Temporeros
Lleida: los temporeros recogen la fruta entre la precariedad y el estigma

El pasado 12 de julio el presidente de la Generalitat Quim Torra comunicaba su intención de confinar la ciudad de Lleida y otras siete localidades de la zona de la comarca de Segrià. Intentaba así detener un rebrote del que ya se contabilizan entonces 1.500 contagios. Aunque el foco mediático se pusiera en ese momento en la disputa sobre las competencias para tomar una decisión así, más allá de voluntades políticas y de la polémica en cuanto a la actuación de los distintos poderes del Estado —un juez vetaba, unos días antes, la orden de Torra de confinar la zona— una preocupación y un relato subyacían de fondo: no se podía controlar la propagación del virus en la provincia. Además, una serie de sujetos presentes en la zona, un cuerpo extraño, suponían un riesgo añadido de difícil gestión.

De hecho, antes de que se encendiera la alarma de los rebrotes, Lleida había ocupado los telediarios por otra cuestión y bajo otra alarma, la de los temporeros, que acudían a ese área para trabajar en la campaña de la fruta, y se encontraban sin acceso al alojamiento, durmiendo en la calle. En el parón general que supuso la pandemia y su consecuente estado de alarma, este sector fundamental de la economía se había mantenido activo.

Serigne Mamadou resume los últimos dos meses: cuando salieron a la luz las condiciones en las que los trabajadores temporeros permanecían en la comarca, con cientos de ellos durmiendo en la calle, hizo una webconferencia con el actor y director Paco León. Fue entonces cuando el futbolista del Mónaco, Keita Baldé, ofreció su apoyo, primero para sufragar el alojamiento de los trabajadores, posteriormente para suministrarles ropa. “Luego el Ayuntamiento abrió los edificios para la gente y, también cuando todo pasó, Keita Baldé alquiló casas para algunos inmigrantes que faltaban y quedaban fuera, además de alimentos para cuatro meses para que la gente pueda comer”. Pero para Mamadou, perteneciente al colectivo la voz migrante, la situación podría empeorar, y por eso intentan disuadir a nuevos trabajadores de que acudan a Lleida, donde ya no queda trabajo ni lugar en el que quedarse. Como organización y con la ayuda de Baldé también ayudan a pagar los viajes de vuelta de quienes llegan y se encuentran sin trabajo.

Unas semanas antes, la activista Nogay Ndiaye, integrante del colectivo Fruta amb Justicia, denunciaba que el proyecto del futbolista se estaba encontrando con un fuerte obstáculo: hoteles y propietarios no querían alquilar sus habitaciones a los temporeros africanos. Las acusaciones de racismo a la sociedad de Lleida trascendieron rápidamente a los medios. “La mayoría de ellos quieres alquilar pisos o habitaciones y por el hecho de ser negros no se les alquila, se sienten ofendidos por cómo se les está tratando porque no quieren ni caridad, ni que se les trate como los pobrecitos, o como niños, ellos lo que quieren es pagarse su alojamiento y poder vivir tranquilamente como trabajadores, y sin embargo no pueden hacerlo porque no tienen acceso a la vivienda”, se reafirma Ndiaye.

La activista recuerda que la situación de desamparo habitacional de los temporeros no es nueva, y que el hecho de que sea en este pandémico 2020 cuando se haya empezado a visibilizar, debatir, y buscar soluciones revela en parte esta base racista: “A nadie le importaba la situación de los temporeros hasta que no les ha afectado directamente porque se han dado cuenta de que el hecho de que los temporeros no estén en buenas condiciones afecta también a la población porque también se pueden infectar. La gente reclama una solución pero por motivos meramente egoístas, por interés propio. Y lo que es peor, se les está criminalizando y culpando”, denuncia Ndiaye.

La integrante de Fruta Amb Justicia valora que la respuesta del ayuntamiento, habilitando pabellones para que puedan pernoctar quienes acudieron para trabajar en la comarca, llegó “tarde y mal”, y critica el equipamiento de estas instalaciones: “Lo que hay son unas hamacas y unas líneas en el suelo para la separación de los dos metros de distancia entre unos y otros. A mí me recuerda a una zona donde ha habido una catástrofe natural y en la que se ha habilitado un refugio con hamacas de Cruz Roja para poder alojar a esas personas que se han quedado sin casa debido a la catástrofe”, ironiza.

Pero lo ocurrido en Lleida no es ninguna catástrofe inesperada. Gemma Casal de Plataforma Fruita Amb Justícia Social ya lo comentaba en conversación con El Salto unas semanas atrás. En julio seguiría llegando gente y habría que prever qué hacer con todas esas persona que probablemente no encontrarían trabajo o alojamiento. Respecto al problema de la vivienda coincide con todos: viene de largo. “Nosotros nos reunimos en septiembre con el ayuntamiento para esta cuestión, nos dijeron que nos juntásemos en enero, en febrero nos invitaron a pensar en la campaña de 2021”.

