Tribuna
Crisis, desigualdad y posibles salidas para Castilla y León

En el mapa de una crisis económica aparecen siempre, de un modo recurrente, escenarios que visibilizan y acrecientan las desigualdades. La crisis de 2008 es un claro ejemplo: los salarios disminuyen, las condiciones laborales empeoran y los servicios públicos son recortados y privatizados. Esto nos muestra el camino por el que discurren las dinámicas de poder: mientras las condiciones de vida empeoran para la mayoría de la población y la precarización laboral crece, los bancos son rescatados con dinero público y las grandes empresas y grandes patrimonios incrementan sus ganancias, tanto en nuestra tierra como a nivel estatal o mundial.

Este es el marco político, social y económico al que nos enfrentamos de nuevo. Y lo hacemos esta vez dentro de un tiempo de excepción que requiere de medidas y acciones que deberían tener en cuenta, de igual forma, tanto la urgencia sanitaria que vivimos como la crisis social, ecológica y económica. Y sobre todo tener en cuenta a quienes más sienten el golpe de este panorama de crisis. Porque la crisis no afecta por igual a la población en Castilla y León; el virus no es lo mismo para todos y todas, y no toda la ciudadanía lo sufre con igual intensidad o puede defenderse de él con los mismos medios. 

Mientras nuestra salud y los cuidados de nuestros mayores se ven comprometidos, la solución de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea pasa por poner aún más facilidades a quienes ven en esta crisis sanitaria y económica la posibilidad de un negocio; una forma de generar beneficios a costa de la salud y de lo público. La sanidad privada en Castilla y León atraviesa uno de sus mejores momentos, como se demuestra con la nueva compra y apertura de clínicas o la ampliación de hospitales.

El medio rural, ya de por sí abandonado y castigado, ha visto cómo pasaban los meses con consultorios cerrados, y con nuestros mayores a merced de la atención telefónica en el mejor de los casos

La contratación de pólizas de salud (con primas impagables o sobrecargos para los mayores, para enfermos crónicos o para personas con diversidad funcional que no son buen negocio) se ha incrementado notablemente en los últimos meses debido al deficiente funcionamiento y la falta de recursos de la sanidad pública. De igual modo, es importante destacar las derivaciones a la sanidad privada, tanto de pruebas diagnósticas como de cirugías de todo tipo antes y durante la crisis de la covid-19. Y esto se lleva a cabo no precisamente con la puesta a disposición de lo privado para el bien común, como requieren estos tiempos de emergencia, sino a costa de cuantiosos contratos de miles de euros para grupos como Recoletas o Affidea. Mientras tanto el medio rural, ya de por sí abandonado y castigado, ha visto cómo pasaban los meses con consultorios cerrados, y con nuestros mayores a merced de la atención telefónica en el mejor de los casos, que no suple ni soluciona los cuidados para la salud que necesita una población envejecida como la de nuestros pueblos.

Capítulo aparte merece la problemática de las residencias de mayores y los centros sociosanitarios, con sólo un 7% de plazas de gestión pública. Estos centros y residencias permanecen claramente infradotados en medios y en personal desde hace ya mucho tiempo. Esta falta de recursos se ha visto amparada por la connivencia de la Junta de Castilla y León, que en 2017 desarrolló un Decreto a la carta (tumbado por el Supremo) cuya finalidad no era otra que la de favorecer a las asociaciones empresariales, copadas por fondos especuladores de inversión internacionales. Este decreto despojaba a las residencias de ancianos del carácter sanitario, justo lo contrario de lo que se ha necesitado y reclamado en el peor momento de la pandemia: camas medicalizadas y personal especializado y cualificado. Hemos visto morir solos y desatendidos a cientos de nuestros mayores, ante la frustración y la pena de las trabajadoras de residencias y cuidadoras que también han enfermado en muchos casos por sobrecarga y falta de medidas de seguridad en sus empleos. Bofetón de realidad respecto a los trabajos esenciales y que verdaderamente son imprescindibles para sostener la vida, sectores feminizados, mal pagados, infravalorados y precarizados.

En nuestra comunidad, las políticas que el Partido Popular lleva poniendo en marcha desde hace años nos sitúan hoy entre los territorios más afectados por la covid-19

Por otro lado, las medidas y restricciones adoptadas por las distintas administraciones tales como confinamientos, prohibición del uso del espacio público, sanciones por incumplimiento, incluso los aislamientos domiciliarios también tienen su componente de clase, afectan de manera desigual y pueden ser asumidas de distinto modo según el lugar que ocupemos en la sociedad y el nivel de renta. No es lo mismo ir o dejar de ir a trabajar a Renault a la primera sospecha de síntomas, siendo operario precario, subcontratado por ETT, con contrato de seis meses, haciendo tres horas extras cada día y ganando 900 euros, que ser un directivo con posibilidad de teletrabajar. No es lo mismo confinarte con tus tres hijos en una habitación de nueve metros cuadrados en un piso compartido que en un chalé de trescientos metros cuadrados con piscina. No es lo mismo no poder salir con tus hijos al parque cuando acabas tu jornada laboral a turnos a que te los cuide una migrante interna en tu casa todo el día. No es lo mismo pagar una sanción de 500 euros cuando tienes un contrato por horas de limpiadora y ganas 650 euros al mes que cuando tu salario, rentas del capital y rentas inmobiliarias suponen un ingreso mensual de 10 veces el sueldo de la limpiadora. Las restricciones no deben ni pueden ser causa de discriminación o segregación.

