Junta de Extremadura
La Junta de Extremadura destruye 61.040 kilos de aceitunas

La Junta de Extremadura, en lo que va de 2018, ha destruido 61.040 kilogramos de aceitunas que previamente habían sido depositadas en las instalaciones de la empresa pública Gespesa (Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños), sin tener en cuenta ni la validez de la mercancía ni el hecho de que con esa cantidad de materia prima podrían haberse elaborado alrededor de 13.200 litros de aceite para distribuir entre algunas de las 389.500 personas en riesgo de pobreza o exclusión social que hay en la Comunidad Autónoma.

Criminalización del rebusco

Ante la falta de regulación de la practica del rebusco, una economía de subsistencia típica del campo extremeño que consiste en recolectar de las fincas los frutos que los propietarios desechan, los que no se recogen y se quedan en la planta; y la imposibilidad de perseguir a todas las personas que una vez acabada la temporada van a recoger al campo las aceitunas que han quedado, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha una campaña de criminalización de las empresas que compran estas aceitunas, con la intención de eliminar uno de los actores de este comercio: si no existe nadie que las compre, no habrá nadie que rebusque.

Estas aceitunas, tras ser decomisadas, son depositadas en instalaciones gestionadas por la empresa Gespesa, perteneciente al grupo público Gpex, encargada de la gestión de las instalaciones destinadas a las recogida y el tratamiento de residuos domésticos

Como consecuencia de esta campaña de persecución, la Guardia Civil ha aumentado las medidas coactivas contra los compradores de aceituna, pasando de los 21.940 kilos incautados en el 2017 a los 61.040 en lo que va de año. Estas aceitunas, tras ser decomisadas, son depositadas en instalaciones gestionadas por la empresa Gespesa, perteneciente al grupo público Gpex, encargada de la gestión de las instalaciones destinadas a las recogida y el tratamiento de residuos domésticos.

Familias necesitadas y alimentos desperdiciados

Cientos de familias en Extremadura son beneficiarias de los alimentos que distintas organizaciones, como bancos de alimentos o colectivos sociales, suministran para cubrir las necesidades alimentarias básicas de estas personas. Todas estas asociaciones entienden que el aceite es un producto caro, pero de primera necesidad, imprescindible a la hora de cocinar, por lo que son muy cuidadosas a la hora de administrar este oro líquido a las familias necesitadas, tratándolo como un auténtico tesoro.

se observa la ineficiente gestión de la Junta de Extremadura a la hora de gestionar los productos que, llegan a sus manos

Frente al trabajo solidario de estas organizaciones, se observa la ineficiente gestión de la Junta de Extremadura a la hora de gestionar los productos que, por diversas razones, llegan a sus manos y que, en vez de ser utilizados de una forma útil para ser aprovechados por las familias más débiles de la región, son destruidos sin ni siquiera cuestionarse la validez y el aprovechamiento de dicha mercancía. Esta realidad no solo choca con la propaganda de economía verde y circular que el presidente Guillermo Fernández Vara viene anunciando a través de su Plan Extremadura 2030, con el que pretende convertir a Extremadura “en un referente internacional de economía verde”, sino que, además, carece de toda lógica en una región donde 389.500 personas se sitúan en riesgo de pobreza o exclusión social.

Uso social

Desde diversas asociaciones ya plantean que estos recursos se gestionen de otra manera, pudiendo servir para ayudar a las personas más desfavorecidas de la región. Con los más de 60 000 kilos incautados en lo que va de 2018 se podrían haber producido 12.000 kilos de aceite, es decir, 13.200 litros, que podrían haber sido repartidos entre familias necesitadas.

La dinámica a seguir, lejos de la utilizada en la actualidad, debería acercarse, por ejemplo, al convenio de colaboración firmado febrero de 2018 entre la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio con la asociación Banco de Alimento de Cáceres, para la entrega de carne procedente de las acciones de control poblacional realizadas por la Junta de Extremadura en el Parque Nacional de Monfragüe, por la que la organización distribuidora de alimentos ha recibido más de 3.000 kilogramos de carne de caza mayor apta para el consumo humano, especialmente ciervo y jabalí.