Análisis
El acaparamiento de tierras y los pobres rurales

Desde 2008 las adquisiciones de tierras agrícolas han duplicado los precios de estas en todo el mundo, lo cual ha ejercido una enorme presión sobre las explotaciones agrícolas familiares y sobre innumerables comunidades rurales pobres. Tales adquisiciones esta empeorando los índices de desigualdad, de pobreza y de inseguridad alimentaria.

La extenuación de la tierra y de los agricultores

El nuevo IPES-Food Report pone de relieve los acaparamientos de tierras, incluidas las adquiridas supuestamente para lograr objetivos «verdes», los medios financieros utilizados para efectuarlos y otras implicaciones importantes. Los gobiernos, los financieros, los especuladores y el agronegocio, todos ellos dotados de un enorme poder, están obteniendo de forma oportunista el control de una superficie cada vez mayor de tierras cultivables. El informe señala que la subida de los precios de los alimentos y el colapso financiero de 2007-2008 catalizaron la adquisición ulterior de tierras, mientras que la flexibilización cuantitativa y la financiarización verificadas tras la crisis financiera mundial de 2008 permitieron ulteriores acaparamientos de tierras. Inversores, empresas agroalimentarias e incluso fondos soberanos han adquirido tierras de cultivo por todo el mundo. Las empresas agroalimentarias y los inversores quieren adquirir tierras para obtener más beneficios, por lo que instan a los gobiernos a permitir las adquisiciones. Las tierras cultivables se destinan en estos momentos a la explotación de cultivos destinados al mercado, a la extracción de recursos naturales, a la minería, al desarrollo inmobiliario y de infraestructuras, y a proyectos «verdes», como los biocombustibles. La adquisición exponencial de tierras ha asumido nuevas formas, pero la inmensa mayoría de las operaciones de más envergadura sustraen tierras a la producción de alimentos. De modo especular, la agricultura industrial, ambientalmente dañina, se ha extendido, empeorando la situación de la pobreza rural y provocando los consabidos flujos migratorios.

En 2023 novecientos sesenta fondos de inversión especializados en activos agrícolas y alimentarios poseían propiedades por valor de más de 150 millardos de dólares

La nueva fiebre por la adquisición de tierras ha desplazado a los pequeños agricultores, a los pueblos indígenas, a los pastores y a las comunidades rurales o bien ha erosionado su acceso a la misma. Ha agravado la pobreza rural, la inseguridad alimentaria y la desigualdad en la distribución de la tierra. La marginación de los usuarios locales de esta ha hecho que la agricultura familiar sea menos viable. Las «adquisiciones verdes» implican que gobiernos y empresas se apropian de tierras para dudosas plantaciones de árboles a gran escala, proyectos de compensación de la biodiversidad, de secuestro de carbono, de conservación y de producción de biocombustibles, así como de otros proyectos relacionados con el «hidrógeno verde». Las demandas de agua y de otros recursos también amenazan la producción de alimentos. La fiebre por la tierra se ha frenado recientemente, pero las presiones y tendencias subyacentes continúan. La pandemia, las guerras de Ucrania y Gaza y las respuestas dadas por los gobiernos y por los mercados a este contexto han reavivado el discurso alarmista de la «escasez de alimentos», justificando más acaparamientos.

Invertir en la desposesión

Las inversiones agrícolas se multiplicaron por diez entre 2005 y 2018. En 2023 novecientos sesenta fondos de inversión especializados en activos agrícolas y alimentarios poseían propiedades por valor de más de 150 millardos de dólares. Casi el 45 por 100 de la totalidad de las inversiones en tierras agrícolas efectuadas en 2018, cuyo montante ascendió a 15 millardos de dólares, fueron realizadas por fondos de pensiones y compañías de seguros. Durante el periodo transcurrido entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, las compañías de seguros y los fondos dotacionales invirtieron 45 millardos de dólares en tierras agrícolas.