En esta situación, y para frenar al virus, vuelve a ser necesario detenerlo todo, parar los trabajos y sectores productivos no imprescindibles. Al mismo tiempo, es fundamental generar compensaciones y medidas que garanticen la vida digna para toda la población, para la gente en exclusión, para los trabajadores y trabajadoras precarias, para los que no tienen reconocidos derechos de ciudadanía pero que trabajaron en el campo para llenar nuestras neveras en el confinamiento. Todo ello sin trabas burocráticas y administrativas, con el objetivo de que lleguen de verdad a los hogares y no se queden en un titular de prensa. Es necesario hacer política para blindar la seguridad de la gente ante la rapiña de los oligopolios energéticos o inmobiliarios, abandonando el Tratado de la Carta de la Energía, como ya han hecho otros países, garantizando sí o sí los suministros y el acceso a la energía para todas y prohibiendo los desahucios.

Tampoco puede haber recuperación económica sin reforzamiento del sistema sanitario y sin una red de servicios públicos sólida y accesible para todas, no puede haber democracia real en una sociedad cada vez más desigual.

La pandemia nos ha colocado precipitadamente en una gran crisis que desenmascara los grandes retos futuros, que sólo políticas radicales y valientes de izquierdas, con criterios de sostenibilidad, justicia social y redistribución de la riqueza podrán darnos la oportunidad de superar.

En nuestra comunidad las políticas que el Partido Popular lleva poniendo en marcha desde hace años nos sitúan hoy entre las comunidades más afectadas por la covid-19. Estas políticas muestran claramente y sin rodeos la intención de abandono y deterioro de la educación y la sanidad públicas, especialmente en el mundo rural, para seguir fomentando los intereses privados. Pero sabemos que la empresa privada no abre colegios ni hospitales en los pueblos porque ahí no hay suficiente negocio.

Ante esta situación de excepción, desde Anticapitalistas planteamos con urgencia la necesidad de una Tasa Covid. Recientemente el FMI (Fondo Monetario Internacional), ha pedido en un informe sobre la covid-19, lo que llama un “sobrecargo de solidaridad” para que las rentas más altas paguen un impuesto especial. Desde Anticapitalistas venimos diciéndolo desde hace meses: “Qué paguen los ricos”; Tasa Covid una necesidad de justicia social y fiscal.

Esta tasa ha de entenderse como un impuesto extraordinario a las grandes fortunas que permita asegurar los recursos imprescindibles para atender las necesidades de la población de Castilla y León. La clase trabajadora, los más desfavorecidos no podemos volver a soportar el peso de la crisis como ya pasó en 2008. Es urgente volcar todos los recursos necesarios sobre la sanidad pública, tomar el control inmediato, real y sin coste para la población de la sanidad privada, que solo abre sus puertas si se aseguran sus beneficios.

Es necesario y viable, junto a esta Tasa Covid, un reparto del trabajo, implementar de manera urgente una renta básica universal, acabar con los paraísos fiscales, crear una banca pública, asegurar la prohibición total y efectiva de los desahucios y la regulación inmediata de los precios de los alquileres. Esta vez debe ser la verdadera minoría peligrosa, los ricos ─quienes viven del esfuerzo y sudor de la mayoría social sin aportar lo que les corresponde─ quienes han de asumir el coste.

Estas pocas familias y personas ─los Hidalgo, Velázquez, Toledano, etc─ acaparan un grandísimo patrimonio conseguido sobre el esfuerzo de muchos y muchas trabajadoras y por el que no contribuyen ni retornan a la sociedad lo que les corresponde, más aún en este momento de necesidad y crisis extrema. Es hora de que pongan esa riqueza al servicio de la mayoría. Que paguen los ricos, también en nuestra comunidad para asegurar la vida de quienes cada día generamos la riqueza, pero también para que quienes vengan después no tengan que verse obligadas y obligados a abandonar nuestra tierra buscando un futuro que aquí se les niega.

Del Partido Popular y Ciudadanos nada esperamos, defienden sus privilegios y los intereses del capital y los privilegiados, y la izquierda que está en las instituciones en esta tierra ya ha demostrado su nula voluntad de ponerse del lado de las trabajadoras y trabajadores. Se mueven sin querer molestar mucho sobre una alfombra de resignación o un ocasional y vanidoso afán de protagonismo mediático del disidente, pero sólo eso, con el objetivo de salir en los medios, sin una intención y compromiso real transformador.

Por este motivo creemos que deben ser las organizaciones y movimientos sociales las que se pongan frente a los poderosos. Organizarnos para intervenir en las políticas que nos afectan y sus consecuencias sobre nuestras vidas. Animamos a todas las organizaciones sociales, plataformas de lucha, activismo y soporte mutuo a debatir, a encontrarnos en lo común y en lo colectivo.

Experiencias como “Plan de Choque Social”, iniciativa popular a nivel estatal que se está replicando ya en distintos territorios y que convocó movilizaciones el pasado día 7 de noviembre, nos demuestran la posibilidad construir, luchar y resistir en común, pasando a la acción, politizando la precariedad.

Desde Anticapitalistas Castilla y León avanzamos y damos un paso al frente en este momento de repliegue y reconfiguración para seguir construyendo un futuro feminista, ecologista, antirracista y antifascista.