América Latina
El aborto bajo los ‘gobiernos del cambio’ en América Latina y el Caribe (y III)

De todos los gobiernos que surgieron en América Latina y el Caribe desde fines de los años 90 que se reivindicaron de “izquierda” o “progresistas”, sin duda el de Nicaragua era para muchos analistas el que tenía mejores credenciales.

Volvía al poder nada menos que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la organización político-militar que en 1979, tras años de lucha en todos los frentes, encabezó una revolución armada que terminó derrocando la dinastía de los Somoza.

En aquellos años de Guerra Fría, con dictaduras militares apoyadas abiertamente por Estados Unidos a nivel económico, político y militar en El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia y buena parte del resto de América Latina y el Caribe, parecía imposible que un movimiento como el FSLN pudiera conquistar el poder por las armas.

Pero 20 años después del triunfo de la revolución cubana y contra todo pronóstico, el fenómeno volvía a producirse. El imperialismo estadounidense mostraba su vulnerabilidad. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas de las distintas corrientes internas del FSLN esta organización fue, después de la Revolución Cubana, la más radical ideológicamente de todas las fuerzas que llegaron al poder en la región.

Por ello, la vuelta al poder del FSLN en Nicaragua en 2006, en esa ocasión a través de las urnas, transformado en partido político legal, creó de nuevo muchas expectativas entre las fuerzas de izquierda y movimientos sociales.

El FSLN llevó como candidato presidencial a Daniel Ortega, uno de los máximos dirigentes de la revolución de 1979 y desde 1984 a 1990 presidente de Nicaragua.

Sin embargo, había pasado mucha agua desde que el FSLN había sido derrotado en las urnas en 1990 por una coalición variopinta promovida y financiada por Estados Unidos que hizo presidenta a Violeta Chamorro. Ni el FSLN ni Daniel Ortega eran los mismos.

La corrupción, las relaciones contra natura del sandinismo oficial con quienes habían sido sus archienemigos, la gran patronal, los dirigentes de la Contra y la cúpula de la Iglesia católica nicaragüense; sumados al autoritarismo y mesianismo del presidente, fueron diluyendo las reformas económicas y sociales que fueron su seña de identidad en los 80.

Bajo el Gobierno de Daniel Ortega, en 2006, se prohibió el aborto terapéutico que existía desde 1893

En su nueva etapa como presidente, Daniel Ortega fue dejando de lado los antiguos lemas del FSLN para aparecer posteriormente como abanderado de la que llamó “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” junto a su esposa, Rosario Murillo, militante sandinista desde la fundación del Frente, luego diputada y desde 2017 convertida en vicepresidenta.

Después de reconciliarse con su otrora enemigo el cardenal Obando y Bravo, y ser casados por éste en la Catedral, la pareja presidencial se erigió en una suerte de predicadores evangélicos explotando el fervor popular religioso en un país donde la Iglesia Católica tiene gran poder y donde las iglesias evangélicas han conseguido cada vez más influencia.

En 2006, poco después de su vuelta al poder, Ortega quiso mostrar que era un hijo aplicado de la Iglesia y fue más lejos que ningún gobernante nicaragüense en más de un siglo al promover la abolición del aborto terapéutico, instaurado en el país desde 1893.

El artículo 165 del Código Procesal Penal nicaragüense establecía desde esa fecha la legalidad de la interrupción del embarazo en aquellos casos en los que tres médicos pudieran certificar que la vida de la madre estuviera en serio riesgo o que tuviera trauma psicológico tras haber sufrido una violación, algo avanzado para aquella época.

Ortega, con el apoyo de la Iglesia Católica y Evangélica y los partidos conservadores, consiguió que el Congreso reformara dicho Código anulando ese artículo 165 e imponiendo penas de cárcel de entre cuatro y ocho años de cárcel para quien realizara un aborto.

La medida, duramente criticada por los colectivos feministas, fue todo un símbolo del drástico cambio que suponía la nueva etapa de Daniel Ortega y el FSLN en el poder.

Años después un hecho puntual demostró hasta qué punto podía tener consecuencias una reforma como esa.
En 2011, en momentos en que el país se encontraba inmerso en una nueva campaña electoral y Ortega apostaba por su reelección, se tuvo conocimiento de que una niña indígena de 12 años de la comunidad miskita, habitante de la aislada aldea caribeña de Walpa Siksa, había quedado embarazada tras una violación.

