Trata
Un cabo de la Guardia Civil de Lugo habría regalado servicios de prostitución al alcalde de Siguero y a otros socios de la empresa de su hijo

Los tentáculos del caso Carioca llegan a los lugares menos esperados, y desentierran polémicas que se creían ya acabadas. El pasado 25 de marzo la magistrada Pilar de Lara ponía fin a la instrucción de la pieza principal mediante un auto en el que se imputaba un total de más de 70 delitos al cabo de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, considerado cerebro de la trama. Según se recoge en el texto, el agente trabajaba al servicio de una serie de prostíbulos. A aquellas mujeres que le despertasen interés las ayudaba a regularizar su situación para que no fuesen deportadas. También les ofrecía protección, llegando a trasladarlas en su propio vehículo. A cambio, el cabo obtenía dinero, copas y servicios sexuales gratuitos, tanto para él como para sus amigos y socios empresariales de su hijo.

Siempre según el auto, Armando instaba a las mujeres, en situación de vulnerabilidad, a “atender bien” y complacer sexualmente a sus amigos que venían “de Madrid”. Por mediación del agente, se concertaron varios encuentros sexuales. El 19 de junio de 2009 Enrique Calvete, entonces alcalde de Siguero y socio de Pedro Lorenzo —hijo de Armando—, sería agasajado con prostitutas en el club Queens, y el 8 de julio Enrique asistiría acompañado de otro socio, Luis Villalba, a una celebración en la casa de una prostituta a la que acudirían, al menos, otras cuatro mujeres.

Estos no eran los únicos favores que Armando Lorenzo concedía a los empresarios. Le habría agilizado el pasaporte a la hija de Enrique y habría ayudado a legalizar el matrimonio con una mujer de nacionalidad cubana a su hijo, así como a solucionar problemas con la renovación del DNI y el permiso de conducción, entre otros.

Algunas mujeres legalizaban su situación en las empresas de las que era propietario Enrique Calvete

A su vez, algunas mujeres legalizaban su situación en las empresas de las que era propietario Enrique Calvete. Es el caso de Antía (nombre ficticio), que mantenía una relación sentimental con el alcalde de Vicedo, Jesús Novo (PP), quien la habría empadronado, sin consentimiento ni conocimiento por parte del propietario, en un inmueble en el que ella nunca llegó a residir situado en Cabanas (Vicedo).

Jesús Novo es regidor de esta localidad desde 2001 y volverá a intentarlo el próximo 26 de mayo. Antía renovaría su tarjeta de residencia y trabajo por medio de un contrato ficticio en la empresa Villares y Cobas, de la que era socio Pedro Lorenzo, y obtendría la tarjeta definitiva de residencia y trabajo a través de un contrato de limpieza en una segunda empresa afincada en Miño, propiedad de Enrique Calvete. En un registro practicado en el lugar de trabajo de Armando Lorenzo se encontró un portafolio con la solicitud a favor de Antía a nombre de Villares y Cobas.

Este negocio comparte localización con Construcciones Martvill, empresa en la que era administradora única la mujer de Armando Lorenzo y anteriormente había sido administrador mancomunado Pedro Lorenzo, si bien de las intervenciones telefónicas practicadas se deduce que quien hacía las gestiones económicas era Armando, quien también contactó con José Ramón Vázquez Río (inspector de la Policía Local) con la intención de que retirase una multa para un vehículo propiedad de dicha empresa.

Vázquez Río era copropietario, junto con Juan Carlos Pumares y el constructor Javier Río Vidal, de la Sociedad Rivamar Lugo, cuya única operación de alquiler o venta era alquilar al proxeneta García Adán, al cual Vázquez Río estaba muy vinculado, la parcela en la que estaba situado el club Queens, epicentro del caso Carioca. Con Juan Carlos Pumares también compartía una correduría de seguros, Pumares y Río Lugo. Vázquez Río estuvo investigado en el marco de la trama de las multas por ofrecer la retirada de sanciones a cambio de que el beneficiado asegurase su coche a través de su correduría de seguros. En esta trama llegaron a estar imputados 70 agentes de la Policía Local de un total de 125 por el supuesto archivo irregular de más de 200 sanciones. Una de las personas que frecuentemente salió beneficiada de la retirada de multas sería precisamente García Adán.

