G4S: cuando la empresa privada vela por tu seguridad

Un año después de los atentados de Bruselas del 22 de marzo de 2016 emerge, al menos, un sector económico: el de la seguridad. La filial belga de la multinacional de seguridad G4S anunció haber contratado 1.610 nuevos trabajadores en 2016, incluyendo contratos temporales. Una cifra “excepcionalmente elevada” según informa la compañía, líder del mercado belga, que prevé todavía 1.000 contratos suplementarios en 2017, entre los cuales contempla los de “500 mujeres”. Securitas, empresa del sector, contrató 1.400 personas en el país durante 2016. Una misma tendencia que se repite en Europa y EE UU, de la cual pretende aprovecharse G4S para restablecer su buena imagen, maltrecha por los escándalos.

Pero ¿quién es esta empresa? G4S se describe a sí misma como grupo líder mundial en “soluciones de seguridad”. De origen británico, cotizando en Londres y Copenhague, asegura la vigilancia de aeropuertos y puerto, así como la gestión de transporte de fondos y emplea a un total de 600.000 personas en más de 120 países.

Sin embargo, la información que ofrece la firma generalmente omite mencionar que está presente en los territorios palestinos ocupados ilegalmente, donde se encarga de check points y algunas cárceles; que se ocupa de la repatriación de personas que cruzan ilegalmente la frontera entre México y los Estados Unidos, a cuenta del Gobierno estadounidense, o que efectúa misiones en numerosas zonas de conflicto, incluso de la mano de regímenes represores, en lugares como Afganistán, Iraq, Bahréin o Arabia Saudí.

El pretexto de la seguridad

“De maneras en las que usted ni imagina, G4S está asegurando su mundo”, puede leerse en la página web de la multinacional. La militante y filósofa Angela Davis añade: “De maneras en las que usted ni imagina, G4S se inmiscuye en nuestras vidas bajo el pretexto de la seguridad y la protección del Estado: desde los métodos de torturas y encarcelación en masa de palestinos y palestinas hasta las tecnologías racistas de separación y apartheid; desde el muro de Israel al que recorre la frontera mexicano-americana, hasta la organización carcelaria de algunas escuelas en Estados Unidos”.

Así, G4S aprovecha la amenaza terrorista y el clima de terror cuidadosamente cultivado por nuestros gobiernos para aportar su respuesta segura. Sin embargo, esta respuesta no ataca las causas del terror, sino que genera un clima propicio a los abusos, alimenta la paranoia y hace aumentar la cartera de pedidos de empresas que dicen velar por nuestra seguridad.

En desarrollo constante desde 2004, la venta de armas ha aumentado un 8,4% en los últimos cinco años respecto a los cinco precedentes, según los datos recientes del SIPRI. Pero la industria armamentística no es la única que se recupera. Una multitud de compañías denominadas de “seguridad” aprovecha la mala gestión de los flujos migratorios y la criminalización de la personas sin papeles para lucrarse. Este es precisamente uno de los principales terrenos de acción de G4S.

Beneficiaria de la gestión de los centros de detención para migrantes y solicitantes de asilo en el Reino Unido, G4S también está contratada por el Estado británico para organizar acompañamientos de extranjeros expulsados del territorio.

En este contexto, Jimmy Mubenga, de 46 años, padre de cinco hijos, que llevaba 16 años viviendo en Inglaterra, murió el 12 de octubre de 2010, probablemente asfixiado para sofocar sus gritos, durante su deportación bajo custodia de tres agentes de la sociedad G4S. Los tres fueron absueltos y puestos en libertad bajo fianza, mientras que la muerte de Jimmy Mubenga continúa sin explicación a pesar del testimonio abrumador de Louis Graham, de la British Airways, quien trabajaba aquel día a bordo del vuelo BA77, con origen en Londres y destino en Luanda.