A pesar de que la niña presentaba síntomas de hipertensión y preeclampsia, las autoridades sanitarias rechazaron practicar un aborto terapéutico ateniéndose a la reforma votada en 2006. La niña llegó finalmente a dar a luz y los medios de comunicación pro gubernamentales se disputaban las mejores imágenes de la jovencísima madre con su bebé, mientras Rosario Murillo, la esposa de Ortega, declaraba: “El nacimiento de esta criatura es un milagro, un signo de Dios”.

La pareja presidencial se autoerigió en cabeza del movimiento ‘provida’, en uno de los países del mundo donde más adolescentes mueren por abortos clandestinos.

Diez años antes de este hecho la Justicia había dado carpetazo a la denuncia por repetidos abusos sexuales durante su adolescencia que presentó contra él su hijastra, Zoilamérica Narváez.

Zoilamérica, socióloga, que hoy tiene 51 años, denunció que ni siquiera se le permitió declarar ante el tribunal.

El Salvador

El Salvador fue el único país de toda la región, además de Nicaragua, en el que una ex fuerza guerrillera, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), llegó al poder a través de las urnas 17 años después del final de la guerra civil.

El país más pequeño de todo el continente, el ‘pulgarcito de América’, soportó décadas de dictaduras militares y 12 años de guerra civil con decenas de miles de muertos. En enero de 1992 se logró finalmente sellar la paz entre el Gobierno del derechista Alfredo Cristiani, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el FMLN, frente donde habían convergido varias organizaciones guerrilleras.

Uno de los representantes del FMLN que firmó ese acuerdo en nombre de una de las organizaciones que lo integraron, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martín (EPL), fue el entonces comandante Salvador Sánchez Cerén.

El FMLN estuvo en la oposición desde 1992 hasta 2009, cuando ganó las elecciones e hizo presidente a su candidato, el periodista Mauricio Funes, y vicepresidente a Salvador Sánchez Cerén.

Durante la campaña electoral de 2009 en El Salvador el candidato del FMLN y posterior presidente se pronunció en contra del aborto presionado por la Iglesia

En las nuevas elecciones de 2014, el candidato del FMLN fue el ex comandante guerrillero Sánchez Cerén, firmante de aquellos acuerdos de paz y hoy presidente de El Salvador. Termina su mandato en 2019.

Paradójicamente, después de casi ocho años de Gobierno del FMLN, El Salvador sigue siendo uno de los pocos países de toda la región —junto a Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití— donde el aborto está prohibido terminantemente en cualquier circunstancia. El endurecimiento de la legislación sobre el tema tuvo lugar en 1998 tras la reforma del Código Penal y la reforma constitucional de ese mismo año por la cual se estableció el reconocimiento del derecho a la vida desde el mismo momento de la concepción.

La doctora en Derecho y Ciencias Sociales María Angélica Peñas Defago recordaba en El aborto en El Salvador: tres décadas de disputas sobre la autonomía reproductiva de las mujeres que cuando se produjo aquel debate durante 1997 la bancada del FMLN, en la oposición, votó en contra pero salió adelante con el apoyo de los diputados de ARENA y de la Democracia Cristiana. Sin embargo, cuando dos años más tarde volvió a votarse, ya que se necesitaba el voto de dos legislaturas, la dirección del FMLN dio libertad de voto a sus parlamentarios y parlamentarias al considerar que no era un tema político sino de “conciencia”.

La profesora reproduce en su trabajo parte de la intervención de un diputado del FMLN durante el debate en el hemiciclo: “Como persona humana, como salvadoreño, como revolucionario y como cristiano siempre he tenido un profundo respeto por la persona humana, porque por los principios cristianos, para mí el ser humano es el rey de la creación, es hecho a imagen de Dios, es templo del Espíritu Santo”.

A pesar de que desde inicios de los años 90 muchas mujeres que integraron la guerrilla crearon o se integraron en organizaciones feministas para defender sus derechos reproductivos y sexuales, como Las Mélidas o Las Dignas, la profesora Peñas Defago explica que estas fueron fundamentalmente las mujeres del FMLN que estaban en primera línea de combate en las zonas rurales o trabajaban en zonas urbanas. Sin embargo, había una menor conciencia feminista en aquellas que actuaron en tareas de apoyo a la guerrilla en zonas rurales.

