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Renta básica
Abril acaba con una nueva oleada de cambios de cuantías y desasosiegos para perceptores del IMV
A finales de abril, los grupos de perceptores del ingreso mínimo vital volvieron a agitarse como lo han hecho en otras ocasiones. Abundaban las consultas de personas que, súbitamente, habían dejado de percibir la prestación, o la cuantía había disminuido drásticamente. Las personas se aconsejaban unas a otras, mientras encontraban citas con cierta facilidad, comparado con los pasados meses.
A día 21 de abril, en el certificado integral de prestaciones en el que aparecen las ayudas que estarían percibiendo las personas, Miriam aparecía como beneficiaria del IMV. Pocos días después, la prestación que aparece es por hijo a cargo: “Ha pasado de cobrar 916 a 53 y esto sin notificación ninguna. El Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene derecho a revisar pero nosotros deberíamos de saber por qué. En la sede electrónica de notificaciones no aparece”.
Quien habla es Roberto Borda de la Asociación Apoyo, en Moratalaz, y Miriam es una de las muchas personas que vienen recurriendo a la organización para recibir acompañamiento a la hora de lidiar con sus desafíos burocráticos. Antes de cobrar el IMV, Miriam cobraba la renta mínima de inserción madrileña junto a la prestación por hijo a cargo. Fue esta segunda condición la que le llevó a estar entre las miles de personas que cobraron el IMV de oficio desde junio de 2020. Ahora se ha quedado sin ninguna de las dos ayudas.
Borda relaciona este pico de cambios a la revisión de los IMV de oficio, dados tanto en junio como en noviembre de 2020. Desde su organización y otras hablan de una llegada masiva de cartas a principios de diciembre, aunque algunas llegaron semanas después, que pedían, para un plazo muy reducido, en plenas navidades, complementar documentación. Parte de estas cartas se extraviaron, algunas personas no consiguieron cumplimentarlas bien, a algunas nunca les llegaron. Estas personas son en parte las que están perdiendo su prestación ahora.
“Si ahora resulta que en la revisión de oficio el INSS se da cuenta de que no tienen derecho al ingreso mínimo vital, ¿quién les va a restablecer a ellos el derecho a la renta mínima? Son seis meses de absoluta desprotección”
Borda no ha conseguido corroborar con el INSS su hipótesis. “Si ahora resulta que en la revisión de oficio el INSS se da cuenta de que no tienen derecho al ingreso mínimo vital, ¿quién les va a restablecer a ellos el derecho a la renta mínima? Al final, si les obligan a pedir ahora el ingreso mínimo vital, van a pasar seis meses mientras se lo conceden, seis meses de absoluta desprotección”.
Preguntado por el Salto, El Ministerio de inclusión afirma que no le consta el envío de esas cartas para completar la documentación, respecto a las actualizaciones. Respecto a la falta de notificación denunciada por las personas perceptoras afirman: “Las cuantías se revisan anualmente una vez se disponen los datos completos en la Agencia Tributaria. En el caso de que, fruto de este cruce con la Agencia Tributaria, se aprecie algún cambio en la situación, se notifica a los beneficiarios que va a haber un cambio en sus prestaciones, se les envía una notificación por correo postal”. Consideran que si se da un desfase entre el momento que las personas ven ingresada la nueva cuantía y su notificación, “pero en todo caso, la notificación se produce en los siguientes días”, afirman.
Borda objeta que en la última revisión, el pasado mes de noviembre, las notificaciones llegaron con mucho retraso, a finales de diciembre, generando mucha incertidumbre a las personas
Borda objeta que en la última revisión, el pasado mes de noviembre, las notificaciones llegaron con mucho retraso, a finales de diciembre, generando mucha incertidumbre a las personas. En Inclusión explican a El Salto que en esta última actualización “en más del 60% de los expedientes que se revisaron mejoraron o permanecieron igual”. Quedaría por detallar qué pasó con el 40% restante.
“Lo que no puede ser es que de día para otro cambien las cosas, si te enviaran por lo menos una notificación… esto te afecta mucho más sin no te han avisado previamente, para poder organizarse, haber reclamado. No me han mandado ni un mensaje para decir qué ha pasado”, explica Miriam por teléfono. Hace tiempo que la mujer, como muchas otras personas, está intranquila con una prestación que se le presenta precaria. “No puedes meter un hijo nuevo, no puedes cambiarte de padrón porque tienes miedo a que te lo quiten”, explica contrariada. “Tienes unos niños, una casa, una vida, no puedes quedarte de pronto así, esto ha sido un golpe”.
