Análisis
El estado de las cosas (5)

Quinta parte del análisis de la coyuntura política y de las posibilidades de acción antisistémica.
Donbass  - 2
Barrio de Kievski, en el norte del Donetsk Erwan Briand

Es editor de la New Left Review en español.

12 mar 2023 05:42

0. Las condiciones jurídicas de la guerra y las transformaciones del derecho en la actual fase de caos sistémico del capitalismo histórico. Así pues, la crisis del proceso de producción de (plus)valor, que constituye el núcleo incandescente primordial de la crisis sistémica actual y del uso de la guerra como criterio constitucional y macroeconómico, coloca el capitalismo en su especificidad presente definida por el ciclo sistémico de acumulación estadounidense en el corazón del proceso político y convierte la construcción de este objeto político en el centro de lo que puede ser hoy la reconstrucción del campo político de la izquierda y del campo político tout court. El problema esencial es como ligar (1) las dimensiones espaciotemporalmente diversas de esta crisis del modelo de producción de valor y riqueza del ciclo sistémico de acumulación estadounidense siguiendo el doble hilo de sus efectos en los espacios locales, que constituyen la trama y la urdimbre de la política dicha nacional, y (2) las dimensiones globales de los grande diseños geopolíticos seguidos por Estados Unidos y subsidiariamente por la Unión Europea y las potencias y Estadosación regionales en su articulación, subordinada u hostil, respecto a tal proyecto de reproducción y prolongación del mencionado ciclo sistémico de acumulación, que pretende proyectarse en el new american century y cuyo objetivo es reestructurar la economía-mundo capitalista unilateralmente para extremar las características sistémicas que ha incorporado durante las últimas cuatro décadas de hipermercantilización, hiperprivatización, hiperdesposesión e hiperinsostenibilidad y por ende de despolitización radical de los campos políticos dichos nacionales mediante la cuidadosa planificación de la subordinación de las diversas grandes productividades económicas regionales a su diseño estratégico.

Esta subordinación a su vez exacerba por definición la deficiencia del cálculo económico ínsito en las tendencias de crisis del ciclo sistémico de acumulación estadounidense y hace más compleja, difícil y tal vez irreversible la resolución de las tendencias sistémicas inherentes al actual proyecto de dominación de clase de las clases dominantes hegemónicas globales, cuyos efectos están a la vista de todos a una escala verdaderamente macroscópica en la crisis ecosistémica, la disolución democrática de la forma política, la normalización del uso de la guerra como instrumento ordinario de gestión y el empobrecimiento y la desigualdad generalizados por mor de procesos tan groseros y abusivos, como obvios e ideologizados por los sistemas políticos nacionales actuales a la par que evitables y todavía reversibles a fecha de hoy mediante la invención de un nuevo concepto de lo político y la organización de una política antisistémica conmensurable con la inmensa calidad de la cooperación social de trabajo y la densidad del general intellect de la fuerza de trabajo actual tal y como se manifiesta en su composición de clase técnica, intelectual, moral y política.

Este cálculo erróneo de los parámetros de la producción de valor impuesto por las clases dominantes hegemónicas como característica primordial del actual ciclo sistémico de acumulación en esta fase de caos sistémico del mismo constituye uno de los vectores esenciales de reproducción de la dominación de clase y de degradación de los sistemas políticos nacionales, que reproducen en su perímetro político procesos tendencialmente idénticos de producción negativa de valor y de mala asignación de recursos en la medida en que deben producir espacio, territorio e institucionalidad para que los capitales privados nacionales y sobre todo multinacionales efectúen sus procesos de producción y acumulación de capital, al tiempo que han de asignar cuantiosos recursos públicos y comunes para crear las infraestructuras que posibilitan y alimentan los correspondientes ciclos productivos alineados a las constricciones sistémicas impuestas por las exigencias del funcionamiento concreto del ciclo sistémico de acumulación de capital en su configuración actual. Domésticamente, esto es, nacionalmente, estos parámetros de comportamiento se manifiestan bajo la forma de la privatización creciente de los procesos de producción jurídico-constitucional de los derechos fundamentales, así como de los bienes, servicios e infraestructuras públicos y comunes de acuerdo con criterios que, simultáneamente, asignan mal los recursos y producen valor negativo, desdemocratizan la forma constitucional vigente –o impiden su democratización consistente en un horizonte de tiempo razonable– y pervierten y vacían la institucionalidad realmente existente mediante una serie de procesos que han apuntado durante las últimas décadas a oligarquizar lo público y lo común desarmando la dinámica del conflicto político, que permite la generación de una conversación y una disputa política capaz de producir innovación sociopolítica y por ende institucional.

Análisis
El estado de las cosas (1)
Análisis de la coyuntura política y de las posibilidades de acción antisistémica.

El resultado es, como hemos indicado, la intensificación de la unilateralidad socioeconómica y político-institucional del ciclo sistémico de acumulación estadounidense en la política nacional, supranacional e internacional y la exacerbación de la solución militar frente al comportamiento de las tendencias fortísimas que la producción negativa de valor introducen en corazón mismo del proceso productivo y por ende político (1) tanto a escala geopolítica en forma de guerra o de amenaza de la misma en cuanto al conjunto de procesos específicos de condicionamiento de las respectivas economías políticas nacionales, (2) como a escala de los campos políticos nacionales, que giran en torno a sistemas de partidos constituidos a partir de la gestión de esta producción de las condiciones socioinstitucionales, políticas y territoriales susceptibles de (a) soportar tal asignación errónea de recursos, de (b) absorber la gestión pésima de las externalidades negativas cada vez más ingentes e inmanejables derivadas de tal modelo de producción negativa de valor, dadas las restricciones políticas impuestas por la actual correlación de fuerza de clase que obligan a mantener intactas sus condiciones de generación, y de (c) imponer sobre la ciudadanía la apertura de los derechos constitucionales fundamentales como nichos de negocio y valorización del capital mediante la destrucción de la lógica jurídico-constitucional fordista, que dotaba de nervio democrático a las formaciones sociales que habían logrado, de una manera u otra, implementarlos de modo muy insuficiente y sesgado después de la Segunda Guerra Mundial.