Ante la campaña electoral de 2009 el arzobispo de El Salvador —del Opus Dei—, ARENA y la Democracia Cristiana, alarmaron a la población asegurando que de ganar el FMLN se legalizaría el aborto y se le negaría el derecho a nacer a miles de criaturas. El arzobispo llegó a exigir a los candidatos un pronunciamiento expreso sobre el tema.

Mauricio Funes, el candidato presidencial del FMLN, cedió a la presión e integró en su campaña el rechazo al aborto, postura que mantuvo durante todo su mandato.

En El Salvador gobernado por el FMLN jóvenes violadas son condenadas a penas de hasta 30 años de cárcel por abortar

En 2013, durante el Gobierno de Mauricio Funes, hubo un polémico fallo de la Justicia en el 'caso Beatriz', una joven de 22 años a la que se le impidió someterse a un aborto terapéutico al ser enferma de lupus y sufrir graves problemas renales.

En este caso fueron los propios médicos que la atendieron los que advirtieron que si seguía adelante con la gestación el feto solo podría vivir unos segundos dado que padecía de anencefalia (falta de parte del cerebro).

La Sala Constitucional de la Corte Suprema rechazó esos argumentos, que hizo propios también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aseguró que la joven no corría ningún peligro. “Este tribunal defiende que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del que ha de nacer ni viceversa”, dijo la sentencia. El feto murió a las cinco horas.

A menudo los médicos y médicas salvadoreñas advierten que para evitar ser procesados por facilitar un aborto o provocarlo sin pretenderlo al no darle quimioterapia o determinados medicamentos a una gestante con cáncer, optando por darle a esta medicamentos menos eficaces, ayudando con ello paradójicamente a la muerte diferida de la madre.

La BBC realizó en 2016 un amplio reportaje con testimonios dramáticos de personal sanitario salvadoreño que reconocía su impotencia ante la legislación vigente. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11% de los abortos con resultado de muerte de la madre que se practican en El Salvador son clandestinos.

En 2015 distintas organizaciones feministas y defensoras de los derechos civiles presentaron 300.000 firmas al Gobierno de Sánchez Cerén, a la Corte Suprema y a la Asamblea Legislativa demandando que se abriera un debate para la despenalización del aborto.

Actualmente hay otro caso en los tribunales, el de Imelda Palacios, de 20 años, que ha provocado gran polémica en el país. En un comunicado de junio pasado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador y otros colectivos denunciaron al juez por “la restricción al derecho a defender derechos”, dado que este reclamó a la Policía Nacional Civil que impidiera el acceso a la sala del juicio a grupos feministas.

La joven Imelda fue violada por su padrastro, Pablo Henríquez, desde los 12 años, y quedó embarazada de él en 2016. Después de 37 semanas de gestación en abril de 2017 un día en la letrina sintió fuertes dolores de vientre y, según su relato, sintió que “algo se desprendía del cuerpo”.

Pidió ayuda a gritos antes de desmayarse. La bebé había caído en la fosa séptica pero fue recuperada, sobrevivió. La prueba del ADN demostró que el violador era efectivamente su padrastro.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó su versión de que había expulsado al bebé accidentalmente y la acusó de “tentativa de homicio agravado”. El juez de Primera Instancia de Jiquilisco, en el sureste del país, podría condenarla a 22 años de cárcel.

En febrero pasado, la Corte de Justicia conmutó la pena de 30 años a otra mujer, Teodora Vásquez, pero solo después de pasar 11 años encarcelada, y en marzo corrió la misma suerte Maira Figueroa, que estuvo encarcelada desde 2003 acusada de practicarse un aborto.

De las más de 150 mujeres encausadas por casos similares, casi la mitad de ellas ya condenadas, la mayoría son analfabetas o semi analfabetas, pobres y solteras; solo un 6% de ellas tiene estudios superiores.