Miriam tuvo su cita con la seguridad social el pasado viernes, no ha salido satisfecha, le han señalado que no ha entregado una documentación que se le había precisado en 2021, pero ella lo introdujo por registro de la mano de la asociación apoyo. Por otro lado, le han confirmado que quienes —como ella— recibían el IMV transitorio por hijo a cargo y no respondieron a la carta del pasado diciembre se quedaron sin prestación. Ella insiste en que no le llegó dicha carta.
“No se trata de notificar un mes después”, recalca Borda, “hay que seguir el orden de los pasos: primero notificación, luego dar un plazo para alegaciones, y después resolución final”. El activista pone otro ejemplo, una familia que vivía en la Cañada Real hace años, incluso antes del covid, figurando ese domicilio en su expediente de los puntos por hijo a cargo, dirección que se tomó a la hora de pasarles al IMV transitorio. Pues bien, esa casa ni siquiera existe, fue derribada. Nunca les llegó la carta, se les suspendió la prestación.
A María tampoco le llegó ninguna carta en diciembre. Esta madre de un chico con discapacidad llevaba cobrando el IMV desde 2020. No es de oficio, la solicitó y a los seis meses se la concedieron. El 24 de abril podía ver en su certificado de prestaciones que tenia la prestación renovada por 12 meses durante el 2023, un día después estaba dada de baja y le aparecía una prestación por hijo a cargo de 270 euros. “Hasta ahora he cumplido con las declaraciones de la renta y renovando el Darde correspondiente. Pues bien, sin notificación alguna en ningún momento y por ninguna vía me han dado de baja. Ahora estoy sin ingresos, muy preocupada y sin saber qué hacer. Hasta el 8 de Mayo que tengo cita pues con ésta angustia”, explica María, “nunca me llegó carta certificada pidiendo documentación, siendo así la hubiera presentado pues mi situación económica y familiar no ha cambiado nada”. Esta mujer lamenta que una entidad que debería apoyar a las personas, acabe perjudicando a quienes más necesitan esa ayuda.
Estadísticas que mejoran lentamente
La misma semana que Miriam o María se enfrentaban a una reducción drástica de sus prestaciones y a la incertidumbre de cuántos meses pasarán sin ingresos, se hacía pública la última encuesta de condiciones de vida, y un avance del informe del estado de la pobreza de EAPN. Ambos documentos recogían estadísticas positivas: primero la reducción de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 1’8 puntos: 840.000 personas habrían dejado de estar en esta situación, llegando a 12,3 millones de personas.
Según la EAPN, se ha reducido la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 1’8 puntos: 840.000 personas habrían dejado de estar en esta situación, llegando a 12,3 millones de personas
“Los datos han mejorado yo diría que bastante, pero siguen siendo muy insuficientes”, explica Juan Carlos Llano de EAPN, quien celebra que se haya vuelto a niveles previos de 2009, neutralizando el efecto de las sucesivas crisis que se han atravesado desde entonces. Pero la tasa de pobreza es estructural y ya estaba en torno al 19%, 20% en los años de bonanza económica. Para erradicar la pobreza, considera este sociólogo, los cambios han de ser más profundos tocando desde la cultura del empleo hasta la fiscalidad. Y también, las transferencias directas.
“Nosotros estamos muy contentos con el ingreso mínimo vital. Es algo por lo que hemos venido luchando desde el principio, pues creemos que hay personas cuya pobreza no se puede resolver individualmente. Pero sigue siendo muy insuficiente”, explica, y señala las principales limitaciones que ve: en primer lugar, está orientado a la pobreza extrema, muy severa, excluyendo a muchas personas que lo están pasando mal económicamente.
Según el informe presentado la semana pasada, prácticamente la mitad de la población tiene problemas para llegar a fin de mes. En segundo lugar, no está llegando a toda la gente que estaba previsto que llegara: falta de información, atasco administrativo, brecha digital, o la frustración de la gente con los laberintos burocráticos, merman su alcance. “Las personas más pobres tienen que justificar su pobreza con muchísimos papeles. Y es muy complicado”.
El IMV no está llegando a toda la gente que estaba previsto que llegara: falta de información, atasco administrativo, brecha digital, o la frustración de la gente con los laberintos burocráticos merman su alcance
Ana sabe que es muy complicado, son muchos años de precariedad y de buscarse la vida. Más complicado se le va a hacer en los próximos meses, se acaba de quedar sin ingresos. Primero le han suspendido el IMV y después la ayuda por hijo a cargo. En 2021 Ana tuvo ingresos: cobró la RAI, porque no encontraba empleo, y después cortó la RAI cuando fue contratada tres meses en la Universidad de Sevilla. En 2022 no tuvo más ingresos que el IMV, la cuantía máxima que llegó a cobrar fueron 340€ con la prestación por hijo y el incremento por la guerra.
