Accidentes laborales
Trabaja deprisa, muere joven

Con su primer sueldo, Víctor pensaba sacarse el carné de conducir. Tenía las aspiraciones que tiene un chico de 18 años, y el primer paso para lograr muchas de ellas era tener ingresos. Empezó a echar curriculums: “Fue todo muy rápido, le llamaron un martes, le entrevistaron un miércoles y empezó a trabajar un jueves”, narra su madre, Noelia Salvador. Él acudía ilusionado a la empresa y su familia estaba feliz por él: la tasa de desempleo juvenil —38%, valor que ubica a España a la cabeza en la Unión Europea— y el hecho de que el joven tuviera una discapacidad reconocida podían no resultar muy halagüeñas para que Víctor lograra un empleo, pero lo hizo. La alegría duró poco, concretamente once días hábiles: en su duodécima jornada de trabajo, Víctor fue atrapado por una máquina y falleció. 

Fue un 27 de noviembre de 2020. El joven había entrado como ayudante en Ferros Sabadell S.L., una empresa de hierros en la que invertía horas sentado apilando láminas de hierro, según le contaba a su madre. “Se ve que ese día no había suficiente faena en ese puesto de trabajo y lo enviaron a una máquina que carecía de los sistemas de seguridad y para quien nadie le había hecho ninguna formación”, afirma Noelia, que trabaja en una empresa de formación en materia de prevención de riesgos laborales. Unos compañeros de trabajo, alertados por unos ruidos extraños, fueron a ver qué pasaba en la nave donde habían dejado a Víctor a solas con la máquina, pero cuando llegaron era demasiado tarde. La máquina, según determinó el informe de Inspecció de Treball, llevaba diez años en desuso y tenía deshabilitados los sistemas de seguridad que podrían haber evitado la muerte del joven. Por eso, uno de los sentimientos que Noelia es capaz de identificar es la rabia: “No puedo entender cómo han podido hacer esto a alguien, cómo pudieron dejar a un chaval en una máquina de matar personas, porque tenía todo para que pasara una desgracia”.  

Entre enero y noviembre de 2021 —últimos datos publicados— se produjeron en el país 527.448 accidentes laborales con baja, la inmensa mayoría —87%— durante la jornada de trabajo y el resto in itinere. De ellos, 4.216 fueron graves y 649 resultaron mortales

Entre enero y noviembre de 2021 —últimos datos publicados— se produjeron en el país 527.448 accidentes laborales con baja, la inmensa mayoría —87%— durante la jornada de trabajo y el resto in itinere. De ellos, 4.216 fueron graves y 649 resultaron mortales. En 2020 fueron 712 personas las que fallecieron en su puesto de trabajo, o yendo o viniendo de él en el mismo periodo. Durante el 2019 murieron 695, y el año anterior 717. Dicho de otra forma: alrededor de 700 personas pierden la vida cada año en el trabajo, sin contar las enfermedades laborales —tanto reconocidas como no reconocidas— o las que se derivan de una mala salud laboral. Y cuando se busca la causa de estas muertes, tanto expertos como sindicatos y familias de las víctimas apuntan en una dirección: la inseguridad en las empresas y la precariedad del mercado laboral. Para la primera, el pasado mes de diciembre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció un plan de choque contra los accidentes mortales en el trabajo. Pero familias, expertos y sindicatos ven urgente atacar por varias vías si realmente se quiere acabar con esta lacra que, a nivel mundial, en 2020 causó más muertes que el coronavirus: 2,7 millones de personas fallecieron ese año a causa de enfermedades y siniestros laborales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Término erróneo