El ultraderechista partido ARENA, que podría hacerse con el poder en 2019, promete aumentar a 50 años de cárcel la pena tanto para las niñas o mujeres que aborten como a quienes las ayuden a hacerlo, equiparando así en todos los casos la interrupción voluntaria del aborto con la misma dureza que prevé el Código Penal para los homicidios agravados.

Brasil

El caso de Brasil bajo la presidencia de Dilma Rousseff es bien diferente al de otros países ‘del cambio‘ donde sus presidentes hicieron personalmente agresivas campañas contra el aborto, como Daniel Ortega y Rafael Correa; o evitaron reformar la legislación vigente, como en El Salvador, Venezuela, Argentina, Honduras bajo el Gobierno de Manuel Zelaya o Paraguay bajo Fernando Lugo.

Lula da Silva, que cumplió dos mandatos presidenciales consecutivos —2003-2010— antes de pasarle el testigo a Dilma Rousseff, intentó ampliar las causales para poder interrumpir legalmente un aborto, limitada en la legislación que heredó exclusivamente a los casos en los que hubiera serios riesgos para la vida de la madre, pero su proyecto para legalizar el aborto que se cometiera dentro de las primeras dos semanas de gestación fue derrotado en 2005 en el Parlamento por la tenaz oposición que encontró en las fuerzas de la oposición y el poderoso bloque parlamentario evangélico.

En 2007, en vísperas de la visita del Papa Benedicto XVI a Brasil, el país con más católicos del mundo, Lula da Silva declaraba: “Como ciudadano, soy contrario al aborto. Y no creo que haya ninguna mujer en este país que sea favorable al aborto como si fuera algo que la gente quiere hacer. Pero como jefe de Estado estoy a favor de que el aborto sea tratado como una cuestión de salud pública, atendiendo a las personas que tienen un embarazo no deseado”.

El proyecto de Lula da Silva para permitir el aborto hasta las 12 meses de gestación fue rechazado por el Parlamento brasileño en 2005

La visita del Papa se produjo solo dos meses después de que el ministro de Salud brasileño, José Gomes Temporao, hablara de la posibilidad de que el Gobierno convocase un plebiscito para consultar a la población sobre una eventual legalización del aborto.

La fuerte oposición con que se encontró esa propuesta hizo también que el Gobierno decidiera no presentarla.

Dilma Rousseff fue la mandataria latinoamericana que más luchó por los derechos de la mujer

Cuando Lula al fin de su segundo mandato propuso a su formación política, el Partido de los Trabajadores (PT), que fuera una mujer, Dilma Rousseff, la candidata a las elecciones presidenciales para sucederlo, la derecha y los líderes religiosos volvieron a lanzar una campaña mediática y en la calle para descalificarla, mostrándola como una suerte de representante del demonio en la tierra.

Dilma Rousseff era conocida por su defensa de los derechos de la mujer y había sido militante en los años 70 de la Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera (POLO) y posteriormente de COLINA y de VAR Palmares, uno de los grupos guerrilleros más poderosos que combatió contra la dictadura militar. Fue detenida en 1970, torturada y condenada a tres años de cárcel.

En 2010, cuando el Ministerio de Salud mostraba que un tercio de los embarazos terminaba en abortos y que una de cada siete menores de 40 años había abortado al menos una vez, la encuestadora Datafolha hizo un amplio muestreo sobre la posición de la población ante una eventual legalización del aborto.

El resultado fue que un 71% de los brasileños y brasileñas rechazaban totalmente la posibilidad de una reforma de la ley. Solo un 7% se mostraba partidario de legalizarlo.

Al participar en una conferencia sobre derechos humanos ese año Lula dijo: “¿Cuántas señoras van a abortar hasta en el extranjero y cuántas mueren en la periferia de los grandes centros urbanos de Brasil?”.

Desde 2008, Dilma Rousseff se había declarado partidaria de legalizar el aborto y el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, edulcoró sus posiciones ante la primera vuelta de las elecciones de 2010 al comprobar su equipo de campaña que perdía apoyos aceleradamente entre sectores de la población muy influenciados por las iglesias evangélicas.

Su principal contrincante, el socialdemócrata José Serra, le reprochó su cambio durante un debate televisivo: “En algunas entrevistas antes de las elecciones usted se ha mostrado dudosa sobre la existencia de Dios, pero ahora parece haberse vuelto devota. Yo no defendí nunca el aborto, pero usted sí, y ahora ha pasado a decir lo contrario”.

