de “utilizar su posición institucional para priorizar una agenda propia, acercándose cada vez más a la izquierda española y españolista, alejándose de los principios independentistas fundacionales”.

Vega es la cara visible del sí de la CUP al acuerdo concluido por los grupos parlamentarios Socialista i Units per Avançar, ERC, Comuns y el propio grupo de Unitat Popular, por el que se restringirá el alquiler temporal de vivienda y se mantendrá el plazo máximo de vigencia de la calificación como viviendas de protección oficial en las zonas de mercado residencial tensionado. El acuerdo, además, deberá tramitarse como Proyecto de Ley, por lo que no se encuentra aun en vigor.

A cambio, además, los grupos firmantes votaron a favor de la convalidación del Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo (Decreto-ley 2/2025, de 25 de febrero, convalidado por la Resolución del Parlament 169/XV). Vega matizó entonces, en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies (ACN), que el acuerdo no sentaba ningún precedente –“ahora mismo no hay ninguna vía de diálogo establecida con el Gobierno”–, y que “todo lo que nosotros hablemos con el PSC ha de tener un carácter estructural y debe servir para avanzar en términos de soberanía del país”.

Este acuerdo, no obstante, ha llevado a que durante estos últimos meses se haya atribuido a esta diputada el objetivo de alcanzar acuerdos más amplios con otras fuerzas como ERC y En Comú Podem-Podem en Comú (ECP) e incluso formar un frente de izquierdas, para lo que se habría reunido, según el diario Ara, con los exdiputados Joan Tardà (ERC) –quien, por cierto, ha secundado la idea de Rufián, aunque trasladándola, precisamente, al ámbito de Cataluña para crear un “frente amplio de izquierdas plurinacional”– y Xavier Domènech (En Comú Podem). Tardà y Domènech han negado la existencia de estas reuniones, mientras que Vega, en otro mensaje en redes, afirmó que, “como representante de la CUP, siempre trabajo de acuerdo con mi organización” y desmintió haber asistido a ninguna “reunión de este tipo”.

Ampliando el foco

Si ampliamos el foco, la realidad subyacente a esta reciente polémica es que la expresión institucional de la izquierda independentista ha ido relajando paulatinamente los mecanismos organizativos de democracia directa y que la protegían de los hiperliderazgos carismáticos y personalismos, para irse acercando al modelo vertical propio de los partidos tradicionales. Muestra de ello es la creación, tras la conclusión del “Procés de Garbí”, de un coordinador, un secretario general y dos portavoces nacionales, y la ampliación del mandato de los miembros del Secretariado Nacional a cuatro años.

En el trasfondo de estos cambios no es difícil vislumbrar el objetivo de priorizar la acción institucional y dotar a la dirección de un mayor control de la organización, en otra muestra más del dilema entre movilización de calle y acción parlamentaria, que atenaza a los movimientos populares cuando se articulan electoralmente. Este reforzamiento gradual del aparato organizativo ha transcurrido en paralelo a una creciente indefinición ideológica y estratégica. Y dicho proceso, sin duda, ha contribuido a y, al tiempo, se ha visto facilitado por la escisión del MS, de un perfil ideológico más definido (de carácter marxista).

Si antiguamente la principal divergencia se daba entre una línea más institucionalista y partidaria de la alianza con otros sectores sociales y políticos del nacionalismo catalán (representada por Poble Lliure) frente a otra más reticente a la participación en las instituciones supralocales y contraria a concluir acuerdos con fuerzas conservadoras (cuya máxima expresión era Endavant), ahora estos planos se desdibujan y resulta que el ala más partidaria de una política interclasista de frente nacional y tradicionalmente más pragmática en lo tocante a la participación institucional y la conclusión de acuerdos de mínimos, ahora adopta una política maximalista determinada sobre todo por su oposición en la cuestión nacional a otras fuerzas políticas (muy señaladamente, el PSC).

La última encuesta de intención de voto del Centre d’Estudis d’Opinió muestra, de manera destacada, la subida de Aliança Catalana, que aumentaría su representación de tres diputados a entre 10 y 11

Esta indefinición ideológica y estratégica, evidenciada especialmente tras el fracaso del proceso soberanista, cuyas consecuencias todavía se dejan notar en la política catalana, se ha extendido también a la línea política más coyuntural y ha implicado una tendencia creciente a que el electoralismo se convierta en el principal criterio político. En este contexto de indefinición ideológica y estratégica y electoralismo, el riesgo de enfrentamientos internos se multiplica, sin que, además, los términos del conflicto acaben de ser claros. Si esto recuerda a lo que sucede, salvando todas las distancias, entre partidos de izquierda de ámbito estatal, es porque, en efecto, se le parece.

Mientras tanto, los rumores proliferan más rápidamente que los desmentidos; la situación política en Cataluña empuja a ello. La última encuesta de intención de voto del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicada el pasado 16 de julio, seguía dando la victoria, con un 26,8% y entre 40 y 42 diputados, al PSC (actualmente tiene 42), sin que ninguno de los partidos a su izquierda experimentase mejoras significativas: ERC obtendría entre 21 y 23 diputados (ahora dispone de 20), En Comú, entre 5 y 6 (en la actualidad tiene 5) y la CUP obtendría entre 3 y 4 escaños (ahora tiene 4), por lo que podría volver a quedarse sin grupo parlamentario, que ahora tiene gracias a la cesión de un diputado por parte de ERC.

Junts, por su parte, obtendría entre 28 y 30 diputados (actualmente cuenta con 35), el PP se quedaría con 14 o 15 (ahora tiene 15) y todo lo que hay a su derecha podría crecer: Vox subiría a entre 12 y 14 (ahora dispone de 11) y, de manera destacada, Aliança Catalana aumentaría su representación de 3 diputados a entre 10 y 11.

Ante semejante perspectiva, sin duda la idea de un frente electoral formado por la izquierda puede resultar tentadora y, a ojos de muchos, hasta como una necesidad, pero conviene plantearse algunas preguntas: ¿Es factible, teniendo en cuenta las disputas históricas, no tan lejanas en el tiempo, entre ellas? ¿Qué sentido tiene el planteamiento de alianzas electorales entre fuerzas de distintas naciones cuando, en el sistema electoral español, la circunscripción es la provincia, de modo que ya en la actualidad los posibles aliados no compiten entre sí? ¿Debe asumir la coordinación política necesariamente la forma de una coalición electoral? ¿De formarse este frente, o una coordinación entre partidos de izquierdas, cómo presionaría a un PSC por ahora relativamente cómodo ante esta situación? ¿Dónde encaja la idea de Rufián en este rompecabezas?