Al arrancar la conversación, antes siquiera de narrar el caso de su hijo, Ana Corres hace una afirmación rotunda: “No nos gusta llamarlo accidentes de trabajo porque lo nuestro no han sido accidentes”. La portavoz de la Plataforma 28 de abril - Stop Accidentes Laborales perdió a su hijo el 25 de febrero de 2020 durante su jornada en Nidec Arisa, una empresa riojana dedicada a la fabricación de prensas y servoprensas destinadas al sector del automóvil. Robert, así se llamaba este trabajador de 35 años y padre de dos hijos de 10 y 2 años, ya venía comentando a sus familiares y amigos la inseguridad que percibía en su puesto de trabajo. “Hablaba de cosas que le mandaban hacer de forma totalmente improvisada, sin protocolos, sin medidas de seguridad, para mañana no, para ayer, y de aquella manera”, rememora su madre. “Estaba preocupado, y no sé si era por intuición o porque verdaderamente resultaba escandaloso”. El día en que ocurrió todo, Robert y su compañero Jesús María, de 55 años, estaban manejando una de las pesadas presas. “Llegó un momento que le pararon porque había un problema y mandaron al compañero de mi hijo meterse debajo de la estructura y desencallar lo que había que desmontar, y le cayó una de las dos estructuras ‘fijas’ que debían estar ancladas al suelo porque no lo estaban”. Robert, que estaba fuera de la zona de riesgo, murió cuando la otra estructura cayó sobre él al intentar socorrer a su compañero. 

Por eso Ana lamenta el silencio —de la empresa, de las instituciones, social— que trajo consigo el accidente. “Yo sé cómo era mi hijo; no quería ascender, él tenía claras sus prioridades y era buen compañero”. Él llevaba unos cuatro años en la empresa y había trabajado en otros países. “Siempre decía que donde peor se trabajaba era aquí”. En el artículo académico Seguridad y salud laboral en el área mediterránea de relaciones laborales: factores determinantes y análisis comparado, el investigador Raúl Payà concluye que la suma de “factores contextuales —altas tasas de temporalidad y rotación—, estructurales —especialización productiva en sectores intensivos en mano de obra y elevada fragmentación del tejido empresarial—, e institucionales —reducción del poder estructural y asociativo de los sindicatos, agresión sobre el poder institucional, reducción de la cobertura de la negociación colectiva y debilitamiento de la inspección de trabajo— han tenido un impacto diferencial sobre el repunte de la siniestralidad laboral”. Es decir, más allá de los planes de prevención de riesgos laborales —o la ausencia de ellos— y los peligros derivados de la manipulación de máquinas o la presión temporal a los trabajadores para aumentar la productividad, el mercado laboral español no ayuda a que el entorno laboral sea seguro. En esa dirección apuntan Inmaculada García y Víctor Manuel Montuengan cuando concluyen en otra investigación sobre siniestralidad que “las jornadas de trabajo más largas están vinculadas con más accidentes mortales, por lo que se debería evitar un uso excesivo de las horas extra y cubrir el trabajo extra con nuevas contrataciones”. Pero todavía hay quien prefiere llamar al estrés laboral “adrenalina positiva”.

Más allá de los planes de prevención de riesgos laborales —o la ausencia de ellos— y los peligros derivados de la manipulación de máquinas o la presión temporal a los trabajadores para aumentar la productividad, el mercado laboral español no ayuda a que el entorno laboral sea seguro

Núria Soto, portavoz de Riders x derechos, un colectivo que denuncia la precariedad del colectivo de repartidores a domicilio, también amplía la mirada cuando busca la causa de las muertes o accidentes de riders que saltan a las noticias, pero que quedan fuera de las cifras oficiales por la relación contractual, además de aquellas “de los que no nos enteraremos porque estaban con cuentas alquiladas y antes de perderla han preferido quedarse dos meses en la cama hechos una mierda”. Recuerda a Idone, compañera de Madrid que sufrió un accidente con Deliveroo que derivó en un alto porcentaje de incapacidad y nula indemnización; o la muerte de Pujan Koirala, nepalí de 22 años que llegó solo a Barcelona y que murió al ser arrollado por un camión de la basura en Barcelona mientras trabajaba para Glovo alquilando una cuenta, como tantos otros migrantes que intentan generar ingresos a través de estas aplicaciones para sobrevivir y enviar a sus familias. Para Soto, es precariedad sobre precariedad, y a veces termina de la manera más dramática. Por eso culpa a las empresas y a su uso de la figura de falso autónomo: “A los trabajadores asalariados les corresponde una prevención en riesgos laborales, y estas plataformas se la están saltando. Están quitándoles un derecho que les correspondería, como muchos otros tantos que la empresa ha ido cargando a la espalda de los propios repartidores”. Para ella, afirmar que se haya mejorado la situación del colectivo tras la aprobación de la llamada Ley rider no es suficiente: “Ha muerto gente sin tener acceso a un derecho básico, y eso es gravísimo”.

