Transporte
Comité de transportistas y Gobierno llegan a un acuerdo con el compromiso de tramitar una ley que regule la subcontratación

A las dos de la madrugada de hoy, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Gobierno han llegado a un acuerdo de siete puntos para tratar de poner fin al paro de los transportistas. Incluye el compromiso del Ministerio de Transportes para presentar ante el CNTC antes del 31 de julio un proyecto de ley para aplicar al sector equivalente a los principios recogidos en la ley aprobada el pasado diciembre de la cadena alimentaria, en la que se trata de evitar que el sector trabaje a pérdidas y “asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad” del trabajo en el sector. 

El Comité Nacional del Transporte por Carretera viene a ser la patronal de los transportistas, por lo que precisamente son sus organizaciones y grandes empresas las que están llevando a cabo prácticas irregulares de subcontratación que ahogan a los autónomos o pequeños empresarios, quienes aseguran que, como en el campo, trabajan a pérdidas. El acuerdo no incluye ninguna medida ni valoración sobre transición ecológica, ni en cuanto a combustibles ni la relocalización de las mercancías.

Por su parte, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, la convocante del paro, ha iniciado a las 10h de hoy una manifestación en Madrid, con gran presencia de banderas españolas, en la que reclama que su presidente se reúna con el Gobierno. Según el Ministerio del Interior, hasta el momento hay 69 detenidos por su actividad en los piquetes y alrededor de 500 personas investigadas o denunciadas. El Gobierno ha accedido a reunirse con su presidente a las 17h de hoy. El encuentro lo mantendrá con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. El vocal de la plataforma José Hernández insiste en que el acuerdo logrado esta madrugada con la patronal “no es válido para nosotros”. Su objetivo es conseguir que el Observatorio de Costes sea de aplicación no para la patronal o las empresas contratante, sino para los transportistas subcontratados.

El presidente de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte se reunirá a las 17h de hoy con la ministra de Transportes, su objetivo es que el Observatorio de Costes sea aplicado a los camioneros, no a las empresas que les subcontratan

El acuerdo incluye también una importante partida económica que se repartirá en bonificaciones y cuya cuantía dobla la primera cifra anunciada por el Gobierno: la dotación asciende a 1.125 millones de euros, que se utilizarán “para compensar el incremento del precio de los combustibles”, señala CNTC.

La bonificación mínima será de 20 céntimos por litro o kg (gas comprimido) de combustible (15 céntimos del  presupuesto público y un mínimo de 5 céntimos de las petroleras). Se aplicará al gasóleo, gasolina, gas y adblue. “De forma que, a modo de ejemplo, un camión de gasóleo ahorraría más de 700 euros al mes”, destaca la nota de prensa. La vigencia de la medida será hasta el 30 de junio, prorrogable según la evolución de los mercados. Esta bonificación supondrá más de 600 millones para el sector del transporte, añade el texto, el cual destaca que la CNMC supervisará que “se traslade a los precios minoristas”.

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La reforma laboral no afrontó la subcontratación, y los propios camioneros no se contemplan como sujetos susceptibles de aplicación de la ley rider. Como en el campo, terceras empresas —firmas de logística, en este caso— se quedan con buena parte de la tarifa final y los conductores aseguran que trabajan a pérdidas.

Las ayudas directas alcanzarán el importe de 450 euros tanto para las empresas de transporte de mercancías como para las de viajeros. La cuantía será de 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta y 300 por vehículo ligero (taxis, VTC y ambulancias), con un límite de 400.000 euros por empresa.

En la reunión, que empezó a las 11 de la mañana de ayer y terminó con el envío del acuerdo a las tres de la madrugada de hoy, participaron los representantes del comité de transportistas —que no son los convocantes del paro—, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. 

Comunicado MITMA 24-3-22 by Gessamí Forner on Scribd

El punto 5 es el único dedicado a atajar las malas prácticas laborales que ocurren en el sector, con un alto nivel de subcontratación y una elevada presencia de falsos autónomos. El Ministerio de Transportes se ha comprometido a presentar ante el comité de transportistas antes del 31 de julio un texto de proyecto de ley “para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector”. No nombra la ley rider ni el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Dicho artículo fue introducido en 1994 por el PSOE y obliga a los camioneros a ser autónomos “aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador”. Es decir, legalizó que fueran falsos autónomos.

El acuerdo alcanzado incluye una reivindicación histórica de los transportistas, como es el adelanto de la devolución mensual del gasóleo profesional, en lugar de trimestral. No aborda otras peticiones de mayor calado, como la edad de jubilación y el reconocimiento de ciertas enfermedades como profesionales. 

El punto 3 hace referencia a la ampliación del plazo de vencimiento de los créditos ICO hasta 8-10 años, y una nueva línea con 12 meses de carencia. El punto 4 indica que se “duplicará” el presupuesto para las ayudas al abandono de la profesión transportistas, que pasarán de 10 a 20 millones en 2022. Por último, el punto 7 está dedicado a la devolución del céntimo sanitario.

Manifestación por una jubilación a los 60 años

Por su parte, la central anarcosindicalista CGT ha comunicado hoy que llama a secundar la manifestación del sábado 26 de marzo de conductores profesionales para exigir la jubilación a los 60 años, una reivindicación histórica de este colectivo.

La manifestación partirá desde la plaza de Lezpi a las 12h y finalizará en el Congreso de los Diputados, donde está previsto que se celebre una asamblea para decidir una fecha de convocatoria de huelga general del sector en caso de que el Gobierno no atienda las peticiones del colectivo.