Análisis
CC OO y UGT, ese no es el camino

Las grandes centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y las patronales Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas han suscrito el V Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva. 

Un aspecto fundamental contemplado en este acuerdo, del que se han hecho eco profusamente los medios de comunicación, es el referido a los salarios. Su aumento para 2023 se establece en un 4%, fijándose en un 3% el de los dos años siguientes, 2024 y 2025. De cumplirse este escenario, el crecimiento acumulado en las retribuciones de las personas trabajadoras sería del 10%. Se ha acordado, asimismo, que, en caso de que la progresión del índice de precios al consumo (IPC) supere el alza pactado de los salarios, se aplicaría una cláusula de revisión, consistente en incrementarlos en porcentaje máximo del 1% cada año, actualización que entraría en vigor a partir de enero del siguiente ejercicio.

Los salarios pactados en convenio han crecido el 2,9%, frente a un alza en el IPC del 8,4%, lo que ha supuesto un retroceso en las retribuciones reales del 5,3%

Antes de valorar lo pactado en materia salarial, hay que destacar que los negociadores (a los autores de este artículo nos importa, sobre todo, la posición de los sindicatos; la lógica de las patronales, ya se sabe, es hacer máximas las ganancias) pasan página -nada se dice y nada se hace- al respecto de la pérdida de capacidad adquisitiva sufrida por los trabajadores en 2021 y, muy especialmente, en 2022. En este último año, según los datos entregados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los salarios pactados en convenio han crecido el 2,9%, frente a un alza en el IPC del 8,4%, lo que ha supuesto un retroceso en las retribuciones reales del 5,3%.

Centrándonos en lo firmado en el acuerdo, comparemos la previsión de crecimiento de los salarios con la del IPC. En el cuadro siguiente aparecen los pronósticos del Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, CaixaBank y Funcas (estas dos últimas solo anticipan previsiones para 2023 y 2024).  Las cuatro instituciones se inclinan por una desaceleración en el ritmo de aumento de los precios, si bien las estimaciones concretas de cada una de ellas presentan diferencias significativas. 

Conviene aclarar, en este punto, que en un panorama de enorme incertidumbre y volatilidad como el actual, cualquier previsión sobre el comportamiento de la inflación (y del resto de variables macroeconómicas) exige prudencia y debe ser tomada con extrema cautela. De hecho, por citar algunos aspectos que deberían tenerse muy presentes -como la prolongación, agravamiento y posible extensión a otros frentes de la guerra de Ucrania, los efectos devastadores del cambio climáticos sobre la producción de alimentos y la escasez de materias primas estratégicas- podrían provocar nuevos y sustanciales aumentos en los precios y, de esta manera, trastocar los pronósticos que apuntan a una desaceleración de los mismos.

En todo caso, poniendo el acento en 2023, primer año de vigencia del acuerdo, observamos que tres de las instituciones recogidas en el cuadro apuestan por un aumento en los precios superior al de los salarios. En el caso de que se materialice este escenario, para que los trabajadores no pierdan capacidad adquisitiva, será necesario proceder a la aplicación de la cláusula de actualización.

Observemos con más detalle lo que está ocurriendo con los precios en lo que va de año, a partir de la información ofrecida, con datos de abril, por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación acumulada entre este mes y enero ya es del 1,9% y en términos interanuales -comparando abril de 2023 con el mismo mes del año anterior- el aumento de los precios es del 4,1%. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el salario pactado hasta abril en los convenios colectivos es del 3,14%, claramente por debajo del crecimiento registrado en los precios. Veremos cómo se comporta el IPC el resto del año, pero, con los datos actuales, el escenario más probable apunta a un importante rezago de las retribuciones de las personas trabajadoras con respecto a los precios.

Como sabemos, los indicadores agregados, como el IPC, ofrecen, por definición, una información de trazo grueso: datos promedio que no muestran -y a menudo se utilizan para ocultar- el desigual impacto que el aumento de los precios tiene en la población. Por esa razón, conviene poner la lupa en las estadísticas entregadas por el INE atendiendo a las clases de productos.