Ana Ercoreca, inspectora de trabajo y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITTS), reconoce en este sentido que “cada vez hay nuevas fórmulas de trabajo que complican la labor inspectora y que requieren ir primero a clarificar si es o no una relación laboral”. Aparte de las nuevas realidades del mercado, hay cuestiones que se mantienen desde la crisis del 2011 y la reforma laboral, como son la precarización y externalización de diversos puestos de trabajo y la inseguridad derivada de ellos. En 2019 y según datos del Ministerio de Trabajo, la mayor parte de los accidentes laborales (36%) fueron causados por sobreesfuerzos. “Si te pasas muchas horas haciendo el trabajo es más fácil que no estés tanto por la prevención y la vigilancia; los accidentes laborales a veces pasan por descuidos o por querer ir rápido, por la falta de personal o porque el empresario quiera sacar un número determinado de piezas en un periodo determinado de tiempo”, resume Josep Molins, que está detrás de la cuenta de Twitter @AcLabEsp, un perfil que se hace eco de los siniestros laborales que aparecen en prensa.

Hay cuestiones que se mantienen desde la crisis del 2011 y la reforma laboral, como son la precarización y externalización de diversos puestos de trabajo y la inseguridad derivada de ellos; en 2019 la mayor parte de los accidentes laborales (36%) fueron causados por sobreesfuerzos

Xavi Cayuela, de 19 años, hacía jornadas de 12 horas en Cidac, una empresa de tela asfáltica ubicada en Cornellà de Llobregat. No era el primer empleo del joven, aunque sí el primero con contrato: anteriormente estuvo en un restaurante, donde también hacía largas jornadas. “El chaval, con 17 años, ya estaba trabajando, y después de ser despedido del restaurante sin finiquito ni derecho a ERTE tras el inicio de la pandemia, se vino con nosotros para trabajar en la fábrica”, cuenta Paco Marín, pareja de la tía del joven. El hermano de Xavi estaba desempleado y su madre tenía una enfermedad por la cual podía trabajar pocas horas al día, con lo que necesitaba ayudar con los ingresos familiares. Fue a parar a una empresa “que no cumple ningún tipo de normativa, algo bárbaro”, según describe Paco y corrobora Joaquín Marín, secretario de comunicación de la CGT Baix Llobregat, el sindicato que ha acompañado a la familia y celebrado diversas movilizaciones para denunciar el caso de Xavi, acontecido el pasado 30 de abril. “Un día lo colocaron en esa máquina, sin experiencia ni cursos de formación ni nada”, narra su tío. Llevaba apenas cuatro meses en el trabajo. “Una semana antes ya había tenido un amago de engancharse, pero llegó el día que finalmente se enganchó”. Los trabajadores ya habían alertado del mal estado de la máquina, que tenía los sensores de seguridad rotos. Según narra el familiar, la empresa había llamado a un electricista antes del accidente para reparar la máquina que acabó con la vida de Xavi, pero les cobraban 200 euros “y el jefe dijo que pasaba”. “Tuvieron que arrancar los cables de la máquina porque no había ni fusibles, y lo fuerte es que ocho meses después esta empresa todavía sigue abierta”. 

