Medio ambiente
El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura suspende en transparencia

El pasado jueves 5 de junio, la organización no gubernamental Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) publicó el informe “Indicadores de gobernanza ambiental en España” donde, entre otras cuestiones, se desprende que España es el país de la Unión Europea que más incumple la legislación ambiental, pues está a la cabeza de expedientes abiertos por infracciones en relación al medio ambiente, 30 en total) y triplica la media europea. Asimismo, la presencia de los temas relacionados con el medio ambiente apenas supusó un 0,44% de los temas tratados en el Congreso de los Diputados entre 2011 y 2016 y los los impuestos en materia de medio ambiente se han reducido gradualmente respecto del PIB desde 1998, llegando a presentar uno de los porcentajes más bajos de la UE de los 27.

CONSEJO ASESOR DE MEDIO AMBIENTE DE EXTREMADURA

En el citado informe, en el apartado “procesos de participación” se analizan la existencia y actividad de los órganos consultivos asesores de medio ambiente, tanto el estatal como el de las diferentes comunidades autónomas.

En cuanto al estatal se destaca las cada vez menos reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente a lo largo de los años, y la decreciente información que se ofrece sobre sus conclusiones. En el caso de las Comunidades Autónomas, dice el informe que “solo una de ellas, Cataluña, cuenta con un Consejo (Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible) que por su composición, agenda, recursos, frecuencia de reuniones, tareas y accesibilidad de sus trabajos, puede considerarse claramente satisfactorio”, mientras que las Islas Baleares carece de consejo asesor.

La Ley 8/1998, de 26 de junio, de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura creó el Consejo Asesor de Medio Ambiente “como órgano colegiado de participación social, asesoramiento y cooperación en materia de protección, conservación, restauración, mejora y uso sostenible del patrimonio natural de Extremadura”. Posteriormente fue desarrollado reglamentariamente mediante el Decreto 1/1999, de 12 de enero (posteriormente modificado en varias ocasiones).

La composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente está integrado por representantes de las diferentes Consejerías, de la confederaciones hidrográficas, de las diputaciones provinciales y de organizaciones, entre otras, sindicales, empresariales, agrarias o ecologistas

Entre sus funciones están, entre otras, las de elaborar un informe anual sobre la estrategia y resultados de la gestión de las Áreas Protegidas; emitir informes y propuestas en las materias y competencias del Consejo a iniciativa propia o de la Junta; informar preceptivamente las Directrices Básicas, los proyectos de declaración de nuevas Áreas Protegidas, así como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los Planes Rectores de Uso y Gestión y demás instrumentos de gestión y manejo; informar los anteproyectos de Ley, Decretos y planes que tengan destacada trascendencia en el ámbito de la protección del medio natural; propiciar la coordinación entre las diferentes Administraciones; promover la conservación, educación, investigación, divulgación y difusión sobre los recursos naturales de Extremadura y el uso sostenible del territorio o proponer medidas que incentiven la creación de empleo ligado a las actividades relacionadas con el Medio Ambiente.

La composición del Consejo Asesor de Medio Ambiente está integrado por representantes de las diferentes Consejerías, de la confederaciones hidrográficas, de las diputaciones provinciales y de organizaciones, entre otras, sindicales, empresariales, agrarias o ecologistas.

Según el informe citado de Seo/Birdlife el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura “se reúne normalmente dos veces al año al menos”, “ hay representadas cinco ONGs ambientales” y “no publica sus actas ni tiene presencia en la Web de la Junta de Extremadura”.

En este sentido, concluye el documento de Seo/Birdlife que “las administraciones públicas españolas han fallado en que el proceso legislativo y político implique a los agentes sociales en términos de transparencia, comunicación y colaboración y no existen organismos o entes independientes que ayuden a esa tarea, pese a que este es uno de los más demandados componentes de una correcta RIA (Regulatory Impact Assessment)”.