Cientos de miles de personas piden la eliminación de los tribunales privados de arbitraje

Los tribunales exclusivos de arbitraje establecidos en distintos acuerdos comerciales y de protección de la inversión ya funcionan en España. Las cifras que se mueven en estos "mecanismos" de arbitraje no son anecdóticas: ahora mismo el Gobierno se arriesga a pagar 7.565,8 millones de euros en indemnizaciones, en un total de 36 demandas interpuestas por las multinacionales.

Pero esas cantidades pueden aumentar pronto, cuando las multinacionales expriman las ventajas que el acuerdo con Canadá les otorga en forma de mecanismo de arbitraje de disputas entre inversionistas y Estados (ISDS). 

Las sumas que el Estado puede verse obligadas a pagar crecerán también si la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea consigue sacar adelante su propuesta de creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones. Una idea, la del MIC (por sus siglas en inglés) que la Comisión lanzó después de tropezar con la piedra de explicar a la opinión pública las características de los mecanismos de arbitraje del tipo ISDS, y de que en las negociaciones de los últimos tratados —especialmente el que se firma con Japón— el mecanismo de arbitraje supusiera un escollo para la negociación.

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Para evitar que ese Tribunal Multilateral de Inversiones tome forma, esta mañana, media docena de militantes de la campaña No al TTIP (CETA, TiSA) han entregado en el Ministerio de Economía y Competitividad 417.000 firmas, recogidas a través de la web WeMove.Eu.

En la petición, solicita que el Ministerio "abandone los planes para establecer un tribunal multilateral de inversiones, que rechace los nuevos acuerdos comerciales y de inversiones que incluyan estos tribunales corporativos y que se comprometa a eliminar dichos tribunales de los acuerdos ya existentes".

La entrega de firmas ha querido presionar al Ministerio que aún dirige Luis de Guindos ante las distintas informaciones que sitúan en Sofía (Bulgaria), nuevas conversaciones para la puesta en marcha del Tribunal Multilateral de Inversiones, durante la reunión informal de ministros de Comercio.

La campaña contra los tratados de libre comercio denuncian los "cambios de nombre" de estos mecanismos y señalan que "el miedo a ser demandados por estos tribunales provoca que los gobiernos actúen con mucha más cautela a la hora de tomar decisiones. Los tribunales corporativos son una herramienta para presionar a los gobiernos y conseguir que estos reduzcan la protección de la ciudadanía o el medio ambiente".