1. La producción de valor negativo y el derecho. Este proceso de gestión irracional de la asignación de recursos y la incapacidad de organizar procesos de producción de valor no negativos es paradigmático también desde el punto de vista del impacto de la nueva constelación de poder de clase sobre el derecho y lo jurídico, porque pone en evidencia cómo se verifican en esta coyuntura los procesos de destrucción de la normatividad jurídica de las constituciones democráticas y las estrategias de demolición del modelo lógico-jurídico de la producción normativa del constitucionalismo democrático y garantista, que exige una orientación y una vectorialización específica de la actividad político-administrativa para (re)producir la existencia material de los derechos constitucionales fundamentales, que se concreta en la medida en que la calidad de las prestaciones indica el cumplimiento del mandato constitucional y por ende la legalidad del funcionamiento de las Administraciones públicas y de sus órganos constitucionales a todos los niveles de la organización de la forma Estado.

El hecho de que la propia forma Estado y las propias personas jurídicas que materializan su ordenamiento constitucional y su organización político-administrativa –y ello con independencia de la atribución o no de soberanías compartidas en el interior de una determinada forma Estado inspiradas o de hecho deslizadas de la mano de un federalismo más o menos coherente– sean de facto las que producen las condiciones jurídico-legales para que los derechos constitucionales fundamentales sean privatizados mediante el debilitamiento del proceso de producción pública de los mismos, aduciendo el carácter legítimo de tales actuaciones en la medida en que se efectúan por partidos políticos, cuyo acceso al poder ha sido sancionado mediante elecciones democráticas verificadas en campos políticos cada vez más desequilibrados y cercados material, mediática, judicial e institucionalmente por procesos sistémicos muy poderosos, supone en la práctica la destrucción del modelo constitucional democrático y por ende del principio de jerarquía normativa, que en el ámbito constitucional es por definición la cuestión política por antonomasia en la medida que solo otra norma constitucional puede derogar el núcleo de los derechos fundamentales, que sostienen y justifican la totalidad y la integralidad de los procesos de producción normativa y por ende la adecuación del conjunto de la organización de la forma Estado a la producción material de la calidad de estos derechos constitucionales fundamentales.

Esta doble hélice de privatización y renacionalización de la forma Estado opera en esta coyuntura histórica de caos sistémico de modo perverso en la medida en que el concepto de ciudadanía experimenta internamente procesos muy intensos de debilitamiento

En el capitalismo histórico, sin embargo, las clases dominantes globales intervienen vía sistémica en el funcionamiento constitucional y material de la forma Estado y en los procesos de transformación violenta de su constitución material al margen de toda legitimidad constitucional y de toda discusión racional de su legitimidad política, los cuales son a posteriori procesados y transformados en imposición de facto y de iure por los correspondientes sistemas partidos mediante procesos complejos y desiguales en su fenomenología histórica, pero convergentes en su longue durée y en sus efectos políticos reaccionarios, autoritarios y oligárquicos y por ende democráticamente despotenciados y abiertos pues a la ulterior legitimación política de las mismas tendencias sistémicas del actual modo de producción de valor que provocan tal degradación político-constitucional y tal debilitamiento democrático de lo que puede ser dicho en los campos políticos nacionales e incorporado a la conversación política como objeto de conflicto, lucha y disputa política.

En este sentido, en la presente coyuntura la paradoja radica en el hecho de que es la propia forma Estado –capturada por intereses de clase al hilo del funcionamiento de facto de los campos políticos realmente existentes cada vez más oligarquizados vigentes en las respectivas formaciones sociales, a modo de ejemplo, digamos, en las formaciones sociales europeas y en su organización supranacional, esto es, la Unión Europea– la que desconstitucionaliza los derechos fundamentales mediante la privatización de sus procesos de producción y por ende la destrucción de su carácter universal, igualitario y no discriminatorio y, al hacerlo, apunta a la destrucción del principio de normatividad democrático-constitucional de la reproducción social y de la consistencia de la condición de ciudadanía, cuyo núcleo normativo se construye no por la afiliación nacional a una comunidad nacional-popular, sino por el disfrute de estos derechos considerados como punto de convergencia, focalización y síntesis de los procesos de producción de riqueza y de acumulación de capital de acuerdo con el equilibrio de la relación de fuerza impuesta por las clases durante el largo siglo XX.

Si esto sucede, si se desliga el proceso de producción de valor y riqueza de sus efectos sobre la constitucionalización de los derechos fundamentales, el proceso de debilitamiento del derecho y de la lógica normativa del ordenamiento jurídico democrático y la destrucción del proceso de producción normativo-constitucional concomitante son irreversibles, lo cual trae aparejado inevitablemente un proceso de gran envergadura de privatización no solo de (la producción de) los derechos constitucionales fundamentales, sino de la propia institucionalidad de la Administración pública del Estado y por ende de la organización constitucional de la forma Estado en la medida en que la atribución de personalidad jurídica de rango constitucional y fundante del ordenamiento constitucional, así como la institucionalidad de carácter administrativo derivado y organizativo, se convierten en presa de procesos muy intensos de captura, privatización y arbitrariedad constitucional de su lógica misma de funcionamiento, que se somete a la fuerza centrífuga rizomática de los intereses privados, que pasan a contemplar el conglomerado de los procesos jurídico-administrativos de esta forma Estado, al igual que hacen los partidos políticos y sus elites dirigentes, como unidades productivas y de negocio que deben ser sometidas a sus respectivos intereses y proyectos de acumulación de capital o de poder político, lo cual, en consecuencia y en todo caso, las hace alejarse de modo sustantivo de toda vinculación material y por ende jurídicoormativa del núcleo constitucional, que gira en torno a la constitución material de los derechos fundamentales que deben ser sustantivamente producidos por la forma Estado y por ende por el conjunto de sujetos constitucionales, legislativos, judiciales y administrativos que normativizan en el Estado de derecho los procesos de reproducción social tout court.

