Indultados Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados por un piquete en la huelga general del 29M de 2012

Carmen Bajo y Carlos Cano, ambos miembros de la Asamblea del 15M en Granada, fueron condenados a tres años de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores y al pago de 3.655 euros de multa por participar en un piquete que, en la huelga general que tuvo lugar el 29 de marzo de 2012, recorrió las calles de Granada. Hoy, el Boletín General del Estado (BOE) recoge el indulto parcial a los dos activistas, decretado por el Ejecutivo de Sánchez, más de cinco años después de la sentencia, según publica la web El BOE nuestro de cada día.

Los indultos parciales de Cano y Bajo suponen la rebaja de la pena de cárcel de tres a dos años, evitando así la entrada en prisión al no tener ninguno de los dos antecedentes penales. Son dos de los ocho indultos recogidos en el BOE de hoy, entre los que se cuentan los de dos personas condenadas por delito de amenazas, otra por impago de pensiones, por lesiones, robo y apropiación indebida.

Cano y Bajo fueron dos de las decenas de personas que, a partir de 2012, comenzaron a enfrentarse a procesos judiciales por participar en piquetes en huelgas, estrenando la lectura del artículo 315 del Código Penal —que castigaba a quien intentara impedir la actividad sindical— para castigar a sindicalistas y participantes en piquetes. Los dos activistas participaron en un piquete informativo formado por entre 50 y 70 personas que, la noche anterior a la jornada de huelga, paseó por la zona de bares de Granada. “La Champagnería fue el segundo bar en el que entramos”, explicaba Cano en una entrevista a Diagonal en diciembre de 2013, después de conocer la sentencia. “La idea era llegar y presionar un poco para que la dueña cerrara el bar y, si no, pues irnos. Con carácter pacífico”. El activista explica que hubo tensión con un par de clientes y el piquete salió del bar. “La policía llegó y nos identificó, básicamente porque fuimos los últimos en salir”.

En marzo de 2013 fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada. La sentencia fue recurrida a la Audiencia Provincial, que mantuvo la pena para los dos activistas. Y, tras hacer todo el recorrido de la justicia en España, fue recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en tan solo cuatro veces respondió rechazando el recurso, sin presentar motivaciones para ello, según explicaba entonces a Diagonal Jesús Díaz Formoso, abogado de Bajo.