No resulta extraño, pues, que los precios de la tierra hayan subido continuamente durante dos décadas en América del Norte y durante tres en Canadá. En el periodo 2008-2022, los precios de la tierra casi se duplicaron en todo el mundo, ¡llegando a triplicarse en Europa Central y del Este! Los fondos de pensiones y otros vehículos de inversión privados duplicaron los precios de los terrenos agrícolas en el Reino Unido durante el periodo 2010-2015. Más recientemente, las inversiones en tierras agrícolas efectuados en Estados Unidos ¡se han duplicado desde la pandemia! El 1 por 100 de las mayores explotaciones agrícolas del mundo posee ahora el 70 por 100 de las tierras agrícolas totales. En América Latina el 55 por 100 de las explotaciones sólo posee el 3 por 100 de las tierras de cultivo.

Las transacciones de tierras a gran escala ponen en mayor riesgo a las comunidades indígenas y de pastores. En Etiopía, Ghana y otros países, la venta de tierras ha obligado a los agricultores a trabajar en parcelas más pequeñas y fragmentadas

Más de la mitad de las tierras de cultivo así obtenidas se destinan a cultivos de regadío. Aunque la quinta parte de las transacciones de tierras a gran escala afirman ser «verdes», el 87 por 100 se encuentran en zonas de alta biodiversidad. La minería, por otro lado, representó el 14 por 100 de las adquisiciones de tierras a gran escala durante la última década. La creciente demanda de tierras raras y otros minerales críticos está impulsando la minería en antiguas tierras de cultivo, empeorando la degradación ambiental y provocando conflictos. En lugar de proteger los intereses nacionales, sociales o comunitarios, la normativa vigente parece proteger a los culpables. Los términos de estas transacciones con frecuencia empeoran las cosas. Así, por ejemplo, las corporaciones extranjeras demandaron con éxito al gobierno colombiano por intentar detener su proyecto minero a gran escala.

Apropiaciones de tierras verdes

Algunos gobiernos y grandes empresas abogan por el cumplimiento de las normas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Invocan, pues, la sostenibilidad, incluidos los objetivos climáticos, para justificar planes elitistas de conservación y compensación de carbono. Más de la mitad de los compromisos gubernamentales de eliminación de carbono afectan a tierras de pequeños agricultores y pueblos indígenas. Las promesas gubernamentales de absorber dióxido de carbono en la superficie terrestre comprometen casi 1.200 millones de hectáreas, lo cual equivale a la superficie mundial de tierras de cultivo. A pesar de los modestos beneficios para el clima, se prevé que los problemáticos mercados de compensación de carbono se cuadrupliquen en los próximos siete años, lo que impulsará aún más el acaparamiento de tierras. Sólo el gigante petrolero Shell ha destinado más de 450 millones de dólares a proyectos de compensación.

La tierra africana acaparada

El acaparamiento de tierras es un fenómeno de alcance mundial, que ha afectado a los distintos lugares de forma diferente, habiendo afectado de forma significativa al África subsahariana y a América Latina, mientras que la desigualdad de la distribución de la tierra crece en esta última región, en Europa Central y Oriental y en Asia Meridional. Susan Chomba y Million Belay han concluido que se han efectuado en torno a mil transacciones de tierras a gran escala en África desde 2000. Mozambique contaba con ciento diez transacciones de este tipo, seguido de Etiopía, Camerún y la República Democrática del Congo (RDC). Blue Carbon, dirigida por un miembro de la realeza de Dubái, opera con una posesión de aproximadamente 25 millones de hectáreas. La empresa ha comprado derechos sobre bosques y tierras de cultivo para vender compensaciones de carbono. La tierra procede de cinco gobiernos africanos anglófonos y afecta a la quinta parte de Zimbabue y a la décima parte de Liberia, Kenia, Tanzania y Zambia. Las transacciones de tierras a gran escala ponen en mayor riesgo a las comunidades indígenas y de pastores. En Etiopía, Ghana y otros países, la venta de tierras ha obligado a los agricultores a trabajar en parcelas más pequeñas y fragmentadas, a convertirse en asalariados o a emigrar, lo que ha mermado su capacidad para alimentarse a sí mismos, a sus comunidades y a otras personas.

Los pequeños propietarios, los pastores y las comunidades indígenas han protegido durante mucho tiempo su tierra y su biodiversidad. Sin embargo, la mayoría carece ahora de los derechos y de los medios para hacerlo de forma más eficaz, por no hablar de sus recursos para alimentar África y mejorar la acción climática. La crisis climática se está utilizando, pues, contra las comunidades rurales africanas.