Ndiaye cree que este no intervenir, este no mejorar las condiciones de alojamiento responde al mito del “efecto llamada”, “el hit de los últimos 30 veranos”. Un mito por el cual mejorar las condiciones de vida de las personas migrantes haría que miles de personas acudieran a la temporada, conllevaría una invasión. Y el discurso de la invasión tiene su terreno ganado entre sectores de la sociedad.

Alerta racismo

Cuando se le pregunta a Serigne Mamadou cuál es el sentir de los temporeros respecto a estos relatos culpabilizantes, es claro: “Si ya sentíamos el rechazo antes de que llegara el covid-19, pues ahora que está la enfermedad, cómo va a ser; es peor todavía, porque creen que nosotros somos los que llevamos el virus, y es el contrario lo que pasa aquí, porque los que tienen la enfermedad son ellos”.

Mateo Aventín trabaja en el pabellón cuatro de Pareia. Es educador social e integra una de las entidades contratadas por el ayuntamiento para acompañar a las personas temporeras, y piensa que la pandemia ha sido fundamental para mostrar la situación de estos trabajadores que “hasta ahora estaban invisibilizados, solamente venían y trabajaban. Durmiesen en la calle o no, a la gente tampoco les importaba mucho. Lo que pasa es que ahora que son un riesgo potencial para nosotros a nivel de salud. El gran peligro que tenemos, es que esto revierta en un rebrote de racismo. El miedo al virus acaba por estigmatizar más a esta gente”. Gente que, explica Aventín, no lo tiene fácil: “Tienen la sensación de que están en una ratonera porque ahora el Segrià y la ciudad están confinados, ellos quieren irse, la mayoría que no tiene trabajo y quieren irse. Están aquí con la sensación de estar encerrados porque encima no podemos salir”.

Tras comenzar a trabajar con los temporeros, escuchar la diversidad de sus historias y dimensionar lo complicado de su situación, Aventín se animó a escribir un hilo en Twitter que tuvo gran repercusión, una difusión que le ha sorprendido: “He visto que hay mucha gente que también tiene esta sensiblidad, que enfrentar la deshumanización de esta gente implica entender su situación, que son víctimas de un sistema, pues necesitamos recoger la fruta, necesitamos hacerlo a cualquier precio y al final ellos vienen a hacer un trabajo que los de aquí no quieren en condiciones que nosotros seguramente no aceptaríamos”.

El virus de la explotación

La situación no tiene solo que ver con el alojamiento, aclaraba Yaya Ba de la Asocación de Senegaleses en Lleida a El Salto hace algunas semanas. El activista piensa que la preocupación por la salud ha eclipsado la cuestión de las malas condiciones laborales. El problema es pagar entre 150 y 100 euros al mes por una vivienda “cobrando 4 o 4,5 euros la hora”, precisa. Para el colectivo lo justo sería pagar en todo caso los suministros, la luz y el agua. Pero en los alojamientos de la patronal, denuncia, hay pisos que no tienen ni agua caliente. Ba manifiesta que necesitan un lugar donde quedarse hasta septiembre, cuando acabe la temporada. También urge a la regularización, pues muchos de los temporeros que acuden anualmente a Lleida llevan muchos años viviendo en el país, y la falta de papeles les deja atrapados en el territorio, sin posibilidad de ver a sus familias.

Para Casal, el rol de la patronal es evidente. Desde el empleo por salarios míseros de gente sin papeles, al uso de ETT, que contratan por días a las personas migrantes desentendiéndose de la vivienda. “Con estas empresas la gente no sabe ni para qué patrón trabaja. Es difícil que haya conflicto laboral porque no tienen tiempo, se pasan el día buscando trabajo”. “La gente que lo hace bien compite con grandes empresarios que lo hacen mal. Quienes pagan lo justo hacen poca ganancia, los grandes empresarios son un problema en el sector”, señala la integrante de la Plataforma Fruita Amb Justícia Social.

Mientras tanto Mamadou expresa su decepción ante la situación que atraviesan, atrapados entre la explotación en los campos y el estigma de ser señalados como foco de contagio: “La gente no aprende nunca. Hay personas que mueren, hay gente que lo está pasando mal, hay gente que no puede estar en sus casas. Yo pensaba que la gente después de esto sería un poquito mejor, aprenderían un poquito de la vida, de cómo te puede golpear la vida, porque ellos nunca habían pensado que una barbaridad tan grande podría pasarle a Europa. Todo pasaba en África, los virus pasaban en África. Sin embargo la gente va a peor”, lamenta.