Análisis
En mitad de un genocidio, los actos simbólicos son insuficientes

El pasado 20 de mayo España anunció el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, uniéndose así a 146 otros países que ya habían reconocido la entidad anteriormente. Este reconocimiento forma parte de una iniciativa a nivel europeo liderada por el ejecutivo de Sánchez que tiene como objetivos mostrar apoyo al pueblo palestino. El reconocimiento se ha hecho de forma conjunta por parte de España, Irlanda y Noruega. Eslovenia les siguió pocos días después, y es probable que otros países europeos confirmen también el reconocimiento en las próximas semanas.

Con este acto España incrementa la presión diplomática global contra Israel por los crímenes que está cometiendo en Gaza y Cisjordania. Sánchez declaró que el reconocimiento de Palestina era una cuestión de justicia histórica, y que un estado palestino es prerrequisito indispensable para conseguir una paz duradera en Oriente Medio como parte de una solución de dos estados. También afirmó la necesidad de organizar una conferencia de paz cuando la situación lo permita. En respuesta al anuncio de reconocimiento español, Israel llamaba a consultas a su embajadora en España.

Muy poco, muy tarde

Aunque simbólicamente importante, el reconocimiento español del Estado palestino es una medida insuficiente en el momento en que nos encontramos, así como una decisión inadecuada si el objetivo final del presidente Sánchez es la justicia histórica y la paz duradera en la región.

En primer lugar, la decisión viene tarde. Ya en el 2012, 138 estados concedieron a Palestina la categoría de “estado no miembro observador” en la Asamblea General de la ONU, dándole de forma implícita un reconocimiento de Estado. El reconocimiento internacional del estado palestino, por tanto, ya era un hecho. Alrededor del 70 por ciento de los países de la ONU reconocen a Palestina, y la bandera palestina ondea en el cuartel general de las Naciones Unidas en Nueva York junto con el resto de las banderas oficiales. Como país no-miembro, Palestina tiene todos los derechos y privilegios de ser un estado oficial salvo la posibilidad de voto en la asamblea general. El reconocimiento de Palestina como estado miembro de pleno derecho depende del Consejo de Seguridad, donde EE. UU. continúa utilizando su poder de veto para evitarlo.

El reconocimiento por parte de España, por tanto, no supone cambios materiales para los palestinos a nivel internacional, ni sobre el terreno. Su importancia se fundamenta en que el anuncio supone una ruptura en el bloque de países occidentales (EE. UU., Canadá, Australia y Europa occidental principalmente), que hasta ahora se habían negado a reconocer el estado palestino si no iba de la mano de un proceso de paz concreto. La relevancia del anuncio es evidente viendo la reacción del gobierno israelí, que ha querido dejar claro su enfado con los países europeos que han decidido reconocer el estado palestino.

Los palestinos necesitan acciones contundentes y medidas de presión efectivas contra el gobierno israelí que pongan un fin inmediato a los ataques israelíes

No obstante, si uno pone el foco en la situación sobre el terreno, sobre todo en la Franja de Gaza, queda claro que el reconocimiento no va a tener repercusión alguna en las condiciones que se están viviendo en estos momentos. Tras más de 230 días de ataques continuados contra palestinos en Gaza, en los que más de 36,000 palestinos han sido asesinados —incluidos más de 15.000 niños— España debe de ir más allá. Los palestinos en estos momentos necesitan más que actos simbólicos por parte de terceros estados. Necesitan acciones contundentes y medidas de presión efectivas contra el gobierno israelí que pongan un fin inmediato a los ataques israelíes.