Por eso Joaquín Marín retoma la idea de que la nomenclatura “accidente” no es correcta. “Si a ti tú jefe te da un coche sabiendo que no tiene frenos y tú te estampas y te mueres, eso es un homicidio. Pero en el ámbito laboral, si a ti tú jefe te da una máquina que no tiene frenos no es considerado homicidio, ¿por qué esa diferencia?”. Para Noelia Salvador, a su hijo se lo mataron. “Cuando una empresa puentea la máquina y antepone la producción a la seguridad del trabajador, es homicidio imprudente. Porque ya sabes que puede pasar una desgracia ahí”. Y en esa misma dirección apunta Alba Carcedo cuando utiliza el término de delito laboral para poner nombre a lo que le pasó a su marido Daniel Almonacid, de 32 años, en el turno de noche del 11 de diciembre de 2019 en la empresa GeoPannel: murió porque la máquina que hubo de manipular tenía todos los mecanismos inhabilitados para producir más cantidad y hacerlo más deprisa. “A los días de ocurrir el accidente nos dejaron ir a la fábrica para ver la máquina e intentar entender cómo había podido ocurrir”. Cuatro o cinco días después del accidente habían instalado, narra Alba, un pequeño piloto que avisara a los trabajadores de que esa máquina no se podía abrir manualmente. “El precio para hacer eso fue la vida de mi marido y una lucecita que a lo mejor costó cuarenta euros, no lo sé. Todo esto te hace estar más cabreada aún con la vida, con los jefes y con la empresa, y al final terminas pensando que todo esto es una mierda, una mierda de vida donde te quedas sola y desamparada”.

“Si a ti tú jefe te da un coche sabiendo que no tiene frenos y tú te estampas y te mueres, eso es un homicidio. Pero en el ámbito laboral, si a ti tú jefe te da una máquina que no tiene frenos no es considerado homicidio, ¿por qué esa diferencia?”, se cuestiona el sindicalista Joaquín Marín

Edad, un determinante

Estos casos tienen varios factores en común, y uno de ellos es la edad de las víctimas. En términos de incidencia, los trabajadores más jóvenes son los que mayor número de siniestros laborales concentran, aunque la mortalidad se concentra en los rangos de edad superiores a los 45 años. Para Molins, este hecho se puede explicar por la precariedad y la falta de experiencia. “Normalmente a más experiencia más protección. Al tener unos contratos temporales a lo mejor no reciben formación en prevención de riesgos laborales; simplemente les ponen delante de una máquina sin explicarles nada y sin que sepan si la máquina es peligrosa o está en las condiciones que debe estar”. Los últimos casos que Ercoreca ha tenido que trabajar también respondían al perfil de trabajador joven. Apunta a la cuestión de la temporalidad —9 de cada 10 nuevos contratos firmados por jóvenes en el Estado son temporales, según un reciente informe del Consejo de la Juventud de España— como posible motivo, por no haber tenido tiempo suficiente a recibir la formación adecuada o aprender a trabajar adecuadamente con maquinaria peligrosa. 

Para Marín, no obstante, hay que poner el foco en la coyuntura: “Un chico así lo que quiere es darlo todo porque, por desgracia, lo único que ve es que a final de mes le llega un sueldo, que va haciendo dinerillo para su casa, para estar con su novia, para su coche... Una cosa que le decían mucho en la empresa es que ‘esto es lo que hay’”. Llegan a asumir la precariedad de tal manera, defiende, que a veces ni se dan cuenta de que viven en ella. Robert, el hijo de Ana, era bien consciente de ella, pero no tenía alternativa: “Si seguía ahí era porque tenía dos hijos, él veía lo que veía y nos lo comentó, y estoy segura de que, si no hubiese estado en el contexto de que era padre y necesitaba el dinero, lo hubiera dejado”. En la misma dirección apunta el tío de Xavi: “Se aprovechan de los chavales jóvenes porque no tienen experiencia, de la gente mayor porque no tiene otra cosa... Se aprovechan de gente que no tiene capacidad de trabajar en otro sitio o que, debido a su situación personal, no puede dejar de hacerlo; el empresario no es tonto y lo sabe”. 

