África
La comunidad sostiene las vidas vulnerables en Nairobi durante la pandemia

Las llamadas al móvil de Rachel Mwikali no cesan. No tiene horario, ni plan diario ni privacidad, apenas. Universitaria, activista feminista y defensora de los derechos humanos, se ha convertido en una figura de apoyo importante en su comunidad. Desde el día en el que se confirmó el primer caso de coronavirus en Kenia, el pasado 13 de marzo, inició una campaña de ayuda comunitaria en Mathare, el asentamiento informal donde reside en Nairobi. Conoce de primera mano cuáles son las amenazas y dificultades de la población de esta comunidad, como la falta de acceso al agua y al aseo personal, la incapacidad de mantener una distancia física de seguridad y la necesidad de trabajar cada día para poder comer.

A través de la red Coalition for Grassroots Human Rights Defenders Kenya, que ella misma gestiona, está consiguiendo llegar a las familias más vulnerables de su zona para repartir mascarillas, comida y productos de higiene menstrual, a la vez que lucha para conseguir puntos de agua accesibles y brindar información contrastada sobre el virus, ya que “la dada por políticos no era precisa”, explica.

La desinformación es una amenaza para todas esas personas que no tienen acceso a los comunicados oficiales de un gobierno en el que no confían, y aquí es donde entra en juego el papel de la comunidad

La desinformación es una amenaza para todas esas personas que no tienen acceso a los comunicados oficiales de un gobierno en el que no confían, y aquí es donde entra en juego el papel de la comunidad. En Kibera, otro asentamiento informal de la capital keniana, artistas locales pintan murales con mensajes sobre la prevención del coronavirus en sheng, la jerga suajili usada por la mayor parte de la población.

“La gente confía en la comunidad”, explica el diseñador de moda David Avido, que ha hecho más de 11.000 mascarillas que reparte gratuitamente, ya que son de uso obligatorio y hay gente que no las puede pagar. “Yo solía ir a dormir con hambre al menos dos días por semana cuando era pequeño así que conozco las dificultades” a las que se enfrentan los habitantes de Kibera, comenta el joven.

La vida en los suburbios se endurece

En un país en el que el 56% de la población vive en asentamientos informales urbanos, las principales medidas de prevención son prácticamente imposibles y el miedo a pasar hambre es mayor. De nuevo, los que menos tienen acaban pagando el precio más alto. A 22 de mayo Kenia había confirmado 1.161 infectados y había hecho algo más de 55.000 tests. Los casos se concentran sobretodo en Nairobi y en la ciudad costera de Mombasa, y las medidas preventivas del gobierno –establecidas muy rápidamente desde la detección del primer caso– han sido cerrar las fronteras, implantar un toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana, cerrar colegios y negocios, regular la capacidad de los autobuses urbanos, confinar los condados más afectados del centro y el este del país (Nairobi, Mombasa, Kilifi y Kwale) y recientemente también el barrio marginal de Eastleigh en Nairobi y la zona de Old Town en Mombasa durante 15 días, por ser focos de contagio importantes.

El 1 de mayo el gobierno empezó a hacer pruebas masivas de coronavirus a los habitantes del asentamiento informal de Kawangware, al que le seguirán Eastleigh y Kibera más adelante. Las personas que dan positivo son obligadas a ir a un centro de aislamiento gratuito, mientras que sus contactos van a un centro de cuarentena que hasta el 6 de mayo tenían que pagar de su bolsillo, hecho desalentador para muchos que decidían escapar del centro o no ser testados directamente.

Las personas que dan positivo son obligadas a ir a un centro de aislamiento gratuito, mientras que sus contactos van a un centro de cuarentena que hasta el 6 de mayo tenían que pagar de su bolsillo

En términos de derechos humanos, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia, Irũngũ Houghton, apunta que el covid-19 “ha creado condiciones no solo para que se viole el derecho a la asistencia sanitaria sino toda la Constitución, ya sea el derecho a la educación con el cierre de escuelas; el derecho a la vida con la violencia policial; el derecho a comida; el derecho a un refugio o el derecho al agua”.

