Acuerdos comerciales
La UE se salta sus directrices en la consulta sobre el Tribunal Multilateral de Inversiones

La Comisión Europea está presionando para la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC, por sus siglas en inglés) incluso mediante la tergiversación de los resultados de la consulta que llevó a cabo a principios de año.

Juncker y Rajoy en una reunión en Bruselas
Juncker y Rajoy en una reunión en Bruselas
Tom Kucharz

Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción.


publicado
2017-11-30 15:14

Después de la tramitación exprés del tratado neoliberal de comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá (CETA) –y con el TTIP con Estados Unidos en el congelador– la Comisión Europea está presionando a los Estados miembros para que aprueben el proyecto de mandato para establecer un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC) con el fin de expandir los privilegios del capital transnacional.

La Comisión Europea realizó una consulta sobre el Tribunal Multilateral de Inversiones desde el 21 de diciembre de 2016 hasta el 15 de marzo de 2017 y publicó un resumen de los resultados el 13 de septiembre de 2017 como anexo a la evaluación de impacto que acompaña el proyecto de mandato. La consulta fue altamente inadecuada y no permitió una participación efectiva y amplia. Bruselas tergiversó la consulta, alegando un respaldo para su propuesta que no reflejó correctamente las respuestas de los encuestados. Además, ignoró por completo los puntos de vista críticos expresados en la consulta.

Relacionado: La Comisión Europea “aparca” el ISDS para crear un Tribunal a la medida de las multinacionales

Se suele decir que los mecanismos que permiten a los cargos públicos, funcionarios y otros responsables de tomar decisiones políticas escuchar a la opinión pública son fundamentales para una democracia. Uno de los mecanismos más comunes es la consulta pública, que podría mejorar –en teoría– la transparencia y la legitimidad de la toma de decisiones de un gobierno.

Recordamos que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas garantiza el derecho de las personas a participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Además, la Convención de Aarhus compromete a los Estados a garantizar el derecho de participación pública en la toma de decisiones en materia ambiental.

Igualmente, los tratados de la Unión Europea exigen la consulta pública, que según las Directrices de la Comisión Europea "ayuda a que la legislación comunitaria sea transparente, bien dirigida y coherente". Estas directrices explican también que la consulta no debe considerarse "como una herramienta para validar posiciones determinadas" (o sea ya tomadas por la vía de los hechos).

En ningún momento la Comisión Europea formuló las preguntas fundamentales sobre la reforma del sistema ISDS

A la luz de dichas obligaciones de la UE con la consulta pública y los propósitos fundamentales expresadas en las directrices, la consulta de la Comisión Europea sobre el Tribunal Multilateral de Inversiones, una nueva propuesta para expandir los privilegios de las corporaciones en la protección de inversiones, es particularmente decepcionante.

La consulta consistió en preguntas muy dirigidas y de opción múltiple, pidiendo a los encuestados que calificaran la importancia de ciertos cambios de procedimiento propuestos para el régimen de arbitraje de inversiones (ISDS). Este sistema permite a inversores (corporaciones, bancos, especuladores, etc.) demandar a gobiernos ante tribunales internacionales con árbitros especializados en la solución de diferencias relativas a inversiones internacionales si consideran que algunas medidas gubernamentales, decisiones parlamentarias y fallos judiciales va en detrimento de sus ganancias.

En ningún momento la Comisión Europea formuló las preguntas fundamentales sobre la reforma del sistema ISDS, como por ejemplo si la creación de un tribunal –donde las corporaciones pueden imponer privilegios corporativos especiales, como un "entorno regulador estable"– es consistente con la igualdad ante la ley, el acceso equitativo a la justicia, la garantía de derechos humanos fundamentales o la protección de la salud pública y del medio ambiente.

Esto es más grave aún si tenemos en cuenta que en los últimos años se han incrementado las críticas y la movilización social hacia el arbitraje de inversión hasta el punto de poner en entredicho su utilidad como mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados. Las fuertes protestas contra el TTIP han obligado a Bruselas a suspender las negociaciones sobre el capítulo dedicado a las inversiones. Incluso numerosos Estados en el mundo se han planteado cancelar sus tratados bilaterales de inversión (de los que existen más de 3.200) por haber creado una especie de justicia privatizada y paralela a la justicia ordinaria.

