Venezuela
En medio de una gran crisis económica, la oposición venezolana va de mal en peor

Si un grupo de expertos realmente independientes, basándose solo en el análisis de variables concretas, se dedicara a estudiar el caso de Venezuela, tendría un primer quebradero de cabeza con la pregunta: ¿Por qué en un país azotado por la hiperinflación, en el que la calidad de vida ha declinado drásticamente durante un lustro consecutivo y en el cual se está aplicando un severo plan de ajuste económico, el gobierno es más popular que la oposición?

Y que conste que la afirmación implícita en este interrogante no se basa en lo que dice el Gobierno. Claro que —como hacen todos los gobiernos— el aparato publicitario y comunicacional público dedica importantes recursos a reivindicar la popularidad del presidente Nicolás Maduro, pero la existencia de una sólida base de apoyo para él y, sobre todo, la precariedad de la oposición son realidades que muestran hasta los sondeos de opinión de instituciones claramente favorables a un cambio político, como la Universidad  Católica Andrés Bello.

La encuesta de la empresa Ratio, perteneciente a esa tradicional universidad jesuita, ha sido como un despertar a bofetadas para muchos ciudadanos que prefieren seguir creyendo en la versión reiterativa de la dirigencia política y mediática de la oposición, según la cual el gobierno es rechazado por el país entero, pero se mantiene en el poder, siendo minoría, mediante artificios dictatoriales.

El sondeo reconoce que el lecho rocoso electoral del chavismo gobernante es superior a 30%, mientras el de sus adversarios apenas ronda el 20%. La otra mitad de la población fluctúa entre la indiferencia militante, la desesperanza y el afán de buscar soluciones individuales en un escenario de mera supervivencia.  

El apoyo electoral es un dato crucial cuando se aproximan unas elecciones de concejales (diciembre) y también podría producirse en cualquier momento el referendo acerca del contenido de la nueva Constitución Nacional, que está elaborando la Asamblea Nacional Constituyente.

Medidas económicas: ¿populares?

Uno de los puntos más sorprendentes del cuadro actual en Venezuela, reflejado por el sondeo, es que la popularidad de Maduro, contra casi todos los vaticinios, ha repuntado después de que comenzó a aplicarse un Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, al que los factores opositores han caracterizado como un “paquetazo rojo”, en referencia al carácter neoliberal que le atribuyen a algunas de las medidas, y al color característico del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la organización política más poderosa del país, fundada por Hugo Chávez.

Según analistas de tendencia opositora que han opinado sobre los resultados de la encuesta de la Universidad Católica, como Armando Pernía, resulta claro que Maduro está viviendo uno de sus mejores momentos desde que arribó aparatosamente a la presidencia, en abril de 2013, en elecciones sobrevenidas tras la muerte de Chávez. Este dato no deja de sorprender porque la tendencia de todos los gobiernos es a desgastarse en el ejercicio del poder, y más cuando se atraviesa por una incesante tormenta económica, como le ha ocurrido al de Venezuela, debido a la caída de los precios petroleros y, más recientemente, al cerco financiero tendido por Estados Unidos y varios países europeos.

El respaldo popular al ajuste económico no es producto de una especie de epidemia de masoquismo. Tiene que ver con el hecho de que incluyó un enorme incremento del salario mínimo nacional, que alivió, al menos por unas semanas, el azote de los precios hiperinflados, aunque también ha acelerado la espiral hasta niveles insoportables. 

La gente también le ha dado respaldo a un aumento del precio de la gasolina que viene acompañado de una nueva modalidad de subsidio directo para el que debe utilizarse el documento conocido como carné de la patria. La oposición ha calificado esta modalidad como una forma de control político.

Los resultados del mencionado estudio demoscópico (así como la percepción cotidiana) no son como para que el gobierno monte una fiesta. Por ejemplo, el 75% califica la situación del país como negativa y el 62,9% evalúa mal la gestión de Maduro. El detalle revelador es que esos números son mejores que los obtenidos en sondeos realizados en meses y años anteriores. Además, en la acera de enfrente, cuando se busca la alternativa, solo parece haber ruinas.

¿Qué le ocurre a la oposición?

Si Maduro vive o no su mejor momento en seis años es un punto discutible. En lo que sí parece haber acuerdo es en que la oposición está en el peor, incluso si se amplía el horizonte temporal hasta los casi 20 años que han transcurrido desde la llegada de la revolución Bolivariana al poder, en 1999.

La situación de las fuerzas antichavistas es especialmente negativa si se la compara con diciembre de 2015, cuando obtuvieron una clamorosa victoria en las elecciones parlamentarias. Cualquiera que hubiese contabilizado el capital político acumulado por la oposición en ese momento y lo compare con el que tiene hoy tendría que concluir que en estos tres años ha de haberles ocurrido una gran catástrofe.