Análisis
El estado de las cosas (2)
Segunda parte del análisis de la coyuntura política y de las posibilidades de acción antisistémica.


Este conjunto de procesos desencadena además, por definición, procesos muy intensos de renacionalización de las estructuras territoriales y de las instituciones que conforman soberana o administrativamente la organización de la forma Estado. En este sentido, el proceso de privatización de los derechos constitucionales fundamentales y de la institucionalidad jurídico-administrativa que los hace posibles –o los desguaza– implica por definición la renacionalización de la forma Estado hacia el interior mediante el desencadenamiento de procesos de identidad nacional de las respectivas comunidades nacional-populares, nuevas o viejas, que reivindican procesos políticos de constitución nacional y estatal específicos, habitualmente ligados a la concentración territorial de infraestructura tecno-industrial, de renta y de riqueza históricamente verificada, y hacia el exterior mediante la reificación de las fronteras y la afirmación excluyente del principio de ciudadanía. Esta doble hélice de privatización y renacionalización de la forma Estado opera en esta coyuntura histórica de caos sistémico del actual ciclo sistémico de acumulación de capital de modo perverso en la medida en que el concepto de ciudadanía experimenta internamente procesos muy intensos de debilitamiento en cuanto al disfrute de la constitución material fordista nominalmente vigente, mientras que externamente se conforma como criterio de no acceso al estatuto de ciudadano de los sujetos extranjeros residentes, habitualmente integrados en la fuerza de trabajo doméstica como mano de obra barata, carente de derechos sociales y privada de todo acceso a la ciudadanía, o directamente de no entrada por medios violentos y disuasorios en la formación social nacional, contemplada como un espacio autorreferencial de acumulación de renta y riqueza y, por consiguiente, de exclusión política.

Esta utilización por parte de los sistemas políticos y de partidos actuales de este modelo de ciudadanía debilitada como criterio de destrucción interna del orden constitucional democrático y como modelo de exclusión externo de toda pretensión de reivindicación de los derechos fundamentales de acuerdo con un principio de no adscripción nacional de acceso al (plus)valor y la riqueza producidos regional y de facto globalmente es el contundente hecho material que vehicula y explica tanto la eclosión del nacionalismo tout court en esta fase histórica de debilitamiento objetivo de la lucha de clases y de la política de clase como principio de inteligibilidad socioeconómica y de acción política de las clases trabajadoras y pobres, como, por consiguiente, los intentos de legitimación y de facto la implementación de la privatización de la forma Estado (y/o de las formas subestatales) como estrategia de competencia por cuotas de valor, fiscalidad y acceso a los mercados de capitales globales concebidas de acuerdo con un criterio de suma cero respecto al resto de polities, que son percibidas por este paradigma nacional-popular autoritario, reaccionario y privatizador como competidores que es preciso desplazar del mismo modo y con una lógica equivalente a la empleada para desplazar o neutralizar a los propios ciudadanos nacionales y a los extranjeros residentes o que desean acceder al territorio nacional, que son contemplados idénticamente como competidores por los recursos públicos domésticos objeto de potencial asignación respecto a la lógica impuesta por los mercados, el sistema financiero y en nuestro caso la Unión Europea, que tienen una titularidad de más rango que la pretensión de la ciudadanía expresada democráticamente, lo cual se efectúa mediante procesos políticos que han dejado de ser genuinamente democráticos hace mucho tiempo por mor del funcionamiento real de los actuales sistemas políticos y de partidos en su concreta configuración oligárquica neoliberal actual, que responde a los necesidades decididos por las clases dominantes hegemónicas globales de acuerdo con su evaluación de las necesidades impuestas por la reestructuración del ciclo sistémico de acumulación de capital estadounidense en su estricto beneficio oligárquico. Esta violencia del derecho es el correlato de la violencia de las tendencias sistémicas del capitalismo en la fase de crisis del ciclo sistémico de acumulación estadounidense y del uso indiscriminado de la guerra como expediente idéntico mutatis mutandis de gestión del uso de los recursos sistémicos globales, que debe igualmente ser sometido a un criterio excluyente que fortalezca más si cabe las pautas de extracción, concentración y despilfarro de los recursos impuestos por el capitalismo histórico, aunque ello suponga parámetros de deterioro irreversible de la reproducción social, democrático-jurídico-constitucional y ecosistémica.

