Referéndum del 1 de octubre
Adrián Sas podría ser el primero en entrar en prisión por las protestas del primer aniversario del 1-0

“El día de mañana, si se mantiene la condena, no me presentaré voluntariamente a la cárcel”, asegura a El Salto Adrián Sas, uno de los más de 3.300 represaliados por las movilizaciones por la independencia de Catalunya que se cuentan desde octubre de 2017, según las estimaciones del movimiento independentista. Este activista, de 32 años, ha sido la única persona que, hasta ahora, ha sido condenada por las protestas que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2018 en Barcelona. En noviembre de 2020, la Audiencia Provincial de Barcelona le condenó a tres años y medio de prisión por un delito agravado de atentado a la autoridad y otro de lesiones. Después de que, en noviembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Catalunya confirmara la condena, Sas está ahora pendiente del recurso presentado ante el Tribunal Supremo.

Las protestas por el aniversario del Procés comenzaron ese día muy temprano en toda Catalunya. Desde las 7h, distintos CDR organizaron cortes de carreteras, los estudiantes se encadenaron en el edificio de la Bolsa de Barcelona y, por la tarde, a las 18.30, una manifestación bajo el lema “Recuperem l’1 d’octubre”, convocada por la Plataforma 1 de octubre, partió desde la Plaça de Catalunya para llegar a las inmediaciones del Parlament. Miles de personas secundaron las protestas para denunciar la represión sobre el movimiento independentista pero también para reclamar al gobierno de la Generalitat que llevara a la práctica el resultado de la consulta en una jornada pacífica hasta que los manifestantes llegaron al parque de la Ciutadella. Allí comenzaron las cargas policiales.

“Las protestas fueron totalmente pacíficas hasta que llegamos al parque de la Ciutadella, donde comenzaron a cargar indiscriminadamente contra los manifestantes”, recuerda Sas sobre ese día. Pero el activista independentista destaca una diferencia respecto a las anteriores manifestaciones: “Ese día, el pueblo, cansado de recibir los golpes de la policía, respondió de forma legítima, en autodefensa, a sus ataques”. Sas, sin embargo, no fue detenido ese día. Cuando la policía dio por concluida la convocatoria, se volvió a su casa, con el cuerpo lleno de moratones por los golpes de las balas de foam. “Pero no me identificaron ni me detuvieron”, señala a El Salto. Tampoco la policía le requirió en los días siguientes. Fue dos meses después, cuando su familia había acudido a verle a Vilafranca, donde él vive, desde Asturias, cuando varios mossos le interceptaron en la calle, mientras paseaba con su padre, para llevárselo detenido. 

“Ese día, el pueblo, cansado de recibir los golpes de la policía, respondió de forma legítima, en autodefensa, a sus ataques”

“Fui a dar una vuelta con mis padres en Vilafranca del Penedès, donde vivo, y unos mossos nos asaltaron”, recuerda Sas. Tras 24 horas en los calabozos en las que ni siquiera le quisieron decir el motivo de su detención, llegó su abogada y por fin supo la acusación a la que se enfrentaba: atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes. Dos mossos le acusaban de haberles atacado con un palo de bandera, provocándole a uno de ellos una herida en la mano y un rasguño en el mentón, y al otro dolores en el cuello. La Fiscalía entonces pedía para él cinco años y medio de cárcel y la Generalitat, que se había personado como acusación particular, aún más: siete años, al incluir también una agravante en el delito de atentado por usar un objeto peligroso, el palo de la bandera. En noviembre de 2020, más de dos años después del primer aniversario del 1 de octubre, llegó la sentencia: tres años de cárcel por un delito de atentado a la autoridad agravado por usar un objeto peligroso, seis meses más por un delito leve de lesiones y dos meses de multa por lesiones leves. 

“Nosotros, desde un primer momento, consideramos que es un juicio político e hicimos una defensa política para denunciar la incongruencia de la propia Generalitat, que nos animaba a salir a las calle y se presentó como acusación particular”, explica Sas. “En el juicio, la agravante de objeto peligroso la presentó la Generalitat, cuando horas antes manifestó su intención de retirarse como acusación particular en mi caso y en los demás casos”. 

“Desde un primer momento consideramos que es un juicio político e hicimos una defensa política para denunciar la incongruencia de la propia Generalitat, que nos animaba a salir a las calle y se presentó como acusación particular”

Sas relata que, durante el juicio, la médico forense que acudió como perito señaló que las lesiones de los agentes que, según la acusación, les provocó golpeándoles con la bandera también podrían haber sido causadas en otras circunstancias. A pesar de ello, la Audiencia Provincial dio por probado que Sas fue su responsable y que el palo que portaba era un objeto peligroso que merecía una agravante, según aparece en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Salto. “El juez lo ha considerado así, que puede causar daños graves y hasta la muerte de una persona, a pesar de que los policías van uniformados con armadura y hasta con casco, y las lesiones que tenían eran de muy poca gravedad”, añade el activista.

Tras la condena, Sas recurrió al TSJ. “Alegamos la incongruencia de los mossos, que en todo momento se vulneró mi presunción de inocencia y que tampoco se pudo probar la cadena de custodia de los vídeos que los mossos presentaron como prueba”, explica. 

Después de que, en noviembre del pasado año, el TSJ rechazara el recurso y confirmara la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sas ha recurrido al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre su caso, aunque no se muestra muy positivo. Tampoco descarta, si el Supremo rechaza su recurso, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Estamos preparando los recursos, pero no tenemos ningún tipo de esperanza, sabemos que la solución no va a venir de la justicia ni dictada por instituciones”, afirma. “Pero eso no quiere decir que no vayamos a usar todas las vías legales y judiciales para buscar mi absolución”, añade. “Cuando el Supremo diga que no, recurriremos a Europa, con la diferencia de que yo ya estaré dentro de la cárcel”. 

Lo que sí descarta es pedir un indulto. “No lo haré porque no solo lucho por mí, sino que es una lucha conjunta; lo único que nos sirve y exigimos es una amnistía total. Una amnistía para todos y todas las presas políticas que llevan años encerradas en las prisiones del régimen. Ya que cualquier tipo de lucha que se utilice para derrocar a este Estado fascista e ir en contra del sistema capitalista es legítima”, concluye.