En el periodo analizado -entre enero y abril-, el precio de 78 items de un listado total de 199 crecieron por encima del 1,9% (el promedio del IPC en ese lapso de tiempo) y 9 de ellos alcanzaron registros superiores al 10%; el aumento en el precio del epígrafe “hoteles, hostales, pensiones y servicios de alojamiento” fue del 38,2%. Si consideramos la inflación interanual (abril2023/abril2022), encontramos una trayectoria con un perfil donde las desigualdades son todavía más pronunciadas. El precio del 59% de los productos para los que se ofrece información aumentó por encima del IPC, que lo hizo un 4,1%, y 55 de esos productos superó el 10%; liderando el azúcar ese ranking, con un aumento en su precio del 49,6%. Con estos datos, presentados de manera sucinta y sin entrar en mayores detalles, sólo se puede sacar una conclusión: los precios de un buen número de productos básicos para la población están disparados.

La inflación impacta en mayor medida sobre los grupos de población con menores niveles de renta

Para calibrar el impacto social de trayectoria tan desigual hay que tener en cuenta el asimismo dispar patrón de consumo según los niveles de ingreso de la población, información aportada por la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat). Como vemos en el cuadro siguiente, el quintil inferior de ingreso gasta el 19,7% del mismo en la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas (el quintil superior dedica a esta partida el 14,7%); la diferencia todavía es mayor en el capítulo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 42,6% y 31,1%, respectivamente. De modo que la inflación impacta en mayor medida sobre los grupos de población con menores niveles de renta.

Una nota adicional. Para evaluar la evolución de la capacidad adquisitiva de los trabajadores no sólo hay que tener en cuenta la trayectoria seguida por el IPC en relación a los salarios nominales. Es preciso complementar esta información con el tiempo de trabajo realmente realizado (horas extraordinarias pagadas y no pagadas) y la intensidad del mismo. Con esta perspectiva más amplia, encontramos que el retroceso de los salarios reales es muy superior a lo registrado en las estadísticas.

Todo lo anterior son consideraciones referidas a la evolución de los datos. Cerramos estas reflexiones con algunas de índole más bien cualitativa. Una precisión importante, con esta perspectiva, es que el acuerdo suscrito por CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en materia de salarios es una recomendación que tendrá que materializarse (o no) en el curso de la negociación colectiva. La redacción del articulado -que no sólo es ambiguo, sino que claramente favorece los intereses de las patronales- no favorecerá su cumplimiento.

Se lee en el documento que se procederá al aumento de los salarios “donde la realidad de los sectores y las empresas lo permitan”; y también se dice que habrá que tener en cuenta “las situaciones muy desiguales de crecimiento, resultados e incidencia del SMI, teniendo como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo”.

Esta redacción no sólo deja abiertas las puertas para que los empresarios apelen a su peculiar situación para descolgarse del acuerdo. Resulta especialmente preocupante la alusión al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y al objetivo de mantener y aumentar la ocupación, como si disponer de un sueldo decente y su mejora dificultaran la creación de empleo. Argumento peligroso, una falacia ideológica que carece de rigor y de base empírica, continuamente aireada por las patronales, que de ningún modo deberían aceptar los sindicatos, que pretenden representar los intereses de los trabajadores.

El acuerdo suscrito no permite recuperar la capacidad adquisitiva perdida ni tampoco mantenerla

Como hemos visto, el acuerdo suscrito no permite recuperar la capacidad adquisitiva perdida ni tampoco mantenerla. El recorrido que tengan los salarios dependerá crucialmente de la lucha de los trabajadores, ¡no estamos inventando nada nuevo! Esta es la clave, en un contexto de moderado crecimiento económico y de escasos avances en la productividad, inevitablemente caracterizado por la pugna, con una clase empresarial con un marcado carácter depredador, donde el capital presiona sobre las retribuciones de los trabajadores para mantener y mejorar los márgenes de beneficio y donde la inflación y las políticas implementadas para reducirla constituyen piezas claves de esa estrategia.

Para enfrentarla, resulta a todas luces insuficiente, y también desconcertante, una concepción de la política, que también impregna la acción de los sindicatos mayoritarios firmantes del acuerdo, que, con el argumento de “ser útiles”, todo lo supedita al margen de maniobra y negociación que ofrecen las instituciones. Actuando de esta manera contribuyen a crear una cultura política que hace depender todo de una elite ilustrada conocedora de los entresijos de la negociación para la que la movilización social es algo retórico y en realidad inconveniente e innecesario.