A Vázquez Río se le intervinieron conversaciones telefónicas que acreditaban su insistencia a compañeros para la retirada de multas. No obstante, la causa fue archivada por Sergio Orduña en el pasado mes de marzo de este año bajo el motivo central de que no se trataría de sanciones firmes, sino de propuestas de sanción, sobre lo que no hay nada reglado y no era posible determinar quién tenía acceso a los boletines o podía escribir en ellos.

SIGUERO, ENTIDAD LOCAL MENOR

El hilo de los negocios que compartían Pedro Lorenzo y Enrique Calvete conduce a Siguero, uno de los cinco núcleos de población, junto con Las Rades, Rosuero, Sigueruelo y Villarejo, que se hallaban en el municipio de Santo Tomé del Puerto (Segovia), que contaba en 2006 con 331 habitantes (actualmente son 259). En el acuerdo 126/2006 del 14 de septiembre de ese año, Siguero, que hasta 1970 había sido un municipio independiente, adquirió la categoría de Entidad Local Menor dependiente de Santo Tomé del Puerto, tras la presión de la Asociación de Vecinos de Siguero que reclamaba mayor independencia.

Del ayuntamiento que se acababa de constituir se haría cargo inmediatamente Enrique Calvete, que se presentaría a las elecciones municipales de 2007 de número 1 por el Partido Popular. Por su parte, el gobierno municipal de Santo Tomé del Puerto, también regido por el PP, consideraba que Siguero no reunía las características necesarias para constituirse como Entidad Local Menor, por lo que llevó esto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Durante este mandato las tensiones, por motivos económicos o de competencias, no hicieron más que aumentar.

El detonante fueron las obras de arreglo de la Casa del Maestro que Siguero contrató por 64.786,01 euros, de los que la Junta de Castilla y León subvencionó 45.350,21 el 16 de marzo de 2010. La cantidad restante se había comprometido por escrito a pagarlo Siguero, según el acta del 18 de septiembre de 2009 de sesión ordinaria del ayuntamiento, pero lo acabó haciendo Santo Tomé del Puerto por iniciativa del alcalde Vicente Gómez del Pozo, a las espaldas del restos de concejales de su partido, Alfredo Casado Díez, Ismael San Bruno Pastor y Enrique Martín Bermejo, a sabiendas de que estos se oponían.

Esta maniobra llevó a su dimisión entre el 28 de enero y el 11 de febrero de 2011 y a la condena al modo de actuar de Vicente Gómez, que quedaría solo para el resto de la legislatura, con el apoyo exclusivamente en cuestiones de funcionamiento y servicios básicos de los tres concejales de la oposición, ejercida por la Alternativa Segoviana Independiente (ASÍ), que evitó la moción de censura. Además, a los tres concejales que dimitieron, responsables directos del proceso abierto en el TSJCyL sobre la constitución del ayuntamiento de Siguero, ya les había sido comunicado que el PP prescindiría de ellos hacia las siguientes elecciones.

El contrato fue adjudicado a Corfranco, que comparte domicilio y teléfono con Promociones Mahyllely, de la que el propio Enrique Calvete figuraba como administrador

El contrato de estas obras fue adjudicado a Corfranco, constructora afincada en Miño (A Coruña) y que comparte domicilio, fax y teléfono con Promociones Mahyllely, de la que el propio Enrique Calvete figuraba como administrador único, y que de hecho se anunciaban juntas. A cargo de Corfranco estaba Pedro Lorenzo, y tanto es así que es él quien firma un burofax que envía en mayo de 2010 al ayuntamiento de Siguero reclamando el pago de los 20.000 euros restantes. De este modo, Pedro Lorenzo y Enrique Calvete aparecen asociados por medio de Corfranco – Promociones Mahyllely.

El procedimiento por el cual se adjudicó el contrato a Corfranco no fue, aparentemente, menos fraudulento. La Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público estipula en el artículo 162.1 que “en el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre que ello sea posible”, de manera que para no levantar sospecha otras dos empresas debían de presentarse a concurso como mínimo. Junto a Corfranco, compitieron por el contrato Moirón Representaciones y Construcciones Costa Anácora.