“Personal mal entrenado y poco capacitado, que no rinde cuentas a nadie, no debería llevar a cabo expulsiones forzosas. No es sorprendente que haya gran cantidad de denuncias de trato indebido”, declaró Oliver Sprague, de Amnistía Internacional Reino Unido. Dos semanas después de la tragedia, la compañía perdió el convenio de repatriación de expulsados, cuyo monopolio tenía desde el año 2005. El contrato, que le reportó aproximadamente 110 millones de libras (125 millones de euros) en cinco años, fue rescindido a favor de otra empresa del sector: Reliance Security Task.

Durante el mismo año 2010, G4S afrontó 48 denuncias interpuestas por personas detenidas en los centros que gestiona, lo cual no le impidió acumular contratos en otros lugares como Estados Unidos o Australia, donde se encargaba del centro de detención offshore de Manus Island, lugar de protestas donde se asesinó a un solicitante de asilo iraní de 23 años, Reza Barati, en 2014. Desde entonces, la empresa también está presente en Grecia, donde se encarga de la vigilancia de los campos de refugiados por cuenta de la Unión Europea.

Aunque parezcan extremos, los casos de Jimmy Mubenga y Reza Barati no son aislados, ya que se han señalado diversos incidentes más de violencia criminal y racista que implican directamente a empleados de G4S. Omar Seddique Mateen, presunto autor del ataque homófobo contra la discoteca Pulse, lugar representativo de la comunidad LGTB en Orlando (Florida), era trabajador de G4S desde 2007. Había sido sometido dos veces a exámenes por parte de la empresa, sin que esta encontrara nada preocupante. El tiroteo que protagonizó el 12 de junio de 2016 causó la muerte de 49 personas e hirió a 53.

El lucrativo mercado de la gestión de prisiones en el Reino Unido

Otro sector en pleno boom junto al de la gestión de las personas migrantes es el de las prisiones. En este ámbito, G4S también ha sabido situarse hábilmente para sacar provecho de las políticas de seguridad y el auge de la encarcelación resultante de ellas. En el Reino Unido, donde la población carcelaria se ha multiplicado (pasando de cerca de 40.000 personas detenidas en 1980 a más de 85.400 en 2016), el sector privado ha intuido la posibilidad de hacer buen negocio con la gestión de los centros penitenciarios y se ha lanzado de lleno a ello.

Actualmente, salvo el Servicio Nacional de Gestión de Delincuentes (National Offender Management Service, “NOMS”), que se encarga de los establecimientos todavía públicos, tres sociedades privadas se reparten el mercado de la administración de otras 14 cárceles: cinco son de G4S (Altcourse en Liverpool; Rye Hill, cerca de Rugby; Birmingham Prison; Oakwood, cerca de Wolverhampton; y Parc, en Bridgend, Gales del Sur), cinco más están en manos de la empresa Serco y las otras cuatro las gestiona la firma francesa Sodexo.

Desde la llegada al poder de los conservadores en mayo de 2010 y la aplicación de sus medidas de austeridad, la situación de las cárceles en Reino Unido se ha degradado gravemente. La por aquel entonces ministra del Interior en el Gobierno de David Cameron, Theresa May, redujo 500 millones de libras (600 millones de euros) del presupuesto del sistema carcelario. Entre 2010 y 2015, desaparecieron de los establecimientos públicos 4.990 puestos de guardas de seguridad de los 19.910 existentes.

La cárcel de Wolds, la primera en el Reino Unido en estar directamente bajo control privado desde su apertura en 1992, rescindió su contrato con G4S en 2013 con el objetivo de revertir su modelo de administración a gestión pública. Sin embargo, se trata de un caso excepcional, puesto que durante este tiempo muchas otras prisiones han sido privatizadas.

