Renta básica
De bonos térmicos a Ingreso Mínimo Vital: las víctimas en las disfunciones de las ayudas sociales

Era 15 de marzo por la mañana y una exclusiva publicada la víspera en el diario digital Infolibre despuntó entre las demás noticias marcando el ritmo de un intenso debate: el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, percibía el bono térmico, una ayuda estatal prevista para familias vulnerables. Durante una horas la indignación se focalizó en este integrante del PP repitiéndose las exigencias de dimisión, pero poco después el asunto daba un giro inesperado: Ossorio no estaba solo, más bien estaba bastante acompañado. Los nombres de su compañero de filas Alfonso Serrano, diputado en la Asamblea y número dos de Isabel Díaz Ayuso en el PP, la líder de Vox —partido que puso en boga el término ‘paguita’ hace unos años— Rocío Monasterio, y Mónica García, al frente de la oposición y quien había exigido la dimisión del político del PP unas horas antes, se sumaron a la lista. 

Si bien las reacciones y justificaciones de cada cual fueron diversas, todos ellos tenían algo en común: se habían beneficiado de una ayuda destinada a familias vulnerables, estando ellos muy lejos de la vulnerabilidad. Otra cosa en común les había permitido llegar ahí: son familias numerosas, lo que les daba derecho a percibir el descuento sin tope económico. El debate sobre la moralidad de percibir ayudas sin estar en condición de vulnerabilidad y si las personas señaladas debían dimitir o no se abrió un hueco importante durante un par de días en la agenda pública. Mientras la sociedad seguía con vértigo semejante concatenación de hechos, y aprendía sobre ayudas, descuentos y bonos, un sector en particular, beneficiarios de ayudas y colectivos y organizaciones familiarizadas con las grandes dificultades que las personas en situación de vulnerabilidad tienen para acceder a ellas, se indignaba con conocimiento de causa. 

“Me pareció una vergüenza y sobre todo una falta de respeto a las personas que realmente deben ser perceptores de esas ayudas. Pero como el señor Ossorio no ve pobres en Madrid ni va a reconocer que existen, parece que es lógico que él se considere merecedor de esta ayuda”, ironiza Berta Lago Bornstein, veterana trabajadora de los servicios sociales, que lleva una vida de lidiar con la burocracia a la que tienen que hacer frente las personas vulnerables para acceder a ayudas, y que aún recuerda, como tantos, aquella vez que Ossorio cuestionó la extensión de la pobreza en Madrid diciendo “dónde están los pobres, que yo los vea”.  

“El criterio que aplica a la hora de pedir una ayuda es la renta, y a la gente les exigen acreditarlo, no mostrando solo un documento público, como puede ser la declaración de Hacienda, sino aportando 100.000 pruebas”

Lago ha visto a muchas personas empobrecidas y ha sido testigo de sus gestas para “merecer” un subsidio a juicio de la administración. Normalmente, “el criterio que aplica a la hora de pedir una ayuda es la renta, y les exigen acreditarlo, no mostrando solo un documento público, como puede ser la declaración de Hacienda, sino que les piden que lo demuestran reiteradamente aportando 100.000 pruebas”. Lago expone una ecuación de la que a mucha gente en situación de pobreza le cuesta escapar: de un lado se les trata con desconfianza desde la administración, de otro lado, la falta de información, los problemas en la gestión y la digitalización.

Todo obstáculos

Como consecuencia del “caso bono térmico”, fueron muchos los medios que detallaron cómo se conseguía la ayuda en cuestión, principalmente para aclarar si la ayuda se otorgaba por defecto o si había que solicitarla activamente, pues en el segundo caso implicaba pedir conscientemente una ayuda para familias vulnerables. Quienes solicitan el IMV o las rentas mínimas no pueden permitirse cobrar lo que “no les corresponde”, todo está diseñado para que no excedan los límites.

“No queremos vivir de la caridad del gobierno. Queremos vivir dignamente, por esta razón fue aprobado el Ingreso Mínimo Vital”, incluye en su encabezado una carta firmada por el colectivo de Afectados por el Ingreso Mínimo Vital, que cuenta ya con 40.000 apoyos. La falta de atención telefónica, y cuando esta por fin se da, la falta de información de los profesionales al otro lado de la línea, el escaso plazo para entregar la documentación que se les requiere, la petición meses después de nueva documentación —extinguiendo prestaciones sin aviso—, el silencio administrativo ante las reclamaciones o los cálculos erróneos de cuantías están entre las cuestiones que denuncian.