Más allá de ser un acto insuficiente, volver a centrar los esfuerzos internacionales en la idea de un estado palestino es también un error. El reconocimiento es una medida conectada a la solución de los dos estados, un plan que cada vez más expertos piensan que es inviable, además de poco deseable. Es inviable porque los territorios ocupados en 1967 (la Franja de Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este), no tienen contigüidad. Cisjordania ha sido troceada en cientos de islas habitadas por palestinos que se encuentran rodeadas por un mar de asentamientos e infraestructura israelí que crece sin parar. Además de la presencia material de dichas construcciones, hay cerca de 700.000 colonos israelíes viviendo en este territorio. La construcción de asentamientos no sólo ha continuado sino que se ha acelerado desde el comienzo de la guerra, y varios miembros del ejecutivo israelí tienen planes de construir nuevos asentamientos en Gaza. Además de la continua colonización de los territorios ocupados en 1967, el liderazgo político palestino está dividido. Gaza, al menos hasta el 7 de octubre, se encontraba bajo el control de Hamas, mientras que Cisjordania estaba bajo el control de la Autoridad Palestina. El establecimiento de un estado palestino tendría que ser precedido por medidas que pongan fin a la colonización del territorio, a la ocupación militar, que resuelvan la cuestión de los colonos y asentamientos así como todo el resto de infraestructura israelí, y finalmente conseguir unificar un liderazgo palestino único. El problema no es sólo la dificultad que conllevaría este proceso, sino que aun consiguiéndolo, seguiría siendo una solución poco deseable.

Deshacer Oslo

Alberto Toscano

Sidecar

Sidecar Deshacer Oslo

Alberto Toscano

Cuando se convoca a los palestinos, suele ser para que den testimonio de la brutalidad y la desposesión, no para que ofrezcan sus prescripciones políticas. Decolonising the Palestinian Mind es una brillante excepción a esa tendencia.

La solución de los dos estados, uno israelí junto a uno palestino, se fundamenta en una división étnica del territorio, un estado para cada grupo. Pero la historia muestra que usar la partición del territorio como solución a conflictos no suele acabar bien, y requiere una separación étnica entre los grupos prácticamente completa que en la realidad no suele existir. En el caso de Palestina e Israel, además de los 700.000 colonos que residen en Cisjordania, están también los palestinos con ciudadanía israelí, que constituyen alrededor del 22 por ciento de la población de Israel. ¿Qué sucede con estos grupos si se opta por la vía de los dos estados? En el caso de los colonos su posible expulsión resulta más fácil de vender —aunque en la práctica sería casi imposible materializar su traspaso a Israel, pero en el caso de los palestinos con ciudadanía israelí, su expulsión constituiría un crimen internacional.

Además de lo problemático de la división étnica, la solución de los dos estados toma como base las fronteras de 1967. Esto es, el estado de Israel se limitaría al existente antes de 1967, y los territorios ocupados ese año formarían el estado palestino. Sin embargo, la cuestión palestina comenzó mucho antes de 1967, y cualquier intento de obtener justicia histórica, como proclamó Sánchez, o de conseguir una paz duradera va a tener que enfrentarse a los hechos sucedidos antes de 1967. El estado de Israel se estableció en el 78 por ciento del territorio de la palestina histórica, y el 85 por ciento de los palestinos que vivían en esas tierras fueron expulsados. El establecimiento de un estado palestino no resolvería gran parte de los principales pilares del conflicto.

La realidad sobre el terreno es de un estado único. Israel tiene el control total del territorio situado entre el rio Jordán y el Mediterráneo

La realidad sobre el terreno es de un estado único. Israel tiene el control total del territorio situado entre el rio Jordán y el Mediterráneo. Controla las fronteras, tierra, mar y aire, el movimiento de población, la recolección de impuestos, la burocracia y los sistemas políticos. Palestinos e israelíes conviven tanto dentro de Israel como en Cisjordania. En vez de seguir apoyando una hipotética división de este territorio en dos, quizás ya va siendo hora de usar la realidad sobre el terreno como base sobre la que construir un futuro.

En vez de abogar por soluciones políticas prácticamente inviables, países occidentales como España deberían de usar su peso diplomático para presionar por el cumplimiento del derecho internacional en el territorio. En los últimos años se han publicado varios informes denunciando la práctica de apartheid por parte del estado de Israel. El rol de la comunidad internacional debería de ser el presionar a Israel para cumplir con sus obligaciones, especialmente en estos momentos donde los crímenes que está cometiendo Israel revisten de una gravedad sin precedentes y ponerles fin es una cuestión de urgencia.