La renacionalización de la política se construye, pues, a partir de esta construcción del concepto de ciudadanía, que constituye una precipitación madura de la violencia de las relaciones de clase y de producción actuales

En todo caso, esta doble construcción por las relaciones de fuerza actuales de un derecho de ciudadanía debilitado internamente en sus atributos democráticos y esgrimido externamente de modo brutal para segmentar la población global de acuerdo con la estratificación colonial e imperial producida por el capitalismo histórico funciona como criterio material de construcción política de la racionalidad máxima e insuperable de este sistema histórico en su configuración actual –esto es, en la forma asumida por la crisis del ciclo sistémico de acumulación estadounidense y sus opciones geopolíticas en torno a la utilización de la guerra– en la medida que ambos procesos de destrucción de los derechos constituciones fundamentales en las polities en las que han sido desarrollados, así como de privación de todo derecho de participación en las que se ha concentrado la riqueza y la renta históricamente a los sujetos que hoy desean acceder a su integración fáctica en las mismas aun privados de derecho político y social alguno (como sucede con los sujetos migrantes), e igualmente la negación de facto de estos derechos constitucionales fundamentales como criterio de desarrollo en la inmensa mayoría de las formaciones sociales nacionales del sistema-mundo capitalista, convergen en la afirmación sin matices del actual ciclo sistémico de acumulación estadounidense (que podríamos calificar de modo inexacto teóricamente pero grafico comunicativamente de occidental) y de sus consecuencias, así como en la necesidad de que los sistemas políticos nacionales legitimen sin cesar como cuestión simplemente obvia su funcionamiento y sus efectos y que lo hagan indicando con toda claridad que en todo caso se trata de legitimar políticamente la pérdida de derechos y de todo criterio de justicia de un modelo de producción que discrimina, empobrece, brutaliza y superexplota e incluso aniquila físicamente y que este resultado sistémico es el contenido mismo de lo que puede ser dicho y enunciado en los sistemas políticos nacionales actuales, que incluso en los mecanismo más íntimos de su fundamento constitucional, como lo es el concepto de ciudadanía en la episteme política de la modernidad, deben recrear y revalidar su funcionamiento sistémico como el contenido mismo de lo político en esta coyuntura histórica.

E idénticamente estos sistemas políticos nacionales desdemocratizados deben construir y legitimar el principio de nacionalización excluyente de la riqueza y la renta producto del funcionamiento del mercado global en su configuración actual, que se constituye como principio infranqueable de cristalización de las relaciones dichas internacionales y como condensación de relaciones de fuerza que son simplemente inalienables e indiscutibles en su facticidad actual, las cuales no pueden bajo ningún concepto ser puestas en tela de juicio ni alimentar procesos de dilucidación crítica de su pertinencia por medio político alguno y menos todavía por los protocolos democráticos que rigen los procesos de legitimación política en las formas Estado actuales. La renacionalización de la política se construye, pues, a partir de esta construcción del concepto de ciudadanía, que constituye una precipitación madura de la violencia de las relaciones de clase y de producción actuales, tal y como se expresa en la imposibilidad de abandonar esta construcción de la pertenencia nacional como jerarquía de la participación en la producción del plusvalor y la riqueza producidos globalmente, que debe distribuirse de modo totalmente desigual de acuerdo con criterios nacionales cada vez más fragmentados y segmentados de modo que la forma Estado renacionalizada o nacionalmente constituida ex novo pueda replicar con mayor intensidad los criterios de funcionamiento impuestos por la presión ejercida por la crisis y las exigencias del actual ciclo sistémico de acumulación estadounidense en términos de exacerbación de su reestructuración y de su inserción en los actuales circuitos de inversión, circulación y desposesión considerados necesarios por los detentadores de los medios de producción cristalizados en la actual estructura de poder y acumulación global y comprendido como la pura racionalidad de los sistemas políticos que administran por las clases dirigentes y las elites que gestionan los sistemas políticos, de partidos y las formas Estado nacionales.

La renacionalización de la política europea responde al debilitamiento exponencial de los viejos atributos de la soberanía y la crisis inducida por ello en los actuales sistemas de partidos oligarquizados

El Estado renacionalizado o la nación convertida en Estado inician de nuevo el ciclo de reestructuración de la totalidad de los recursos y factores productivos de su polity para intensificar con más precisión su adaptación a las actuales exigencias de acumulación y de nuevo utilizan la ciudadanía renacionalizada para replicar el doble proceso de empobrecimiento y brutalización constitucional en el interior de la misma y de exclusión mortífera y selección racista en el exterior de los flujos migratorios necesarios en el conveniente estatuto de subalternización política y económica y de privación de los derechos sociales básicos en todos los casos y ello para que la potencia de lo político no se situé en ningún caso en los campos políticos nacionales y a fortiori posnacionales. Esta politización integral del concepto y del estatuto de ciudadanía, que sería consecuencia de procesos intensísimos de lucha de clases y de antagonismo político, podría poner en tela de juicio la pertinencia y la justicia de tal modelo de acumulación y propiciar así procesos de politización del funcionamiento de las respectivas formas Estados, cuya realidad nacional debe considerarse hoy dese un punto de vista antisistémico a partir de la transnacionalización de las problemáticas creadas por el ataque multinacional del capital global al núcleo de los derechos constitucionales fundamentales, ataque homogéneo a escala regional y global, pero, sin embargo, legitimado e implementado por formas Estado exquisitamente nacionales, que reivindican cada vez más el genuino carácter nacional de sus respectivas comunidades nacional-populares utilizando para ello negativamente, como hemos indicado, el concepto de ciudadanía hacia el interior y hacia el exterior para asegurar el carácter desposeedor, extractivista e insostenible de la los actuales circuitos de producción y apropiación desmesurada de valor por parte de las clases dominantes globales, las cuales operan con criterios absolutamente anacionales de organización de sus estructuras de producción, explotación y dominación sistémica, como demuestra la operativa del sistema financiero global y el uso de la guerra como instrumento de intervención en la geopolítica de los Estadosación realmente existentes.