Resulta desconcertante que las tres plicas de contratación coinciden hasta en los céntimos

Por lo que respecta a Moirón Representaciones, afincada en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), resulta llamativo que el objeto social que define la empresa es la intermediación comercial y el almacenamiento de mercancías, es decir, no es una constructora. En lo que concierne a Construcciones Costa Anácora, quien firma la plica de contratación es nuevamente Pedro Lorenzo, y la constructora comparte domicilio con Corfranco y la Promotora Mahyllely.

Resulta desconcertante que las tres plicas de contratación coinciden hasta en los céntimos tanto en el presupuesto total como en el desglosado en las partidas destinadas a los diferentes gastos de obra, una coincidencia difícilmente explicable si no han sido hechas las tres por la misma persona.

Para terminar de despejar dudas, las cartas certificadas a Construcciones Costa Anácora y Moirón Representaciones fueron devueltas, o sea, concursaron a un contrato que no se tomaron la molestia de saber si les había sido adjudicado.

Vicente Gómez y Enrique Calvete repiten en las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo de 2011. Un par de meses después el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentencia en contra de que Siguero continúe como Entidad Local Menor, pasando de nuevo a depender a todos los efectos del ayuntamiento del municipio de Santo Tomé del Puerto. El argumento fundamental en el que se basaron los magistrados: los gastos “no pueden ser sostenidos por los ingresos correspondientes” a la infraestructura administrativa (sentencia 1395/2011), de manera que en la breve legislatura anterior Enrique Calvete ya había endeudado a los vecinos.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentencia en contra de que Siguero continúe como Entidad Local Menor

Además, se levantó la sospecha de que se hubiesen hecho maniobras con el objetivo de ganar las elecciones municipales de 2007. La población de Siguero en el año 2000, registrada a 1 de enero, era de 74 personas, y su tendencia era a disminuir paulatinamente hasta 2006, en que 67 vecinos habitaban la localidad. Sin embargo, el 1 de enero de 2007 eran 83, a poco más de cuatro meses de las elecciones, y tras haberse acordado la constitución de Siguero como Entidad Local Menor.

La población se mantuvo alta hasta 2011, año a partir del cual vuelve a reducirse y decrecer progresivamente hasta los 55 habitantes actuales. Todos estos datos pueden consultarse en el INE, que ofrecía datos más concretos, ahora no disponibles, conforme la población a 1 de noviembre de 2006 era de 69 personas, y cuatro meses exactos después era de 96. Esto apunta a la posibilidad de que la fuerza política ganadora, liderada por Enrique Calvete, buscase empadronar en la localidad a cerca de 30 personas afines para asegurar la victoria, que luego todo indica que sería utilizada para adjudicar contratos a sus propias empresas, valiéndose del ayuntamiento para hacer negocio.

MÁS IRREGULARIDADES

La de Siguero no es la única polémica en la que se han visto envueltos los negocios de Enrique Calvete, que ya tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados en 1997 junto con María Isabel Mínguez Moreno (militante del PP) y José Luis Requena García (ex comisario de Hortaleza y Alcobendas) en relación con la explotación irregular del vertedero de Las Cárcavas de Hortaleza (Madrid) por medio de la empresa Vertederos del Norte, de la cual Enrique era gerente, y que facturaba casi 500 millones de pesetas anuales.

Aquel mismo año las asociaciones de vecinos de Hortaleza llevaron el asunto al Parlamento Europeo. La postura del Ayuntamiento de Madrid, con José María Álvarez del Manzano al frente y Esperanza Aguirre como concejal de Medio Ambiente, cambió después de mucha lucha vecinal en 1998. Entonces el ayuntamiento pasó de defender el vertedero a ordenar clausurarlo y abrir un expediente disciplinario a Vertederos del Norte que acabaría en una sanción de más de 50 millones de pesetas por funcionar sin licencia, cobrar cánones ilegales y no acondicionar adecuadamente la escombrera, pero esta orden tampoco se hizo efectiva. En 1999 la Unión Europea abrió expediente a España por el vertedero y su cierre definitivo no llegaría hasta el año siguiente.

Pedro Lorenzo Rodríguez, Enrique Calvete García (padre) y Enrique Calvete Adrados (hijo) están citados para declarar en calidad de investigados el próximo 27 de mayo por delito contable por falsificar presuntamente facturas de las sociedades que comparten.