Acuerdos comerciales
El TJUE declara ilegales las disputas bajo el Tratado de la Carta de la Energía entre países de la UE

Victoria de las organizaciones de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las disputas intracomunitaruas basadas en el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) son incompatibles con la legislación de la Unión. La decisión supone la ilegalidad de los procesos abiertos entre un inversor de la UE y un Estado miembro de la UE basadas en este polémico tratado.

Con el fallo quedan en entredicho toda una serie de demandas actualmente curso por valor de miles de millones de euros. Es el caso de las demandas que las energéticas alemanas RWE y Uniper —de 1.400 y 1.000 millones, respectivamente— reclaman a los Países Bajos, tras la decisión de este país de abandonar el carbón en 2030, en virtud de la crisis climática y los compromisos internacionales relativos a la misma.

Así, la interpretación del TJUE impide que inversores y multinacionales europeas puedan usar el TCE para demandar a los gobiernos cuando consideren que medidas climáticas como la tomada por los Países Bajos vayan en contra de sus intereses económicos.

Abogados privados al mando

El TCE es un acuerdo firmado por 53 países, en vigor desde 1994, que busca regular el mercado energético. El tratado tenía como fin proteger a los inversores extranjeros del sector y garantizar el suministro energético desde los países de Europa del Este. Sin embargo, permite, a través de un mecanismo ISDS de solución de controversias entre inversores y Estados, que multinacionales e inversores puedan demandar a una nación si consideran que se ha legislado en contra de sus intereses económicos o que nuevas leyes puedan poner en peligro las ganancias esperadas, independientemente de si esos intereses provoquen la crisis climática o no.

Se trata de “un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tres abogados privados que se reúnen a puerta cerrada para decidir si un país tiene que pagar o no sumas millonarias de dinero público a los inversores”, denuncian desde Ecologistas en Acción.

España es el país más demandado bajo el TCE por el recorte a las renovables y la cantidad reclamada asciende a más de 10.000 millones de euros.

Tal como recuerdan desde Ecologistas en Acción, organización integrada en la campaña No a los tratados de inversión, en 2018 el TJUE ya decretó, a través de la llamada sentencia Achmea, que las normas ISDS de los Tratados Bilaterales de Inversión entre países de la UE eran incompatibles con la legislación europea, ya que vulneran el poder de los tribunales de la UE.

La nueva sentencia “puede significar el principio del fin de un tratado que pone en peligro las políticas climáticas encaminadas a lograr el Acuerdo de París”, celebran desde la confederación ecologista.