Opinión
El ‘No a la guerra’ de Sánchez y el gasto militar español

Pedro Sánchez debería convencer a sus socios de la OTAN y la UE de que disponen de cuatro años para trabajar por la paz.
Acción denuncia gasto militar Bilbao
Acción de denuncia al Gasto Militar en Bilbao (año 2019)

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

7 may 2026 05:22

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha apropiado del ‘No a la Guerra’ de los movimientos sociales. Lo celebramos, pero su llamamiento parece quedarse en meras palabras y no en acciones políticas concretas que en algunos casos parecen tomar la dirección opuesta, como es el caso de la guerra en Ucrania. El Gobierno continúa enviando armas y recursos a Ucrania, lo cual alimenta la continuidad de esa guerra. Cabe lamentarlo ya que, en su lugar, lo que debería estar haciendo es desplegar una ofensiva diplomática dentro de la UE y frente a Rusia para conseguir un alto al fuego que posibilitara unas negociaciones de paz que pusieran fin a cuatro años de guerra.

En ese mismo sentido, el ‘No a la Guerra’ de Sánchez, para ser auténtico, debería traducirse en no prepararse para llevarla a cabo, como sí está haciendo con un colosal aumento del gasto militar para adquirir nuevos armamentos. Un aumento de los presupuestos militares que responde a una exigencia de la OTAN y la UE para llevar a cabo una guerra frente a Rusia. Pues ambas organizaciones, con Alemania y Francia a la cabeza, afirman que Rusia atacará e invadirá un país europeo antes de cuatro años. Se supone que el ‘No a la Guerra’ es un ‘Sí a la Paz’. Entonces, Pedro Sánchez debería convencer a sus socios de la OTAN y la UE de que disponen de cuatro años para trabajar por la paz, recuperando la cooperación comercial y una seguridad compartida que permitiera una coexistencia pacífica con la Rusia de Vladimir Putin.

En 2025, para cumplir con los compromisos adquiridos por España con la OTAN y con los planes de rearme de la UE, se han aprobado 42 grandes Programas Especiales de Modernización

Por el contrario, el Gobierno español, para cumplir con el compromiso frente a la OTAN y la UE, y alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, aprobó en Consejo de ministros, el 22 de abril de 2025, un gasto militar de 33.123 millones de euros. Al analizar la liquidación final del presupuesto del Ministerio de Defensa a 31 de diciembre de 2025, hemos observado que las transferencias de crédito extraordinarias traspasadas al Ministerio de Defensa durante el año 2025, han sido de 8.587 millones que, sumadas al presupuesto inicial de 14.454 millones, dan un presupuesto final de 23.041 millones, que representa un 1,44% del PIB, aún lejos de los 33.123 millones anunciados.

Para alcanzar esa cifra, el Gobierno, por primera vez, ha tenido que incluir otras partidas de carácter militar repartidas entre otros ministerios y programas, aunque sin especificar cuáles. Algo que desde el Centre Delàs demandamos desde hace más de dos décadas. Sabíamos, que el gasto militar real del Estado español es muy superior al habitualmente declarado, y, de hecho, si se añaden todas esas otras partidas, el gasto militar real de 2025 ha sido muy superior al anunciado por el Gobierno, alcanzando los 39.476 millones de euros, y, entonces, alcanzando el 2,42% del PIB, por encima del objetivo del 2%. Un gasto militar español que en 2025 ha supuesto un crecimiento del 35% respecto al año anterior.

Pero hay mucho más gasto militar previsto para los próximos años. En 2025, para cumplir con los compromisos adquiridos por España con la OTAN y con los planes de rearme de la UE, se han aprobado 42 grandes Programas Especiales de Modernización (PEM), a desarrollar en los próximos 15 años con un importe estratosférico: 33.315 millones. Y para desarrollar estos PEM, el Ministerio de Industria ha concedido créditos (ayudas) en concepto de I+D a las empresas militares que los deben desarrollar por un importe de 22.827 millones.

Es decir, el ‘No a la Guerra’ de Pedro Sánchez es una falacia, pues España se ha lanzado a una campaña armamentista, belicista y militarista en detrimento del bienestar de toda la población española, en especial, de las capas más empobrecidas, y, aunque el Gobierno asegure que no afectarán a partidas de asuntos sociales (seguridad social, pensiones, educación o sanidad), igualmente representarán un retroceso en el bienestar de la población pues afectaran al resto de ministerios (Trabajo, Fomento, Transición Ecológica, Vivienda, etc.) y ponen en peligro el precario Estado de bienestar del conjunto de la población.

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