La prisión de Birmingham, una de las más importantes del país, fue la primera en ser transferida al sector privado en 2011. La empresa G4S obtuvo un contrato para 15 años. Desde entonces, ha reclutado candidatos para la vigilancia “sin requerir calificación o experiencia previa”, según informa en su página web. A finales de diciembre del 2016, en el peor motín que ha conocido el país desde las revueltas de la cárcel de Strangeways en Manchester en 1990, cerca de 600 prisioneros tomaron el control de parte de la prisión de Birmingham después de haberle substraído las llaves a un carcelero. El personal de seguridad de G4S se vio completamente desbordado y el Estado intervino enviando a sus fuerzas de seguridad especiales, conocidas como Tornado, para restablecer el orden en el centro. La ministra de Justicia, Liz Truss, llegó a solicitar a G4S el pago de la factura de los gastos que aquella intervención había supuesto para el Estado. En otros tres establecimientos sacudidos por los motines, los prisioneros perdieron el derecho de salir de sus celdas a causa de la falta de personal…

Ya en 2012, el secretario general del sindicato Public and Commercial Services Union, Mark Serwotka, llamaba la atención sobre el escándalo de uno de los sistemas penitenciarios privados más importantes del mundo: “La privatización de nuestro servicio penitenciario debería considerarse un escándalo nacional y el hecho de que se haya producido sin debate público alguno es vergonzoso. (…) Es moralmente reprensible que las empresas obtengan beneficio de la encarcelación de personas y necesitamos urgentemente un análisis independiente para medir el impacto que esto tiene sobre nuestra comunidad, nuestro personal y nuestros reos”.

En enero del 2016, un nuevo escándalo salpicó a la empresa G4S. Después de un investigación de la BBC en el centro de jóvenes delincuentes Medway Secure Training Centre de Rochester, en Kent, se publicaron en prensa acusaciones de abusos e injurias hacia menores de entre 14 y 17 años cometidos por parte del personal de la empresa de vigilancia G4S. Obligada a reaccionar, esta despidió en el acto a cuatro de sus trabajadores.

Fiasco de G4S en los Juegos Olímpicos de Londres

En 2012, la sociedad G4S fue escogida por el Comité Olímpico Internacional a fin de asegurar la contratación y la formación de agentes de seguridad para los Juegos Olímpicos de Londres. Tres semanas antes de empezar la competición deportiva, el Gobierno británico descubrió que la compañía no podía cumplir con su compromiso: había sido incapaz de proporcionar la cuota prevista de 10.400 vigilantes, obligando así al Gobierno británico a recurrir al Ejército para desplegar un contingente suplementario de 3.500 hombres. Entre los 4.000 contratados por G4S, había quienes no hablaban una palabra de inglés, quienes apenas tenían 18 años… G4S denunció una pérdida de 50 millones de libras (63 millones de euros) por aquel contrato de 284 millones de libras (360 millones de euros) de los Juegos Olímpicos –que no había cumplido– y anunció la supresión de 1.100 empleos.

En 2013, después del escándalo, el director general de la sociedad, Nick Buckles, abandonó el puesto por el que había cobrado el año anterior más de un millón de libras, de las cuales 830.000 en concepto de salario (fue remplazado por Ashley Almaza). Sin embargo, el fracaso de los Juegos Olímpicos no impediría que la compañía se encargara de la seguridad y vigilancia –junto con la policía y la armada– de la 39ª cumbre del G8 en junio del 2013 en el condado de Fermanagh, en Irlanda del Norte, aun habiendo sido acusada aquel mismo año por exceso de violencia y aplicación forzosa de inyecciones y electrochoques en una cárcel sudafricana.

La presión ejercida por la campaña BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) contra el papel que la compañía desempeña en Israel y sus repetidos escándalos terminó por alcanzar a G4S, que ha perdido distintos grandes contratos, sobre todo con el Gobierno británico. La empresa ha tenido que ceder algunas de sus actividades para saldar sus deudas. A pesar de todo, ¿el contexto político actual de miedo al terrorismo y a las personas migrantes permitirá que la empresa resurja? En el Reino Unido, G4S anunció un beneficio anual en alza del 13,9% para 2016. Antes de gravar los impuestos, pasó de un beneficio de 309 millones a uno de 352 millones de libras (405 millones de euros). Buena noticias para los accionistas, quienes han visto mantenerse sus dividendos. Para todo el resto, no es precisamente una buena señal.

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