Laboral
Pacto social sobre el salario mínimo: un pacto por la precariedad

En los últimos dos años se han producidos relevos en la Secretaría General de UGT y CC OO. En marzo de 2016, Josep Maria Álvarez sustituía a Cándido Méndez al frente de UGT tras 22 años en el cargo. Por otro lado, en el XI Congreso Confederal de CC OO de verano de 2017, Unai Sordo sustituía a Ignacio Fernández Toxo. Pese a ello, estos relevos en la secretaría general de los sindicatos mayoritarios no han supuesto ningún cambio en la estrategia y modelo sindical. Hemos comprobado que continúan en la vía muerta del pacto social con gobierno y patronal, que solo es útil a estos dos últimos, y que no solucionan ninguno de los grandes problemas a los que se enfrenta la clase trabajadora.

El pasado 26 de diciembre de 2017, en el Palacio de la Moncloa, se firmó el Acuerdo Social sobre Salario Mínimo Interprofesional 2018-2020 por parte del Gobierno, CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. Una vez más, se firma un pacto sin ser sometido previamente a debate, consulta o votación, ya no decimos entre los trabajadores, sino entre los afiliados de UGT y CC OO, e incluso entre sus delegados sindicales. Ha ocurrido tantas veces que cada vez hay menos polémica. Se ha naturalizado este tiempo de acuerdos, tomados sin procedimientos democráticos, y los que tanto aplaude la prensa conservadora. La portada del diario ABC el 27 de diciembre habla por sí sola. Una vez más se ha regalado oxígeno a Rajoy cinco días después de que su partido haya sufrido una debacle electoral histórica en Catalunya, quedando casi como una fuerza extraparlamentaria. El PP, uno de los partidos más corruptos de Europa, que aprobó la nefasta contrarreforma laboral de 2012, acaba de obtener un beneficio político y propagandístico de la mano de los líderes de CC OO y UGT.

El CONTENIDO DEL ACUERDO Y SU LETRA PEQUEÑA

El Gobierno ha presentado propagandísticamente que va a subir el SMI un 20%, hasta los 850 euros. Pero, concretamente, el pacto establece que el salario mínimo se incrementará un 4% en 2018, alcanzando los 736 euros al mes en 14 pagas, y 10.304 euros anuales. En 2019 la subida sería del 5%, hasta los 773 euros mensuales, en 14 pagas, con 10.819 euros al año. Por último, en 2020 subiría un 10%, llegando a 850 euros al mes, con 14 pagas y 11.901 euros al año. Ahora bien, también se establece textualmente que “este acuerdo se materializará siempre que la economía registre un crecimiento del PIB real del 2,5%, o superior, y un incremento de la afiliación media a la Seguridad Social superior a las cuatrocientas cincuenta mil personas, todo ello en términos interanuales”.

Es decir, es un acuerdo de subida del salario mínimo no inmediata, y que está sujeta a unas condiciones francamente exigentes. En primer lugar a que la economía española crezca a tasas de al menos un 2,5% en los próximos tres años. Por tanto, si el crecimiento fuese del 2,4%, en vez del 2,5%, en teoría no habría subida del salario mínimo. En este sentido, una semana antes de firmar este pacto, el Banco de España rebajaba las expectativas de crecimiento de la economía española, pronosticando un 2,4% para 2018, un 2,1% para 2019 y 2020. Es decir, que si el Banco de España acierta, el incremento del salario mínimo es papel mojado y no se aplicará.

Por el contrario, las previsiones de IPC se revisan al alza, con el consiguiente impacto en el poder adquisitivo y la evolución de los salarios reales. Mientras tanto, la Comisión Europea pronosticó una caída en el crecimiento del PIB español, debido entre otras causas a la menor creación de empleo, previendo un 2,1% en 2018 y 2019. Por su parte, la OCDE pronostica un crecimiento del 2,3% para 2018 y un 2,1% en 2019. Además, el FMI, que sí vaticina un incremento del 2,5% para 2018, rebaja la cifra a un 2% en 2019. Es decir, diversos estudios económicos pronostican que la economía española no crecerá al ritmo condicionado por el pacto social, para que se puedan aplicar las subidas del salario mínimo. A su vez, las mayores subidas del SMI están previstas para después de 2018, y cuando peores pronósticos existen.