La explicación que circula por el mundo indica que el gobierno asumió el camino dictatorial al desconocer la mayoría parlamentaria opositora mediante jugadas judiciales. Esa narrativa deja a un lado una serie de errores cruciales que la dirigencia política antigubernamental ha cometido en el transcurso de estos tres años. 

El primero de ellos fue tratar de utilizar la mayoría en la Asamblea Nacional para propiciar un anticipado cambio de gobierno. Tan pronto asumieron el control del Poder Legislativo comenzaron a prometer que Maduro sería desalojado del mando en un plazo máximo de seis meses, sin tener siquiera un acuerdo interno sobre los mecanismos que iban a usar para lograrlo.

Unos líderes hablaban de destituir al presidente por su supuesta nacionalidad colombiana; otros se decantaban por un rápido juicio político; otros propusieron convocar a una Asamblea Nacional Constituyente; y otros plantearon que el mandatario era susceptible de remoción por abandono del cargo. Paralelamente, estaban corriendo los tiempos para convocar un referendo revocatorio del mandato de Maduro, impulsado por un sector de la oposición y que no se concretó, según el gobierno, porque se presentó tardíamente, y, según los adversarios, porque el Consejo Nacional Electoral lo boicoteó. En resumen, transcurrido el primer año del Parlamento con mayoría opositora, Maduro seguía estando en el poder.

Jesús “Chúo” Torrealba, quien fue secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en ese tiempo, lo hace ver constantemente en un programa de radio que modera en una emisora de Caracas: “No se puede aceptar lo que no se asume. La unidad se dividió por las mismas personas que la dirigían en 2016, quienes creían que ya el gobierno estaba a punto de salir y, en vez de buscar la forma de terminar de sacarlo, lo que hicieron fue echarse cuchillo unos con otros para ver quién terminaba de heredar la silla de Miraflores (el palacio de gobierno)”, dijo Torrealba recientemente.

La clave está en 2017

Luego de lo ocurrido en 2016, los peores errores opositores estaban por llegar. En 2017, el ala radical tomó nuevamente el timón de la coalición opositora, tal como ya lo había hecho entre 2002 y 2004, y en 2014, tiempos en los que propiciaron un golpe de Estado, una huelga petrolera y desórdenes focalizados conocidos en Venezuela como guarimbas. Lo de 2017 vino reforzado, pues los disturbios que se prolongaron por cuatro meses dejaron una estela de más de 120 muertos, incontables lesionados, enormes daños materiales y miles de detenidos, entre ellos una buena cantidad de dirigentes a los que se caracterizó desde entonces como presos políticos.

La violencia se concentró en zonas de clase media de Caracas y otras ciudades del país y terminó por provocar rechazo incluso entre los militantes opositores que son mayoría en esos enclaves. Ese descontento les ha pasado factura posteriormente.

Como salida a una situación que degeneraba ya hacia la guerra civil, Maduro se jugó la carta de la Asamblea Constituyente, la misma que había sido asomada por los opositores un año antes. Pero la oposición, al parecer siguiendo instrucciones o recomendaciones externas, optó por no participar. El cuerpo deliberante especial que se eligió el 30 de julio de 2017 quedó, en consecuencia, integrado exclusivamente por partidarios del gobierno. Ese organismo ha asumido poderes supraconstitucionales, entre ellos los del Parlamento de mayoría opositora, que previamente había sido declarado “en desacato” (una figura novedosa en la jurisprudencia venezolana) por el Tribunal Supremo de Justicia.

En las tres elecciones que siguieron, los opositores han tenido una actitud errática. Participaron en las de gobernadores y ganaron en cinco de los estados, incluyendo Zulia, la principal provincia petrolera venezolana. Pero el gobernador electo de esa entidad, Juan Pablo Guanipa, del partido derechista Primero Justicia, se negó a prestar juramento ante la Asamblea Constituyente, a la que las fuerzas opositoras no reconocen como legítima. La oposición asegura que también ganó la elección del selvático y minero estado Bolívar, pero la autoridad electoral declaró triunfador al candidato chavista. La denuncia de fraude fue desestimada por el Consejo Nacional Electoral.

Después de ese episodio, la oposición se abstuvo en las elecciones de alcaldes de diciembre de 2017, cediendo casi todo el poder municipal que tenían. En la actualidad, solo 26 de los 321 alcaldes son militantes opositores. Las alcaldías son las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía.

