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El terremoto del Estado en Turquía

El 6 de febrero el sur de Turquía y el norte de Siria se vieron sacudidos por dos fortísimos terremotos de magnitud 7,8 y 7,7 respectivamente. En el momento de redactar este texto, el número de muertos superaba los 47.000, mientras más de 110.000 edificios habían quedado destruidos o habían sufrido daños irreparables. Para Turquía se trata de la peor catástrofe natural de la historia moderna. La magnitud del fracaso del Estado ha sido, sin embargo, igual de imponente.

El régimen de Erdoğan se jacta a menudo de haber animado un boom masivo de la construcción al hilo del cual se construyeron aeropuertos, puentes, metros, autopistas e innumerables viviendas, supuestamente de acuerdo con la nueva normativa elaborada tras el terremoto que sacudió la ciudad de Izmit en 1999. Pero ahora está claro que esa normativa relativa a la calidad de la construcción eran papel mojado. Erdoğan ha afirmado que prácticamente todos los edificios que se han derrumbado estos días se construyeron antes de 2000, pero las imágenes de satélite y los informes de primera mano parecen desmentir esta afirmación. En el centro de la ciudad de Kahramanmaraş, la provincia más afectada del país, casi el 60 por 100 de la población vive en edificios construidos después de 2001. Las urbanizaciones de lujo, que se suponían totalmente seguras frente a los efectos sísmicos, han quedado reducidas a escombros. Infraestructuras clave, como el aeropuerto de Hatay, y autopistas cruciales para la llegada de ayuda en situaciones de catástrofe, así como escuelas, hospitales y edificios municipales, han quedado destruidas o son temporalmente inutilizables. La fiscalía está investigando a más de cuatrocientas treinta personas, entre promotores e ingenieros, por su papel en la catástrofe. Más de ciento treinta están ya en prisión. Algunas fueron detenidas en los aeropuertos cuando intentaban huir del país.

Las propias cifras del gobierno sugieren que alrededor del 50 por 100 del parque de viviendas incumple la normativa vigente. Nadie sabe qué ha sido de los recursos invertidos en la construcción de edificios sismoresistentes

Al igual que ha hecho con las crisis de precios que ha sufrido Turquía en los últimos años, el gobierno intenta culpar de este desastre a «empresarios malvados». Sin embargo, el propio Estado también es culpable. La normativa no se aplicó de modo correcto y muchos proyectos de construcción pudieron eludirla gracias a las sucesivas «amnistías» del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que permitían a propietarios y promotores eludir cualquier posible acusación pagando una pequeña suma de dinero. Las propias cifras del gobierno sugieren que alrededor del 50 por 100 del parque de viviendas de Turquía incumple la normativa vigente. Nadie sabe qué ha sido de los recursos fiscales invertidos en la construcción de edificios sismoresistentes, que ascienden a un total aproximado de 38 millardos de dólares. Cuando se le preguntó por el dinero, Erdoğan se negó a dar detalles y aseguró que se había utilizado «allí donde había sido necesario».

En resumen, la imbricación del Estado con el capital rentista ha sido un factor fundamental en las consecuencias del terremoto. Como han señalado científicos y arquitectos, es perfectamente posible construir edificios que puedan resistir terremotos de esta magnitud. Sin embargo, evidentemente no hubo voluntad de hacerlo a pesar de las repetidas advertencias de la Cámara de Ingenieros Geólogos y otros destacados investigadores. La hostilidad a la ciencia de corte islamista es un factor en este caso: el alcalde de Kahramanmaraş habría dicho al jefe de la mencionada Cámara que no cree en la disciplina de la paleosismología.

En los terremotos las primeras 48 horas son cruciales: después, las tasas de supervivencia descienden rápidamente. Sin embargo, el Estado fracasó estrepitosamente a la hora de organizar la ayuda de emergencia inmediatamente después. Informes independientes señalan que durante el primer día hubo una ausencia casi total de ayuda oficial sobre el terreno. En ciudades como Antakya pasaron tres días hasta que un equipo de gestión de catástrofes estuvo plenamente operativo e incluso entonces se limitó a actuar en los centros urbanos, dejando de lados las periferias o las poblaciones rurales. La razón de esta incompetencia está clara: no se trató del frío, como ha afirmado Erdoğan, sino de la combinación fatal de la ortodoxia neoliberal y la degradación autoritaria de las instituciones públicas.