Con la actualización de este año, se ha quedado sin nada por los ingresos que tuvo en 2021. “Mi hija tiene 14 años, me corresponde 10.312 y me pone que mis ingresos anuales computados son 11.057, pero en mi declaración de la renta me aparece que son 7858 y digo no entiendo”. En el INSS le revelan que el dinero restante corresponde a la pensión alimenticia que le pasaría su ex pareja incluyendo por otro lado actualizaciones del IPC que él nunca había hecho. Se pasa por algo más de 700€ del umbral. Se queda sin IMV. “Estamos en abril del 2023 y siguen mirando la renta del 2021”.
A parte de esto, Ana presentó un escrito para solicitar la ayuda como familia monoparental al tener la guardia y custodia de su hija. Parece que su expediente está en fiscalización y por ello se ha detenido todo. Pero en realidad no sabe nada, sobre todo no sabe cuántos meses tendrá que esperar para poder solicitar de nuevo el IMV. “Ahora mismito yo estoy en el aire. Si me dicen, hasta noviembre no puedes volver a solicitarlo, digo, ¿qué hago durante todo el año 2023?”. Ana es consciente de que si todo va bien, en 2024 cobrará los atrasos, pero insiste en que mientras tanto necesita una solución. La inestabilidad y la incertidumbre le han llevado a precisar medicación psiquiátrica desde noviembre.
Desde el ministerio argumentan que en los casos en los que las personas quedan sin prestación a la espera de que se resuelva una nueva solicitud “existen prestaciones de último recurso para el tiempo que durase la tramitación. Y, en cualquier caso, el IMV se reconoce retroactivamente al día en que se presentó la solicitud por lo que se tiene en cuenta también el tiempo de tramitación”.
Volviendo a las estadísticas publicadas esta semana, la Plataforma Infancia destacaba en un comunicado que los niños y las niñas, como los hijos de Miriam, María o Ana siguen siendo el colectivo con mayor riesgo de pobreza, con un 27,8% frente al 19% de las personas adultas. Esto con una reducción de 1,1 puntos en las tasas de pobreza infantil. “Las organizaciones de infancia valoramos positivamente la reducción de la pobreza infantil en España, aunque no hay que olvidar que los niños y niñas siguen siendo el colectivo con el riesgo más alto de pobreza de todos los grupos de población”, apuntaba Ricardo Ibarra, director de la plataforma, quien también alertaba del incremento de la infancia en mayor situación de pobreza, siendo el 15,2%”. Siendo pronto para valorar los efectos de las medidas implementadas en 2022 contra la pobreza infantil desde la plataforma promueve una prestación universal a la crianza, y consideran que la tramitación de la Ley de Familias, es una buena oportunidad para incluir esta demanda”.
A tres años de aprobar el IMV
Anacree que el IMV es una muy buena medida, pero piensa que “la gestión es pésima”. No solo por ella, está en numerosos foros y tiene amigas que también cobran la ayuda y la llaman porque suele ser la más enterada. “Entiendo que es algo nuevo y que va a ir evolucionando porque van viendo que la están cagando constantemente”, resume. A Borda, sin embargo, casi tres años de atender a gente desbordada, le han agotado la paciencia. Considera que se condena a la gente a inseguridad jurídica y violencia institucional cotidianamente, y que el hecho de que los datos que facilita el Ministerio sean el acumulado desde que se empezó a dar la prestación, oculta todas las personas que han visto suspendida la ayuda por una razón u otra, y no da una imagen real de su alcance.
Para el integrante de la Asociación Apoyo, todas estas razones serían suficientes para exigir la dimisión de Escrivá, además, señala la “aporofobia desplegada por el INSS y me refiero a la forma de actuar que causa daño a unas personas por el mero hecho de pertenecer a determinado grupo, en este caso a las personas empobrecidas”.Relacionadas
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El IMV es una guerra de nervios entre el Estado y el perceptor. NO se lo aconsejo a nadie sin una conciencia política o sin amparo en una comunidad (familia, amigos etc).
Como no contiene benevolencia sino que se trata de un automatismo para evitar la revuelta, es preciso una ética para resistir sus revisiones por sorpresa y las arbitrarias normas; sufrir el repudio de nuestros iguales del fascismo sociológico y los “liberales” de tropa, devotos del trabajo —ídolo que, junto con el dinero y el Estado, compone su moral totalitaria— y que profesan lo que el Estado-Mercado enseña: que les despojan para asistir a parásitos inmorales (ignorantes del sistema monetario vigente).
El IMV es necropolítica, bajo diseño de las consultoras, con excusas paternalistas, “adaptar” al pobre al Mercado o empujarlo al suicidio.
Cuanto ataque de la administración pública a los más desfavorecidos de la sociedad que carecen de instrumentos de defensa real y cuanta laxitud para ir contra los grandes defraudadores que los hay y no son pocos.