¿Y ahora qué?

Teniendo en cuenta la gravedad y urgencia de la situación, la cual es plausible que incluya “actos de genocidio” según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hay que tomar medidas urgentes. Terceros estados como España deberían de haber actuado antes y con más rotundidad para presionar a Israel a poner fin a dichos actos y a cumplir con las medidas provisionales indicadas por el CIJ.

El ejecutivo de Sánchez tiene varias herramientas de presión a su disposición. Una de las principales es el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que entró en vigor en el 2000. Aunque poner fin a este acuerdo no sería una medida tan contundente como la imposición de sanciones, sí que tendría un impacto material directo en la economía israelí. Este es un Acuerdo de gran importancia para Israel, dado que la UE recibe el 30 por ciento de sus exportaciones. España ya solicitó revisarlo en febrero, pero la propuesta de revisión fue bloqueada por seis países europeos, incluyendo Italia y Alemania. Hace unos días, sin embargo, los ministros de asuntos exteriores de la UE decidieron reunir al Consejo de Asociación UE-Israel para tratar las obligaciones de derechos humanos de Israel y su impacto en el Acuerdo. El artículo 2 del Acuerdo compromete a las Partes a respetar los derechos humano, algo que Israel claramente ha incumplido. Aunque el debate puede alargarse semanas o meses, España debería de seguir luchando por suspender el Acuerdo hasta que Israel cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional así como las obligaciones impuestas por la CIJ.

El llamamiento a un embargo total de armas supondría una escalada en la presión diplomática contra Israel, y contribuiría a su aislamiento internacional

En los últimos días varios expertos de la ONU han hecho un llamamiento para imponer un embargo de armas a Israel, especialmente tras los últimos ataques en Rafah. Un alto al fuego y asegurar el acceso de ayuda humanitaria son extremadamente urgentes, y países como España deberían de usar todas las herramientas a su disposición para ejercer presión sobre Israel. Aunque tanto la normativa interna española como las medidas provisionales de la Corte de Justicia Internacional prohíben la transferencia de armas a Israel, el llamamiento a un embargo total de armas supondría una escalada en la presión diplomática contra Israel, y contribuiría a su aislamiento internacional.

Finalmente, quedarían las sanciones contra líderes, instituciones y compañías israelíes. La UE ha impuesto sanciones a algunos colonos y organizaciones de colonos, pero no parece haber un interés unánime por imponer más sanciones. España debería de invertir sus esfuerzos diplomáticos en tratar de convencer a otros miembros europeos de la necesidad de imponer sanciones, especialmente mientras Israel siga ignorando las medidas impuestas por la CIJ.

Un envío de armas a Israel enciende la polémica sobre la complicidad de España en el genocidio

Martín Cúneo

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Cerca de 35 toneladas de material militar a bordo del buque ‘Borkum’ han hecho escala en Las Palmas y Cartagena. Después de pasar por Eslovenia y República Checa, terminarán en Israel, según una filtración a la que ha tenido acceso la Rescop.

Desde el 7 de octubre España ha sido uno de los países occidentales más críticos con Israel, marcando así distancias con otros países europeos. Aunque esta posición es importante y bienvenida, la trágica realidad sobre el terreno debe de servir como recordatorio de la necesidad de promover medidas aún más contundentes, dado que lo intentado hasta ahora no ha servido para frenar a Israel. España debería de centrarse en medidas de presión inmediata para poner fin a los crímenes que están teniendo lugar por todo el territorio ocupado palestino.

Y más allá de acciones inmediatas, si el gobierno de Sánchez realmente tiene apetito para liderar un proceso de paz más a largo plazo, el foco debería de ser el cumplimiento del derecho internacional, y no soluciones políticas de escasa viabilidad y eficacia, como los esfuerzos de crear un estado palestino. Un alto el fuego no supondrá el fin del conflicto, sino el comienzo de una delicada fase de reconstrucción. Si España quiere jugar un papel positivo en el proceso es importante que aprenda de los errores del pasado y que preste atención a las demandas de la sociedad civil palestina, que se centran en el respeto del derecho internacional como fundación.