Víctimas del 11M reclaman que se aplique la ley antes de impulsar la protección de las víctimas en la UE

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo señala que el Gobierno sigue sin aplicar varios artículos de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Pilar Manjón
Pilar Manjón, anterior presidenta de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, durante un acto de homenaje a las víctimas del 11M. Dani Gago

publicado
2018-02-06 06:40:00

Llevan a la agenda internacional la “relevancia y memoria de las víctimas del terrorismo”, pero sin cumplir con la legislación ya aprobada para su reconocimiento y protección a nivel estatal. Esta es la denuncia lanzada desde la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo frente a la propuesta que será hoy debatida en el Congreso de los Diputados a propuesta del Partido Popular. 

Según señala la proposición no de ley del grupo popular, publicada el 15 de diciembre en el boletín oficial del Congreso, la iniciativa que se debate hoy tiene como objetivo instar al Gobierno –es decir, al propio Partido Popular– a seguir impulsando en las instituciones europeas el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y la protección integral de sus derechos, exponiendo el sistema español de reconocimiento y apoyo a víctimas, pionero a nivel mundial, como ejemplo de buenas prácticas”.

“Nos llama especialmente la atención que sea este grupo parlamentario –cuyo partido político gobierna España– quien promueva un debate de esta naturaleza sin que hasta la fecha actual no se haya promovido ni un sólo debate, análisis y discusión sobre la situación de las víctimas del terrorismo en España, tal y como exige el artículo 63 de la Ley 29/2011, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo”, apunta Eulogio Paz, presidente de esta asociación, en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

El comunicado señala también que, a pesar de que el mismo artículo de la citada ley obliga al Ministerio de Interior a elaborar informes, estudios y proponer actuaciones de asistencia a las víctimas del terrorismo, que serían recogidas en un informe anual del que se encargaría la Fundación de Víctimas del Terrorismo y que sería elevado al Parlamento en el último trimestre del año. “Desde septiembre de 2011, cuando entró en vigor la Ley 29/2011, nunca se ha cumplido con esa exigencia y trámite legal”, denuncia Paz.

“Nuestra asociación considera que, puesto que se promueve un debate sobre impulso de la agenda internacional sobre la relevancia y memoria de las víctimas del terrorismo, debería promoverse –primeramente y con carácter prioritario– un debate y una reflexión sobre la situación de las víctimas del terrorismo en España. La prioridad del debate es una cuestión de legalidad”, continúa, resaltando que “despreciar su aplicación [del artículo 63 de la Ley 29/2011] es silenciar la voz de las víctimas del terrorismo y de los colectivos que les representan”.

Desde la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo apuntan como cuestiones que deben ser analizadas en el Congreso, en cuanto al trato a las víctimas del terrorismo en el ámbito estatal, la necesidad de que las lesiones graves originadas por delitos de terrorismo no prescriban, la adopción de códigos deontológicos y normas de autorregulación sobre el tratamiento informativo del terrorismo y de sus víctimas –lo que también está contemplado en la Ley 29/2011– o la adopción de protocolos de actuación inmediatos tras los atentados –“nuestra Asociación, desde el año 2004, viene exigiendo de forma reiterada y justificada que se adopten, aprueben y divulguen estos protocolos, sin que hasta la fecha tengamos respuesta a ello”, apunta el comunicado”–.

“Escoger a un colectivo y despreciar a otro es, también, una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo”

La asociación también denuncia los agravios comparativos y discriminaciones entre colectivos representativos de víctimas del terrorismo, poniendo como ejemplo los actos del Día de la Hispanidad. “La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo fue ignorada por los organizadores, por el Gobierno, por el Ministerio de Defensa o por quien tenga la responsabilidad en ello, lo que demuestra que tampoco existe el cumplimiento del artículo 58 de la Ley 29/2011, que establece la obligación de los poderes públicos de velar por la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las víctimas del terrorismo en los actos institucionales”, apunta el comunicado. “Escoger a un colectivo y despreciar a otro es, también, una afrenta a la memoria de las víctimas del terrorismo”, añade.

Por último, señala que, para impulsar la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo, no hace falta presentar una proposición no de ley. Tan solo cumplir con la ley vigente, ya que la disposición adicional sexta de la Ley 29/2011 ya lo contemplaba.

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