Eléctricas
Sobre la nacionalización de las centrales hidroeléctricas en Extremadura
Tras la caducidad de las concesiones y las experiencias en otros territorios de recuperación y explotación directa de los saltos hidroeléctricos, se abre una oportunidad histórica en Extremadura. Ya la publicación de “Extremadura saqueada” denunció la riqueza que obtenían las multinacionales del sector eléctrico, que no repercutió en la economía extremeña.

Hace ya 40 años que se publicó en la editorial Ruedo Ibérico el mítico libro Extremadura saqueada, obra coordinada por Mario Gaviria, José Manuel Naredo y Juan Serna, con la ayuda incansable y desinteresada de multitud de colaboradores, que sigue de plena actualidad. Muestra de esta terrible vigencia son los siguientes párrafos:
“La regulación del Tajo ha supuesto la creación de una gran reserva de energía hidroeléctrica cuyos beneficios, sin embargo, no se quedan en Extremadura, ya que la energía producida es transportada a los grandes cinturones industriales a través de la red de UNESA, y el precio pagado por la misma va directamente a Madrid o Sevilla, a las arcas de las grandes compañías eléctricas. Naturalmente, no por ser ellos los productores o por consumirla cerca del centro de producción pagan los extremeños más barata que los madrileños o los sevillanos la electricidad extremeña”.
“En el decenio 1966-1975, Extremadura (fundamentalmente Cáceres) exportó un promedio anual de 1.698 millones de kilowatios/hora de energía eléctrica de origen hidráulico, destinada en gran medida a Madrid y Sevilla”.
Según Isidro López, del Observatorio Metropolitano de Madrid, en este país[...] la riqueza de sus principales nodos económicos es correlativa a la desposesión de los territorios periféricos
“El saqueo de los beneficios producidos por la riqueza extremeña, cuando no realizado sobre las materias primas por simple robo (como el que las grandes compañías eléctricas hacen de la energía producida por los ríos cuyo único 'propietario' puede ser el pueblo extremeño gracias a las presas construidas por el Estado y pagadas por los colonos, regantes y contribuyentes”.
Según Isidro López, del Observatorio Metropolitano de Madrid, “en este país, ya desde que José Manuel Naredo escribiera Extremadura saqueada en 1978, quedó claro que la riqueza de sus principales nodos económicos es correlativa a la desposesión de los territorios periféricos”.
CONCESIONES DE LOS APROVECHAMIENTOS HIDROELÉCTRICOS Y TRATO DE FAVOR DEL FRANQUISMO
Los aprovechamientos hidroeléctricos, es decir, la concesión de un determinado caudal de agua y de utilización del tramo de río afectado mediante el conjunto de obras e instalaciones que permiten la generación de energía utilizando la fuerza del agua en una o varias centrales, son otorgados mediante concesiones del Estado, directamente o a través de las Confederaciones Hidrográficas.El grueso de las concesiones se otorgaron entre los años cincuenta y setenta, aunque las hay posteriores. Las inversiones realizadas en aprovechamientos hidroeléctricos responden, por lo general, al modelo de que a cambio de las inversiones particulares necesarias para la construcción de los saltos, la Administración otorgaba a los promotores una concesión de aguas con una duración de 75 años, sujeta a la condición de que, al finalizar el plazo, las instalaciones reverterían al Estado.
Además, ponía de manifiesto el Ministerio, que las concesiones masivas de la década de los cincuenta y sesenta fueron favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas
El propio Ministerio de Medio Ambiente, ya en el año 2010 optó por revisar los cánones de las presas sobre las que las eléctricas operaban en forma de concesión, ya que sus condiciones eran muy ventajosas, no pagan un recurso de todos como era el agua y la cantidad que abonaban de canon era mínima, aparte que ya se consideraba amortizada de sobra la inversión realizada. Además, ponía de manifiesto el Ministerio, que las concesiones masivas de la década de los cincuenta y sesenta fueron favores de los gobiernos franquistas hacia las eléctricas.
