Opinión
Mercosur: ahorro para la UE, expolio para Sudamérica

La Unión Europea se vuelve a blindar comercialmente. Tras casi 20 años de negociaciones, este fin de semana se aprobó el acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur —Mercado Común del Sur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, más otros Estados asociados—. Sin entrar en análisis políticos sobre si fue acertado o no expulsar a Venezuela de esta organización, en clave económica la Unión Europea se ahorrará unos 4.000 millones de euros en aranceles, aunque varias cuestiones quedan en el aire.

El libre comercio siempre lleva aparejada una injusticia comercial del contratante más fuerte frente al contratante más débil. En este caso, un Producto Interior Bruto más elevado no es la única garantía de la Unión Europea, también ser núcleo central de otros acuerdos comerciales como el CETA (con Canadá), el cuasi fallido TTIP (con Estados Unidos) o el último acuerdo comercial firmado recientemente con Japón.

En términos agrícolas se adivina una desigualdad muy patente en el horizonte. Si la producción de Sudamérica, pese a las altas emisiones de CO₂ que serían necesarias para importar sus productos, compensa más económicamente, esto provocará un cambio en el modelo productivo latinoamericano.

Uno de los ejemplos más evidentes es la producción de quinoa, que hace menos de una década era uno de los alimentos base de países como Bolivia o Perú y ahora se consume masivamente en Europa. Por otro lado, la agricultura y la ganadería europeas, ya bastante tocadas y subvencionadas en campos como la producción láctea, se verían resentidas por la importación de productos que ya no sería necesario producir aquí —teóricamente—, bajo la excusa de cumplir con protocolos como los acuerdos climáticos de París. Esto marca una senda peligrosa, con países que pagarán para que otros contaminen más que ellos.

Desde la propia Unión Europea, el comisario de agricultura Phil Hogan ha insistido en que habrá productos europeos especialmente protegidos. Serán los denominados “de alta calidad y regionales, protegidos por su indicación geográfica”. Esta definición es bastante ambigua y un continente en el que cabrían muchas cosas que no se especifican, si finalmente el acuerdo logra salir adelante. Para ello deberá todavía superar muchos trámites parlamentarios y la ratificación de todos los países miembros de la UE.

Respecto a la carne, habrá una tarifa preferencial para 99.000 toneladas —un 1,25 % del consumo total europeo—, cifra sobre la que después es previsible que se aplique algún tipo de gravamen, según las mismas fuentes.

En temas de transparencia, desde las instituciones europeas se advierte de que se protegerán los intereses de los productores de la UE, aunque no se dice nada de los productores sudamericanos.

en contradicción con los ods

Este acuerdo también choca con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda impulsada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para sustituir a los Objetivos del Milenio y que los Estados firmantes quieren implantar en 2030. En su segundo punto, se habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Según informes de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Latinoamérica un 4,7% de sus habitantes estaban en riesgo alimentario en 2014, porcentaje que aumentó en 2016 hasta llegar al 6,4%.

Este indicador también advierte de la propia desigualdad entre países de Mercosur, ya que el riesgo de hambre en Paraguay en 2016 estaba establecido en un 20,20%, mientras que en Argentina no superaba el 6%, cifra, del mismo modo, alarmante.

El punto octavo quiere conseguir la promoción de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. Aquí cabe preguntarse lo obvio: ¿es sostenible ese gran volumen de importaciones y exportaciones en condiciones económicas tan favorables? Los datos de la FAO aseguran que en los países en vías de desarrollo la mayoría de su población ocupada trabaja en el sector agrícola y esto supone la mayor parte de su PIB. En Sudamérica, entre el 40 y el 80% de las explotaciones agrícolas proviene de pequeños productores.

Trabajo infantil

Otra de las cuestiones de las que no se ha hablado al exponer este acuerdo ha sido qué pasará con países donde o no es ilegal que los niños trabajen o no se toman las suficientes medidas de control para que eso no ocurra.

La FAO estima que casi el 60% del trabajo infantil mundial se desarrolla en el ámbito de la agricultura, lo que comprendería a unos 100 millones de niños. Además, menos del 20% de los trabajadores agrícolas tiene acceso a protección social básica. Son aspectos que no interesa tratar con profundad en el acuerdo, a sabiendas de que Sudamérica es uno de los continentes con más desprotección laboral y económica.

Ni que decir tiene que la exportación de vehículos sin prácticamente aranceles será una operación económica que beneficiará a Europa, especialmente a Alemania, el mayor productor europeo de utilitarios. Bajo la excusa de un libre comercio, estos intercambios conseguirán no cumplir los acuerdos climáticos de París.

Esta coyuntura es más que previsible porque de esta maximización de los beneficios que supondría la supresión de aranceles también nacerían nuevas operaciones y el comercio entre ambos continentes se intensificaría. No se ha hablado de sanciones por un incumplimiento de emisiones todavía más acusado que el actual. Al fin y al cabo todos los acuerdos comerciales incumplen las emisiones de C0₂, incluso los propios países internamente, pero este tipo de tratados rompen con una supuesta línea mundial de reversión de los problemas acarreados, entre otras cuestiones, por la contaminación a escala mundial.

Por último, queda en el aire el ya evidente blanqueo de la Unión Europea ante la extrema derecha que representa Jair Bolsonaro. Tampoco se sabe si reclamará medidas especiales. Aunque Brasil es un gran actor económico en expansión, su presidente ya ha dado carta blanca a cuestiones como la esquilmación del Amazonas y ha autorizado operaciones que confrontan radicalmente con la postura —a caravista, aunque privada y económicamente lleve una línea totalmente diversa— de la Unión Europea en el tema medioambiental.