Que se siga tomando como referencia los ingresos del año anterior, o la congelación del IMV mientras se revisa la documentación entregada, son falencias que perduran en el Ingreso Mínimo Vital generando sufrimiento. Sobre todo, cuando los errores de la administración generan una deuda en las personas usuarias: “Nos llegan cartas reclamando cobros indebidos, con unas cantidades que no sabemos ni de dónde han salido. Creando desorden, descontrol y miedo entre las personas más vulnerables”. 

Hay una sensación de castigo, reforzada por hechos como la exclusión de las personas beneficiarias del IMV, del acceso a la ayuda de 200 euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio del gobierno. El bono térmico, por contra, sí que lo pueden cobrar, pero exponiéndose al riesgo de tener que devolverlo. Lo explica Hontanares Arranz del movimiento ATD Cuarto Mundo, que está acompañando el reclamo del Colectivo de Afectados por el IMV. “Si este año perciben el bono térmico, en la renta del año que viene les saldrá como ingreso, y al año siguiente cuando revisen con su declaración de renta la percepción de su IMV, tendrán que devolver este importe si recibieron el 100% de renta garantizada”. Con pocas cosas se puede sumar el IMV.

“El chocolate del loro es hablar en prensa de este bono térmico cuando en 2022 casi 100.000 familias tienen que devolver parte o todo su cobro de ingreso mínimo vital, incluso encontrándose por debajo del umbral de pobreza”

La misma semana que estalló la polémica por el caso de los bonos térmicos se hicieron públicos unos datos que muchas activistas esperaban, respecto a las peticiones de devoluciones a beneficiarios de IMV. La información la obtuvo el Defensor del Pueblo y la incluyó en su informe anual. “El chocolate del loro es hablar en prensa de este bono térmico cuando en 2022 casi 100.000 familias tienen que devolver parte o todo su cobro de ingreso mínimo vital, incluso encontrándose por debajo del umbral de pobreza”, se indigna Arranz. 

Y es que, explica esta trabajadora de los servicios sociales, una vez más la mirada no se pone en las personas vulnerables y qué implica el diseño de las ayudas para ellas. “¿Alguien en las noticias se ha parado a señalar de qué importes hablamos cuando se habla del importe del bono térmico? ¿Si este importe viene a conseguir que una familia empobrecida pueda calentarse en invierno?”, urge la activista, quien recuerda que ella no se puede quitar el abrigo cuando visita a estas familias: “Para que una familia tenga 20 grados en su domicilio, el bono térmico no les cubre ni medio mes de factura de invierno”. 

En el informe del Defensor del Pueblo se plantean medidas que ayudarían a evitar la reclamación de deuda a las personas beneficiarias del IMV, y que tiene que ver con una actualización anual más temprana, para que no se acumule deuda cuando hay un cambio de cuantía, y que se tome como referencia el año en curso. Arranz piensa que este sería un avance pero que necesitaría de recursos humanos para funcionar, atender en la presencialidad y vencer la brecha digital.  Justamente, trabajadores destinados a esta gestión es lo que falta. De momento, desde su entidad están preparando una sesión informativa en torno a la propuesta de Afectados por el IMV para reclamar colectivamente a la administración.

Sin recursos para responder

Del otro lado de ese teléfono que no suena, hay trabajadores y trabajadoras desbordadas. Sergio Álvarez forma parte de CGT, y trabaja en el INSS. Hace una breve retrospectiva de las falencias que han hipotecado la gestión del IMV: “Cuando lo aprueban, en 2020, el viernes nos dicen que lo vamos a llevar nosotros, y el lunes ya lo estamos llevando”. En aquel momento no tienen la formación para tramitar esta nueva prestación, ni información clara que proporcionar. Son los primeros meses de una medida ampliamente publicitada y hay unas metas por cumplir. En ese momento se asigna la labor a la empresa pública Tragsa, pero al final serán solo 150 trabajadores gestionando un gran volumen de solicitudes, tras seis meses se acabó el contrato. A partir de ahí, poner unos pocos interinos, sin continuidad, ha sido todo el refuerzo previsto por la Seguridad Social.

“Es una barbaridad lo que está sucediendo. En los primeros seis meses se atendieron más de 800.000 llamadas sobre IMV, en 2021 se atendieron 600.000 llamadas menos. En mayo de 2021 se decidió privilegiar definitivamente la atención telemática sobre la presencial: “Así, respecto a 2019, hemos pasamos de atender a ocho millones de personas a atender a cuatro millones. Una reducción del 50% en la atención en los CAISS (Centros de atención de la Seguridad Social) que sufren particularmente pensionistas y beneficiarios del IMV, pues son a quienes más afecta la brecha digital.