Aparte de estos favores hacia las eléctricas, hay que recordar que la dictadura franquista utilizó esclavos, sacados de las cárceles y de las colonias penitenciarias, hasta finales de los 50 para la realización de sus megaproyectos, entre los que se encuentran diferentes embalses y otras obras hidráulicas, de las que se beneficiaron posteriormente las compañías eléctricas. Así, por ejemplo en Extremadura, en las colonias penitenciarias de Montijo, los 1.500 presos cautivos fueron obligados a construir parte del actual canal de Montijo y la presa que lleva el mismo nombre. Pero, incluso cuando se dejó de utilizar mano de obra esclava, en el boom de la construcción de presas en Extremadura en los años 50 y 60, la condiciones de trabajo eran muy duras y con ínfimos salarios, como demuestra el grave accidente en la presa de Torrejón el Rubio, donde se produjo una de las mayores tragedias silenciadas por el franquismo, con un accidente laboral que oficialmente causó 54 víctimas mortales, aunque se estima que fueron más de 100 las fallecidas o desaparecidas
Cuando en el año 2010 el Ministerio estudió formulas para recuperar concesiones de saltos hidroeléctricos, legalmente era casi imposible porque habría que compensar el lucro cesante de la concesionaria, que serían cantidades económicas muy cuantiosas; ahora, sin embargo, las primeras concesiones están finalizando y no se hace necesario la recuperación con indemnizaciones.
NACIONALIZACIÓN DE LAS HIDROELÉCTRICAS Y BENEFICIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
La caducidad de las concesiones de las 800 centrales hidroeléctricas que explotan las compañías privadas en ríos de todo el país debería conllevar, con la ley en la mano, su reversión al Estado. Sin embargo, los diferentes gobiernos estatales de PSOE y PP y diferentes administraciones públicas están poniendo múltiples trabas para impedirlo y que, así, lo sigan gestionando las multinacionales eléctricas, como no tramitar o dilatar el expediente de caducidad de las concesiones o intentado sacar de nuevo a concurso los saltos hidroeléctricos.La primera caducidad y posterior recuperación pública de un salto hidroeléctrico en España no se produjo hasta 2013 y llegó con mucho retraso y dilaciones, lo que conlleva que el concesionario siga explotando el salto hidroeléctrico y obteniendo ingresos millonarios más allá del plazo que le otorga la concesión.
Esa primera central hidroeléctrica recuperada por la gestión pública fue la planta de Pueyo de Jaca, en el Pirineo, donde la Confederación Hidrográfica del Ebro ha permitido destinar energía a bajo coste para regadíos sociales y reducir notablemente la factura de la luz de los vecinos y las vecinas y de los ayuntamientos colindantes
Esa primera central hidroeléctrica recuperada por la gestión pública fue la planta de Pueyo de Jaca, en el Pirineo, donde la Confederación Hidrográfica del Ebro ha permitido destinar energía a bajo coste para regadíos sociales y reducir notablemente la factura de la luz de los vecinos y las vecinas y de los ayuntamientos colindantes. Una primera valoración sitúa los beneficios de esta explotación entre dos y tres millones de euros anuales y los beneficios se destinarán al desarrollo de los territorios que los generan, a la restauración ambiental, a la eficiencia y modernización de regadíos y a las necesidades energéticas del organismo.
De hecho, Aragón, aparte de ser la pionera en esta materia, es donde se están haciendo mayores avances y donde existe una mayor presión social y política para seguir recuperando los saltos hidroeléctricos en los que vaya caducando la concesión administrativa. Ya en el año 2016 las Cortes autonómicas aprobaron una resolución, a propuesta de Podemos, para que la comunidad promoviera un plan de recuperación y gestión directa de las centrales hidroeléctricas de su territorio conforme vayan caducando las actuales concesiones para bajar el recibo de la luz y destinar la energía a fines sociales.
