El movimiento ecologista e importantes científicos llevan años avisando sobre el cambio climático y sus graves consecuencias para el planeta; especialmente para los seres que lo habitamos. Salvo los negacionistas más contumaces, nadie pone en duda hoy la evidencia de que la subida de las temperaturas ha pasado de ser una amenaza cercana a convertirse en una realidad muy presente.
En nuestro país ese cambio es todavía más visible que en otras latitudes, aunque los síntomas se perciben ya en todos los continentes y océanos. Fenómenos como la Dana del pasado 29 de octubre en Valencia o la ola de calor y los voraces incendios de estos días en la mayoría de comunidades tienen una relación bastante directa con esos cambios medioambientales que los estados y la grandes empresas no han querido abordar en serio, a pesar de las 29 conferencias sobre el clima que ya han celebrado.
No es necesario extenderse demasiado sobre el dolor y las pérdidas de todo tipo que estas tragedias representan para nuestra sociedad, sobre todo para las zonas directamente afectadas y las personas que las han sufrido en sus familias y bienes personales (viviendas, cultivos, ganados, recuerdos, etc.).
Aunque catástrofes de estas magnitudes suelen desbordar todas las previsiones y los medios para superarlas, no es menos cierto que siempre queda en evidencia que los recursos son insuficientes y que los responsables de gestionarlos no suelen destacar por su eficacia y dedicación. Me refiero a los cargos públicos, no a bomberos y demás profesionales que demuestran en cada situación una entrega y una capacidad encomiables, a pesar de la permanente falta de personal y medios técnicos para el eficaz desempeño de sus labores.
Las plantillas de bomberos forestales son insuficientes, no reciben formación ni EPI imprescindibles para su arriesgado trabajo, sufren contratos temporales, subcontratación, bajos salarios, jornadas extenuantes de 14 horas o más, cuando están apagando un incendio comen un simple bocadillo y descansan sobre el suelo, etc.
El Estado y las comunidades autónomas en su conjunto han reducido en los últimos 13 años el gasto en prevención de incendios forestales, pasando de 364 a 176 millones. Unas cantidades absolutamente irrisorias como se está viendo este verano, en el que la falta de personal profesional y medios técnicos ha obligado en muchos pueblos a que hayan tenido que ser los vecinos los que se enfrenten a los fuegos, sin la preparación y los equipos necesarios, poniendo en peligro sus casas y sus vidas. Dos de esos valientes vecinos ya la han perdido y hay varios heridos graves.
Ante la falta de inversiones tan necesarias para proteger algo tan valioso como los montes y las gentes que los habitan, no podemos dejar de sorprendernos por el contraste entre la tacañería de los políticos en presupuestos para la conservación del medioambiente y la magnanimidad con que aumentan sus propios sueldos o el gasto en seguridad y defensa; precisamente este año el Gobierno dedicará 10.000 millones más al presupuesto militar para alcanzar el 2´1% del PIB.
El Estado y las comunidades autónomas en su conjunto han reducido en los últimos 13 años el gasto en prevención de incendios forestales, pasando de 364 a 176 millones.
Para que nos hagamos una idea: con lo que cuesta un F35 (el moderno avión de combate que habría que comprar a EE.UU.) se pueden comprar cinco aviones cisterna Canadiar franceses para combatir eficazmente los fuegos en nuestros montes.
Solo hemos hablado de cómo enfrentarse a los incendios. Pero una buena política para defender los bosques y su riqueza vegetal, animal y paisajística debería cargar más las tintas en la prevención: trabajos de brigadas forestales durante todo el año, convertir a todos los bomberos en personal de las administraciones públicas y acabar con el negocio de las empresas privadas, mantener la escuela y demás servicios públicos en pequeñas poblaciones, subvencionar la agricultura y la ganadería extensivas, apoyar la apicultura y otros muchos trabajos tradicionales de esos pueblos que algunos quieren vaciar para dedicar sus tierras a macrogranjas o cultivos intensivos y sus casas al turismo rural.
Claro que para eso igual habría que cambiar también de modelo político y económico. Es cuestión de ir pensando, proponiendo y organizando.
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