En los últimos años todos los aspectos de la gestión de catástrofes en Turquía se han centralizado en un solo organismo, la AFAD (Presidencia de Gestión de Catástrofes y Emergencias), a la cual se ha dotado de recursos muy limitados tras sucesivas rondas de austeridad. La organización también se reestructuró para promover en su seno a militantes del AKP, elegidos por su lealtad más que por su cualificación profesional. Cuando se produjo la catástrofe, la persona encargada de supervisar directamente la intervención era un clérigo, mientras que el director de la AFAD era un antiguo gobernador. Ninguno de los dos tenía experiencia en gestión de catástrofes. La incompetencia era tal que el gobierno pidió al anterior jefe de la AFAD, más experimentado, que asumiera el control en la región de Adana. Fuentes anónimas de la AFAD confirman que en las primeras 24 horas hubo una falta total de coordinación y que los altos cargos del AKP no querían salir a la calle por miedo a una reacción pública por su lenta respuesta. La AFAD no sólo se halla obstaculizada por su falta de experiencia, personal y equipo, sino también por el hecho de que sus funcionarios son reacios a tomar la iniciativa debido a su deferencia hacia Erdoğan. Se decidió, por ejemplo, abstenerse de movilizar suficientemente a las fuerzas armadas por temor a que ello perjudicara la legitimidad del gobierno.

Allí donde el Estado no ha intervenido, la gente corriente ha hecho todo lo posible, sin embargo, por llenar los vacíos. Una asombrosa ola de solidaridad se ha extendido por todo el país

El contraste con la respuesta dada al terremoto de 1999 es evidente. Entonces, la magnitud de la devastación fue también producto del fracaso del Estado y de la industria de la construcción neoliberalizada. Sin embargo, tras el seísmo, la sociedad civil y las instituciones estatales, incluido el ejército, respondieron rápidamente; los medios de comunicación fueron lo suficientemente libres como para exigir cuentas al gobierno; y las acciones del ejecutivo fueron criticadas por los ministros y por una investigación parlamentaria. Hoy, sin embargo, el asentamiento autoritario de Turquía impide la más mínima autocrítica. El puño de hierro del Estado se utiliza para suprimir la información independiente, empleando amenazas de represalias a los periodistas críticos. Al igual que sucedió con la pandemia de la covid-19, la propaganda del régimen insiste en que la respuesta del Estado es irreprochable. Se nos dice que la destrucción es «parte del plan del destino» y que ningún político podría impedirlo.

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Los grandes desastres naturales han provocado cambios sociales, políticos y económicos a lo largo de la historia. Lucy Jones ha tratado de explicar qué pasa cuando la tierra o el mar ruge y cómo eso modifica nuestras sociedades.

Allí donde el Estado no ha intervenido, la gente corriente ha hecho todo lo posible, sin embargo, por llenar los vacíos. Una asombrosa ola de solidaridad se ha extendido por todo el país y a través la diáspora, mientras un enorme número de turcos se ha mostrado dispuestos a trabajar como voluntarios en la zona del desastre y han enviado dinero y equipos a la misma. Constantemente llegan a la provincia camiones cargados de ayuda desesperadamente necesaria. Las donaciones a organismos independientes y organizaciones políticas se han disparado, reflejando la creciente desconfianza en las instituciones estatales. Son muchos quienes sienten que el espíritu de las protestas de Gezi de 2013 ha revivido. La «otra Turquía», siempre latente tras el caótico feudo de Erdoğan, ha vuelto a hacerse visible. Aunque el gobierno ha intentado parcialmente restringir estas muestras de ayuda popular, se ha abstenido de erradicarlas por completo.

Debilitado por esta calamidad, el régimen intenta recuperar la iniciativa y reducir las consecuencias políticas mediante una teatral exhibición de unidad nacional: «estamos todos juntos en esto». Hasta ahora, no está claro si su campaña de relaciones públicas salvará la regencia de Erdoğan o si, como predice Henri Barkey, pronto se verá sumergido bajo un «tsunami de descontento». Al final, sólo una acción política decisiva podrá canalizar el descontento actual para provocar su caída.