Redadas racistas
Seguridad y democracia, ¿para quién? Un ejercicio de memoria antirracista

La irrupción de cuerpos violentados en las calles de Barcelona, habla más bien de una aplicación a mayor escala de prácticas largamente denunciadas y que las comunidades racializadas y/o migrantes han padecido históricamente en el territorio español

Folleto instando a la colaboración ciudadana en el control policial
Folleto instando a la colaboración ciudadana en el control policial
ASAMBLEA ANTIRRACISTA DE BARCELONA

publicado
2019-11-04 11:19

Mientras nos disponíamos a escribir este artículo pensando en cómo articular argumentos que reflejen la relación entre procesos de racialización y criminalización con el auge de la cuestión de la seguridad en Barcelona, irrumpió nuevamente en la calle lo que se denomina movimiento independentista. Entonces, el funcionamiento de los aparatos represivos e ideológicos del Estado se hizo más patente para el gran público. Lejos de indicar una discontinuidad, esta irrupción de cuerpos violentados en la calle, habla más bien de una aplicación a mayor escala de prácticas largamente denunciadas y que las comunidades racializadas y/o migrantes han padecido históricamente en el territorio español.

Aún más, en este marco se hace necesario visibilizar cómo funciona la especificidad a la cual el orden jurídico relega a las personas migrantes: en el marco de las protestas por la sentencia del procès, dos personas fueron detenidas por perfil racial y encerradas en el CIE de Zona Franca, esa prisión para personas migrantes en amenaza de expulsión. La detención y el castigo diferencial nos obliga a poner sobre la mesa, en este contexto, la cuestión del racismo de Estado.

La violencia policial en ningún caso tiene que ver con estados de excepción, sino con normas bien establecidas, aplicadas, justificadas y a menudo silenciadas cuando el ruido mediático desaparece o cuando los cuerpos en juego son otros. Desde este repudio a toda forma de represión y solidarizándonos con las personas que pusieron el cuerpo estos días frente a la brutalidad policial, queremos resituar nuestra reflexión sobre el racismo y la seguridad, mirando al próximo 13 de noviembre, cuando se cumplen 26 años del asesinato de Lucrecia Pérez.

Conviene no olvidar cuando se apela a la democracia - como ese orden de cosas ideal, pre conflictivo - que esta requiere para su funcionamiento que parte de la población sufra de manera sostenida aquello que las movilizaciones de estos días están sufriendo de forma condensada. Lo democrático, en términos del Estado de Derecho, el Estado de Bienestar, el orden público, así como lo territorial-nacional, ha implicado en España la producción legal de sus otros y su consecuente criminalización, persecución, explotación y muerte. El asesinato de Lucrecia Pérez, reconocido por la Justicia española como un crimen racista, fue perpetrado por un grupo de hombres blancos, uno de ellos miembro del cuerpo de seguridad estatal. Mantener la memoria viva de este asesinato es fundamental para recordar que en estos 26 años, diversos mecanismos del racismo institucional se han perfeccionado y continúan causando muerte y violencia, tanto en las fronteras externas como en las fronteras internas de una Europa civilizatoria, incluida la autodenominada Ciutat Refugi.

Uno de los mecanismos que se presenta como una renovada estrategia de criminalización, perpetuación y normalización de la violencia ejercida hacia las comunidades migrantes y racializadas, es la cuestión de la seguridad.

El discurso securitario se ejerce y materializa sobre la base de todo un entramado legal, que opera de forma directa en la construcción de dichas comunidades como factores de riesgo.

La Ley de Extranjería, que obliga a miles de personas a circular en un laberinto burocrático e institucional de irregularidad que ella misma produce, funciona como una constante amenaza hacia personas migradas de ser encerradas en un CIE y deportadas en contra de su voluntad.

Pero además, esta ley diferencial, diseñada para ordenar las vidas migrantes, se entrecruza eficazmente con otras que, aunque en la teoría son aplicables al conjunto de la población, en la práctica generan mayor riesgo a quienes tienen comprometida su libertad de movimiento: la Ley Mordaza, (las reformas) del Código Penal, la Ley de Protección a la infancia y también, en el caso de Barcelona, la llamada Ordenanza del Civismo. De esta manera, ganarse la vida en la venta ambulante o el trabajo sexual, comportarse de alguna de las múltiples maneras que se consideran incívicas, o simplemente estar bajo sospecha por perfil racial, son ejemplos de cómo arriesgarse a una doble pena.

La (in)seguridad, por lo tanto, es provocada y legitimada por el aparato normativo racista. No se tratan de anomalías del sistema o de una falta de políticas públicas eficaces, sino que es el mismo sistema legal operando de manera coordinada y sistemática.