2. La renacionalización de los sistemas de partidos y de los sistemas políticos nacionales como vector de producción de desigualdad e insostenibilidad. En realidad, la renacionalización de la política europea responde al debilitamiento exponencial de los viejos atributos de la soberanía y la crisis inducida por ello en los actuales sistemas de partidos oligarquizados, instalados en la actualidad en la versión más autoritaria de la autonomía de lo político y, sobre todo, privados de potencia a la hora de utilizar la forma Estado como vector democratizador de sus respectivas formaciones sociales, que deben convertirse en espacios lisos de penetración de las estrategias de financiarización e inversión de los grandes actores económicos multinacionales predominantes del ciclo sistémico de acumulación estadounidense, estrategia en la cual juega un papel fundamental la governance organizada por la conformación actual de la Unión Europea y de su institucionalidad, así como de las estrategias bélicas de militarización y guerra decididas por la potencia hegemónica global estadounidense.

La renacionalización de la política es, pues, uno de los mecanismos privilegiados de consolidación de la actual estructura de poder de clase global ligada a un ciclo sistémico de acumulación, cuya crisis produce desorden, violencia, guerra y caos a escala planetaria, regional y local

Si la privación de soberanía democrática es exponencial y la subordinación de las formas Estado nacionales deben alinearse a la presión política de la Unión Europea y a las exigencias sistémicas de las clases dominantes hegemónicas globales al hilo del proceso de reestructuración autoritaria neoliberal y geopolítica estadounidense de sus formaciones sociales mediante la destrucción del núcleo democrático de sus constituciones y el debilitamientos estructural de los instrumentos de producción de bienes y derechos públicos de sus respectivas formas Estado y si ello debe realizarse por sistemas de partidos y sistemas políticos vaciados de contenido democrático durante las últimas cuatro décadas y gestionados por elites y clases dirigentes en clave netamente reaccionaria respecto a las necesidades más acuciantes de las grandes mayorías sociales, entonces la legitimación política para proceder a tal realineamiento autoritario de los recursos y de la productividad total de los factores nacionales (el famoso sistema país) y a tal despotenciación de los derechos fundamentales debe proceder a partir de la promesa de una concentración y delimitación estricta de la comunidad nacional popular capaz de reajustar recursos de renta y riqueza cada vez más escasos y de exigencias de funcionalidad cada vez más estrictas impuestas por las exigencias de dominación económica y militar derivadas ineluctablemente de la crisis sistémica del actual ciclo sistémico de acumulación estadounidense, por su deslizamiento a modelos articulados de producción negativa de valor y por su declive irremediable como matriz estructuradora del orden geopolítico global y por ende de la reconversión de este en productor de desorden, violencia, guerra y caos sistémico a escala planetaria.

La renacionalización de la política es, pues, uno de los mecanismos privilegiados de consolidación de la actual estructura de poder de clase global ligada a un ciclo sistémico de acumulación, cuya crisis produce desorden, violencia, guerra y caos a escala planetaria, regional y local, procesos que los sistemas políticos presentes o potenciales no deben tratar de modificar en absoluto ni considerar la diversidad y diferencialidad de sus efectos ligados a una estructura de poder muy específica y deficiente, porque toda interferencia democrática vía política en sus patologías sistémicas no haría sino debilitar su supuesta racionalidad e intensificar ulteriormente las pretensiones imposibles de racionalidad, democracia y justicia generadas por las clases trabajadoras y pobres y construidas como pura ideología por las actuales clases dominantes hegemónicas globales.

La pérdida de los atributos de la soberanía democrática es reprocesada por los sistemas políticos y de partidos actuales como la necesidad de un ajuste todavía más estricto de la productividad total de los factores nacionales mediante la destrucción total de los derechos, la neutralización de la potencia democrática de la forma Estado y la exclusión de toda discusión del orden sistémico, que obliga a tales ajustes insostenibles a la baja de la totalidad de los parámetros de la reproducción social, política y ecosistémica, pauta de comportamiento implementada por los sistemas de partidos actuales mediante la renacionalización imposible de los horizontes de toma de decisiones (Take back control!) en una matriz cada vez más densa de juegos de suma cero desplegados contra todo sujeto social, político, empresarial, institucional o estatal que deba alinearse respecto a los parámetros de comportamiento derivados de la imposición de las necesidades impuestas por las clases dominantes hegemónicas globales y regionales sobre las diversas formaciones sociales nacionales y los procesos de comportamiento económico, geopolítico, constitucional o productivo desarrollados en su seno. El comportamiento de los sistemas políticos y de partidos europeos respecto a las condiciones de posibilidad y la gestión de la guerra de Ucrania, su aproximación a la gestión de la base imponible de sus respectivos sistemas tributarios (incluido el bloqueo de una fiscalidad genuinamente europea), la convergencia en el debilitamiento del estatuto de la prestación laboral y de su retribución, la destrucción de los grandes sistemas de seguridad social –educación, sanidad, pensiones, nuevos derechos sociales– y el debilitamiento de la infraestructura y la capacidad de gestión pública por parte de formas Estado objeto de minuciosa desactivación política y administrativa, constituyen todas ellas el correlato mismo de la renacionalización de la política para despotenciar la política democrática ante las pretensiones cada vez más oligárquicas e insostenibles de las clases dominantes hegemónicas globales por parte de sistemas de partidos nacionales, que ya no hacen política, sino que se limitan a gestionar la adaptación nacional de la productividad total de los factores a la matriz de crisis del ciclo sistémico de acumulación estadounidense, satisfaciendo tanto las exigencias financiero-monetarias, geopolíticas o bélicas, impuesta por aquellas.

