Acoso escolar
Un colegio concertado, condenado a pagar 10.000 euros por el acoso xenófobo que recibió una alumna

“Esta sentencia no es un éxito, es un fracaso del sistema”. Rosa, madre de Camelia, atiende a El Salto con un fallo favorable en la mano del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid. En él se condena al colegio concertado Retiro, al que acudía su hija, al pago de una indemnización de 10.000 euros por el acoso con tintes xenófobos que recibió la menor en este centro. Durante cinco años, Camelia, de origen vietnamita, recibió insultos como “china hija de puta” o “cerda”. Y, lejos de proteger a la menor, tal y como se recoge en la sentencia, la actuación del centro fue insuficiente.

Todo se remonta a 2016, cuando Camelia cursaba 2º de Primaria. Los primeros insultos, relata Rosa, los recibió en la clase de extraescolares de baile. “Mi hija no decía nada pero quería borrarse de la actividad, con lo que a ella le gusta bailar”, explica la madre. El acoso como tal, y así se refleja en la sentencia, empieza en 3º, momento en el que dos niños de su clase comienzan a insultarla y a vejarla de manera recurrente. Cuando Rosa fue consciente de la situación intentó contactar con el centro con poco éxito. Desde el colegio solo accedieron a reunirse con ella tras la intervención de una trabajadora social. Hasta dos protocolos de acoso se abrieron entre 2º y 5º de Primaria. Protocolos que se abrían y se cerraban del mismo modo sin tomar ninguna medida, denuncia Rosa.

La sentencia habla de una actuación “insuficiente”, “liviana” y “placebo”, por parte del colegio, con reuniones con los agresores “en un periodo notablemente corto de tiempo”

Entre las medidas adoptadas por el centro, y según se recoge en el auto, los niños jugaban en el patio en lugares distintos para evitar problemas, “medida que se estima bastante insuficiente dado que el tiempo del recreo suele ser de unos 30 minutos al día, es decir, un tiempo notablemente pequeño en comparación con el total de la jornada educativa”, valora la sentencia, que habla de una actuación “insuficiente”, “liviana” y “placebo”, por parte del colegio, con reuniones con los agresores “en un periodo notablemente corto de tiempo”.

Es por ello que el escrito del juzgado concluye que, durante todos los años en los que la menor estuvo cursando sus estudios en el centro escolar, no solo sufrió insultos y vejaciones de connotación xenófoba, discriminaciones o diversas burlas, “sino también indefensión por parte del centro, ya que las medidas aplicadas por el mismo no resultaron efectivas ni suficientes, ni la menor llegó a sentir que estaba siendo atendida constantemente o que se preocupaban por ella con suficiente implicación”.

Llamando a diferentes puertas

Al centro, a la Dirección de Área Territorial (DAT) Centro (dependiente de la Consejería de Educación), al Defensor del Menor y a la unidad contra delitos de odio de la policía municipal, que elevó el caso a la fiscalía de menores. A todas estas puertas llamó Rosa, sin éxito. Como prueba, y con ánimo de ir documentando el caso, guarda las cartas enviadas a cada institución. “Mantuve largas y duras cartas de ida y vuelta con la DAT, que defendía la actuación del centro. Me quedó claro que por esa vía no iba a ningún lado”, explica Rosa.

“Durante todos estos cursos, desde el principio tuve meridianamente claro que nadie iba a hacer nada, y por ello dejé todo documentado”, relata Rosa. La fiscalía de menores consideró que los menores eran inimputables y que nada se podía hacer. Hasta el Defensor del Pueblo se hizo a un lado, explica esta madre. “Yo sé que son menores y no quiero criminalizarles, quiero que se proteja a mi hija”, denuncia.

“Ella me decía que por qué era ella la que tenía que irse si no había hecho nada malo. Me preguntaba que si iba a otro colegio le podía pasar lo mismo”

Finalmente Camelia tuvo que abandonar el colegio al acabar 6º de Primaria. “Para mí no era una decisión fácil, ella me decía que por qué era ella la que tenía que irse si no había hecho nada malo. Me preguntaba que si iba a otro colegio le podía pasar lo mismo”, relata Rosa. Y es entonces cuando, finalmente, la niña decide someterse a una prueba pericial para acudir a los juzgados. “Pedíamos 30.000 euros, les han condenado con 10.000. No buscábamos dinero, buscábamos justicia”, explica.

Justicia porque los daños en la menor siguen patentes. El informe psicológico señala “una experiencia traumática en el pasado que continúa siendo una fuente de malestar y produciendo episodios recurrentes de ansiedad. Infelicidad notable, así como disforia”. Rosa mandó retazos de este informe a la DAT, quienes respondieron que no se aportaba el informe completo. “Todavía nadie me ha contestado la pregunta de quién protege a los menores que son víctimas de acoso en los centros escolares”, concluye.

Protocolos sin actualizar

En octubre de 2019, la Comunidad de Madrid fue condenada por un caso de bullying racista en el CEIP Herrera Oria. Es el caso de Camila, quien sufrió la “indefensión” de las instituciones desde los tres años, cuando comenzaron los insultos por su color de piel, y así se recoge en la sentencia. Otro auto favorable para la lucha de las familias que batallan contra el acoso escolar, que recogía una multa de 7.500 euros contra la administración, pero que, valoran, parece no haber sentado precedente en los centros escolares.

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“Hay una obsolescencia absoluta de los protocolos que hay contra el acoso escolar, que ni siquiera de forma anecdótica tratan el racismo y la xenofobia en las aulas, ni preparan ni forman al profesorado”

“La nueva sentencia refleja lo que venimos reclamando desde diferentes movimientos en contra del acoso escolar: la obsolescencia absoluta de los protocolos que hay contra el acoso escolar, que ni siquiera de forma anecdótica tratan el racismo y la xenofobia en las aulas, ni preparan ni forman al profesorado para enfrentarse a un caso de acoso escolar de índole racista o xenófobo”, declara Petra Ferreyra, madre de Camila y portavoz de la plataforma Suspenso al Racismo, quien considera que el auto de Camelia refleja además la falta de sensibilización por parte del profesorado que genera indefensión en alumnado y familias.

Ferreyra indica que esta sería la tercera sentencia que existe en España por un caso de acoso escolar racista o xenófobo. En las tres sentencias, valora, se observa el mismo comportamiento de los centros: se blindan en contra de las familias, culpabilizan a la víctima, responsabilizan a las familias, desprotegen a los acosados y no reconducen la conducta de los agresores. “Existe un verdadero problema en el sistema y es necesario que se tomen medidas de forma urgente. Nuestros hijos no pueden seguir estando desprotegidos”, añade Ferreyra mientras destaca que, cuando una familia denuncia, por el contrario, el caso se vuelve en contra de la víctima. 

“Camila 2019, mi hija 2023. ¿En qué han cambiado los protocolos? A ver si alguien nos puede contestar a eso”, sentencia Rosa.