La candidata del PT cambió su postura de apoyo al aborto ante el tenaz rechazo de la oposición, la Iglesia y más del 70% de la sociedad

Se asegura que fue el propio Lula quien le recomendó que se reuniera con los principales religiosos de la Iglesia Católica y Evangélica para asegurarles que si ganaba en la segunda vuelta no intentaría legalizar el aborto. La candidata lo hizo y estos le exigieron que se comprometiera por escrito en un “Mensaje a los cristianos” que ellos se encargarían de dar a conocer a sus feligreses.

El 15 de octubre de ese año, antes de la segunda vuelta, la todavía candidata presidencial del PT dirigió ese mensaje: “Si soy electa presidente no tomaré la iniciativa de proponer alteraciones de la legislación del aborto y otros temas concernientes a la familia”.

En la misma carta la candidata se comprometía a modificar artículos de un proyecto de ley contra la discriminación de los homosexuales que se tramitaba en ese momento en el Senado, de manera que no violaran “la libertad de creencia, culto y expresión”.

“Con estas aclaraciones, espero contar con todos ustedes para detener la sórdida campaña de calumnias orquestada contra mí”, terminaba la carta de Dilma Rousseff. Dos semanas después se realizaba la segunda vuelta de las elecciones.

Si en la primera vuelta Dilma Rousseff había conseguido un 46,91% de los votos, en la segunda alcanzó el 56,05%, convirtiéndose así en la primera presidenta de Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes.

Durante su mandato, en 2012, el Tribunal Supremo ratificó la Ley Maria da Penha creada al inicio del primer mandato de Lula y considerada como una de las mejores leyes contra la violencia de género por la ONU.

Tres años más tarde, en 2015, se promulgó también la Ley de los Feminicidios que convirtió los crímenes contra mujeres en crímenes de odio. En 2015, también por iniciativa de la presidenta se reconvirtió la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República en Ministerio de las Mujeres, de la Igualdad Racial y de los Derechos Humanos (MMIRDH).

En 2016 tras la destitución de la presidenta a través de la gran farsa del impeachment el Gobierno interino encabezado por el que fuera su vicepresidente, Michel Temer, del neoliberal Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y luego convertido en presidente, rebajó el nivel institucional y quitó funciones a dicho ministerio.

Chile

Chile, al igual que la Nicaragua de Daniel Ortega, abolió la ley que autorizaba el aborto terapéutico. En este caso databa de 1931 y su regulación estaba incluida en el Código Sanitario —modificado parcialmente en 1968—, pero el régimen que lo derogó, en 1989, fue la dictadura militar derechista de Augusto Pinochet, meses antes de que celebraran las primeras elecciones ‘tuteladas’ desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en 1973.

El artículo 119 modificado quedó en aquel momento así: “No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo objetivo sea provocar un aborto”.

La derecha y la Iglesia católica reclamaban esa medida desde hacía años. Poco después del golpe de 1973, la junta militar nombró una comisión para reformar la Constitución. Entre sus miembros estaba un ex senador y fundador de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán. Como otros de los miembros de esa comisión se declaraba “defensor a ultranza de la vida”... pero fue uno de los grandes partidarios de la pena de muerte.

“Ningún derecho humano es absoluto, porque el ser humano no es absoluto. De manera que los únicos derechos absolutos son los derechos de Dios, de un ser absoluto”, decía Guzmán para justificar por qué la mujer no tenía derecho a decidir sobre su reprouctividad y vida sexual, según se lee entre las casi 300 páginas del tercer tomo de las actas de la Comisión Constituyente de 1974.

En Chile la dictadura de Pinochet derogó en 1974 el aborto terapéutico existente desde 1931 pero Michelle Bachelet lo restauró en 2017

Con respecto al aborto decía Guzmán cosas como estas: “La mujer está obligada siempre a tener el hijo, en toda circunstancia, como parte de la cruz que Dios pueda colocar al ser humano. La madre debe tener al hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte.”

