Análisis
“Ha tenido 70 años para ahorrar”: la casa merecida frente a los datos

“Ha tenido 70 años para ahorrar”. Así reaccionó en X la escritora Lucía Etxebarría al desahucio de Maricarmen, de 87 años, que vivía desde 1956 en un piso de renta antigua del distrito de Retiro. La frase importa por lo que da por supuesto: que una vida entera debe desembocar en la compra de una vivienda y que quien no compra ha fracasado. Es el sentido común de una sociedad de propietarios.

A esa idea la he llamado ideología de la casa merecida: la vivienda entendida no como un derecho, sino como recompensa al esfuerzo acumulado. Quien la consigue, se la ha ganado; quien no, algo habrá hecho mal. Su efecto político es claro: convierte un problema colectivo en una culpa individual, y lo que se vive como culpa difícilmente se convierte en protesta.

Los datos no la sostienen. Según un estudio reciente sobre la ciudad de Madrid, en 2022 un joven de 25 a 34 años con un salario mediano necesitaba destinar el 50,2% de su sueldo a alquilar una vivienda, y uno con los salarios más bajos, el 87,6%; solo el 10% mejor pagado quedaba por debajo del 30% que se considera asumible. Con esas cifras, ahorrar se vuelve casi imposible: según el INE, en 2020 solo uno de cada cuatro hogares que vivían de alquiler podía ahorrar, frente a casi la mitad de los propietarios. En Puente de Vallecas, ya en 2018 alquilar a precio medio exigía más renta que comprar —⁠34.057 euros netos al año frente a 25.560⁠—, pero comprar requería una entrada de unos 46.000 euros: quien no la tiene paga más por no poder comprar. Y entre 2011 y 2020, la propiedad entre los hogares encabezados por menores de 35 años cayó del 69,3% al 36,1%.

El precio que pedían a Maricarmen no está pensado para quien vive de un salario, sino para quienes compiten hoy con el inquilino estable: turistas, nómadas digitales, estudiantes internacionales

Si no es el mérito, ¿qué decide quién accede? Cada vez más, la familia. Según el sociólogo Jesús Leal, la riqueza de los hogares encabezados por menores de 35 años ha caído a menos de la mitad en términos reales en dos décadas, y el acceso a la vivienda depende cada vez más de lo que llama herencia anticipada: las aportaciones familiares en vida. Es una desigualdad basada, escribe, en “recursos económicos no provenientes del trabajo”. Para Lisa Adkins, Melinda Cooper y Martijn Konings, autores de Vivienda. La nueva división de clase, la posición social depende menos del salario que de poseer activos que se revalorizan. Y no es solo una brecha entre generaciones: en 2022 los mayores de 65 años concentraban el 42% de la riqueza neta, pero Maricarmen, con 87, era inquilina.

Según la propia Etxebarría, el alquiler de mercado de ese piso estaría “en 2.500 como poco”; la propiedad llegó a pedir 2.650. Pagarlo sin destinar más del 30% de los ingresos, el límite que la Ley de Vivienda de 2023 considera asequible, exige ingresar más de 8.300 euros netos al mes, 100.000 al año: más del doble de la renta media de un hogar de la Comunidad de Madrid, 47.375 euros según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ese precio no está pensado para quien vive de un salario, sino para quienes compiten hoy con el inquilino estable: turistas, nómadas digitales, estudiantes internacionales.

La ideología de la casa merecida organiza también cómo viven los jóvenes su exclusión. En mi tesis doctoral analizo entrevistas en profundidad a jóvenes de 18 a 35 años de barrios populares de Madrid: Lavapiés, Vallecas, Usera, Tetuán y Carabanchel. Una joven de 23 años de Moscardó, en Usera, que compagina un empleo a media jornada con el cuidado de niños, lo resumía así: “Hay que ahorrar para irse”. Otra, de 27, que comparte piso con otras cuatro personas en Lavapiés, echaba cuentas: “250.000, 300.000 euros; y yo no tengo una vida para pagar eso”. Es justo la cifra por la que se ofreció a Maricarmen comprar su propia casa. La joven de Lavapiés convertía esa imposibilidad de acceso a la propiedad en preferencia: quedarse atada a un sitio le daba “un poco de claustrofobia”. Ninguna de las dos cree que el esfuerzo baste, pero ambas asumen que la salida es individual: ahorrar, aguantar o renunciar.