A nivel estatal, de nuevo Unidos Podemos presentó en febrero de 2018 una proposición de ley sobre la Reversión de los Saltos Hidroeléctricos, que recientemente superó el veto del desaparecido gobierno de Rajoy. Dicha proposición de ley pretende que los “los expedientes de reversión de saltos hidroeléctricos se tramiten sin retrasos y sin caducidades”, que una vez revertidos los saltos hidroeléctricos “sus beneficios pasen a ser de titularidad pública con criterios de vertebración territorial” y “no sean utilizados con el fin de provocar alzas del precio de la energía eléctrica”, sus “beneficios se destinen a la restitución económica y social de los territorios afectados por las instalaciones hidroeléctricas y a otros fines de utilidad pública o interés social de carácter general” y “que los saltos hidroeléctricos revertidos deban adaptarse a los nuevos caudales ecológicos que establecen los planes hidrológicos”.
Extremadura tiene un peso importante dentro del conjunto de España como productora hidroeléctrica, siendo claramente exportadora de energía. Es la quinta del país con 2.640 gigavatios/hora, y ya en el año 2010 cubrió el 100% de su demanda de energía eléctrica con fuentes renovables
De igual modo, se ha aprobado en el Congreso rescatar las centrales de Ferroatlántica en A Coruña y Huesca, y se han aprobado resoluciones para recuperar los saltos al dominio público en diferentes ayuntamientos y diputaciones
A esto se une la reciente sentencia, del 8 de junio, que avala la nacionalización de los saltos hidroeléctricos, ya que la Audiencia Nacional ha convalidado la reversión al Estado de la central auxiliar de Campo (Huesca), que Acciona pretendía seguir gestionando tras haber caducado su concesión por haber pasado 75 años desde que comenzó la explotación. Además de la sentencia del TSJ de Aragón que avaló las órdenes de la confederación hidrográfica para que las compañías eléctricas entregaran a la Administración el 25% de su producción, o su valor en dinero, para dedicarlo a actuaciones de restitución territorial en los valles afectados por los embalses cuya agua turbinan.
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN EXTREMADURA
Según datos de la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), actualmente la potencia instalada en energía hidráulica en la comunidad extremeña se sitúa en 2.193,84 MW en instalaciones de más de 10 MW y 25,2 en minicentrales hidroeléctricas.Extremadura tiene un peso importante dentro del conjunto de España como productora hidroeléctrica, siendo claramente exportadora de energía. Es la quinta del país con 2.640 gigavatios/hora, y ya en el año 2010 cubrió el 100% de su demanda de energía eléctrica con fuentes renovables.
Solo entre Iberdrola y Endesa gestionan 14 centrales distribuidas por toda la geografía regional
Según el informe del año 2015 “Balance eléctrico de Extremadura 2015”, de Agenex, se contabilizan 27 instalaciones hidráulicas en servicio en Extremadura, siendo a partir de los años 60 cuando se instalan en la comunidad las grandes centrales hidroeléctricas, destacando la de Valdecañas en 1964 y la de Torrejón el Rubio en 1967.
Solo entre Iberdrola y Endesa gestionan 14 centrales distribuidas por toda la geografía regional (Iberdrola cuenta con siete centrales hidroeléctricas situadas en la provincia de Cáceres, mientras Endesa siete centrales en el río Guadiana).
El 18 de febrero de 2014 el senador de IU, Jesús Enrique Iglesias Fernández, preguntó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cuáles eran las concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos que caducaban en los próximos diez años. En la respuesta del Ministerio con respecto a Extremadura, aparece en esa lista la de Villar del Rey, que gestiona Naturener S.A. y cuya concesión acaba el 14 de noviembre de 2020.
De este modo, los beneficios de las compañías eléctricas que gestionan los saltos hidroeléctricos en Extremadura, por las concesiones que se hicieron en condiciones favorables, en la mayoría de los casos durante el franquismo, apenas revierten en Extremadura, y se abre una oportunidad conforme vayan caducando las concesiones en los próximos años para asumir su gestión pública o que en las nuevas concesiones se establezcan cláusulas que reviertan los beneficios en el territorio, como ya se está realizando en otras comunidades autónomas.
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