Coronavirus
Pandemia (y) política

Centrándonos en el caso español, que es el que mejor conocemos y más nos afecta, podemos asegurar que en cuanto a fallos imperdonables nuestra posición está bastante por encima de la media europea; aunque por supuesto que hay que distinguir entre el papel desempeñado por los trabajadores de la sanidad, transporte, limpieza y el resto de servicios públicos (cuya entrega y buen hacer han sido positivamente valorados) y los responsables políticos de las medidas aplicadas.

Es cierto que se trata de una pandemia de origen y tratamiento desconocidos hasta ahora, por lo que las autoridades sanitarias han tenido que improvisar, en muchos casos, bajo la presión del tiempo y las crecientes cifras de contagios. En ese sentido es evidente que algunas de las decisiones pueden haber sido equivocadas o poco eficaces; tales equivocaciones entran en lo previsible y justificable.

Pero lo que no se puede aceptar como normal, aunque en nuestro país sea moneda corriente, es que por intereses o por estrategias de la política se hayan hecho tantas cosas mal y se haya criticado tanto a las administraciones gobernadas por el partido contrario, mientras se tapaba o se defendían fallos de similar o superior calado si los errores los habían cometido los del propio partido.

Lo primero que la pandemia ha puesto en evidencia es el daño infligido al sistema sanitario por las políticas de recortes y privatizaciones aplicadas en los últimos años por los sucesivos gobiernos.

La falta de personal y de medios ha quedado patente desde el primer envite de la pandemia, hace ahora casi un año, saturando los hospitales – especialmente las UCI – y dejando a otras áreas del sistema, como la atención primaria, sin el personal imprescindible para su buen funcionamiento.

Otra de las lacras que ha emergido con todo su dramatismo es la situación de abandono y falta de cuidados en que malviven miles de personas mayores en las residencias de la tercera edad, un sector éste que dejado en manos privadas se ha convertido en un atractivo negocio para empresas y personajes con muy pocos escrúpulos, donde el control de las autoridades parece que ha sido demasiado laxo.

Por mucho que unos y otras se empeñen en decir que las respuestas de los respectivos gobiernos (estatal, autonómicos y municipales) ha sido correcta y eficaz, lo cierto que se han producido errores de bulto en prácticamente todos los ámbitos de la gestión política. Desde la tardanza y el desconcierto de las primeras semanas (restando gravedad al problema o negando la necesidad de las mascarillas, seguramente porque no las había) a las militarizadas ruedas de prensa o las trifulcas por el rigor de las medidas de aislamiento, hemos podido ver a muchos políticos con cargo y sueldos públicos más interesados en rentabilizar la situación que en buscar la unidad y la eficacia en una lucha común contra el covid-19. Para mucha gente ha quedado la impresión de que, ante todo, se ha pretendido salvar la actividad economía de sectores como el turismo o el gran comercio (ahí quedan esas relajaciones del confinamiento para “salvar” el verano o las navidades) en lugar de volcarse con las familias que peor lo están pasando. Lo de aprovecharse del cargo para vacunarse antes de que les toque lo dejaremos en que son unos cientos de manzanas podridas.

Y si la gestión del tema sanitario ha tenido todos estos borrones, tampoco la respuesta del Gobierno a la crisis social y económica que la pandemia ha traído pareja ha sido tan acertada como se afirma desde espacios hoy más cercanos al poder. Las medidas que se han ido tomando iban, en su mayor parte, en la dirección adecuada pero se han quedado a mitad de camino: ni el ingreso mínimo vital (el IMV, que apenas ha llegado al 12% de la gente prevista) ni las tardías disposiciones para impedir desahucios y cortes de luz, agua y gas han evitado el avance de la pobreza. Por si fuera poca cosa la tibieza de las medidas, también se mueven los hilos para nuevos recortes a las pensiones y los servicios públicos. La excusa esta vez serán las condiciones impuestas por la UE para entregar los prometidos 140 000 millones en préstamos y ayudas.

Como tantas otras veces la reacción de la propia sociedad autoorganizada ha sido mucho más rápida que la respuesta de los gobernantes. Se ha visto con la recogida y reparto de comida para las familias sin recursos, en la ayuda a las personas mayores, con la solidaridad vecinal durante la gran nevada, etc. Conviene dejar claro que la crítica razonada a la gestión del gobierno de progreso no puede confundirse con las campañas furibundas de la extrema derecha, cuyo nada oculto objetivo es  acabar con los servicios públicos.