Es el paso de una propiedad con rostro, con la que se puede negociar, a otra en la que no hay rostro sino procedimiento: un ensamblaje global de oficina, software y cobro automatizado

Maricarmen tuvo durante décadas algo que a estas jóvenes les falta: seguridad sin propiedad. Es lo que, a partir de Anthony Giddens, puede llamarse seguridad ontológica residencial: poder proyectar la vida sin que cada renovación de contrato reabra la pregunta de dónde vivir. No la debía al mérito, sino a una norma: la prórroga forzosa, que protege los contratos firmados antes del decreto Boyer de 1985 y permitía transmitirlos a la familia. El suyo lo firmó su padre en 1956; a su muerte pasó a su madre y, en 2005, a ella. Desde entonces la ley ya no blindaba su contrato, y su permanencia dependió de unos propietarios particulares que respetaron la renta antigua hasta vender en 2018; después, el piso pasó por dos sociedades mercantiles.

Es el paso de una propiedad con rostro, con la que se puede negociar, a otra en la que no hay rostro sino procedimiento: un ensamblaje global de oficina, software y cobro automatizado. La joven de Lavapiés lo vive con su casera, dueña de “un montón de bloques”: el contrato ya no se firma con una persona, “lo firmas con no sé qué business”. Desde esa lógica, un inquilino de renta antigua es un obstáculo para la rentabilidad, y cualquier inquilino, sustituible: siempre hay una demanda excedente dispuesta a ocupar su lugar y a aceptar peores condiciones. Es lo que he propuesto llamar ejército de reserva habitacional.

Y un desahucio destruye más que un contrato. Una casa se sostiene a la vez en la vivienda, en el barrio y en la ciudad. El sociólogo urbano británico Rowland Atkinson se preguntaba si no es también domicidio —⁠la destrucción deliberada de hogares⁠— desahuciar a unos inquilinos para vender la vivienda a propietarios más acomodados: “aunque la vivienda no haya sido destruida, bien puede ser que la casa sí lo haya sido”. En el barrio, Maricarmen perdió un arraigo heredado: un vínculo que le llegó por su familia y que sostuvo su vida durante setenta años. Y perdió el derecho a la ciudad en su sentido más práctico, el de permanecer en ella: su destino anunciado era la casa de un familiar en Segovia.

Nada de esto es natural. La llamada cultura de la propiedad no es un rasgo del carácter nacional, sino el resultado de decisiones políticas, de la apuesta franquista por la vivienda en propiedad en los años cincuenta a la venta a fondos de inversión de cerca de 5.000 viviendas públicas madrileñas en 2013. Como argumentó el sociólogo Jim Kemeny, cuando un sistema de vivienda arrincona el alquiler, la compra queda como única vía de autonomía y la preferencia por la propiedad acaba pareciendo natural. Y en Puente de Vallecas, muchas viviendas familiares que hoy parecen fruto del esfuerzo de una generación proceden de la remodelación de barrios de los años setenta y ochenta y de cooperativas sindicales: fueron conquistas colectivas, no premios individuales.

El caso de Maricarmen y los datos apuntan en la misma dirección: el acceso a una casa no depende del mérito, sino de lo que garantizan las instituciones y de lo que cada cual hereda. Y cuanto menos garantizan las instituciones, más pesa la herencia. Las provincias con más vivienda protegida en alquiler registran más emancipación juvenil, mientras que en la ciudad de Madrid el parque municipal de alquiler, aunque ha crecido, sigue sin llegar al 1% de las viviendas principales. La salida pasa por más vivienda pública, límites a los precios y contratos que permitan quedarse, no por exigir a cada cual que ahorre lo que el mercado no le deja ahorrar.