Todos ellos, no obstante, coinciden en algo: el rodaje en el trabajo aporta conocimiento del entorno laboral y mayor capacidad de detectar los peligros, así como saber adónde acudir para denunciar lo que está mal, ya sea a nivel sindical o de inspección de trabajo. Escoreca lanza un mensaje en este sentido pensando en trabajadores con contratos temporales o recién ingresados en el mercado que tengan miedo a denunciar a su empresa: “Les diría que no se preocupen, que la denuncia es anónima y confidencial, que nunca se dice que se actúa por denuncia. Que lo expongan si consideran que su entorno laboral es inseguro, y que, si ven que hay un riesgo laboral inminente, se pueden negar a hacer su trabajo”. Porque si hay un despido en ese caso, recuerda, es nulo. “Pero que nunca se pongan en peligro, que no merece la pena arriesgar la vida”. Soto añade otro recordatorio: los accidentes laborales pueden tardar hasta cinco años en prescribir.

“Se aprovechan de los chavales jóvenes porque no tienen experiencia, de la gente mayor porque no tiene otra cosa... Se aprovechan de gente que no tiene capacidad de trabajar en otro sitio o que no puede dejar de hacerlo”, defiende el tío de Xavi Cayuela, que falleció con 19 años en su puesto de trabajo

El precio de una vida

Hay más denominadores comunes en los testimonios de estas familias aparte de la edad. La lentitud de los juicios es uno de ellos, y algo que subrayan es lo irrisorio de las multas a la que se enfrentan las empresas que acaban con las vidas de sus trabajadores. Solo en el caso de Xavi la sanción propuesta es elevada —328.000 euros— en comparación con las del resto, aunque no haya cuantía económica que pueda consolar a una familia por un fallecimiento que se podría haber evitado, aseveran. La cantidad que hubo de pagar la empresa por la muerte de Dani fue de 6.000 euros. La de Robert y su compañero Jesús, 20.000. La de Víctor, 40.000, aunque fue reducida a casi la mitad por pronto pago y reconocimiento de la culpa, una cuantía que Noelia define como “una burla” para su hijo. Ella incide en una idea: “No me lo pagan a mí porque yo no reclamo nada, se lo pagan a Inspección de Trabajo”, lo que no quita, a su parecer, que la sanción deba de ser más dura: Noelia debe tomar a diario un desvío para evitar pasar por la fábrica por el dolor que le causa verla abierta. 

Si bien Yolanda Díaz anunció en rueda de prensa que la cuantía de sanciones por muertes en el trabajo se verían incrementadas con el plan de choque —las infracciones muy graves podrán llegar hasta casi un millón de euros, aseguró—, Ana Escorcera incide en la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para llevar a cabo estos cometidos: la estrategia anunciada por la ministra, alude, no es más que el trabajo que el equipo realiza habitualmente. Por eso el sindicato de inspectores de trabajo ha amenazado recientemente con una huelga entre febrero y marzo si no se pone en marcha el acuerdo alcanzado en junio para paliar la sobrecarga del colectivo y dotar de más recursos al cuerpo. En la actualidad, en el Estado español hay 858 inspectores y 994 subinspectores. Mientras en la Unión Europea el ratio es de un inspector por cada 7.300 trabajadores, aquí se toca a uno por cada 15.000 trabajadores. “O refuerzas la inspección o de poco sirven los planes y las reformas laborales”, sentencia la hija y nieta de inspectores.

Mientras en la UE el ratio es de un inspector por cada 7.300 trabajadores, en el Estado español se toca a uno por cada 15.000 trabajadores; “O refuerzas la inspección o de poco sirven los planes y las reformas laborales”, sentencia Ana Escorcera, del sindicato de Inspectores de Trabajo 

