La movilización pide respuestas por la paralización de las ayudas sociales en La Rioja

Desde hace un mes diferentes colectivos sociales, plataformas y organizaciones han comenzado una movilización, impulsada por la Asociación Vecinal de Madre de Dios, para la denuncia de la paralización de nuevos trámites de las ayudas sociales IMI y AIS contra el riesgo de exclusión social desde mayo de este año.

Esta paralización de respuesta “puede haber dejado a esas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad” como indica Marta Alguacíl, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de La Rioja.

El Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y la Ayuda de Inclusión Social (AIS) son las prestaciones de la Consejería de Servicios Sociales para evitar situaciones de riesgo de exclusión social. La nueva Renta de Ciudadanía viene a sustituir esas ayudas. Sin embargo desde mayo la Consejería, de forma unilateral y sin comunicación alguna, dejó de tramitar nuevas peticiones de esas ayudas.

Desde la Consejería de Servicios Sociales no se ha admitido tal paralización y afirman que esos casos nunca han dejado de cursarse. No obstante, desde el Colegio de Trabajadores Sociales, al pedir explicaciones sobre la tardanza en la tramitación de los informes , que se empezó a detectar en junio, fueron informados de que “no se iban a tramitar en espera de la aplicación de la Ley de Renta de Ciudadanía a partir del 5 de septiembre”.

Una vez aplicada la nueva ley, hace un mes, se abrió el plazo se tramitación de la Renta de Ciudadanía, y las trabajadoras sociales seguían sin tener un reglamento al que atenerse para tramitar esos informes. Finalmente ese reglamento entró en vigor ayer mismo, seis meses después. Aunque la Consejería declara que los trámites atrasados serán una prioridad, desde el Colegio de Trabajadores Sociales estiman que, en el mejor de los casos, la primera ayuda “es imposible que la reciban antes del 1 de diciembre de este año”. Ocho meses después de su solicitud.

Teniendo en cuenta que “el plazo habitual de respuesta tras una solicitud”, como comenta la presidenta del Colegio, “suele variar entre dos y cuatro meses”, una de esas solicitudes de mayo que comience a tramitarse finalmente en octubre se podría demorar su respuesta hasta enero y recibir la primera ayuda en febrero; nueve meses después de solicitarla.

Mientras tanto los colectivos sociales exigen responsabilidades y respuestas al Consejero de Servicios Sociales, Conrado Escobar, sobre las dudas que persisten en la aplicación de la nueva Renta de Ciudadanía después de que se viniera elaborando desde 2015. Desconocen si se aplicará con carácter retroactivo en estos casos de emergencia que llevan meses de espera o si contemplan medidas urgentes como ven necesarias en estas circunstancias extremas.

Ayudas contra una pobreza que se acumula

Durante estos meses, al no recibir ni ayuda ni respuesta, las personas y familias afectadas han sido cubiertas con las Ayudas de Emergencia Social (AES) otorgadas por aquellos ayuntamientos que las contemplan. Estas ayudas no son comparables al IMI o el AIS ya que sólo ofrecen pagos puntuales de modo extraordinario.

El Colegio de Trabajadores Sociales remarca la urgencia de la situación ya que, como recuerda Marta Alguacil, el IMI y el AIS “son la única fuente de ingresos de las familias que lo solicitan”. Estas ayudas no son compatibles y cada unidad familiar no puede tener más de una. El IMI ofrece una prestación de 399€ mientras que el AIS tiene una cuantía de 372€. Lo cual deja a la persona beneficiaria todavía muy por debajo del umbral de la pobreza que en 2016 estaba establecido para los hogares de una persona en 8.209 euros anuales (684€ al mes) según el indicador Arope, siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión.

Según Marta Alguacil, el perfil social de estas personas es variado y aún más desde el estallido de la crisis. El número de beneficiarias de estas ayudas para garantizar el acceso a niveles básicos de protección social no ha dejado de aumentar significativamente desde 2008.

“Se han ido incorporando a estas prestaciones personas que tienen una situación familiar normalizada pero que carecen de ingresos por falta de trabajo en el mercado laboral, como por ejemplo los parados de larga duración.”

Al ser una contraprestación para la búsqueda de empleo, cualquier ingreso que tenga el beneficiario es descontado del IMI. “Dada la precariedad laboral”, comenta Gonzalo Fernández, trabajador social de el Servicio de Orientación Laboral en Logroño, “lejos de promover el empleo, incentiva la economía sumergida para poder llevar a una vida digna.”

“No es cuestión de regalar a nadie nada. La gente lo que quiere es trabajo digno.” recuerda Juan Carlos Martínez , presidente de la asociación vecinal Madre de Dios. También anima a luchar contra los estereotipos de personas beneficiarias de ayudas frente “a una realidad de los barrios en la que se van repetir pautas: los padres eran pobres, los hijos son pobres y los nietos son pobres.”

“Si tienes familias que con dos trabajos no son capaces de salir de la pobreza imagínate lo que supone a una familia cobrar 400 euros.”

La renta que viene

Mientras tanto entramos en un nuevo marco de ayudas sociales con la Renta de Ciudadanía cuya irregular implantación no ha previsto las consecuencias que suponen los retrasos en el cobro para las familias que lo solicitan.

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales admite que “las movilizaciones y la presión social han obligado a reaccionar a la Consejería convocando a una reunión e incluyendo al Colegio en la Comisión de Seguimiento de la aplicación de la nueva Renta de Ciudadanía”. Desde la Asociación vecinal Madre de Dios, Juan Carlos Martínez asegura que “seguirán trabajando desde la asociación vecinal junto a otros colectivos para crear una espacio comunitario, y que juntos puedan generar soluciones a la realidad que nos permitan avanzar”

Hoy mismo entra en vigor el decreto ley en el que se desarrolla su reglamento. El día diez de este mes la Consejería convoca a los trabajadores sociales a una jornada informativa donde se desgranarán los detalles de su funcionamiento. Todo ello un mes después de ser aprobada y seis meses después de que se paralizase el trámite de las ayudas sociales.