Resulta curioso que se pretenda limitar o condicionar la subida del salario mínimo a la marcha de la economía, dado que en otros ámbitos no existen condicionantes. Hemos visto incrementos de beneficios empresariales y de retribuciones de miembros de consejos de administración, que alcanzan dos dígitos, mientras los indicadores de la economía española eran mucho menores. En este sentido un informe sobre desigualdad salarial de Oxfam Intermón expone ejemplos muy claros ocurridos en las famosas y todopoderosas empresas del IBEX-35, cuyos directivos conocieron un aumento de sus retribuciones de un 15% entre 2015 y 2016, y de un 36% entre 2014 y 2016 pese a que la cotización de estas empresas disminuyo un 9% en ese periodo aproximado. El mismo informe señala que los directivos de estas empresas cobran 207 veces más que sus trabajadores con salarios más bajos, y 112 veces más que el sueldo medio de estas empresas. Además, según la CNMC la retribución media de estos consejeros fue de 2,77 millones de euros en 2016. Entre 2008 y 2015 se han repartido 2.194 millones de euros en retribuciones. Los salarios de estos señores no están sujetos a complicados condicionantes, suceda lo que suceda, incluso a veces al margen del estado de sus propias empresas. Emilio Saracho, recientemente cobró 4 millones de euros por presidir el Banco Popular durante apenas 15 semanas, y sabemos que la entidad no marchaba especialmente bien, ya que fue vendida por 1 euro al Banco Santander. Mientras estos señores literalmente se forran, se vincula injustamente el crecimiento del SMI a la marcha de la economía, sin tener en cuenta los criterios de reparto de riqueza.

CONSIDERACIONES SOBRE EL GOBIERNO DE RAJOY Y EL SALARIO MÍNIMO

El salario mínimo en España tiene su origen en los años 60. Desde 1967 hemos tenido muchos gobiernos, pero solo el de Rajoy se atrevió a congelarlo, hecho ocurrido en el año 2012 y 2014 (pese a que en este ultimo año la economía creció al 3,2%). En general los gobiernos que menos han subido el SMI han sido del PP. En la segunda legislatura de Aznar, su crecimiento se estanco en un 2%. Por ejemplo, en el año 2000 la economía creció un 5,3%, mientras que el SMI lo hizo un 2%, y el IPC un 3,4%. En los años inmediatamente posteriores, coincidiendo con incrementos de IPC por encima del 3% y subidas generales de precios con el “redondeo” tras la entrada en vigor del euro, tuvieron un impacto negativo en el poder adquisitivo. En este sentido, hay que tener en cuenta en incremento del salario mínimo, el IPC medio, y la variación respecto al IPC. Dado que puede darse el caso que el SMI suba por debajo de la inflación como ha ocurrido en multitud de ocasiones. A su vez, recordamos que el precio de la vivienda no se incluye en los cálculos del IPC, y sabemos que el gasto en vivienda en el estado español es tremendamente elevado desde hace muchos años. Pese al estallido de la burbuja inmobiliaria, continúa el modelo económico de bajos salarios y precariedad, combinado con altos precios de la vivienda, formando un cóctel perfecto para provocar el endeudamiento de las familias. Fenómeno que no se revierte con subidas insuficientes y condicionadas del SMI, que tienen un alcance muy limitado.

Eduardo Garzón ha explicado francamente bien este tipo de cuestiones en su cuenta de Twitter, indicando que el pacto tiene trampa y es insuficiente, señalando que entre 2009 y 2016 el SMI creció un 5%, mientras que los precios un 10,2%. Además, como otro dato importante, señala que esta subida solo afecta al 2,7% de los trabajadores actuales, por lo que el alcance es limitado y reducido.

La insuficiencia de la subida salarial, en el caso de que se aplique, es relevante. Seguimos y continuaríamos estando muy lejos del SMI actual de otros países europeos: Reino Unido (1396 euros), Francia (1.480 euros), Alemania (1.498 euros), Bélgica (1.526 euros), Holanda (1.551 euros), Irlanda (1.563 euros), Luxemburgo (1.998 euros). Además, es importante señalar que la Carta Social Europea, establece que el SMI debe representar el 60% del salario medio. España se suscribió a este tratado internacional en 1978. Según el mismo, el SMI debería alcanzar los 1.126 euros. Pero con este pacto social, se va a seguir incumpliendo.

A su vez, si vemos otros indicadores europeos, vemos que comparativamente también salimos mal parados. España es uno de los países con la electricidad en los hogares más cara de Europa y con mayores problemas de pobreza energética. Aun así, se esperan más subidas en el futuro próximo de forma incondicional.

MASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS BASURA

También es importante señalar que este pacto no soluciona el problema de la temporalidad en el empleo y la masificación de los contratos basura. Sin olvidar que los empresarios pueden sortear una subida del SMI con contratación a tiempo parcial en fraude de ley y falsos autónomos. En 2016, el 91% de los contratos que se firmaron fueron temporales. El tipo de contrato que mas aumenta desde 2014 es el de tipo parcial, concretamente un 21% . Incluso, desde 2007 estos contratos han crecido un 61%. Los numerosos estudios sobre trabajo a tiempo parcial coinciden en tres cuestiones. El primer lugar señala la involuntariedad generalizada de este tipo de contratos. Por otro lado, estos contratos están relacionados con el aumento de la precariedad y de los trabajadores que pese a tener empleo, son pobres o están en riesgo de serlo. Y por último, se incide en que estos empleos precarios e involuntarios se ceban en las mujeres. Según datos de Eurostat, en 2016 casi un tercio de las mujeres trabajadoras europeas de entre 25 y 49 años lo hacían con un contrato a tiempo parcial, mientras que solo uno de cada quince hombres de la misma edad tenía ese tipo de contratos. En lo referente a España, un 24,7% de las mujeres tenía un empleo a tiempo parcial, frente a un 7,3% de los hombres. Por tanto, no es de extrañar que España ocupe el puesto 122 de 144 países en igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, según el Índice Global de la Brecha de Genero del Foro Económico Mundial.

Un informe de este año emitido por el Banco de España señala que de los 2,8 millones de trabajadores españoles a tiempo parcial, más del 60% lo hace de forma involuntaria, y querría trabajar a tiempo completo. Textualmente se indica que “el reciente incremento de trabajadores con contrato a tiempo parcial involuntario tiene un componente estructural”, y que no para de crecer el porcentaje de este colectivo, del 11,7% en 2006 al 15,3% en 2016. Por otro lado, de 2007 a 2015 el número de trabajadores a tiempo parcial involuntarios ha pasado de 750.000 en 2007 a 1,75 millones en 2015. Además, España era en 2015 el cuarto país de la OCDE con mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial de forma involuntaria. En definitiva no hay empleos estables y de calidad.

¿QUE SINDICALISMO NECESITAMOS?

Es necesario reiterar que el pacto social sobre salario mínimo y sus trampas, no soluciona la cantidad de problemas a los que se enfrenta actualmente la clase trabajadora. La patronal está constantemente reinventando nuevas formas de explotación y opresión, mientras que los derechos laborales empeoran enormemente en cada reforma laboral. Pero mientras las condiciones de trabajo se deterioran, las cúpulas sindicales de UGT y CCOO venden como un éxito el acuerdo de salario mínimo con patronal y gobierno. Esto es un ejemplo de que el sindicalismo mayoritario, no solo ha abandonado cualquier perspectiva (aunque fuese remotamente lejana) de transformación social, sino que continúan profundizando en el abandono de un sindicalismo reivindicativo. Siguen instalados a la ultradefensiva en la política del “mal menor”, acumulando derrotas, mostrando debilidad y sumisión. Esta óptica sindical no aspira a cambiar la realidad que les rodea, sino adecuarse a ella bajo intereses burocráticos y derrotistas.

De esta forma se produce una contradicción tras otra, como que defiendan jubilación a los 60 años y firmaran en el 2011 con Zapatero la jubilación a los 67. En su agenda sindical, no se baraja la movilización, e incluso batallas reivindicativas que hace años eran algo más comunes, como por ejemplo la campaña publica por la jornada de 35 horas sin reducción salarial que tuvo lugar hace 20 años. En la actualidad, no tienen ningún empeño en popularizar en la calle, centros de trabajo y en la negociación de los convenios, una tabla reivindicativa clara y de mínimos, arropada por la movilización y la discusión democrática en las bases.

Es necesario salir del bucle de estar permanentemente a la resistencia, en medio de una gran ausencia de victorias y luchas ofensivas, dado que en todo caso las victorias que se han producido en los últimos años han sido muy defensivas y en el ámbito judicial. La acción sindical debe recuperar la iniciativa abordando todos los problemas de los centros de trabajo y los trabajadores: prevención de riesgos laborales, masificación de los contratos a tiempo parcial, despidos, ritmos y jornadas de trabajo, acoso laboral, conciliación de la vida laboral y familiar, desigualdad de género en el trabajo, expedientes disciplinarios, etc. Para ello es necesario un sindicalismo de combate, radicalmente democrático, donde puedan participar directamente los trabajadores, diseñando estrategias para combatir la precariedad y los abusos empresariales. Se deben potenciar las secciones sindicales, aumentar la organización de los trabajadores a todos los niveles, adecuando las estructuras sindicales a la realidad de extrema precariedad existente en los centros de trabajo, como paso previo aumentar el poder de capacidad de negociación, y construir un sindicalismo que gane conflictos a la patronal, que pase de la resistencia a la ofensiva, y que nunca abandone una firme perspectiva de transformación social.