Paradójicamente, se utiliza la cuestión de la seguridad como nueva/vieja estrategia para normalizar la violencia racista que se ejerce contra aquellos cuerpos cuya humanidad es puesta en sospecha, escondiendo que son estos mismos cuerpos los que reciben violencia de forma cotidiana. El uso estratégico de la cuestión de la seguridad opera tanto a nivel europeo, con el genocidio en las fronteras europeas y sus mares (donde el desarrollo de las políticas de muerte se ha tecnificado y normalizado de manera escalofriante); como a nivel estatal, por ejemplo, mediante la imposición cada vez mayor de obstáculos administrativos para la renovación de los permisos de residencia, mientras que la invisibilización de la explotación en el trabajo del hogar y los cuidados o la agricultura, donde la mano de obra migrante alcanza porcentajes altísimos, es cada vez más grave.

Lo mismo ocurre en el ámbito local. Durante este verano hemos sido testigos, una vez más, de cómo el discurso político y mediático vincula la migración con la criminalidad responsabilizando a estos colectivos por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Los compañeros de la venta ambulante enfrentaron otro episodio de persecución policial y mediática; la infancia y juventud migrante, en persecución constante, se ha convertido en el nuevo chivo expiatorio de una inseguridad que se muestra como ajena a cuestiones estructurales. La Generalitat de Catalunya comienza a barajar un nuevo programa de deportaciones de menores, algo que pedía explícitamente el nuevo Teniente de Alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle. La juventud musulmana también es criminalizada porprotocolos de prevención y vigilancia que la construye como potencial terrorista. Sigue ocurriendo de forma sistemática la quita de custodia a mujeres migrantes, como el reciente y vergonzoso caso María. Y debemos recordar también, la altísima y sostenida representación migrante en los desahucios

En este contexto, el discurso de la izquierda, anquilosado en los derechos humanos, por un lado dibuja la imagen de "los vulnerables" como meros receptores de la intervención social o de la ayuda humanitaria, y por otro la de “una Europa acogedora” que apela a los valores morales de la solidaridad. En un sostenido escenario electoral, este discurso establece un contraste estratégico con los denominados discursos de odio o de extrema derecha; mientras que oculta la responsabilidad directa de estas izquierdas en el diseño de políticas que, aunque no asuman directamente un discurso securitario, multiplican las fronteras internas, mientras muestran una consternación a menudo reducida a la índole de lo moral ante las fronteras externas. La negación del racismo, por un lado, y lo humanitario como único marco de discusión de la movilidad humana, por otro, despolitizan el problema y esconden la mano dura de la izquierda. 

Estos días se ha escuchado hablar reiteradamente de convivencia, como algo roto, profanado y que los agentes del orden deben asegurar. Las comunidades migrantes y racializadas han representado siempre una amenaza a esa convivencia, a ese orden. Tal vez sea buen momento para preguntarse por qué. ¿Qué nos queda? Sabemos que no serán los partidos políticos, ni las fuerzas de seguridad, ni la caridad, ni el paternalismo de los progresistas, ni mucho menos la vigilancia ciudadana, las que velarán por la tranquilidad y dignidad de quienes padecen el racismo de Estado. La securitización de las calles solo genera más persecución y criminalización racial hacia esas comunidades, como ha quedado evidenciado en estos últimos meses.

Por eso, la nuestra es una invitación a problematizar cualquier Estado, República o forma de poder que se alimente de ilegalizar, racializar y deshumanizar otras formas de vida. 

Distintos colectivos migrantes y racializados se organizan y salen a la calle este 17 de noviembre para compartir, desde sus diferencias, formas de resistencias y estrategias políticas autónomas. Partiendo de la imposibilidad que tienen tanto el Estado español, como las autoridades catalanas y locales para afrontar la cuestión del racismo, proponemos dar apoyo y seguimiento a las diversas movilizaciones convocadas en distintos territorios para mantener viva la memoria de Lucrecia Pérez y para poner en común luchas, saberes y rabias.


Texto original publicado en La Directaaquí.

Sobre este blog
Espacio de reflexión crítica destinado a:
Analizar y denunciar el racismo de Estado desde una perspectiva decolonial.
Revisar la construcción ideológica del Imperio español, su historia colonial y sus pervivencias, rastreando el origen de las relaciones de dominación y opresión que enfrentan las comunidades racializadas y/o provenientes de la migración postcolonial.
Desvelar las heterarquías del poder moderno en torno a la raza, la clase, el género, la sexualidad, la espiritualidad…
Afianzar las condiciones de posibilidad para el desarrollo de un antirracismo político en el Estado español.
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