Amianto
El PSE se desmarca de la discriminación propuesta por Escrivá para las víctimas del amianto

PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU han registrado conjuntamente esta mañana una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento Vasco para posicionarse sin fisuras al lado de todas las víctimas del amianto. Con esta PNL, que deberá votarse en la institución vasca, el Partido Socialista de Euskadi lanza un mensaje a su propio grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y, en especial, al ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, contrario a que el futuro fondo de indemnizaciones compense a todas las víctimas, según el sindicato CC OO. La PNL ha sido registrada como trámite de urgencia para que pueda debatirse en dos semanas, en el pleno del 24 de marzo. 

El Grupo Parlamentario Socialista presentó el lunes en el Congreso unas enmiendas al anteproyecto que suponen un viraje de 180º al fondo de indemnizaciones, que parte de un amplio consenso en el Parlamento Vasco, con todos los grupos a favor, incluido el Partido Popular. Los sindicatos CC OO y UGT y la Asociación de Euskadi de Víctimas del Amianto, Asviamie, mostraron su sorpresa, decepción y enfado al respecto, ya que PSOE plantea indemnizar únicamente a las víctimas del amianto por exposición ambiental y a los familiares de los trabajadores —fundamentalmente, a las mujeres que lavaban los buzos de trabajo—. 

El PSOE excluye del fondo de indemnización de las víctimas del amianto a los trabajadores expuestos al mineral

Gessamí Forner

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Enmiendas El PSOE excluye del fondo de indemnización de las víctimas del amianto a los trabajadores expuestos al mineral

Gessamí Forner

Las formaciones políticas presentaron el lunes las enmiendas al trámite parlamentario que arranca el 16 de marzo para dar forma al fondo que indemnizará a las personas afectadas por el amianto. Contra todo pronóstico, y a pesar del consenso entre el resto de partidos, el PSOE solo incluye a los expuestos ambientalmente al asbesto y a los familiares de los trabajadores.

Si las enmiendas socialistas salen adelante, los trabajadores enfermos seguirán abocados a emprender un largo proceso judicial para obtener una indemnización,  la cual, en muchas ocasiones, tampoco llega porque la empresa responsable está cerrada.

Contradicción interna

La Proposición No de Ley supone una contradicción dentro del partido socialista: mientras en el País Vasco el PSE apoya sin fisuras a las asociaciones de víctimas y respalda lo que solicitan los sindicatos CC OO y UGT, en Madrid se ha valorado como un tema menor, intentando que el fondo de indemnizaciones llegue a un número de víctimas lo más reducido posible y que sea gestionado por el Imserso, en vez de por el Ministerio de Seguridad Social. El Imserso depende del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuya titular es Ione Belarra, y ni siquiera Unidas Podemos ha pedido esa gestión, tal y como han confirmado fuentes consultadas por El Salto.

El texto registrado hoy conjuntamente por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU destaca que el anteproyecto presentado en Madrid, que iniciará su proceso de tramitación el 17 de marzo, es fruto de un “arduo trabajo” realizado en las tres últimas legislaturas en el Parlamento Vasco e impulsado de forma “unánime”, por lo que solicita al Congreso que todas las víctimas, tanto los trabajadores como los expuestos ambientalmente y los familiares, sean reconocidas por el fondo de compensación. Esperan que la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados “sea lo más exitosa posible y siempre bajo la perspectiva de respeto y reparación a dichas víctimas”.

Concluye instando al Congreso de los Diputados a que la tramitación de la ley “respete el espíritu de la propuesta remitida y que la norma que finalmente resulte  aprobada no desvirtúe el texto inicial, buscando el máximo consenso posible con el fin de lograr la pronta reparación de las víctimas y sus familias”, es decir, tanto a trabajadores como a personas expuestas ambientalmente.

Los sindicatos y las asociaciones alertan también de que los cambios propuestos por el grupo socialista, además de limitar el acceso al fondo para las víctimas de exposiciones ambientales y familiares, exigen que estas tengan al menos un 33% de discapacidad permanente, que no tengan derecho a una pensión o prestación y que hayan residido al menos 10 años en España. Asimismo, el PSOE solicita un cambio de financiación: que provenga exclusivamente de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado, en vez la Seguridad Social y de las Mutuas. 

Las enmiendas también eliminan los artículos que regulan los órganos de gobierno del fondo, “dejándolo para un posterior desarrollo reglamentario que añadiría retraso a su entrada en funcionamiento y que se convierte en una maniobra dilatoria”, advierten sobre otro cambio de envergadura planteado del grupo de Pedro Sánchez.

Según el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan), en los próximos años se producirán en Euskadi unos mil casos anuales de enfermedades asociadas a la exposición de amianto, de entre las cuales 90 serán de mesotelioma pleural. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, entre 1999 y 2020 cerca de 8.000 personas murieron por este tipo de cáncer en todo el Estado.

El Estado prohibió el uso del amianto en 2002, pese a que una comisión médica ya solicitó en 1984 que se abandonara su uso por las consecuencias en la salud. Que España no regulara la prohibición y que las administraciones no vigilaran la aplicación de la normativa vigente —la primera, fechada en 1982— la convierte en corresponsable de las enfermedades derivadas del amianto, recuerdan los sindicatos y la asociación de afectados, por lo que excluir a los trabajadores de recibir una indemnización, por el mero hecho de percibir una prestación, lo consideran una maniobra inadecuada.