La supresión de la guerra como objeto político y el tratamiento que de su gestión están haciendo gala los sistemas políticos nacionales y supranacionales europeos constituye la imposición misma del principio no democrático y oligárquico

Los actuales sistemas políticos y sus sistemas de partidos construyen, pues, por mor del impacto de esta crisis sistémica del ciclo sistémico de acumulación estadounidense y de las opciones geopolíticas que las clases dominantes hegemónicas globales están desplegando durante las últimas tres décadas, campos políticos en los que tanto el ciudadano como el extranjero compiten y demandan recursos que en opinión de aquellas simplemente no les corresponden, porque simplemente no tienen derecho a disfrutarlos ni mucho menos a colocar la problemática de su producción en el momento presente, dadas las restricciones impuestas por la situación de caos sistémico vigente en esta fase de crisis del capitalismo como sistema histórico, en el centro del campo político nacional y de la conversación y el conflicto políticos que deben verificarse en su seno y por ende en el conjunto de la estructura social, porque su propia supervivencia como actores políticos y por ende como partidos políticos depende de que simultáneamente sean capaces de gestionar esa doble exclusión no solo del sujeto extranjero sin papeles, sino simultáneamente de sus propios ciudadanos cada vez más degradados constitucionalmente, doble exclusión constitutiva de la conditio sine qua non de la consistencia del actual orden geopolítico vigente y de las tendencias consideradas favorables por las actuales clases dominantes hegemónicas globales occidentales, como de nuevo el conflicto ucraniano pone brutalmente en evidencia, para tolerar los tenues y debilísimos niveles de democracia residual del orden global mundial que estas clases pretenden recrear en el new american century. En este sentido, el debilitamiento de la normatividad constitucional democrática es el correlato causal y efectivo de la autonomización y atomización de los diversos sujetos jurídicos públicos, que constituyen las Administraciones públicas o conforman la estructura constitucional de una determinada forma Estado, y la condición de posibilidad de la privatización de los sistemas de partidos y de la corrupción de sus elites dirigentes, que se muestran incapaces de leer, comprender e implementar el texto constitucional como la matriz de producción del nivel histórico de justicia sustantiva materializado en su contenido, así como se niegan a diseñar y organizar su lógica político-constitucional y normativo-institucional y a situar esta en el corazón la conversación política y en el centro de los procesos de producción de legitimidad política, lo cual garantiza la destrucción explicita de los derechos constitucionales, indicando de modo ejemplar a los sujetos sociales, económicos, políticos e institucionales cómo se verifica y debe continuar verificándose el proceso de destrucción del modelo constitucional democrático en esta coyuntura histórica, la cual es comprendida por las clases dominantes hegemónicas globales de acuerdo con estos parámetros y, por consiguiente, de modo subalterno y desastroso, por las clases y elites dichas nacionales como el contenido y la lógica necesaria mismos de lo que debe ser en este momento histórico la estructura económica y la lógica misma de los procesos de producción de valor y, por consiguiente, de comprensión macroeconómica de su fundamento y de su contenido monetario-financiero material y social, problemáticas todas ellas que incorporan una dimensión geopolítica constitutiva como resulta históricamente del funcionamiento sistémico del capitalismo como sistema social, que de nuevo la actual guerra ucraniana y el alineamiento y el comportamiento de las elites políticas nacionales europeas han puesto en evidencia desde su estallido y podrán ser puestas más brutalmente en evidencia todavía durante los meses por venir.

3. Guerra, derecho y democracia en la episteme política de las clases dominantes hegemónica globales. Este complejo de vectores explica parcialmente, porque el conflicto bélico librado en Ucrania, que constituye un vector de aceleración brutal de estas tendencias y la matriz primordial de reestructuración del sistema-mundo capitalista en la presente coyuntura, ha siso absolutamente elidido como objeto político por los sistemas políticos nacionales calificados de democráticos y aclara por qué las elites políticas europeas se han comportado sin excepción con la ceguera, la irresponsabilidad y la brutalidad con la que se están comportando respecto al mismo: la supresión de la guerra como objeto político y el tratamiento que de su gestión están haciendo gala los sistemas políticos nacionales y supranacionales europeos constituye la imposición misma del principio no democrático y oligárquico en el centro de los sistemas políticos en tanto que mediante ella se impone de modo macroscópico el principio de producción de valor negativo, cuya estructura productiva y de poder garantiza la persistencia de la misma. La imposibilidad de pensar y someter a escrutinio y debate democrático la guerra constituye el límite político irrebasable de las clases dominantes actuales y por ende la constatación de la presencia de obstáculos epistemológicos insuperable para las mismas a la hora de conceptualizar lo político y, por consiguiente, de pensar la política y de organizar su despliegue como condensación máxima de la actividad racional de sujetos libres desde las respectivas posiciones de clase y a partir de la tendencialidad impuesta sobre las mismas, dadas las características de comportamiento del sistema-mundo y de la economía-mundo capitalistas durante las últimas cuatro décadas. Este desplazamiento y esta destrucción de la guerra como objeto político en todas su consecuencias multidimensionales por parte de los sistemas políticos europeos actuales es también la condición que impide pensar la macroeconomía local, regional y global, que permitiría eludir el laberinto de la producción negativa de valor y, por lo tanto, la apertura de espacio político para organizar verdaderamente la producción de renta y riqueza de modo no conducente a la destrucción del orden democrático y propicio para proscribir la guerra como instrumento de construcción de hegemonía global.