Desde la Plataforma 28 de abril han lanzado más propuestas para reducir la incidencia de siniestros en el trabajo, como condicionar las ayudas públicas a empresas al cumplimiento real en materia de ley de prevención de riesgos y condiciones dignas para la plantilla. “Todo es tema de dinero”, resume Paco Marín. Si no hay sanciones, si no hay inspectores, si no hay una fiscalización a las mutuas, si no se invierte en campañas de concienciación, si no se persuade a las empresas para que no pongan en riesgo la vida de los trabajadores, no se va a llegar a ningún lado, resume. Alba Carcedo y Joaquín Marín apuntan en una misma dirección: se debe imponer penas de cárcel a quienes cometen delitos laborales. Pero no se muestran optimistas sobre que esto suceda en algún momento. “Existe toda una inercia establecida: desde dentro no se vigila porque faltan inspectores, fuera no se visibiliza porque falta conciencia social… Hay todo un sistema montado que hace que las víctimas acaben renunciando a que se haga justicia”. De hecho, Noelia no cree que vaya a cerrar la empresa donde murió su hijo, ni que ningún empresario acabe en la cárcel, porque tiene visto y comprobado que la ley, dice, va a favor de la empresa y no de los trabajadores. “¿Qué esperanza me queda? Pues ninguna, pero voy a ir hasta el final para ayudar a futuros trabajadores, porque son vidas lo que están en juego y mi hijo careció de todo”. 

No solo el recuerdo

La idea de crear la asociación Víctor Nuño Salvador la tuvieron los compañeros de Noelia el día del funeral de su hijo. En ese momento no estaba lista para planteárselo, pero a las semanas se puso con ello. El objetivo de la iniciativa es claro: formar a personas jóvenes para que no les pase, o al menos tengan menos probabilidades de que les pase, lo que le pasó a Víctor. Para ello, desde la asociación plantean becar formaciones en prevención de riesgos laborales y colaborar a que cada vez un mayor número de trabajadores conozcan las obligaciones de sus empresarios y sus derechos. Las inaugurales arrancarán la tercera semana de enero y los primeros de la lista son, en su mayoría, amigos de Víctor que requieren de esas formaciones. Para ella no ha sido fácil movilizarse ni hacer una llamada de atención a la opinión pública y a las instituciones compartiendo lo que le pasó a su hijo, pero siente que su muerte no puede ser en vano. “No puede ser que una persona que está en la flor de la vida y que va con toda su ilusión no vuelva a casa después de trabajar. No hacer nada sería como si mi hijo hubiera muerto inútilmente”. 

Josep Molins coincide: la normativa existe, falta que se cumpla y que se conozca, además de un mayor número de inspecciones. Ecorcera apoya que la reducción de siniestralidad laboral pasa por darle medios a las personas trabajadoras y asegurar su integridad, y porque sean conscientes de sus derechos, algo difícil cuando llevas poco tiempo en el puesto de trabajo o has recibido nula información al respecto. En la misma dirección apuntan Joaquín y Paco Marín cuando comparten sus planes: montar una asociación desde la cual favorecer charlas sobre derechos laborales en centros de formación profesional, institutos o universidades, para que los jóvenes accedan al mercado laboral formados en esta materia. Desde la Plataforma 28 de abril, Ana Corres y Alba Carcedo aluden a la necesidad de visibilizar las muertes que se producen en el trabajo, así como sus causas y consecuencias. Ana asegura que jamás hubiera imaginado que su hijo corriera peligro por ir a trabajar: “Creo que nunca he sido una madre sobreprotectora, pero podía tener miedo de otras cosas; nunca de que se fuera a trabajar”. No le cabe en la cabeza, lamenta, que se pueda jugar con la seguridad de una persona y el dolor de una familia entera. “Porque si mi hijo lo veía, ¿cómo no lo iban a ver sus encargados?”.

Son muchas preguntas las que han quedado sin respuestas, aunque las soluciones están bastante señaladas por las familias: denunciar lo que, insisten, no son accidentes. Y hacerlo a todos los niveles: a Inspección, judicial, socialmente. “La gente habla muy poco de los problemas en el trabajo; no sé qué miedo tenemos, porque perder la vida es mucho peor que perder un empleo. Pero claro, la gente no lo piensa, como yo tampoco pensaba que a mi hijo pudiera ocurrirle esto”. Alba apoya las palabras de Ana y recurre a la primera persona plural: “Como trabajadores debemos exigir esta seguridad, no podemos tener miedo de que nos echen por hacerlo”. Y justifica el llamamiento con un argumento irrebatible: hay vida más allá del trabajo.