Laboral
Unipost: cerrado por derribo

Unipost adeudaba a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras importantes cantidades salariales. Según las informaciones que nos proporciona la sección sindical de CGT en dicha empresa, dichas cantidades correspondían al 60% de la paga extra de verano del ejercicio 2016, así como las pagas extras de navidades 2016, verano 2017, media nómina de junio de 2017 y media nómina del mes de julio del mismo año. La empresa acumulaba una deuda declarada de casi 50 millones de euros, entre las que constaban deudas con Hacienda, Seguridad Social, entidades públicas, bancos y resto de proveedores, incluidas decenas de franquicias que tuvieron que echar el cierre.

En noviembre de 2017, sin que se hubiera emitido aún la Administración Concursal un informe sobre la viabilidad de la compañía, se presentó un ERE a la totalidad de la plantilla que se cerró sin acuerdo por parte de la representación sindical. EL sindicato CGT, con fuerte asentamiento en la empresa, presentó alegaciones y se opuso al mismo. Posteriormente, el 18 de enero de 2018, se emitió un auto que concedía la extinción de todos los contratos de la plantilla por fases: una primera fase de extinciones de 442 contratos sin cierre de centro y una segunda fase, que sí conllevaba el cierre de centros de trabajo, y que suponía el despido de otros 359 trabajadores.

CGT ha impugnado colectivamente el ERE a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras afectadas, ya que estima que no concurren las causas legales para el mismo

De hecho, el ERE comenzó antes de que hubiera un auto judicial, y la Administración concursal solicitó la liquidación de Unipost ante los continuos fraccionamientos de nóminas y el impago de la paga extra de navidad de 2017; las deudas seguían acumulándose a pesar de estar en concurso de acreedores, deudas que, como se ha indicado, no sólo afectaban a los trabajadores de la empresa.

Por este motivo, los tribunales concedieron un plazo de 40 días para que Unipost fuera comprada o, en caso contrario, entraría en proceso de liquidación. El 17 de febrero de 2018 se agotó dicho plazo sin que apareciese ningún comprador, por lo que Unipost, que no presentó recurso alguno en el plazo establecido, ha entrado en fase de liquidación. Según informaciones trasladadas por parte de la Administración Concursal y el propio juzgado, ha habido empresas interesadas en este proceso de compra, pero no se ha hecho pública ninguna oferta finalmente.

Surgen dudas más que razonables si entendemos la posición estratégica de dicha empresa, que era líder indiscutible dentro de las empresas privadas de su sector. Parece extraño que ningún comprador haya estado interesado en aprovechar la infraestructura de Unipost; también parece extraño que haya continuado la acumulación prolongada de la deuda aún en proceso de concurso de acreedores o la falta de recurso alguno tras la decisión del tribunal por parte de Unipost.

Visto en perspectiva, pareciera que el objetivo era el cierre a toda costa, ya que las primeras impresiones nos indican que ha habido una gran falta de voluntad para reflotar o sanear la empresa en esta fase final

De hecho, los problemas legales en los que se ha visto envuelto el director general de la empresa, Pablo Raventós, han afectado directa o indirectamente a este proceso. Esta es una cuestión es indiscutible. Unipost fue investigada, de hecho, por su posible colaboración en el referéndum celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre.

El 26 de febrero de 2018 la Administración Concursal reunión a las Secciones Sindicales de Unipost en Barcelona para comunicarles que, en los 15 días fijados legalmente, presentaría el informe de liquidación correspondiente y que la fecha para el cierre definitivo de Unipost sería el próximo 30 de abril de 2018. Esto conllevaría otras cuatro fases más de extinciones hasta la liquidación total de la empresa.

También se informó del despido de Pablo Raventós, que había sido director general de Unipost hasta ese momento. Dicho despido fue reclamado ante la Administración Concursal por parte de CGT con anterioridad, ya que Pablo Raventós cobraba unos 35.000 € mensuales (aún con la enorme deuda que la compañía declaraba). Raventós, por otra parte, fue detenido cuando se llevó a cabo el registro de varias sedes de la compañía en busca de pruebas y facturas por los servicios que supuestamente la Generalitat contrató para el referéndum del 1 de octubre.

A fecha 3 de marzo de 2018 aún se adeudaba a los trabajadores y a las trabajadoras de Unipost media nómina de enero (a buena parte de la plantilla) y la totalidad de la nómina de febrero (a toda la plantilla).

En el mes de marzo se han acometido otras dos fases más del ERE, con 244 y 499 compañeros y compañeras despedidas, quedando en plantilla a día de hoy poco más de 500 personas (apenas un 25% de la plantilla existente a principios de la negociación).

Mientras tanto, la mayoría de clientes se han marchado de la compañía, bien por acuerdos o bien alegando incumplimiento de los contratos, quedando muy poco trabajo en la mayoría de las oficinas que aún siguen en pie (apenas 22 de las 81 que empezaron).

La empresa tiene previsto cesar su actividad en el mes de mayo por completo.