Esta tensión entre la desdemocratización del objeto político constituido por el uso de la guerra por parte de las clases dominantes hegemónicas globales (el denominado Occidente colectivo) y las clases dirigentes locales, por un lado, y su legitimación negativa en los sistemas políticos y de partidos realmente existentes efectuada por estas últimas, por otro, constituye un atractor y una matriz fundamentales de los procesos de desestructuración de la forma Estado y de su institucionalidad como conjunto de dinámicas político-constitucionales y jurídico-administrativas capaces de producir los derechos constitucionales fundamentales y a fortiori de producirlos más allá de la adscripción nacional realmente existente en los países más desarrollados. Sistemas políticos y de partidos que son además puestos en entredicho por la propia guerra como formas constitucionales no aptas de resolver los conflictos bélicos y a fortiori de contrarrestar o eludir la intensificación de las mencionadas tendencias de hipermercantilización, hiperprivatización, hiperdesposesión e hiperinsostenibilidad inherentes a la economía-mundo capitalista actual y replicadas en las formaciones sociales nacionales y a escala del sistema-mundo capitalista.

En este sentido, la guerra de Ucrania, al intensificar estas tendencias todavía más, (1) degrada exponencialmente los sistemas políticos realmente existentes por su ulterior vaciamiento democrático, dado que es simplemente imposible dotar de una legitimación democrática a la destrucción bélica, que solo constituye una iniciativa geopolítica y geoestratégica ligada estrictamente al actual proyecto de clase insostenible, dada la crisis multidimensional desencadenada por el capitalismo durante las últimas tres décadas, y, sobre todo y ello es fundamental, (2) la guerra europea actual todavía deteriora más la calidad de las clases dirigentes y elites políticas de los sistemas de partidos actuales –las cuales se hallan totalmente colonizadas por la episteme de las clases dominantes hegemónicas globales y por la Weltanschauung geopolítica de la actual potencia hegemónica–, que introyectan esta dosis de abuso e irracionalidad absolutos representada por el presente conflicto ruso-estadounidense como la indicación precisa de que todos los referentes y la totalidad de los checks and balances políticos democráticos y, por consiguiente, la propia normatividad político-constitucional de las constituciones vigentes, constituyen un cuadro de referencia cada vez más débil, inservible e inútil para organizar la reproducción de las respectivas formaciones sociales, dado que los acontecimientos de mayor envergadura sistémica no pueden recibir tratamiento político democrático alguno en el seno de los mismos y dado que igualmente el nuevo modelo de toma de decisiones sistémicas sobredetermina cualquier input democrático procedente del corazón mismo de la legitimidad política democrática generada en el sistema político de la formación social nacional correspondiente y su sistema de partidos constitutivo de su realidad estructural, y que, por el contrario, los recursos demandados por usos y necesidades sociales urgentísimos, dada la crisis inducida durante las últimas tres décadas, pueden asignarse a la producción negativa de valor por antonomasia, que es la guerra, sin que ello constituye escándalo político alguno ni plantee ulteriores problemas al concepto de legitimidad democrática vigente en estos sistemas políticos democráticos nacionales o, en el caso europeo, supranacionales. Si tanto el proceso multidimensional de utilización de la violencia y la presión bélica como el uso nudo de la guerra, por un lado, como la asignación de recursos directamente a la producción negativa de valor y la destrucción concomitante que ello despliega en todas las subestructuras de la reproducción social y ecosistémica es objeto de aceptación política ademocrática y alegal por las clases dominantes hegemónicas globales, no hay razón alguna para que las actuales clases dirigentes políticas nacionales no se comporten, a falta de niveles de conflicto, antagonismo social, lucha de clases y presión democrática masivos, de modos conductuales no homologables al seguido por esas clases dominantes globales en la arena del sistema internacional de Estados y en el orden geopolítico y geoestratégico global. Y que, en consecuencia, estas clases dirigentes políticas nacionales y sus sistemas de partidos contemplen los límites democráticos todavía vigentes y las dinámicas positivas impuestas por el constitucionalismo democrático como obstáculos meramente incómodos para perseguir sus objetivos de subordinación de la totalidad de la riqueza social a los designios de violencia considerados oportunos por la actual potencia hegemónica y que consideren correcto hacer lo propio a escala de la forma Estado correspondiente, que gestionan políticamente, respecto a la totalidad de las instituciones y organizaciones político-constitucionales y administrativas de la misma a las que tienen acceso por mor del sistema de partidos nacional y, luego, de modo también homologable, a escala de la organización supranacional europea, dado que son los mismos partidos políticos nacionales quienes han consentido esa arquitectura institucional supranacional desdemocratizada, oligarquizada y autoritaria y quienes aplican su lógica en la gestión ordinaria de las mencionadas estrategias de hipermercantilización, hiperprivatización, hiperdesposesión e hiperinsostenibilidad y ahora de uso masivo de la violencia bélica impuestas sobre las formaciones sociales europeas.