Al resumir los resultados de la consulta, la Comisión afirmó que "la consulta mostró un amplio apoyo general para una reforma multilateral de la solución de controversias sobre inversiones como se describe en esta iniciativa". Esta sorprendente conclusión hace saltar todas las alarmas.

Contrariamente a la afirmación de la Comisión, una abrumadora mayoría de los encuestados expresaron una oposición clara a la creación de este nuevo Tribunal Multilateral de Inversiones

A pesar del formato restringido de la consulta, sospechamos que muchos encuestados habían expresado algunas preocupaciones y desacuerdos fundamentales con el régimen de arbitraje inversor-Estado (ISDS) en los pocos apartados que permitían la inclusión de comentarios. La red europea “Seattle-to-Brussels”, que vigila la política de comercio e inversión de la UE, el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Friends of the Earth Europe realizaron un análisis exhaustivo de los 200 comentarios proporcionados en la consulta.

Descubrieron que, contrariamente a la afirmación de la Comisión, una abrumadora mayoría de los encuestados (casi dos tercios) expresaron una oposición clara a la creación de este nuevo Tribunal Multilateral de Inversiones o creen que dicho tribunal no debería crearse sin abordar primero los problemas fundamentales del régimen ISDS. Solo 15 encuestados (7,8%) se mostraron incondicionalmente a favor. El 46% (89 encuestados) se opuso a la propuesta de crear el nuevo tribunal. 32 encuestados exigieron cambios sustanciales.

La Comisión también afirma que "el sector de organizaciones sin fines de lucro apoya ampliamente los principios que sustentan la opción de establecer un tribunal multilateral de inversiones". Falso. Sólo dos de cincuenta encuestados identificados como organizaciones sin fines de lucro apoyaron el tribunal, mientras que la mayoría de encuestados sin fines de lucro se opusieron.

Precedentes de manipulación

No es la primera vez que la Comisión manipula los resultados de una consulta pública. En la de 2014 sobre protección de inversiones e ISDS en el TTIP, tratado que la UE negociaba desde 2013 con los Estados Unidos, la Comisión no tuvo en cuenta que la abrumadora mayoría de los encuestados (el 97%) rechazó el sistema ISDS en su totalidad. Sin embargo, la Comisión, con el apoyo de los Estados miembros de la UE, optó por ignorar estas voces y continuar incluyendo un mecanismo de ISDS en sus acuerdos comerciales.

Lejos de apoyar una toma de decisiones transparente e informada, la consulta de la Comisión sobre el Tribunal Multilateral de Inversiones solo ha servido para socavar aún más la legitimidad de esta propuesta. Quisiera destacar aquí el rechazo de la Asociación Alemana de Jueces al tribunal considerándolo el “camino equivocado” argumentando que los tribunales de arbitraje de inversiones ejercen ya un poder pudiendo anular las decisiones de las administraciones nacionales y los tribunales a favor de un inversor.

El tribunal permitiría a las grandes empresas tener instrumentos para intimidar a las autoridades competentes y hacerlas pagar compensaciones a los inversores cuando legislan en el interés de la mayoría social, incluso cuando dichas leyes protegen la salud, derechos laborales o el medioambiente.

El borrador del mandato fue publicado en septiembre para permitir un debate en los parlamentos nacionales pero esto no ha ocurrido y los gobiernos nacionales presionan para que se siga adelante sin el debido y necesario debate. 

Por todo ello recomendamos al Congreso de los Diputados y el Senado que insten al Gobierno español a no otorgar a la Comisión Europea el mandato para a negociar este nuevo tribunal. 

Para abordar los graves problemas con el régimen de arbitraje de inversiones (ISDS), la Unión Europea debería cancelar los acuerdos existentes de promoción y protección de la inversión y que incluyen el ISDS, y abstenerse de negociar nuevos acuerdos que brinden privilegios a los inversores y que son una grave amenaza para la democracia.

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