Además, apunta, los beneficiarios del IMV están discriminados a la hora de poder presentar incidencias que activen la prestación, pues los plazos son más largos y ascienden a los seis meses “si es tan vital, ¿cómo se puede tener a la ciudadanía seis meses esperando?”. Al ciudadano, cuando por fin le cogen el teléfono, el funcionario le tiene que decir que siga esperando”, Sergio explica, que aunque el trato de la ciudadanía suele ser bueno, la desesperación genera tensión y conflictos. Los más de 300.00 expedientes que no se han tramitado aún del 2022 dan fe de cuánta gente espera. La reducción de la plantilla, con 75 personas menos en la dirección provincial de Madrid, promete más desesperación y tensión.

Ana, que trabaja en Soria, completa el panorama ofrecido por su compañero en la CGT. Para esta trabajadora hay algo que retrasa aún más la tramitación del IMV, y es la mezcla entre estas solicitudes y las que piden el complemento de infancia, para el que el umbral de ingresos es mucho más alto. Los expedientes se acumulan y se resuelven por orden, mezclando dos perfiles distintos. Así, no se da prioridad a la gente con más necesidades, por lo que esta trabajadora insta a separar ambos trámites.

La forma de trabajar tampoco ayuda. “Los expedientes que entran por internet suelen tener errores y hay que requerirlos. No hay vínculo territorial tampoco, desde las provincias se tramitan expedientes de cualquier lugar, con lo que es más difícil establecer un contacto con la dirección provincial que se encarga de tu solicitud”. Como alguien que trabaja con prestaciones, Ana piensa que hay formas mucho más “sencillas, claras, objetivas de gestionar”. Considera al menos que sería imprescindible mejorar los programas informáticos, ampliar el personal de tramitación, y no someter a la gente a deudas. Tal como está el IMV, apunta “no es un ingreso porque al final muchas personas acaban siendo deudoras, es mínimo porque a veces es insuficiente para quienes de verdad tienen una necesidad, y no es vital porque llega muy tarde cuando hay gente que lo necesita”.

“El IMV no es un ingreso porque al final muchas personas acaban siendo deudoras, es mínimo porque a veces es insuficiente para quienes de verdad tienen una necesidad, y no es vital porque llega muy tarde”

Ayudas que no son prioridad

¿Por qué, cuanto más se necesita una ayuda, más difícil lo pone la administración?  “El del IMV es un caso extremo”, explica el economista Julen Bollain en conversación con El Salto, pero incluso en rentas mínimas como la del sistema de garantía de ingresos de Euskadi “la mejor diseñada del Estado español y una de las mejores diseñadas a nivel de Europa, tres de cada diez personas que podrían acceder al derecho no lo hacen. Esto nos deja un panorama bastante desolador de la cobertura que tienen este tipo de rentas mínimas”.

Para facilitar el acceso, Bollain considera que el primer paso era que la ayuda fuese individual, algo con lo que el IMV no cumplió desde el principio, “en segundo lugar decíamos, vamos a condicionarlo lo mínimo posible. ¿Cómo se puede condicionar lo mínimo posible? Haciendo que sea la renta la única variable que se tenga en cuenta para determinar si una persona puede acceder al ingreso mínimo vital o no. Y esto, ¿cómo lo podemos hacer para que no tenga errores de cobertura? ¿para que la gente no tenga que pedirlo?, que sea el estado de facto quien lo otorgue con la información de la que dispone”. Pero tanto el IMV está muy lejos de ese horizonte.

“Cuando pase esta polémica falsa sobre pobreza y ayudas, me gustaría que alguien le dedicara un rato al informe del Defensor del Pueblo que pone blanco sobre negro el drama de una gestión que sí debería ser portada previa a elecciones: la protección de rentas mínimas”, apunta Arranz por su parte. Siendo la tercera comunidad autónoma con más pobreza, con casi una de cada cuatro personas estando en situación de exclusión: “La renta mínima, que es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, es prácticamente inexistente”, denuncia.

El año pasado, apunta por su parte Lago, este ingreso estaba presupuestado en 40 millones y no se ejecutaron ni 20. Se atendió a la mitad de las familias que el año anterior. De hecho, desde que existe el IMV, en la Comunidad de Madrid es necesario solicitar este primero —con todo el retraso que se da en su gestión— para poder pedir la renta mínima. Sin embargo, más allá de polémicas esporádicas, las ayudas sociales no parecen estar nunca en el centro del debate.