2018: más errores

Al iniciarse 2018, estaba tomando cuerpo la esperanza de que gobierno y oposición llegaran a acuerdos para realizar las elecciones presidenciales pautadas por la Constitución vigente. Cuando ya estaban a punto de suscribir un pacto, en las conversaciones realizadas en República Dominicana (en las que participó como facilitador el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero), los delegados opositores rompieron el diálogo y anunciaron que los partidos de la coalición MUD no participarían en lo que calificaron como una farsa electoral.

La decisión rompió también a la MUD por dentro. Llegó la gran crisis interna, y la MUD, que venía funcionando desde 2010, debió ser sustituida por una nueva alianza, denominada Frente Amplio Venezuela Unida. Esta organización, sin embargo, aún no ha cuajado ni tiene líderes reconocidos nacionalmente. Para completar la crisis, el boicot a las elecciones no fue acatado por todos los sectores opositores, pues se presentaron tres candidatos presidenciales en contra de Maduro, quienes en conjunto obtuvieron alrededor de 3 millones de votos, frente a 6,2 millones del aspirante a la reelección.

Después de ese resultado, la oposición quedó en una situación crítica, con muchos dirigentes haciéndose mutuas acusaciones y buena parte del liderazgo fuera del país, dedicado a solicitar sanciones económicas contra el gobierno.

El politólogo opositor Carlos Raúl Hernández, quien respaldó una de las opciones participantes en las presidenciales, la del exgobernador del occidental estado Lara, Henri Falcón, ha sido uno de los críticos más agudos de la dirigencia que optó por el abstencionismo. “Quienes llevaron a la oposición a este abismo no pueden pretender ahora seguir siendo sus líderes”, dijo. 

Una de las voces más escuchadas del ámbito opositor, el economista Luis Vicente León, directivo de la encuestadora Datanálisis, dibuja un cuadro dramático: “La división es una de las múltiples dificultades que tiene la oposición. Sus dirigentes están desconectados entre sí y con la población, sus fracturas han generado que una parte del país les rechace, hay un vacío de propuestas, están en su peor momento de la historia, si hoy la oposición tuviera cómo presionar, el gobierno no tendrían ni siquiera con quién negociar”, declaró León al diario regional Panorama. 

En estado comatoso

Algunos analistas políticos apostaron a que la masa crítica opositora iba a reactivarse a raíz de la detención del diputado Juan Requesens, también de Primero Justicia, como parte de las investigaciones del atentado fallido contra el presidente Maduro y buena parte de las autoridades del Estado, el 4 de agosto en una céntrica avenida de Caracas. Sin embargo, el parlamentario ya ha cumplido dos meses en la cárcel y las manifestaciones que se han convocado en solidaridad con él no han tenido casi ningún apoyo popular.

Ese intento de magnicidio trajo aún más divisiones internas, pues los sectores más radicales, desde el exterior del país, salieron a reivindicar su autoría, mientras la oposición más moderada pretendió ponerlo en duda, dando a entender que fue una acción del propio gobierno para victimizarse y justificar la represión.

La falta de sintonía de la dirigencia política con las bases se puso de nuevo en evidencia en las últimas semanas. El llamado Frente Amplio Venezuela Libre, la coalición que espera sustituir a la MUD, hizo una asamblea en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país. En ese encuentro acordaron convocar a una huelga nacional de un día, el viernes 5 de octubre, en rechazo a las medidas económicas decretadas por Maduro el 20 de agosto. La convocatoria fracasó ostensiblemente, al punto de que los medios de comunicación de tendencia opositora optaron por actuar como si el llamado a huelga nunca hubiese ocurrido.

Liderazgos importados

Otro síntoma que indica a las claras el colapso de los liderazgos opositores venezolanos es que la vocería de las iniciativas la han llevado últimamente figuras extranjeras, convertidas en furibundos adversarios en el debate cotidiano: el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro; varios presidentes y expresidentes latinoamericanos; y funcionarios estadounidenses como el senador Marco Rubio; la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley; el secretario de Estado, Mike Pompeo; el vicepresidente, Mike Pence y hasta el propio presidente Donald Trump.

Desesperada por la ausencia de líderes nacionales creíbles, una porción de la militancia opositora ha optado por hacerse partidaria de una anunciada intervención humanitaria internacional que podría realizarse mediante el uso de la fuerza militar. No obstante, cuando se hace un análisis más reposado de ese escenario, parecen ser mayoría los opositores que rechazan la opción y plantean que es necesario volver a la ruta de las elecciones y del diálogo con el gobierno.

El ya mencionado politólogo Carlos Raúl Hernández lo resumió así en sus redes sociales: “Todo lo que hemos ganado, incluso la esperanza, ha sido con votos. Todo lo que hemos perdido, incluso la esperanza, ha sido por la abstención”.