Sanidad pública
Trabajadores y usuarios de la sanidad se movilizan este jueves en una nueva jornada de lucha contra las listas de espera

Según las cifras oficiales publicadas en noviembre de 2018 por el ministerio de Sanidad, en junio de ese año había 584.000 personas en listas de espera para intervención quirúrgica y casi 1.760.814 esperando para ser atendidas por un especialista. Son cifras algo mejores que las del año anterior, pero fueron publicadas, también, poco antes de que el cambio de gobierno en Andalucía hiciese aflorar unas lista de espera que superaban en medio millón a las oficiales para esa comunidad. Hecho que pone en duda la fiabilidad de los números que aportan las distintas autonomías.

Porque las listas siguen siendo demasiado numerosas, y porque es dudoso que alcancen a reflejar la dimensión del problema, La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS) convoca para mañana jueves 25 de abril la cuarta jornada estatal de lucha contra las listas de espera, secundada por múltiples colectivos y organizaciones entre las que se encuentran delegaciones de CGT y CNT, mareas blancas territoriales, agrupaciones profesionales y de usuarios adscritas a numerosos hospitales, en definitiva muchas ciudadanas y ciudadanos preocupados por el devenir de la sanidad pública. La convocatoria pretende visibilizar lo que consideran una lacra para el derecho a la salud. Una lacra para la que, según afirman en su nota de prensa, los distintos gobiernos solo han propuesto soluciones coyunturales, incapaces de solucionar una problema que lleva 30 años agravándose, y que requeriría de “medidas estructurales que permitirían disponer de un sistema sanitario público, universal y de calidad”.

Obligar a los políticos a reformas estructurales

En esta cuarta convocatoria, la CAS se propone de nuevo movilizar al conjunto de la sociedad pues consideran que “Solo la organización de las personas afectadas podrá lograr revertir la situación y obligar a los políticos a tomar medidas de sentido común”. Este año la cita precede en pocos días a las elecciones, coincidiendo con una campaña electoral en la que, denuncian “estamos asistiendo de nuevo a una puesta en escena de los partidos políticos y no vemos que haya propuestas claras para garantizar una atención sanitaria adecuada a la población”.

Hace unas semanas la organización criticaba la ausencia de concreción en los programas electorales, empezando por el PSOE que se limita a prometer una “renovación del Sistema Estatal de Salud”, sin aludir ni a la privatización ni a las listas de espera. La CAS valoraba que Podemos plantee la lucha contra la privatización y la reducción a un plazo máximo de un mes para las listas de espera en casos urgentes. Izquierda Unida contemplaría además en su programa electoral la derogación de la ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión de la Sanidad que posibilitó los grandes procesos de privatización que vendrían después. La Coordinadora, sin embargo, lamenta que ninguno de los partidos plantee la derogación de lo que entienden es el origen del problema, el artículo 90 de la Ley general de Sanidad de 1986 que permite los conciertos sanitarios. El CAS, las mareas blancas, llevan años denunciando que tras este deterioro de la Sanidad Pública existe el objetivo de privatizar la sanidad. Aportan cifras en este sentido: entre seguros y mutualidades, ya serían cerca de 11 millones de personas en la sanidad privada.

Dos vídeos forman parte de la campaña que llaman a la movilización mañana. El primero da cuenta, a través de testimonios reales, de cómo se concreta en la vida de las personas los efectos de las listas: Una mujer de 34 años explica cómo tuvo que esperar 11 meses para que le operasen del pecho. Tenía dos bultos y antecedentes familiares. Cinco meses esperó para una mamografía, el ginecólogo le dijo que los recursos para estas cosas son limitados y que a ella, por su edad, no la consideraban de riesgo. Los bultos eran malignos, la operación llegó muy tarde “y ahora me estoy muriendo”, dice de espaldas a la cámara. Es el testimonio más duro de una lista de relatos que se suceden donde pacientes revelan sus casos: enfermedades que se agravan, vidas que se complican, dolor físico y psicológico. Todo ello provocado por unas listas de espera que siguen siendo demasiado largas.

