Tribuna
Another brick in the wall

La Unión Europea avanza imparable en su contradictoria política fronteriza. Así lo muestran las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 9 de febrero. Algunos de los puntos debatidos muestran claramente las formas en que se da esta contradicción y de qué manera lo que la Unión Europea realmente no quiere es tener que hacerse cargo de las personas que huyen de la violencia. Para ello, el Consejo Europeo busca formas en que esto no parezca, por un lado, un claro menosprecio y desapego hacia la protección de los Derechos Humanos que afirma defender, y por otro, una falta de responsabilidad por las consecuencias que las políticas europeas tienen en generar estos flujos migratorios.

En las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 9 de febrero, la política de retornos aparece como una fuerte apuesta política, cuando no como la solución preferible ante el aumento de personas desplazadas por la fuerza. En realidad, se afirma lo que ya se lleva años haciendo, si observamos cómo ha aumentado la responsabilidad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), desde su creación en 2005, en coordinar y financiar las operaciones de retorno de los Estados miembro. En 2020 destinó más de 69 millones de euros de su presupuesto para llevar a cabo estas operaciones de retorno, sobre las que, cabe señalar, tenemos muy poca información sobre la forma en que se realizan.

Entre otras conclusiones destacables, se señala la manera en que la Unión Europea pretende marcar la agenda de terceros países que buscan cooperar con los Estados miembro. Para ello afirman que “se incluye la posibilidad de introducir medidas restrictivas en materia de visados en relación con terceros países que no cooperen en los retornos”. Es decir, la Unión Europea apuesta por la coerción para marcar su agenda política a terceros países. De esto podemos suponer que acuerdos de diversa índole irán acompañados de esta demanda de cooperación en los retornos. Todo esto dando por hecho que se respetaran los derechos humanos de las personas retornadas. Sin embargo, carecemos de los medios suficientes, y continuaremos sin tenerlos, para evaluar de forma externa o, al menos, obtener la información, sobre los criterios tenidos en cuenta para devolver personas. Tampoco podemos saber si corren riesgo con el retorno a su país o a otro país de tránsito. Las garantías de protección son, por tanto, mínimas.

La realidad es que los ciudadanos de los Estados miembro llevan desde la década de los noventa financiando muros: en Francia, España, Hungría, uno por cada una de las Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania), en Grecia, Bulgaria, Austria y Noruega

No hace tanto que, ante las demandas de Viktor Orbán, presidente de Hungría, de financiar los muros que su país ha levantado con Serbia y Croacia, la Comisión Europea afirmó que financiar muros iba contra los principios y valores de la Unión. Sin embargo, el Consejo Europeo afirma en sus conclusiones, que urgen a la Comisión Europea a aprobar fondos para que los Estados miembro puedan reforzar las fronteras mediante “infraestructuras, medios de vigilancia, incluida la vigilancia aérea, y equipamiento”. De manera que, se deja un margen bastante amplio, y poco concreto, sobre lo que la Comisión Europea puede llegar a financiar en materia de control fronterizo.

La realidad es que los ciudadanos de los Estados miembro llevan desde la década de los noventa financiando muros: contamos con uno construido en Calais (Francia) por el Reino Unido, dos por España, dos por Hungría, uno por cada una de las Repúblicas Bálticas (Estonia, Letonia y Lituania), uno por Grecia, otro por Bulgaria, por Austria y por Noruega (que es espacio Schengen aunque no Unión Europea).

Parece ser que no ha hecho falta mucha presión por parte de la extrema derecha de los países del este de Europa, que se erigen como defensores el estilo de vida europeo, para que el Consejo y la Comisión Europea decidan plantearse poner más ladrillos en la Europa Fortaleza.