El parón económico que está viviendo el país se está notando en las casas de sus habitantes más humildes y la incertidumbre les genera preocupación. “La gente tiene miedo a subirse a un Boda Boda (moto taxi) por culpa del virus, y los picos de trabajo coinciden ahora con el toque de queda así que es difícil para nosotros”, explica un motorista de Kibera al que conocen como Baqteria. Por otro lado, a Dolphine Anyango, que vende tilapia frita en la calle,  le preocupa que “el coronavirus siga porque esto significa que el negocio disminuirá y ¿cómo voy a alimentar a mi familia y a mi misma?”, se pregunta.

Violencia policial sistemática

Kenia tiene un largo historial en cuanto a violencia policial se refiere y así se confirmó durante los primeros días del toque de queda, que empezó el 28 de marzo. “En las últimas seis semanas hemos registrado al menos 18 muertos [8 en la primera semana] y hasta 50 heridos graves”, explica Irũngũ Houghton, entre los cuales había un niño de 13 años. No obstante, reconoce que la violencia desatada de los primeros días se ha reducido después de que varios grupos de derechos humanos hicieran presión. Como respuesta hubo una disculpa presidencial y se tomaron medidas disciplinarias contra esos funcionarios que violaron la ley, pero las palizas y asesinatos siguen sucediendo con aparente impunidad a día de hoy.

“La gente le tiene más miedo a la policía que al virus”, cuenta Francis Odhiambo, un vecino de Kibera que implementó una red de distribución de comida para las familias de los niños que participan en el programa de su fundación, la Cheza Cheza Dance. Con el apoyo de otras organizaciones pudieron repartir paquetes de comida para cuatro semanas a un total de 2000 familias, guías educativas para los niños y compresas para las niñas y mujeres. “Solo la gente de Kibera ayudará a Kibera de verdad porque conocen los obstáculos, y eso crea unidad y amor y ahí es cuando la comunidad puede crecer”, explica convencido.

Las mujeres a la sombra

Mientras que durante el día la gente puede salir a la calle y organizarse, a partir de las 7 de la tarde desaparece toda autonomía. En situaciones de tensión como las actuales, las mujeres suelen ser el último eslabón. No adoptar  medidas con perspectiva de género ha provocado un aumento preocupante de las denuncias por violencia contra las mujeres: entre febrero y marzo de este año las llamadas de denuncia han aumentado un 33,73% según estadísticas nacionales. Los abusos no vienen solamente de familiares o conocidos, sino también de los oficiales de policía. La activista Rachel Mwikali apunta que “según la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, el mecanismo que se tiene que aplicar cuando hay un toque de queda o problemas de seguridad es desplegar mujeres policía en las comunidades, como en la que vivimos, y así si una mujer tiene que ir al hospital por la noche o hay un caso de violencia, pueden dar apoyo”.

Muchas mujeres y niñas se han visto desprovistas de productos de higiene menstrual por el cierre de los colegios y la falta de ingresos, lo que implica una vulneración de derechos

Debido a esta desprotección oficial ella, junto a su red de activistas, intentan ayudar a las mujeres en situaciones vulnerables pero su alcance tiene límites. “Este mes hemos perdido a una mujer embarazada en la comunidad porque empezó a sentir presión (en la barriga) pero fue durante el toque de queda y la gente tenía demasiado miedo de salir fuera”, se lamenta, de manera que no consiguió ser atendida por un médico a tiempo.

Por otro lado, muchas mujeres y niñas se han visto desprovistas de productos de higiene menstrual por el cierre de los colegios y la falta de ingresos, lo que implica una vulneración de derechos. “La menstruación no se para ante la violencia o el covid-19, la menstruación continua y no se ha puesto ningún mecanismo” para cubrir esta necesidad, reconoce la joven, de manera que lo asume la red comunitaria. 

La sensación de desprotección es casi absoluta para la mayoría de los habitantes de los suburbios de Nairobi y aunque de momento el avance del virus en el país y el continente es lento, el teléfono de Rachel Mwikali no deja de sonar, haciendo aún más palpables las consecuencias sociales de la pandemia.