La CAS denuncia que hay un subregistro que se deriva de los retrasos en la entrada al sistema, pues los pacientes salen de la consulta sin cita para la intervención 

El segundo vídeo denuncia que hay un subregistro que se deriva de los retrasos en la entrada al sistema, pues los pacientes salen de la consulta sin cita para la intervención, pendientes de una llamada telefónica que les comunique cuándo llegará el turno. Otras reciben su citación, pero esta no entre al sistema para ser computada, sino que queda invisibilizada en algún limbo informático. Por último, con el fin de cumplir con los plazos legalmente fijados, los médicos reciben presiones para que se demore la subida de nuevas personas en el sistema.

La CAS tiene varias propuestas para subvertir esta situación: la utilización al 100% de los recursos de los hospitales durante todo el día, lo cual se podría hacer si se implementase un turno de tarde para los médicos. El fin de las peonadas, esas horas extras que se pagan muy caras a los médicos precisamente por no existir un turno de tarde. Y, por último, que esté prohibido ejercer a la vez en la privada y en la pública, pues lo consideran competencia desleal.

Afirman que el fin de las derivaciones supondría un ahorro, pues los hospitales privados solo aceptan pacientes rentables, dejando los casos más costosos a los hospitales públicos. También denuncian la disparidad entre comunidades autónomas y abogan porque se garanticen plazos similares en todo el estado. Para evitar el subregistro y el falseamiento de los datos, exigen que el paciente salga con su cita de la consulta. Por último, apuntan a la necesidad de transparencia: que se agilice el acceso a datos desagregados.

Mantener la tensión en la calle

“Llevamos años escuchando llorar a gente por teléfono: los hay mayores, niños, jóvenes, mujeres que les han dicho que quizás tienen cáncer y tienen que esperar muchos meses”. Carmen Flores preside la Asociación de Defensa del Paciente, participa en la rueda de prensa en la que se presenta la convocatoria, el pasado lunes 22. Allí cuenta cómo, enfrentadas a la incertidumbre y la angustia de meses de espera, muchas de las personas que les contactan y que “tienen una presunta patología, al final acaban desarrollando otra de naturaleza psicológica. Se pone en peligro su vida, la integridad de su familia. Mucha gente acaba perdiendo el empleo, se les despide porque no pueden realizar el trabajo, mientras están en la lista de espera su situación se agrava”. Desde su organización se presentan numerosas denuncias a la fiscalía, “pero siempre nos da la misma respuesta, que este es un problema administrativo, nosotras pensamos que es un delito penal porque pone en peligro la vida de las personas”.

En la rueda de prensa junto a Flores está Fernando de la Prida quien integra la Coordinadora de Pensionistas, un colectivo particularmente damnificado por el deterioro de la sanidad pública, un sistema que, recuerda, han pagado durante décadas con sus impuestos y que ahora no cubre sus necesidades. Defiende vehementemente que es necesario que la gente se movilice como lo han hecho los pensionistas. Recursos hay, recuerda, se trata de gestionarlos bien.

Por último, Antonio Gómez, de la CAS, señala que no solo los conciertos con los hospitales de gestión privada le salen más caros a las arcas del Estado, hay estudios internacionales que demuestran que la mortalidad es mayor en los hospitales privados, particularmente entre los pacientes más vulnerables: recién nacidos y enfermos crónicos. En el Estado español no se facilitan datos al respecto, pero entiende que se trata de conclusiones extrapolables. Por todo ello, este profesional de la salud, considera que hay que mantener la tensión en la calle, por eso afirma que “después de la cuarta jornada habrá una quinta, entendemos que es un derecho de la población ser atendidos de forma digna y en plazos dignos”.

Para mañana hay previstas decenas de acciones —concentraciones en centros de salud y hospitales, manifestaciones, reparto de comunicados— en 12 comunidades autónomas. Orense, Valladolid, Aranda del Duero, Barcelona, Cádiz, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Huesca, Bilbao, Pamplona, Madrid, Tenerife o Albacete, son algunas de las ciudades donde profesionales, pacientes, ciudadanos protestarán contra las listas de espera.