Región de Murcia
El movimiento BDS denuncia la llegada de un barco de ICL procedente de Israel a Cartagena
Las secciones de Cartagena y Murcia del movimiento BDS denuncian la llegada, prevista para este martes 17 de noviembre, de un barco con un cargamento perteneciente a la empresa israelí ICL. Según han documentado, a través de la información pública obtenida del puerto Cartagena y de la plataforma de seguimiento de barcos VesselFinder, un nuevo buque procedente del puerto de Ashdod, en Israel, descargará ácido fosfórico en el muelle de Escombreras.
Se trata de la embarcación “Trans Fjord” con bandera de Panamá (IMO 9956939), la cual, tras su salida de Ashdod la semana pasada, tiene previsto descargar 3.669 toneladas de ácido fosfórico. Este compuesto químico es empleado en la región de Murcia por “ICL Growing Solutions” para la elaboración de fertilizantes en su fábrica de Totana. La descarga será facilitada por la estibadora Fomento y desarrollo agrícola S.L. (FOMDESA), propiedad del holding empresarial “ICL Iberia”, al cual pertenece también “ICL Growing Solutions”.
ICL, antes conocida como Fuentes Fertilizantes, SL, es el mayor productor de fertilizantes de España y tiene su sede en Totana, desde donde exporta al resto del territorio español, Europa y América. Además de estar controlada en gran parte por un conglomerado del Gobierno de Israel (Israel Corporation), ICL está conectada de forma directa con la producción y uso de fósforo blanco contra población civil en Gaza y Líbano, así como con la explotación de recursos hídricos y salinos de la cuenca norte del Mar Muerto gracias a su ocupación militar, cosa que le reporta enormes beneficios hasta llegar al punto de contribuir al PIB del régimen israelí en un 1.2 %.
Además, hace años que la empresa ICL colabora con el Ejército israelí a través del programa “Apadrina un soldado”, destinando así los beneficios obtenidos gracias a la explotación de un territorio ocupado y a la venta de fertilizantes en la región de Murcia y el estado español para el sostén de la maquinaria bélica que está perpetrando el genocidio en Palestina.
La importación de materiales obtenidos con la explotación de recursos palestinos (ICL, grupo Gadot) evidencia la existencia de un comercio estable con empresas israelíes que vulnera también el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024
Con el “Trans Fjord”, ya son más de diecisiete barcos los que en el último año y medio han transportado de forma directa desde Israel a Cartagena productos químicos. Algunos de ellos, como los pertenecientes a la flota “Chemical”, son operados por conglomerados israelíes como el grupo Gadot, que mantiene vínculos de carácter estructural, estratégico y de seguridad nacional con el régimen israelí, hasta el punto de ser un pilar crítico para el sostenimiento industrial y energético del mismo. El atraque de este barco pone de manifiesto la ineficacia del Real Decreto 10/2025, que fue utilizado por el gobierno español como un gesto simbólico para seguir comerciando: desde octubre de 2023, el Gobierno ha firmado 46 contratos con empresas militares israelíes por casi 1.000 millones de euros, aún vigentes.
En este caso, la importación de materiales obtenidos con la explotación de recursos palestinos (ICL, grupo Gadot) evidencia la existencia de un comercio estable con empresas israelíes que vulnera también el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024. Según este dictamen, aprobado el 18 de septiembre de 2024 por la Asamblea General de la ONU con el voto favorable de España, los Estados deben impedir “relaciones comerciales y de inversión” que contribuyan a la ocupación israelí.
“Ante esta situación, exigimos al Gobierno y autoridades competentes que frene de manera inmediata todo comercio con Israel, más si cabe cuando proviene de la explotación de recursos materiales en territorios ocupados de Palestina, como es el caso de la empresa israelí ICL”, plantean desde el BDS. Además, exigen que se sancionen aquellas empresas que estén obteniendo beneficios de la explotación de recursos en territorios ocupados y/o colaborando con el genocidio en la franja de Gaza y las fuerzas de defensa israelíes.
También exigen “que denieguen el acceso a los servicios portuarios a aquellos barcos que son parte de las rutas regulares del comercio de recursos y productos provenientes de los territorios ocupados y rescindan los contratos existentes con las empresas armadoras y operadoras”. “Ningún puerto español debe permitir el comercio de recursos y productos proveniente de los territorios ocupados en Palestina, ocupación declarada ilegal por el derecho internacional”, sentencian.
El Salto TV
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