La totalidad de los recursos socioeconómicos y presupuestarios y la integralidad de la institucionalidad democrática o a fortiori simplemente pública pueden subordinarse, pues, democráticamente a intereses individuales tan absolutamente particulares y excluyentes como lo son la imposición del actual proyecto geopolítico hegemónico estadounidense y de su régimen de producción, acumulación y distribución, igualmente particular y excluyente en sus implicaciones sobre el conjunto del sistema-mundo capitalista y, en realidad, sobre las clases trabajadores y pobres del planeta. Si este proyecto hegemónico global, en el que se inscribe la actual guerra de Ucrania, que es excluyente, no universalista, insostenible ecosistémicamente y socialmente muy regresivo, puede imponerse por las clases dominantes hegemónicas globales por la vía de los hechos sistémicos y en el caso de la crisis ucraniana y de las intervenciones bélicas previas, acaecidas durante las tres décadas precedente mediante la governance militar de la región europea y eurasiática por la potencia estadounidense al margen de todo control y verificación democráticos, y además si puede hacerse como expresión de la supuesta voluntad popular expresada por los sistemas políticos realmente existentes, porque las clases dirigentes nacionales están dispuestas a comportarse de modo igualmente corrupto e irrespetuoso respecto al orden constitucional democrático y a generar nacionalmente, a toda escala de construcción nacional existente o potencialmente existente, ordenes igualmente excluyentes, inequitativos y carentes de todo proyecto igualitario e institucionalmente no comprometido con el orden constitucional democrático, y si están dispuestas a mostrarse sumamente agresivas a la hora de destruir la institucionalidad y las dinámicas político-constitucionales que imponen trabas a este proyecto regresivo, entonces ello quiere decir inevitablemente que las clase dirigentes y elites políticas europeas y atlánticas actuales, ya corrompidas por las relaciones de poder impuestas por el paradigma neoliberal, conocen con su actitud, conceptualización y gestión de la guerra de la OTAN en Ucrania, una degradación y un deterioro irreversibles como sujetos político-institucionales capaces de comprender la complejidad de la coyuntura histórica actual y de atender a las necesidades urgentísimas de las actuales clases trabajadoras y pobres, socioeconómicamente devastadas y ecosistémicamente maltratadas, y, por consiguiente, no merecedoras de ningún respeto político-constitucional ni acreedoras de rango democrático alguno ante sus respectivas ciudadanías y, sobre todo, ante los nuevos sujetos políticos en proceso de construcción por parte de la nueva composición de clase del actual sujeto productivo que crean el valor que estas elites políticas y estos sistemas de partidos monopolizan para que las clases dominantes hegemónicas globales los dirijan en forma de violencia multidimensional contra la mayoría apabullante y estremecedora de las clases trabajadores y pobres del planeta, como la guerra de Ucrania o el terremoto de Turquía muestran con una bestialidad que pensábamos era un atributo perdido del ancien régime y su constitución antidemocrática. Este dato resulta crucial también para pensar y conceptualizar el nuevo campo político de la izquierda, la forma de organización de sus nuevos sujetos políticos y partidos, así como las modalidades de conflicto y lucha que deben idearse para construir nuevos procesos de hegemonía antisistémica en esta peligrosísima coyuntura actual. Esta desarticulación de la forma Estado en su núcleo político-constitucional y jurídico administrativo corre pareja, además, a la desarticulación territorial de la misma, aun manteniendo esta su integridad política y por ende territorial, e induce una continua espiral de potencial fragmentación o ruptura formal de las formas Estado a partir de las consabidas líneas de constitución de las correspondientes comunidades imaginadas etnoacionales o tecno-industriales y productivas respecto a las cuales las elites políticas dominantes, tanto nacionales como regionales se posicionan de modo idéntico a como se posicionan respecto a su respectiva institucionalidad político-administrativa, considerando el territorio o, mejor, el soporte territorial de acuerdo con su concepción de lo político, como un activo privilegiado para mejor valorizar su poder dirigente aun a costa de desconstitucionalizar y desdemocratizar, de acuerdo con lo indicado, la forma Estado y la propia esfera de gobernabilidad democrática de su polity, soberana o administrativamente considerada. Y ello es así porque que las clases dirigentes de estas polities específicas, estatalmente soberanas o constitucionalmente dotadas de potestad de autogobierno, consideran de modo prácticamente automático sus territorios y los recursos de la potestad y la autoridad publicas ligados legalmente a las mismos como meros factores productivos integrables en los procesos privados de producción y de extracción de valor posibles en virtud de los actuales modelos de organización de la producción, de la movilidad del capital y de organización de sus infraestructuras productivas industriales, así como de la financiarización de la reproducción social, en este caso trámite la dimensión pública de la organización de su prestación o de la financiarización de la actividad y la prestación públicas o público-privadas de los servicios públicos.

El uso de la guerra en esta coyuntura y la agresividad inherente a opciones y modelos por definición excluyentes y no universalizables por mor de su propio régimen de acumulación inherente al ciclo sistémico de acumulación y de reproducción ecosistémica y social estadounidense, que es global en su diferenciación histórico-geográfica desigual pero local en las disfuncionalidades inducidas por su modelo, incrementa por definición, pues, los procesos de desconstitucionalización de la forma Estado y la paralización del contenido jurídico-democrático de su funcionamiento político-constitucional y por ende jurídico-normativo y administrativo, porque la dimensión geopolítica ligada a la reproducción del capitalismo histórico y sus campos políticos debe proceder de modo cada vez más unilateral y microcapilar por parte de las actuales clases dominantes hegemónicas globales y trasladarse de modo estructurado a todas las escalas de la reproducción jurídica de la forma Estado en su proceso de desdemocratización y de fragmentación institucional y territorial. Este conjunto de procesos constituyen, pues, las premisas para convertir la totalidad de los recursos sociales, políticos, administrativos y territoriales en inputs de procesos de expropiación de recursos vehiculizados en pro de la pretensión de hegemonía de la actual potencia hegemónica, los cuales a su vez desencadenan simultáneamente procesos asociados de desposesión generalizada, empobrecimiento y concentración de la riqueza y la renta para la inmensa población del planeta con independencia del grado de soberanía que un territorio pueda revindicar como adecuado a su comunidad nacional-popular imaginada, lo cual solo puede abocar a la guerra y la violencia sistémica generalizada a escala del sistema-mundo capitalista, como la guerra de Ucrania librada por Estados Unidos contra Rusia y Europa demuestra de modo tan bestial como irracional.

Análisis
El estado de las cosas (3)
Tercera parte del análisis de la coyuntura política y de las posibilidades de acción antisistémica.
Análisis
El estado de las cosas (4)
Cuarta parte del análisis de la coyuntura política y de las posibilidades de acción antisistémica.
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