Los 300 afectados de Abengoa no recurrirán la absolución por temor a perder todo su dinero

El jarro de agua fría cayó sobre la cabeza de los aproximadamente 300 bonistas y pequeños inversionistas de Abengoa, y sobre el abogado de la mayoría de los querellantes, Felipe Izquierdo, sobre las 10.30h del pasado viernes 12 de enero: la excúpula de la multinacional sevillana Abengoa, absuelta.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –Ángela Murillo, Teresa palacios y Juan Francisco Martel– decidieron absolver al expresidente de la empresa Abengoa, Felipe Benjumea, y al exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, así como al resto de la excúpula de la empresa de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.

“Al contrario que la magistrada instructora, Carmen Lamela, que desde el principio entendió que había suficiente indicios como para instruir la causa, los magistrados que han dictado sentencia, ya desde el principio notamos que el trato era distinto. Definitivamente, la justicia en España no es igual para todos, y en este caso se ha producido una gran injusticia”, afirma Izquierdo.

Aunque cabe recurso, no lo van a hacer como acusación particular. “Entre los inversionistas hay personas muy modestas, incluso pensionistas, que apostaron la totalidad de sus ahorros en Abengoa, y lo han perdido todo. Si finalmente no hay una sentencia a favor, se tendría que hacer frente a las costas, y a estas personas, que son pequeños ahorradores, no se les puede ya pedir un mayor esfuerzo. Esto ha sido un expolio y la gente está quemada”, continúa el abogado.

El fiscal, la única esperanza

Los querellantes mantienen como esperanza que el fiscal del caso, José Pedals, recurra la sentencia, “porque hay varios puntos en los que se puede ver claramente que es totalmente revocable”, según palabras de Izquierdo.

Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente, Felipe Benjumea, y del consejero delegado, Sánchez Ortega. Las cláusulas de los contratos firmados contenían indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 millones de euros en el caso del primero y 4,4 en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores.

Izquierdo explica las razones por la que está plenamente convencido de las posibilidades de revocación de la sentencia absolutoria: “Benjumea y Sánchez cobran las indemnizaciones en base a su salida de la empresa, pero siguen trabajando en Abengoa. El mismo día que cobran firman un nuevo contrato con la empresa, ¡y con las mismas retribuciones que tenían con anterioridad! No cabe indemnizar a alguien que continúa en la empresa”.

La arbitrariedad a la hora decidir quién tiene derecho a indemnizaciones y quién no también le parece a Izquierdo un motivo. “Yo no discuto el contrato que habían firmado y su contenido, pero sí discuto que a ellos se les pague las indemnizaciones y no a los más de 16.000 trabajadores despedidos, a quienes no se les han respetado las cláusulas de sus contratos, y se han ido sin nada. Y esto ocurre cuando se tuvo que presentar un preconcurso de acreedores, el mayor de la historia de nuestro país, de 25.000 millones de deuda, 9.000 de deuda real. ¿Por qué a ellos se les paga y no al resto de los trabajadores, que sí que han tenido que abandonar de verdad sus puestos de trabajo?”.

La tercera razón por la que cabe recurso, según el letrado,  “es que nos deben dinero a todos los contribuyentes. No hay en la sentencia ni una letra alusiva a los 1.000 millones de euros de dinero público que Abengoa le debe al Estado en el momento en el que se abonan esas indemnizaciones. Y con unas quitas de entre el 70% y el 95% para todos los acreedores. No puede considerarse de recibo que se vayan con 16 millones de euros por delante. Decían que se iban 'hundidos'. ¡Claro! El dinero en los bolsillos les debía de pesar”.

Una de las razones que los magistrados han esgrimido para justificar la sentencia es que Abengoa no se personó en la causa como acusación. “Es lógico, porque todos los directivos de la etapa Benjumea siguen allí. No van a querellarse contra sí mismos. Es como en un matrimonio; un cónyuge no tiene porqué declarar contra el otro”.

La Fiscalía pedía cinco años de prisión para Benjumea, cuatro años y tres meses para Sánchez Ortega y cuatro años para los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero. Los magistrados les absuelven al entender que no ha quedado acreditada la administración desleal de los bienes de Abengoa y que las indemnizaciones que recibieron al ser cesados se adecuaban a la normativa legal y contractual existente.

“Ha sido un espolio. Esto es injusto para inversionistas, trabajadores, contribuyentes y para todos los afectados. Tras 40 años de ejercicio, este tipo de cosas duelen. La impotencia ante una justicia sospechosa de favorecer a unos frente a otros, en virtud de su status social y de sus relaciones, es muy decepcionante”, lamenta el abogado.

La defensa de la excúpula de Abengoa ha corrido a cargo de Ignacio Ayala, del prestigioso despacho de abogados Oliva y Ayala, que también se ha hecho cargo, recientemente, de la defensa del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en sus diferentes causas ante la Justicia.