Tribuna
En defensa del sistema público de pensiones

Es evidente que, desde la asunción política mayoritaria de los principios liberales, el sistema de protección social del Estado español está siendo continuamente puesto en cuestión. La idea de reducir el gasto social y en pensiones para minimizar la necesidad de recaudación del Estado y con ello la eficacia en su función redistributiva de la riqueza, así como, a la vez, dejar libres “nichos de negocio” para el sector financiero (seguros, fondos de pensiones privados, etc.) en la privatización de esa indispensable protección social, movilizan al poder en un ataque continuado contra la Seguridad Social.

En CGT estamos empeñados en la defensa del sistema público de pensiones y que el mismo responda en su contenido a lo recogido en los Artículos 41 y 50 de la Constitución Española, sobre que el Estado debe contar un sistema de Seguridad Social que garantice prestaciones sociales suficientes que garanticen una vida digna a la ciudadanía.

Si bien esta declaración de defensa puede ser común al conjunto de los Sindicatos sociales en España. Para nada significa que todos los Sindicatos valoremos igual el cómo se defiende el Sistema y, menos aún, cuáles son precisamente los problemas que tiene el Sistema, cuáles son esos ataques y, por tanto, cuáles son sus soluciones.

Es por ello, esas diferencias intersindicales, que hacemos nuestro el llamamiento recientemente efectuado por la Coordinadora de Pensionistas de Bizkaia para que cada sindicato reflexione públicamente sobre las características de esa teórica defensa de las pensiones y no se produzcan comportamientos contrarios a la misma. Así que una definición más concreta de cómo se defienden las pensiones públicas resulta básico:

• CGT estamos por mantener el Sistema actual de “Caja Única” vigente en el Estado, bajo un modelo contributivo de carácter redistributivo. Es decir, la Seguridad Social se alimenta de la contribución obligatoria (la cuota patronal y la cuota social) de sus integrantes, pero las pensiones que se fijan son las correspondientes a unos mínimos y unos máximos fijados por el Gobierno, para garantizar que, el margen de esa protección social en la fase vital más vulnerable, permita a toda la ciudadanía el objetivo de una vida digna y suficiente. De este modo, quien ha cotizado un periodo mínimo recibe la misma prestación que quien ha cotizado, por ejemplo, 10 años más. Y esta función redistributiva no solo se basa en un concepto claro de solidaridad y justicia, sino que se ha demostrado que, tras una vida laboral, garantizar, contar con un retiro suficiente no teórico, sino real, supone una eficaz generación de riqueza social, por el efecto colchón y por el efecto consumo e inversión de cada contribuyente.
  
  
• Lo determinante para garantizar un presupuesto de la Seguridad Social suficiente no es el número de pensionistas con relación al de contribuyentes, sino el porcentaje del PIB (el valor de lo producido en el Estado anualmente) que el Gobierno dedica a las pensiones. En 2017, España dedicó el 11% de su PIB al pago de pensiones y los cálculos para el año 2045 hablan de que estará en el entorno del 12,5% de el PIB de ese año. Países de nuestro entorno como Italia está actualmente en el 16,3% y Francia, en el 13,8% de su PIB, por lo que España no tiene un problema de “gasto excesivo” en sus Pensiones. Más bien al contrario, el problema español pasa por que su recaudación, la presión fiscal que el Gobierno realiza sobre el PIB, esté en línea con el resto de la UE. Hoy, en España esa presión fiscal (conjunto de recaudación tributaria) es 9 puntos menor que la media de la UE. 

La “rareza” española de poner un tope a la cotización de los sueldos que superen los 48.841 euros anuales hace que el Estado deje de recaudar unos 4.000 millones de euros al año

Y esta es una de las discrepancias que CGT viene teniendo con todas las reformas de las pensiones y las medidas de el Pacto de Toledo. Se viene interviniendo básicamente sobre el gasto y no se acometen las medidas posibles y justas sobre la recaudación.

En España, la cotización a la Seguridad Social está topada en un máximo (4.070,10€/mes). Esto hace que quien gane anualmente más de 48.841,20 € no está cotizado por el total de su retribución. No cotiza la persona por su 6,35% y no lo hace la Empresa por su 23,6%. Esta “rareza” hace que la Seguridad Social deje de recaudar unos 4.000 millones de euros. Anuales. Algo parecido ocurre con las subvenciones y/o bonificaciones en la cotización por crear nuevos empleos precarios, inestables y baratos que están vigentes en España y que suponen no recaudar para la Seguridad Social unos 21.000 millones de euros. O, más infame aún, que los ERE en empresas con beneficios (por ejemplo la banca), firmados por algunos de los sindicatos que dicen defender el sistema público de pensiones, contemplen como “indemnización” de los despedidos en el ERE el cobro del importe del paro, provocando no solo la extinción de su cotización a la Seguridad Social, sino generando a la vez un gasto como indemnización que, de darse, debiera ser exigido a la Empresa. 