Si bien la propuesta de Guzmán no fue finalmente recogida, años más tarde, en 1980, al promulgarse la nueva Constitución reformada se estableció claramente que “La Ley protege la vida de aquel que aún está por nacer”.
Guzmán, asesor político y jurídico de la dictadura de Pinochet, murió en 1991 en un atentado contra él del grupo de izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Cuando la socialista Michelle Bachelet ganó las elecciones en 2006 las feministas chilenas estaban convencidas que la primera mujer presidenta abriría el debate sobre el aborto y se terminaría legalizándolo. Hija de un general que se mantuvo fiel al presidente Salvador Allende, muriendo en la cárcel durante la dictadura de Pinochet, Michelle Bachelet había sido también detenida y torturada al igual que su madre.

Médica, como lo era Allende, siempre defendió el derecho de la mujer a ser dueña de su propio cuerpo, pero durante su primer mandato —2006-2010— la dirigente socialista eludió el debate parlamentario sobre el aborto. Solo ocho años antes, en 1998, Pinochet había dejado de ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ‘tutelando’ la transición democrática, y desde ese momento hasta 2002 fue senador vitalicio.

Bachelet estaba convencida de que aún no había condiciones para introducir ese debate y que los diputados y senadores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el principal aliado con el que contaba en la coalición de gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia, rechazarían cualquier innovación sobre el tema.

Poco después de terminar su primer mandato, en 2011, un informe de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional mostraba que 17 mujeres eran violadas y 34 eran víctimas de abusos sexuales cada día en Chile, 38 de las cuales eran menores de edad.

En ese mismo año 2011 la ya ex presidenta Michelle Bachelet fue nombrada primera directora ejecutiva de ONU Mujeres centrándose en la lucha por los derechos de la mujer en el mundo, y fue durante su segundo mandato como presidenta de Chile, tras su nuevo triunfo electoral en 2014, que planteó el debate parlamentario sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Bachelet sentía que había llegado el momento de hacerlo. Estaba entonces al frente de una coalición más amplia y con más presencia de fuerzas de izquierda. A los cuatro partidos que habían integrado la Concertación se unieron el Partido Comunista (PCCh), Izquierda Ciudadana (IC), el Movimiento Amplio Social (MAS) e independientes de centroizquierda, lo que le permitió un segundo mandato más reformista.

Durante su segundo mandato Bachelet también creó el Ministerio de la Mujer y se aprobó el matrimonio homosexual

En 2015 se aprobó el Acuerdo de Unión Civil (AUC), matrimonio entre personas del mismo sexo, y también ese año se promulgó la Ley de Cuotas por la que se pasó a exigir a los partidos políticos que hubiera al menos un 40% de mujeres candidatas en los procesos electorales.

En 2017 se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y finalmente, en agosto de ese mismo año, solo meses antes de abandonar el poder, Chile votaba tras dos años de debates y recursos de la derecha ante el Tribunal Constitucional, la restauración del aborto terapéutico en tres supuestos: riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación.

No tenía la amplitud que quería Michelle Bachelet; a pesar de ello la derecha política y mediática y la Iglesia católica y evangélica la demonizaron, mientras que partidos de izquierda y organizaciones feministas consideraron excesivamente limitado lo logrado, solo una primera etapa en la batalla por conseguir el aborto libre.

El nuevo Gobierno del conservador Sebastián Piñera que llegó al poder en marzo pasado —fue ya presidente entre 2010 y 2014— fue recibido con movilizaciones feministas callejeras y ocupación de universidades en todo el país convocadas por la Mesa de Acción por el Aborto en Chile (MAACH).

Un grupo de diputadas del Frente Amplio y de otros partidos de izquierda, respaldados por la MAACH han presentado también en agosto pasado, coincidiendo con el primer aniversario de la aprobación del aborto terapéutico, un proyecto de ley para la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación.

También en agosto pasado, cinco meses después de dejar su cargo, la dos veces presidenta de Chile fue nombrada Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En un escrito de Bachelet sobre los cambios en la situación de la mujer latinoamericana en los últimos 25 años concluía: “Mientras las mujeres que en América Latina representamos cerca del 51% de la población nos mantengamos subrepresentadas en los Gobiernos y Congresos, seguirá siendo cierto aquello de que la ‘República Americana es una oligarquía de hombres’, como declaró en su momento la Asociación Americana para el Sufragio de las Mujeres”.