Este discurso del “no te cobro” como algo bueno, no puede ser compartido por los sindicatos de carácter social, porque “premiar” al ahorro ligado a la jubilación, es ir contra el sistema público de protección social.

Y no podemos olvidar una importante contradicción demasiado habitual: la fiscalidad de los fondos de pensiones tanto de empleo como privados. La aún peor socialmente fiscalidad de las EPSV vascas, de empleo y privadas. Y es que no se puede defender el sistema público de pensiones y a la vez, no oponernos a que los fondos de pensiones o EPSV privadas tengan exenciones fiscales. La AET deja de recaudar anualmente 2.000 millones de euros de los Planes de Pensiones privados y las Diputaciones de la CAV, sin poder cifrarlo suficientemente, renuncian proporcionalmente, aún más, en la recaudación de sus EPSV privadas. Este discurso del “no te cobro” como algo bueno, no puede ser compartido por los sindicatos de carácter social, porque “premiar” al ahorro ligado a la jubilación, es ir contra el sistema público de protección social.

La fiscalidad para un Estado social que debe primero recaudar para luego poder redistribuir y garantizar protección social, debe ser neutra

Pero en la trampa de la fiscalidad hay aún más problemas sin abordar. La fiscalidad para un Estado social que debe primero recaudar para luego poder redistribuir y garantizar protección social, debe ser neutra. Es decir, si hay una percepción, el pagador o el beneficiario deben pagar su correspondiente impuesto (IRPF), como una renta más. Solo la fiscalidad puede dejar de ser neutra, si busca ser proactiva fomentando un determinado gasto, acción o ahorro.

Para CGT, fomentar la creación tanto de fondos de pensiones como EPSV de Empleo (aquellos que promueve el patrono para garantizar complementos de jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, paro), deben tener una fiscalidad neutra. Es decir, podemos aceptar que el empresario rebaje de su Impuesto de Sociedades aquel dinero, importe, porcentaje salarial, etc. que “ahorre” creando un fondo de pensiones o EPSV de Empleo para el futuro de su plantilla, pero si esto ocurre, ha de ser la persona beneficiaria la que cotice en su IRPF por esa aportación que si bien es un “salario diferido” (es retribución que no se consume hoy, sino a la jubilación) ha de ser computado fiscalmente hoy o mañana, pero por su totalidad.

Y esto no ocurre hoy día ni en los Fondos de Pensiones de Empleo estatales y mucho menos aún en las EPSV de Empleo vascas. Es más, a fecha de hoy, el cobro del capital de un Fondo de Pensiones o una EPSV de Empleo en la CAV conlleva la exención del IRPF sobre el 40% del dinero aportado hasta la fecha de Jubilación, mientras que si ese cobro se produce en territorio tributario español, la exención del 40% sólo se efectúa sobre el valor en el Fondo a fecha  31-12-2006.

La foralidad vasca, sin embargo, más “generosa” con sus intereses sostienen la exención tanto en Fondos estatales como en EPSV sobre el total del capital depositado a la fecha de jubilación

Esto ocurre porque el último Gobierno de Zapatero suprimió la exención del valor de los Fondos de Pensiones del IRPF, salvo los importes consignados en los Fondos al 31-12-2006. La foralidad vasca, sin embargo, más “generosa” con sus intereses sostienen la exención tanto en Fondos estatales como en EPSV sobre el total del capital depositado a la fecha de jubilación. Admitir, por cualquier Sindicato social, que la fiscalidad en los Fondos y EPSV de empleo no sea neutra, es hacer que el Complemento de Jubilación, por más que proceda de un sistema de Empleo, lo pague el conjunto de la ciudadanía. Como ejemplo el caso  de un recién jubilado del BBVA, cobrará, al margen de su pensión pública en máximos, un Fondo de Pensiones de Empleo de 120.000 €, tras 48 años trabajados, pero su 40% estará exento de mi IRPF. Esta “generosidad” fiscal no es otra cosa que penalizar la recaudación que haría factible una mejora en las pensiones públicas para quien no tiene otra cosa que una jubilación pública mínima o mediana.

Es un error social creer que “pagar menos” es directamente “bueno” cuando hablamos de lo público. Recibir una prestación por encima de lo público, debe contener siempre una fiscalidad neutra

Es un error social creer que “pagar menos” es directamente “bueno” cuando hablamos de lo público. Recibir una prestación por encima de lo público, debe contener siempre una fiscalidad neutra. O pagador o beneficiario deben cotizar su correspondiente IRPF por ello. Tal impuesto puede tener matices en el cuándo se paga o su porcentaje, en función de si es una retribución directa o diferida, pero el actual sistema de desgravar al promotor (empresa o Gobierno Vasco), no imputarlo a la persona beneficiaria por ser un dinero diferido y finalmente, al cobrarlo, darle una exención fiscal, atenta contra la sostenibilidad de lo público. Del sistema de pensiones, de la protección social.